En los últimos 10 años, las autoridades policiales capturaron a 11,924 personas por suponerlas involucradas en el tráfico ilícito de drogas, 3,246 de ellas se encuentran privadas de libertad, según datos de la Secretaría de Seguridad y del Instituto Nacional Penitenciario (INP). En promedio, cada día son capturadas tres personas, sobre todo relacionándolas al narcomenudeo.
Los detenidos hacinan los 28 centros penitenciarios del país, sobrepobladas en un 400%. En ellas, el 16% de su población se encuentra recluida por temas ligados a las drogas. Se trata de una demografía mayoritariamente compuesta por hombres, con el 95% de los aprehendidos.
El Centro Penitenciario Nacional de Támara es quien más los recibe, con 836 ingresos, seguido por el Centro Penitenciario de Morocelí, donde hay 274 privados de libertad relacionados a los delitos de las drogas. Del total de los recluidos, el 15% se encuentran en cárceles de alta seguridad, ubicadas en los departamentos de Santa Bárbara, Francisco Morazán y en El Paraíso.
En los últimos 10 años, el 27% de las personas capturadas fueron trasladadas a las cárceles, con sentencia o a la espera de ser procesadas. Del 2012 a 2018 el Poder Judicial condenó a 1,014 personas relacionadas con las drogas.
Según César Ruiz, director de de la Unidad de Delitos Contra la Vida en San Pedro Sula, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la efectividad judicial recae en presentar las pruebas suficientes que exigen los fiscales y los jueces.
Las detenciones se dan a diario. Desde el 2010 hasta la fecha han aumentado en un 222%. Tomado de manera aleatoria, el 27 de septiembre de 2018, los medios de comunicación publicaron la captura de 9 presuntos vendedores de drogas, cinco de ellos en Tegucigalpa, dos en Comayagüela y dos en el departamento de Yoro.
Las capturas son exhibidas como un golpe de autoridad policial. Para las fotos, los agentes posan con sus detenidos (sin encubrir sus identidades antes de ser juzgados) frente a la mercancía incautada. Pero las mismas agencias de seguridad confiesan que estos apresamientos no desintegran a las redes delincuenciales, ni reducen la venta de drogas al por menor.
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«Se detienen a los cabecillas que operan en los barrios y colonias de las principales ciudades hondureñas, pero surgen nuevos criminales de 15 a 18 años», explica César Ruiz a Expediente Público.
Confiscaciones
Las 9 detenciones del 27 de septiembre significaron la incautación de dos armas, de 432 bolsas con marihuana, de 44 paquetes con cocaína y 37 envoltorios con crack.
De acuerdo a la «Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas», oficializada en 1989, los jóvenes capturados, se exponen a una pena con reclusión de 15 a 20 años -dependiendo la cantidad de droga encontrada; si ellos fabricaron las drogas, el castigo puede ser de 9 a 15 años de encarcelamiento. Si indujeron a otra persona para consumir las drogas, serían sancionados con 9 a 12 años de reclusión, siendo la misma pena para quien cultive marihuana.
En los últimos cuatro años se confiscaron 151.7 mil libras de marihuana y 16.9 mil kilogramos de cocaína. En 2014 la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) incautó 62.2 mil libras; 32 mil en el 2015; 36.2 mil en el 2016, y; 16.8 mil en 2017. En cuanto a la cocaína, en 2017 se decomisaron 2.9 mil kilogramos y en el presente año van cerca de 500 kilos.
En los últimos cuatro años se han capturado a 8,880 personas ligadas al narcomenudeo. En promedio, a cada detenido se le incautan 17 libras de marihuana, un monto menor al estimado de venta diario por cada punto, que es de 50 libras.
Algunos puntos de ventas de drogas también se desmantelan, pero como sucede con las capturas, las estructuras criminales las reorganizan rápidamente. Ruiz explica que en dos horas están de nuevo cubiertas, «el negocio es tan rentable que no se detiene», indica. Además, los vendedores manejan cantidades pequeñas de droga para evitar pérdidas grandes en las incautaciones, y cada plaza está profundamente vigilada.
«Manejamos información que un punto pequeño de Tegucigalpa, en una semana de baja ingresa hasta 400 mil lempiras con el narcomenudeo. Cada mara y pandilla tiene distribuida a la gente en toda el área de Comayagüela y Tegucigalpa. En cafeterías, discotecas, bares y billares es donde más puntos de ventas hay. En cada puesto hay hasta cuatro miembros, todo depende de la afluencia de personas por esa zona», detalla Ruiz.
Narcomenudeo y homicidios
Para Ruíz, la disputa de territorios para controlar el narcomenudeo es la mayor causa de homicidios en el país. Y detrás de los códigos con la cual se ejecuta la violencia, se leen los modos de operación de cada una de las bandas involucradas, sobre todo de las pandillas MS y la 18, quienes de acuerdo a fuentes policiales, son las principales operadoras del narcomenudeo.
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De acuerdo al investigador de la DPI, ambos grupos delictivos establecen un convenio de venta. Los precios al por menor dependen de la compra al por mayor. «Cada punto vende al día unos seis kilogramos de coca y hasta 50 libras de marihuana. Los dos grupos tienen precios parecidos, todo depende del producto y de quién se las venda», detalla Ruiz.
El director de la Unidad de Delitos Contra la Vida en San Pedro Sula, relaciona la aparición de cuerpos encostalados con el control de los territorios para vender la droga. «Son mensajes que dan con los que se meten con ellos», expresa. Solo en la semana pasada, se encontraron siete personas encostaladas en la capital del país.
De acuerdo a un análisis de la Secretaría de Seguridad, cuando las víctimas aparecen con muestras de tortura, los hechores por lo general son de la pandilla18 y cuando son ejecutados y maniatados, los victimarios generalmente son de la MS.
Según el comisario Ruiz, el 80% de los homicidios en contra de miembros del rubro del transporte, se da por la extorsión y el restante es por cuestiones relacionadas con las drogas. «Un menor porcentaje es porque los mismos transportistas se involucran en el movimiento de la droga», comenta.
En 2017, en el territorio nacional se registraron 3,864 asesinatos, reflejando una baja del 33% con respecto al año anterior, cuando hubo 5,150 de homicidios, según el portal de estadísticas de la Secretaria de Seguridad Sepol.
Una buena parte de esas muertes violentas se debe al negocio del narcomenudeo. «Las muertes se relacionan con la extorsión, la pelea de los territorios, por la rivalidad entre las pandillas o los grupos delictivos», indica Ruiz.
La incidencia departamental de las detenciones relacionadas al tráfico ilícito de drogas, coincide con las zonas que presentaron una mayor cantidad de asesinatos en el 2017. De acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), los departamentos más violentos fueron Cortés (947 homicidios), Francisco Morazán (696), Yoro (347), Comayagua (272) y Atlántida (271).
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Desde el 2008 al 2018, son esos mismos cinco departamentos los que presentaron mayores detenciones por tráfico ilícito de drogas. En Francisco Morazán se dieron 2,684 capturas; en Cortés, 1,800; en Yoro, 965; Comayagua, 768; y en Atlántida, 703.
A pesar de estos esfuerzos, orientados a llenar las cárceles de narcomenudistas, la distribución de la droga se reorganiza a la velocidad de la demanda, y sobre todo, los homicidios por estos móviles no se detienen.
