*La falta de un abordaje integral es una de las principales críticas al plan contra la extorsión en la que coinciden los expertos consultados por Expediente Público.
**En el plan falta incluir a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia, entre otros.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
El plan contra la extorsión lanzado por el gobierno de Honduras repite varias medidas que ya se habían anunciado en administraciones anteriores, pero además, muestra una serie de debilidades que ponen en duda el logro de los resultados, en opinión de analistas consultados por Expediente Público.
“Con la estrategia integral contra la extorsión y delitos conexos anunciada hoy por la Policía Nacional, este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión”, dijo el 24 de noviembre la presidenta Xiomara Castro al declarar emergencia nacional en materia de seguridad.
El plan, que las autoridades no han compartido en su totalidad para que no llegue a manos del crimen organizado, según dijo a Expediente Público una fuente de la Secretaría de Seguridad, comprende ocho ejes estratégicos que son el operativo, tecnológico, comunitario, de reformas al sistema penitenciario, de gestión interinstitucional, educativo y presupuestario.
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Falta coordinación con otras instancias
El eje operativo y el de gestión interinstitucional que comprende el plan contra la extorsión son dos de las principales debilidades señaladas por los entrevistados.
El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, dijo a Expediente Público que la extorsión requiere una acometida desde el Estado, en el que la Policía es una parte, por lo que en el plan del gobierno “tiene que haber un abordaje integral” e incluir la participación de “todas las instancias”, entre ellas el Ministerio Público, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.
Si no, el país seguirá “en un espejismo, como ya en el pasado nos han metido un espejismo, y la gente termina creyendo, pero al final el problema persiste”, añadió.
La experta en seguridad Arabeska Sánchez coincidió también en que “la estrategia no puede ser solo de la Policía”, la cual no puede trabajar aparte del Ministerio Público ni de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
La Policía Militar fue creada en 2013 y su mandato incluye la colaboración con el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Piezas olvidadas en el plan contra la extorsión
La extorsión es uno de los 25 delitos graves y de fuerte impacto social que tiene que investigar la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dependiente del Ministerio Público, cuya creación está vigente desde 2014.
Entonces, la Policía Nacional no es la única que investiga la extorsión y su trabajo es “complementario” con las acciones de la ATIC, que tiene mandato de decreto de investigar ese delito, declaró Sánchez a Expediente Público.
“Deben de trabajar de manera integrada porque técnicamente quien dirige la investigación de delitos es la ATIC y la Fiscalía quien asegura un requerimiento fiscal, no puede estar solamente incautando propiedades producto del lavado de dineros de extorsión sin que hayan capturas y judicializaciones”, remarcó la experta en seguridad.
Agregó que hasta ahora el 48% de los delitos de extorsión llegan a los tribunales, pero hay que mejorar el nivel de los requerimientos fiscales por parte de la Fiscalía, y eso solo lo puede asegurar la investigación que determine quiénes son las personas que realmente se dedican a ese ilícito.
Sánchez recordó también que hay procesos a nivel técnico para dar seguimiento a las redes de extorsión a través de la telefonía celular, pero para ello se necesita ayuda de las compañías privadas, por lo que se requiere de autorización judicial, la cual se le otorga a la Fiscalía. “Por eso fue precisamente que ese delito se le asignó a la ATIC para investigarse”, acotó.
“Entonces creo que el plan por parte de la Policía está muy bien escrito, pero tiene que trabajar de la mano con el Ministerio Público” y este a su vez “tomar su rol de director técnico en la investigación sobre ese delito”, insistió.
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Falta acompañamiento integrado
En el plan contra la extorsión “no se deben de excluir agencias que por su naturaleza y conforme lo manda la Constitución de la República son coadyuvantes al esfuerzo de la Seguridad Interior del Estado de Honduras”, dijo el general retirado Luis Alonso Maldonado.
En particular se refirió a la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado (creada en 2014), a las Fuerzas Armadas y a la PMOP, que a su criterio tienen “muchas capacidades para el acompañamiento integrado con la Policía Nacional en esta situación de emergencia nacional”.
Al excluirlos, se “disminuye la capacidad interinstitucional e interagencial que se necesita articular debidamente para que la estrategia integral tenga su impacto”, continuó Maldonado.
Mencionó también que en el plan falta la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), creada también en 2014, integrada por el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia, la Fuerza Nacional Antiextorsión (ahora Dipamco) y la Fuerza Nacional Antievasión.
Para Maldonado, Fusina ha sido el modelo más funcional que se ha diseñado para la seguridad interior, “no obstante se ha desdeñado deliberadamente”, por lo que debe restituirse “bajo el contexto de la ley que lo manda o la creación de otro (modelo) que haga las mismas funciones, aunque ya no sea dirigido por las Fuerzas Armadas”.
Otra debilidad que señaló el general retirado es que ni el plan ni las operaciones están presididas por un esfuerzo “de investigación e inteligencia que pueda dibujar un mapa de inseguridad a nivel nacional” para identificar las zonas controladas por el crimen organizado y realizar “operaciones eficaces”.
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Se siguen dando palos de ciego
En el plan, “la falta de un consejo técnico de política criminal que vertebre centros penales, policías, la sociedad y otros componentes hace que se sigan dando palos de ciego”, dijo a Expediente Público el experto en seguridad Raúl Pineda Alvarado.
Y es que si se logra reducir la extorsión, la delincuencia “se va a dedicar a secuestrar o a otras modalidades de ilícitos penales que le generan recursos”.
Los planes antimaras que han funcionado y que tiene como paradigma el caso de El Salvador, requieren un liderazgo fuerte, la participación de la ciudadanía y una policía especializada que le maneje los centros penales donde los extorsionadores están casi cómodamente instalados y desde donde dirigen sus actividades”, apuntó.
Sin una estrategia vertebrada, “es muy difícil que pueda tener éxito en el combate de la extorsión que obviamente está manejada por altas esferas del poder”. En muchos casos, por ejemplo, el joven tatuado que va a recoger el producto de la extorsión no es el dueño del dinero, “sino que son cadenas y un crimen que está organizado frente a un sistema de seguridad que está desorganizado”, añadió.
Un plan contra la extorsión sostenible en el tiempo
El plan del gobierno “no es novedad”, dijo a Expediente Público el dirigente del Transporte Jorge Lanza, quien recordó que desde 2013 vienen denunciando la extorsión en ese rubro.
Pero ese ilícito “no solamente abate al transporte, aquí cualquier emprendedor, cualquier persona que tenga un camioncito que vende frutas, repartidor de comestibles, salones de belleza, mercaditos, truchas (pulperías), tortilleras, cualquiera está pasando por esta situación”, lamentó el transportista.
Lanza también se manifestó porque al plan antiextorsión puedan integrarse todos los que tienen que estar involucrados y que cada uno lleve a cabo su función, “de lo contrario vamos a seguir igual, pues aquí las cuestiones también tienen que ser sostenibles en el tiempo”.
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Medidas que no han funcionado
La estrategia del gobierno incluye el bloqueo de comunicaciones en torno a centros penales, el control de la venta de tarjetas Sim Card o chips de los celulares y la elaboración de una “lista oscura” para la eliminación definitiva de esos números.
Las dos primeras medidas fueron anunciadas repetidas veces en los gobiernos de Juan Orlando Hernández. Incluso se aprobó en 2013 una ley para limitar los servicios de comunicación en los centros penales a nivel nacional.
Al respecto, Lanza compartió que “nosotros a diario llevamos números telefónicos al departamento antiextorsión y cuando investigan los números dicen que (las llamadas) salen de la Penitenciaría Nacional”.
De su lado, Arabeska Sánchez dijo que, aunque “hay un acuerdo activo que impide las llamadas desde los centros penales, la introducción de teléfonos y las llamadas sin que hayan custodios cercanos”, en los operativos se siguen encontrando instalaciones de tecnología y eléctricas, teléfonos celulares y baterías.
El control de los chips de celulares
La regulación de la venta de chips también es noticia vieja. Aunque hay una ley que obliga a que las empresas de telecomunicaciones registren el nombre de la persona que compra cada chip, “el problema es que compran grandes cantidades de chips y después se revenden en pulperías, mercaditos y en cualquier puesto en la calle”, dijo Sánchez.
Si bien la modalidad más frecuente para la extorsión es a través del uso de teléfonos celulares, ya sea porque hackean y boicotean cuentas o hacen uso de los chips, Sánchez recordó que “muchas veces utilizan incluso personas mayores o menores de edad para ir a hacer los cobros semanalmente a los puntos de buses y taxis, a los puestos de locatarios de los mercados, algunas empresas”, etc.
En ese sentido, el plan incluye operativos en terminales de buses, una medida que ya ha sido anunciada y aplicada en gobiernos anteriores, pero “si solo vamos a hacer como se está haciendo ahorita, que paran una ruta en un barrio, llega una patrulla, se está dos días y de ahí no los vuelve a ver, va a salir más caro el remedio que la enfermedad”, expresó Jorge Lanza.
Sobre este punto, Arabeska Sánchez mencionó además que los extorsionadores “se suben en cualquier estación de buses, ejecutan el cobro del dinero y después se bajan en cualquier estación”, lo que dificulta su ubicación.
