El Ministerio Público: conflictos, intereses y presiones tras bastidores marcados por la política

“La historia del Ministerio Público debe contarse en sus primeros diez años de existencia y (en) los últimos. El resto no existe”, afirmó el exfiscal general, Edmundo Orellana Mercado.

Cuando se refiere a los últimos años, Orellana Mercado, quien es doctor en Derecho Administrativo, habla a partir de la intervención de la Misión de Apoyo de lucha contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), creadas en 2016 y 2017, respectivamente.

Él tiene por qué saberlo. Fue el primer fiscal general de Honduras (1994-1999), el encargado de hacer el montaje administrativo, de establecer protocolos de contratación y capacitación, de dirigir la creación de la primera policía de investigación criminal civil en Honduras y una Dirección de Medicina Forense.

El Ministerio Público fue creado mediante decreto legislativo #228-93 del 13 de diciembre de 1993 y Orellana asume a inicios de 1994, en marzo de 2020 cumplió 26 años de funcionamiento. Su surgimiento se ampara en una ola de reformas impulsadas en Honduras en el marco de los acuerdos de paz centroamericanos y el final de la Guerra Fría, así como de la doctrina de seguridad nacional.

Tras el apoyo inicial a la institución, muchas cosas pasaron en dos décadas y media. En algunas etapas alcanzó altos niveles de politización, Honduras cayó en intensos procesos de criminalidad (común y organizada), cifras elevadas de impunidad y casi cero créditos en la lucha contra la corrupción ¿Qué pasó?

EL CONTEXTO

El Ministerio Público nace en el contexto de un reordenamiento político mundial. La llamada Guerra Fría producto de la confrontación Este-Oeste liderada por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética había concluido, y en Centroamérica, los acuerdos de paz al amparo de Esquipulas II (1987) empezaban a ejecutarse en la subregión para dar fin a los conflictos políticos internos y de guerrilla en algunos países. En Honduras, los acuerdos de paz permitieron el retorno de los exiliados políticos, así como la conformación del primer partido político de izquierda: la Unificación Democrática (UD).

En los años 80, Honduras retornaba a la democracia formal o “de papel”, para algunos, con el llamado a elecciones y la instalación de gobiernos civiles, que devolvería a los militares a sus cuarteles, aunque éstos fueran, hasta antes de los años 90, el poder detrás del trono.

Una de las entidades bajo control de los militares era la Policía Nacional y uno de sus brazos más temidos era la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI). Según el texto “El tercer fiscal general”, editado por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), “durante esta época se acusó a esa dependencia de utilizar la captura sin orden judicial, la tortura y el asesinato para cumplir con estas tareas. Se le responsabilizó de la desaparición de dirigentes obreros, estudiantiles y de otros sectores sociales y políticos. Mientras las tensiones en Centroamérica se mantenían, la actuación de la DNI no era cuestionada desde los centros de poder político y económico”.

Además, “la DNI entró en crisis cuando se desplomó la Unión Soviética porque nada de lo que pasaba al interior del país podía en adelante asociarse a las tendencias que de aquella se derivasen. A partir de este acontecimiento histórico, las prácticas que se le imputaban a la DNI, fueron severamente criticadas porque ya no se aplicaban a los ‘enemigos del sistema’, sino a los ciudadanos comunes, para extraerles confesiones que luego presentaban ante los tribunales, para imputarles la comisión de delitos”.

En 1993 dos hechos fundamentales marcaron la necesidad de eliminar la DNI y crear un nuevo organismo de investigación del delito. En enero de ese año, un periodista grabó por casualidad el asesinato del empresario Eduardo Piña Vantuyil a manos de elementos de la policía de investigación; tiempo después, un agente en rebeldía, Josué Elí Zúñiga Martínez, comenzó a dar detalles de cómo desde esa entidad se ejecutaban actos de sicariato, asaltos a bancos y robo de carros. Zúñiga se refugió en una radio y con ayuda de organismos de derechos humanos salió al exilio y pasó 12 años en Estados Unidos. Regresó en el 2006 y menos de un año después fue acribillado a balazos y murió tras 17 días de agonía en el Seguro Social de Tegucigalpa.

Según el libro “La experiencia del Ministerio Público en el combate a la corrupción” del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh, septiembre de 1998), “el sistema descubrió que los mecanismos creados por él para perseguir y aniquilar a sus supuestos enemigos, dentro del esquema de la seguridad nacional, actuaban fuera de control y sin clarificar el objetivo a examinar. Entró en pánico y lo único que se le ocurrió fue eliminar inmediatamente lo que creía ser la guarida del monstruo: la Dirección Nacional de Investigaciones”.

“Se crea, sin embargo, un nuevo organismo de investigación: la Dirección de Investigación Criminal, pero había que ubicarla dentro de una jerarquía que no fuera la militar. En ese momento, surge la idea de crear el Ministerio Público. Es decir, surge como una idea marginal”, señala el libro.

Las denuncias de Elí Zúñiga evidenciaron la crisis de un sistema de operadores de justicia a la deriva. El libro “El tercer fiscal general de la República”, apunta que “la creación del Ministerio Público (1993), y su entrada en funciones (1994), no fue una concesión aislada o propia del sector político, sino que surgió como una necesidad impostergable ante la falta de legitimidad en aquel entonces de todo el Sistema Judicial y particularmente del ámbito penal. Además de concentrar las funciones de juzgar e investigar, el Poder Judicial tenía el nombramiento de los fiscales (art. 194 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, LOAT), los que en su mayoría eran activistas políticos del gobierno de turno, sin conocimientos ni formación jurídica, quienes sólo se limitaban a legitimar la rutinaria violación de garantías constitucionales propias del sistema inquisitivo vigente en aquella época”.

En ese contexto, el presidente Rafael Leonardo Callejas, quien falleció el pasado 4 de abril, convocó a una comisión de Notables que elaboraron una serie de recomendaciones, entre ellas la creación del Ministerio Público. Fue así que en diciembre de 1993 el Congreso Nacional aprueba la Ley que permitió su fundación y, en marzo de 1994, ya bajo el gobierno del doctor en Derecho Carlos Roberto Reina, se nombra a Edmundo Orellana Mercado como su primer fiscal general y al abogado Florentino Álvarez como fiscal adjunto.

La Comisión de notables, recomienda también la creación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, iniciando así una etapa de reformas en la modernización del Estado.

TRES MESES SIN FONDOS… APARECE EL INGENIERO

Como suele suceder cuando las cosas inician de cero, existen dificultades. La primera fue la falta de recursos, así que luego de tres meses de trabajar sin presupuesto, el doctor Orellana pidió audiencia con el presidente del Congreso, Carlos Roberto Flores Facussé a quien dijo: “Mire ingeniero, si no me dan presupuesto les voy a renunciar y voy a decir por qué estoy renunciando. Allí les va a quedar eso”.

Sentado en su escritorio, cruzando con frecuencia las yemas de sus dedos y frotándose las manos, Flores lo escuchó detenidamente, tomó el teléfono y con gestos pausados y una voz teatralmente articulada, llamó a la entonces Secretaría de Hacienda: “Oiga ministro ¿qué pasa que no le han dado presupuesto al doctor Orellana? Asígnenle presupuesto, hombre”, demandó en tono calmado quien cuatro años después llegaría a ser presidente de la República. La siguiente semana le desembolsaron 50 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares de la época).

— A los días fui a agradecerle al presidente del Congreso por su gestión y me preguntó:

— ¿Cuánto le dieron?

— 50 millones —, le dije.

Agarró el teléfono, llamó al ministro de Hacienda, y le dijo:

— ¿Oiga ministro, ¿qué pasa que al doctor Orellana le dieron más presupuesto que a mí?” —, recuerda entre risas el exfiscal general, ahora de 71 años, y quien pasa la mayor parte del tiempo en una propiedad rural del oriente de Honduras, donde de vez en cuando se dedica a hacer trabajos notariales para los bancos.

Al recordar los inicios del Ministerio Público, Orellana detalla que con los recursos obtenidos montó la estructura original: nueve fiscalías especiales, la nueva Dirección de Investigación Criminal (DIC) al mando del psiquiatra Wilfredo Alvarado y una moderna Dirección de Medicina Forense con un equipo que, al menos en parte, sigue en funcionamiento.

Víctor Meza, sociólogo y director del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), recuerda así la creación del Ministerio Público: 

“En el transcurso del 94, Orellana logró crear una institución con nueve fiscalías especiales, algunas de ellas extraordinariamente novedosas en el contexto latinoamericano: Fiscalía de la Mujer, del Consumidor, del Niño, de la Corrupción, de temas ambientales, muy a tono con las urgencias de los nuevos tiempos”.

CAMINO A LA POLITIZACIÓN

Omar Menjívar trabajó más de 7 años como fiscal en Santa Rosa de Copán (occidente de Honduras); Catacamas (nororiente) y en San Pedro Sula (norte), desempeñándose, entre otras áreas, en las fiscalías de Delitos Comunes y Contra el Crimen Organizado, del año 2000 hasta una parte del 2007.

Menjívar nunca trabajó con el doctor Orellana, pero considera notable lo realizado en esa época, al llevar a los tribunales acusaciones por corrupción contra un presidente en funciones (Carlos Roberto Reina), un expresidente (Rafael Leonardo Callejas), un canciller en funciones (Ernesto Paz Aguilar), varios alcaldes, funcionarios y militares violadores de derechos humanos. Esos hechos eran “algo que nunca se había visto en Honduras”, acotó.

“En ese momento, los políticos se dieron cuenta de que (el Ministerio Público) era una amenaza, que era un peligro lo que habían creado y comenzaron a idear la manera de debilitarlo”, señala Menjívar.

Desde el Congreso Nacional inició un proceso de intervención para dominar e incluso desmembrar la institución. Comenzaron a planear el retiro del Ministerio Público de la Dirección de Investigación Criminal, de Medicina Forense e incluso pretendieron quitarle la facultad de ejercer la acción penal pública.

De esos objetivos solo lograron separar la Dirección de Investigación Criminal y la retornaron a la Policía Nacional, cuando la presidencia del Congreso Nacional era ejercida por el liberal Rafael Pineda Ponce, en 1998, ya siendo presidente de la República el ingeniero Carlos Roberto Flores Facussé. La Policía Nacional estaba en manos de la recién creada Secretaría de Seguridad.

“Gracias a ese presidente del Congreso Nacional quedó Honduras sin investigación profesional criminal durante 20 años. Es decir que, a los diputados de esa época, liberales y nacionalistas, el país les debe haber pasado 20 años expuesta al crimen organizado, sin posibilidades de una investigación profesional”, señaló sin tapujos el exfiscal Orellana.

Para dimensionar el daño hay que entender que los investigadores de esa policía venían de ser capacitados -gracias a la cooperación internacional-, por agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Scotland Yard, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, y por agentes especializados de Francia y España.

Muchos de esos investigadores, al quedar bajo el mando de oficiales uniformados que tenían una formación distinta, de corte militar y sin conocimientos de protocolos de investigación, se retiraron de la entidad y pasaron a prestar sus servicios a embajadas, bancos y a empresarios particulares, explicó Orellana.

“Como vieron que se estaba trabajando efectivamente, los políticos del Congreso Nacional se fueron directamente contra nosotros, mutilaron la institución, nos retiraron la Dirección de Investigación Criminal para golpearnos supuestamente en la lucha anticorrupción. Pero como eran, son y siempre serán ignorantes los políticos de la ley, ellos no sabían que la corrupción no se combate con armas ni con policías. Se combate con peritos mercantiles, con contadores públicos, con auditores certificados y esos los teníamos nosotros y seguimos con la lucha”. VER VIDEO

Esa Policía Nacional que asumió la investigación y la prevención del delito es la misma que tiene a siete de sus oficiales extraditados o entregados a las autoridades estadounidenses por actividades vinculadas al narcotráfico. Uno de ellos es Mauricio Hernández Pineda, quien se entregó a mediados de febrero de 2020. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, este “es un exmiembro de alto rango de la Policía Nacional de Honduras que participó y apoyó las actividades de narcotráfico de, entre otros, su primo, Juan Antonio Hernández Alvarado, también conocido como Tony Hernández”. Y si es primo de Tony, es primo del presidente Juan Orlando Hernández.

Es la misma policía cuyos altos oficiales han sido acusados de planificar y participar en actividades de sicariato, como el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González; o del analista Alfredo Landaverde. Otros en retiro también están siendo acusados por lavado de activos, algunos fueron condenados por ese delito, tras ostentar cargos de poder a lo interno de la institución policial.

La policía hondureña es objeto de un proceso de depuración con altibajos que ha llevado a sacar de sus filas a unos cinco mil uniformados, de los cuales el 90 por ciento se ha ido con sus prestaciones, según la comisión responsable de la depuración.

CRÍMENES EN ASCENSO

La decisión parlamentaria de dejar a Honduras sin una investigación criminal profesional, sería uno de los factores que habría incidido en el aumento de la criminalidad y la impunidad. El número de homicidios se incrementó año con año hasta alcanzar en el 2011 el pico máximo al llegar a 86.5 muertes violentas por cada cien mil habitantes.

Esto tuvo un impacto a todo nivel puesto que la “fama” de país violento se extendió por todo el mundo. Por ejemplo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), de México, mantuvo durante varios años a San Pedro Sula y a Tegucigalpa entre las primeras diez ciudades más violentas de América.

El Segundo Informe Sobre la Impunidad en Homicidios, de la Asociación para una Sociedad Más Justa, en junio de 2019, señaló que los niveles de impunidad en el 2010 alcanzaron un porcentaje de 96.4%. Esas cifras fueron bajando paulatinamente hasta llegar en el 2017 a 87.3%, cifra que sigue siendo elevada. El Índice Global de Impunidad de 2017, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) de México, colocó a Honduras entre los 13 países con mayor impunidad en el mundo con un puntaje de 65.4, por problemas en la estructura del sistema de justicia y violaciones a los derechos humanos.

Sobre la tarea del Ministerio Público, el doctor Orellana apunta que la ley es específica al asignarle la responsabilidad de combatir la impunidad:

“El Ministerio Público contrario, a lo que piensa la gente, no está para combatir el delito, no existe para eso, existe para combatir la impunidad. Para eso está, para combatir el delito está la policía, pero para combatir la impunidad es el Ministerio Público, porque pretende con su existencia que se castigue al responsable del delito, no al sospechoso, sino al responsable del delito, y que lo haga en proporción al delito”. 

LA ELECCIÓN DE LOS FISCALES

En el Ministerio Público, la incursión de los políticos se reflejó no solo a nivel de reformas a la ley o en el desmembramiento de la institución, sino también, en el nombramiento de sus fiscales generales.

Para el exfiscal Omar Menjívar, las peleas políticas en torno al nombramiento del fiscal general comenzaron con el sucesor de Edmundo Orellana. Los liberales, que estaban en el poder en 1999, querían a Roy Edmundo Medina, pero los nacionalistas, tras la experiencia con Orellana Mercado, no querían a un fiscal de filiación liberal y se opusieron a su elección durante varias semanas. La ley exige 86 votos para el nombramiento por lo que necesitaban al Partido Nacional.

“Entonces el presidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce, amenazó con reformar la ley del Ministerio Público para que el fiscal general fuera elegido por simple mayoría y si hacían eso, el Partido Liberal iba a poder decidir solo con sus votos de la bancada”, dijo Menjívar. Así las dos bancadas se pusieron de acuerdo para nombrar a Roy Medina, que pasó sin mayor trascendencia en su mandato.

En la gestión de Medina los casos de corrupción sufrieron una especie de estancamiento y la labor del Ministerio Público se centró en dar forma a su institucionalidad interna, pero fue en la época del fiscal Ramón Ovidio Navarro Duarte, cuando la politización partidaria se hace más evidente en el Ministerio Público, ahí “se cayeron las caretas”, sentencia Omar Menjívar.

“Este tercer fiscal general yo creo que ahí fue donde se rompieron todas las apariencias porque hasta antes de su elección, de algún modo, los políticos trataban de cubrir o dar cierta apariencia. Aunque uno sabe que en el fondo había esas negociaciones, a nivel de apariencia se mantenía la formalidad de un proceso serio. Pero bueno, (con) el fiscal general Navarro, quien fue el tercer elegido en ese cargo, allí sí se rompieron todas esas formalidades. Se tiraron al basurero”. VER VIDEO

Navarro Duarte, había sido abogado del expresidente Rafael Leonardo Callejas Romero, acusado por varios casos de corrupción. A los pocos meses de asumir la Fiscalía ordenó que esas causas judiciales, al igual que otras contra 14 funcionarios, exfuncionarios y militares, fueran retiradas de los juzgados. Solo duró 16 meses en el cargo de los cinco años previstos por la ley.

Con la gestión de Navarro comienza una de las peores crisis que haya enfrentado el Ministerio Público, tras la destitución de 10 fiscales en octubre de 2004 por denunciar que él había ordenado el desistimiento de al menos 100 casos de corrupción.

Navarro atribuyó las destituciones y traslados a “un análisis, luego de detectar una serie de irregularidades” entre las que señaló desacato a la ley, injurias, ofensas y falta de respeto hacia el Ministerio Público, según los escritos de los diarios locales de la época.

Navarro fue obligado a renunciar en junio de 2005 y le sucedió Leónidas Rosa Bautista, quien llegó a terminar el periodo.

En abril de 2008, una nueva crisis estalla en el Ministerio Público cuando un grupo de fiscales decide irse a una huelga de hambre para exigir que no se archiven los casos de corrupción como parecía ser la dinámica que se estaba imponiendo. Cuatro fiscales se fueron a apostar en los bajos del Congreso Nacional y movieron los cimientos ciudadanos a favor de la lucha contra la corrupción. Personas comunes y líderes religiosos se sumaron al esfuerzo y por más de un mes estuvieron exigiendo que la corrupción y sus casos no quedaran impunes. Pedían la renuncia del fiscal general Rosa Bautista, pero no lo lograron. Este culminó su período y fue sustituido por el abogado, Luis Rubí.

En 2009 asume Luis Rubí, como nuevo fiscal general, en cuyo periodo el país vivió la peor escalada de violencia criminal. La institucionalidad del Ministerio Público seguía en picada y Rubí es suspendido del cargo, luego de reconocer que apenas podían investigar el 20 por ciento de las denuncias que llegaban a esa dependencia. En abril de 2013, se nombra una Junta Interventora que toma el control del Ministerio Público y propone la separación definitiva del fiscal Rubí, quien es destituido y evita ir a un juicio político.

En agosto de 2013 se elige a un nuevo fiscal general bajo renovados mecanismos que incluyen la aplicación de pruebas de confianza. La Cámara Legislativa escoge al abogado Óscar Fernando Chinchilla, previo a aceptar su renuncia como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La elección de Chinchilla fue altamente cuestionada.
Cinco años después el fiscal Chinchilla es reelecto para un nuevo período, y nuevamente se pone en entredicho el proceso de su nominación y elección a manos del Congreso Nacional. El funcionario había dicho que no tenía interés en continuar en el cargo, pero todo indica que objetivos de Estados Unidos alrededor del trabajo del fiscal en materia de crimen organizado y su colaboración con la desaparecida Maccih, le habrían obligado a “recapacitar”.

La escogencia de altos funcionarios públicos a manos de los políticos del Legislativo ha dejado una huella negativa no solo en el Ministerio Público, sino también en los altos cargos en la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal Superior de Cuentas, el recién estrenado Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros.

 

Consultado si tras 26 años de haber entrado en funciones, el Ministerio Público necesita una nueva ley, acorde con los nuevos tiempos, el doctor Edmundo Orellana dijo sin dudarlo que “si usted le da la oportunidad a la red de corrupción, le advierto, hacen una ley a su medida. No hay ni siquiera que comentar el tema, porque eso es decir a los delincuentes ‘tráigame esa ley que aquí vamos a hacer una ley a nuestra medida’. Así como hicieron a su medida un Código Penal que va a entrar en vigencia. Ni quiera Dios, no siga diciendo eso, porque van a ver que es música para sus oídos y van a comenzar a hablar de una nueva ley, y van a destruir al Ministerio Público. Así que aconsejo no volver a hacer esa pregunta”.

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