El Ejército nicaragüense goza de privilegios como ser prioridad en la asignación presupuestaria, sus compras se rigen con secretismo de Estado y los altos mandos cuando pasan a retiro copan lugares claves en ministerios públicos o en empresas privadas ligadas a los negocios sandinistas.
EXPEDIENTE PÚBLICO
Aunque al inicio de la crisis de derechos humanos en abril del 2018, el Ejército de Nicaragua trató de marcar distancia del actuar represivo del Gobierno hacia las manifestaciones sociales, su comportamiento posterior ha causado que diversos sectores de la oposición y la sociedad civil señalen al alto mando militar de haberse plegado a los intereses políticos partidarios del presidente Daniel Ortega, a costa de incumplir sus obligaciones constitucionales.
La cúpula militar es señalada por críticos de preferir la alianza político partidaria formada con Ortega, desde que éste retorna al poder en 2007, porque le asegura privilegios económicos. El sector de Defensa Nacional es de los prioritarios en el Presupuesto General de la República (PGR), pero además las compras de armamento y equipos para el Ejército tampoco están sujetos a los controles civiles de gastos que rigen al resto de instituciones del Estado. Y una vez que pasan a retiro, los militares de más fidelidad partidaria, son empleados como ministros o pasan a administrar empresas vinculadas a los negocios del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de la familia presidencial.
Ortega impuso en mayo del 2016 que solo él y la Comandancia General del Ejército pueden hablar sobre los temas de seguridad nacional, y de esa forma se impide explicar cómo Nicaragua siendo el segundo país más pobre de América, tiene uno de los más grandes armamento militar en Centroamérica.
Según el portal Global Firepower, que cada año publica el ranking del poderío militar mundial, Nicaragua cuenta con 198 tanques de guerra, 285 vehículos blindados, 160 lanzas cohetes y 272 artillería remolcada que son parte de la fuerza terrestre. El inventario de las armas de guerra del país incluyen 13 helicópteros y 21 buques o lanchas patrulleras.
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Nicaragua al menos en equipos de la Fuerza Terrestre, es superior al de Guatemala, Honduras y El Salvador que tienen mayor número personal activo con 20.000, 15.000 y 25.000 miembros, respectivamente. El Ejército nicaragüense lo integran 12.000 efectivos activos, según Global Firepower en base a información de los gobiernos.
Ocultan gasto militar
Expediente Público no encontró información sobre el equipo y armamento en las Memorias Anuales y las revistas “Ejército Defensa Nacional” del 2007 al 2020, elaboradas por la institución. Los datos que proporcionan son de las incautaciones de drogas, patrullaje u operativos de salvamento, así como los discursos de “agradecimiento” del general Julio César Avilés, jefe del Ejército, a Ortega por “el respaldo incondicional” con recursos presupuestarios para fortalecer las capacidades militares a nivel de mar, tierra y aire.
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Sin embargo, los documentos oficiales no reportan cuánto se ha invertido en “fortalecer” el equipamiento armamentista, ni detallan el presupuesto público para mantener ese activo.
“El Ejército no justicia lo que cuesta mantenerlo. El aparato militar “sangra” el Presupuesto en detrimento de sectores escenciales, porque en lugar de invertir en ese instrumental de guerra, ese dinero podría servir para labores de educación, de mejorar los servicios médicos. Esos tanques no están para defender el territorio de ataques de otros países, si no que están pensados para intimidar a la ciudadanía descontenta con el sistema, para proteger a la casta dinástica de Ortega”, afirmó Carlos Langrand, político y exdiputado opositor.
Bozal por “seguridad nacional”
En los últimos años los gobiernos de Centroamérica, con excepción de Costa Rica que no tiene Ejército, han emprendido una carrera armamentista aumentando el número de hombres, equipos e inversión con el argumento del combate al crimen organizado, el narcotráfico y al resguardo de sus territorios.
Aunque en el caso de Nicaragua los funcionarios no han dado una explicación convincente de por qué aumentó la cantidad de tanques de guerra si no hay hipótesis de guerra realistas con otras naciones. En 2016 el Gobierno y el Ejército fueron golpeados por el escándalo de los 50 tanques de combate de modelo T-72B1, que el país recibió por medio de un turbio acuerdo con Rusia.
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Esa adquisición se conoció porque la agencia rusa Sputnik informó el 26 de abril del 2016, que el gobierno de Vladimir Putin enviará el armamento como parte del contrato de cooperación técnico-militar bilateral con Nicaragua. La venta era por 80 millones de dólares, lo que sorprendió hasta a los diputados ante la Asamblea Nacional que no aprobado préstamo con ese fin.
Hubo varias versiones del tema. El entonces vocero, coronel Manuel Guevara Rocha, afirmó que la compra de los 50 tanques rusos correspondía “al plan de modernización” del Ejército. En medio de la polémica, el jefe de la bancada sandinista en el Parlamento nacional, Edwin Castro, dijo que serían usados “para combatir al narcotráfico”.
Los diputados sandinistas, que son mayoría en la Asamblea Nacional, se negaron a citar al jefe del Ejército a aclarar. “No nos interesa saber ese tema”, afirmó el sandinista Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Defensa y Gobernación, el 24 de mayo del 2016.
Ortega cubrió a los militares de impunidad, al ordenar callar a los funcionario, incluidos ministros y diputados, sobre la forma en que Nicaragua obtuvo de Rusia los 50 tanques y de todos los temas sobre la “seguridad nacional”.
En agosto del 2016 el jefe del Ejército afirmó que los tanques T-72B1 no representaban una deuda para el país, porque habrían sido adquiridos por medio de la cooperación entre Moscú y Managua, para renovar el equipamiento porque lo que se tenía eran “tanques viejos que dieron su vida útil”, dijo el general Avilés.
Casi 5 años después sigue el secreto sobre si los 50 tanques de guerra los pagó Nicaragua o los donó Rusia. En los informes presupuestarios publicados por el Ministerio de Hacienda no hay datos al respecto a ese tema, ni de la adquisición de equipos armamentistas por parte del Ejército.
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Las lanchas para la Naval
Una compra que sí pasó por el Legislativo nicaragüense fue la de dos nuevos buques patrulla para uso de la Fuerza Naval, pero fue porque era necesario que los diputados aprobaran el préstamo de 9.8 millones de dólares con la holandesa B.V. Scheepswirf Damen Gorinchem. El préstamo se aprobó en diciembre del 2017 y la Fuerza Naval recibió los buques en junio del 2019.
El exdiputado liberal y opositor Eliseo Núñez explicó que con la reforma al “Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar”, en 2015, y la aprobación de la Ley de Seguridad Soberana (Ley 919) todo lo relacionado a la institución castrense pasó a ser un secreto de Estado. “Se argumentó que hay partidas susceptibles de licitación y publicación por un tema de seguridad nacional, sin embargo, en muchos países donde se practica esa misma política, hay revisión a posteriori de esas compras”, dijo.
“El alegato a favor del Ejecuto sería qué si decís lo que estás comprando y sus valores, la delincuencia organizada y los narcotraficantes pueden estudiar cómo vulnerarte, pero no es razonable no rendir cuentas. El país tiene derecho a saber en qué se usan sus recursos”, señaló Núñez.
El resto de los gobiernos transparentan
Aún cuando en Honduras, El Salvador y Guatemala sectores de la sociedad civil que critican por excesivos el gasto en sostener los respectivos ejércitos, al menos en esos países los mandos militares están obligados por las leyes a transparentas las compras, incluidos los equipos armamentistas.
En Guatemala, las compras se detallan en el sitio web www.mindef.mil.gt, del Ministerio de Defensa, en la sección de la Dirección General de Compras y Adquisiciones donde hay acceso a los documentos de las licitaciones u otros procesos de adquisición, así como a las adjudicaciones, contratos o la declaración de desierto y sus razones.
En El Salvador el Ministerio de Defensa Nacional también facilita a los ciudadanos los procesos de compra detallando objeto, montos, proveedor, forma de contratación, entre otros. Esa información está accesible en el sitio www.transparencia.gob.sv, donde los ministerios e instituciones estatales salvadoreñas, incluidos los militares, están obligados a rendir cuentas del dinero público.
En el caso de Honduras, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) igual a través del gubernamental www.portalunico.iaip.gob.hn, debe por ley transparentar el gasto militar, aunque para obtener la información de las compras del Ejército se debe solicitar llenando un formulario electrónico.
Secretismo total
Al Ejército nicaragüenses se le asigna presupuesto a través del Ministerio de Defensa, pero esta instancia es decorativa debido a que el control civil sobre el cuerpo castrense fue anulado en la reforma al Código Militar, en 2015.
La subordinación es total en la figura del presidente de la República, es decir Ortega, quien dio al Alto Mando militar manos libres sobre el uso presupuestario, que incluye no tener que publicar en la página estatal “Nicaragua Compra”, si realiza los procesos de licitación y otros mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer y auditar al Ejército.
“Esa es la distorsión que hay en un gobierno donde la institucionalidad queda en segundo plano, y que se sostiene en base a dar privilegios a los cuerpos militares y de la Policía. Aquí hay un gran problema porque en el Ejército se alteró la sucesión de mando, (con la prórroga de Avilés y otros) y en la medida que no hay retiros en los altos mandos, tenés gran cantidad de oficiales que debes pagarles un salario y eso aumenta el gasto presupuestario”, explicó Núñez.
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El secretismo sobre el gasto militar es total. Con las reformas constitucionales del 2014, promovida por Ortega, se eliminó de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el asidero legal para que los diputados pudieran citar el jefe del Ejército y al resto del Alto Mando, a dar explicaciones sobre el presupuesto y el equipamiento armamentista. Tampoco se puede interpelar a la jefatura cuando hay denuncias de abusos de derechos humanos contra el aparato castrense.
En el Presupuesto público es poca la información sobre el programa “Defensa Nacional”, que lo ejecuta totalmente el Ejército de Nicaragua. Solo hay montos globales. Sin embargo, los informes de liquidación presupuestarias muestran que el Ministerio de Defensa, es la sexta institución del Gobierno central con más fondos recibidos desde el 2001, según el análisis de Expediente Público.
Durante el gobierno de Enrique Bolaños (enero del 2002-a enero 2007), el gasto de ese ministerio tuvo un aumento del 32%, mientras en el primer período de Ortega (enero 2007 al 2011), su incremento fue del 58.46%. En el segundo período la asignación a los militares creció 47.34%. Si bien la crisis sociopolítica y económica del país, ha afectado las asignaciones de recursos al Ejército, conserva su trato preferencial ya que el gasto se ha incrementado en 4.39%.
Según los datos reportados por los presupuestos en términos absolutos, Honduras es donde más recursos se destina para las fuerzas armadas, seguido por Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
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No obstante, en términos relativos al tamaño del Presupuesto nacional, Nicaragua es el que más fondos destina al sector de defensa nacional, ya que entre 2012 y 2021 se ha destinado en promedio el 3.19% de su gasto total.
“Premio y castigo”
La investigación de Expediente Público sostiene que Ortega ha cooptado a los militares hacia su proyecto político-partidario premiando a los fieles con prebendas económicas, liderazgos en ámbitos no propiamente militares, impunidad y otros privilegios que se extienden a sus familias.
El Código Militar establece que un oficial del Ejército, dependiendo del grado militar alcanzado, obtiene una pensión de retiro. Si se trata de un oficial de alta graduación, podría recibir una pensión de 2.000 dólares exentos de impuestos. Los militares en retiro son contratados como ministros o en otros altos cargos en el Gobierno, recibirían otros US$ 2.000, por lo que termina recibiendo un salario mensual de US$ 4.000. “Y si el Gobierno contrata a la esposa del funcionario, como ha ocurrido ya en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, el ingreso mensual para el hogar de ese exmilitar se aproxima a US$5.000”, según la investigación.
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Ejemplo del premio-castigo para los oficiales fieles con el partido, es Omar Halleslevens, quien tras dejar el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas en el 2010, incursionó en la política como el candidato a la vicepresidente de Ortega en las elecciones del 2011, denunciadas de fraude por la oposición.
Para las elecciones del 2016, Halleslevens no buscó reelegirse y cedió la Vicepresidencia a Rosario Murillo, la esposa de Ortega. Pero el general en retiro sigue ejerciendo las funciones administrativas de la Vicepresidencia como “ministro asesor del presidente para asuntos específicos”.
Para el exdiputado Carlos Langrand, el involucramiento de exmilitares en los negocios del Ortega “desprestigia al Ejército, porque aparece comprometido económicamente a la vez que se le utiliza para enviar el mensaje de intimidar y amenazar cualquier expresión cívica” que sea amenaza para el proyecto político sandinista.
