El mal récord de las empresas chinas que prometen inversiones en Nicaragua

*El régimen firmó un “Memorándum de Entendimiento” con cuatro empresas chinas para iniciar proyectos de energías renovables, infraestructuras hospitalarias y equipamientos médico, entre otros. A la fecha no se han comenzado los trabajos.

**Algunas de esas empresas chinas, que han llevado a cabo proyectos en países de América Latina, están vinculadas a presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y pago de sobornos para conseguir los proyectos. También, tienen sanciones internacionales impuestas por organizaciones financieras.

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Expediente Público

Con bombos y platillos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el 10 de febrero de 2022 la firma de un “Memorándum de Entendimiento” con cuatro empresas de China, que incluía temas de cooperación comercial entre los que estaba la ejecución de “proyectos de inversión” en el país centroamericano. Algunas de esas compañías chinas tienen un largo historial de presuntos actos de tráfico de influencias y pagos de sobornos en la región de las Américas.

China Communications Construction Company (CCCC), China State Construction Engineering Corporation Ltd. (CSCEC), China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE), y Power Construction Corporation of China (PowerChina) son las empresas que ofrecen la supuesta inversión.

Expediente Público, en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, investigó la trayectoria de estas compañías de la República Popular China y rastreamos los proyectos anunciados, pero hasta ahora, más de un año después de los anuncios, no halló evidencias de avances concretos de obras en el terreno, ni documentos que den cuenta de las inversiones prometidas.

Lo que sí pudimos encontrar es que al menos una de estas empresas ha sido procesada por corrupción en Ecuador y Bolivia y está sancionada por la banca multilateral de desarrollo por prácticas fraudulentas; otra tiene vínculos con una empresa señalada de presuntamente repartir sobornos; y una tercera está sancionada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por contribuir a la expansión militar china en el Mar de China Meridional.

Las 4 grandes

Las cuatro empresas que muestran interés de invertir en Nicaragua son de propiedad estatal, cotizan en las principales bolsas de valores de China y han tenido a cargo varias obras en América Latina, pero su reputación por los trabajos previos en la región despierta dudas sobre su idoneidad para emprender y terminar estos importantes proyectos de infraestructura en Nicaragua.

“Estas empresas son, en su totalidad o en su mayoría, propiedad del Consejo de Estado, el cual también se conoce como Gobierno Popular Central. En todas se verá la presencia de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado (SASAC), la cual depende directamente del Consejo de Estado y es la entidad encargada del control en la administración de las empresas de propiedad estatal”, refirió a Expediente Público Catalina Micolta Portocarrero, Asociada de Investigación Senior de la Fundación Andrés Bello, un centro de investigación que analiza las relaciones internacionales entre la República Popular China y los países de América Latina y el Caribe.

Según información oficial, el Consejo de Estado es el máximo organismo rector del poder ejecutivo en China, que responde ante la Asamblea Popular Nacional y ejecuta y administra sus mandatos.

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Las promesas de inversión

A partir del 10 de diciembre de 2021, Laureano Ortega Murillo -el hijo de la pareja gobernante, quien con frecuencia usurpa las funciones del canciller Denis Moncada- puso fin a la larga relación que el régimen mantuvo con Taiwán y reconoció el “principio de una sola China”, que desconoce a Taiwán como Estado independiente.

Desde entonces, el gobierno nicaragüense ha venido cortejando de forma más constante al gigante asiático, con la firma de nuevos acuerdos cuyo propósito, sostienen sus líderes, es dinamizar la inversión en el país centroamericano.

Para esta investigación se rastreó cada uno de los proyectos anunciados, pero ninguno de ellos presenta avances en el terreno en el país centroamericano.

El Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), el portal a través del cual se deben realizar los procesos de adquisiciones del Estado no refleja ningún procedimiento de compra por parte de estas empresas. Tampoco el sitio web de El 19 Digital, el portal donde el régimen publica todo lo relacionado a su gestión administrativa, ofrece información o avances de los procesos de inversiones.

15 meses después solo hay papel

Puedes leer: América Latina: China y sus métodos para infiltrarse en las sociedades

Después de 15 meses, lo que se conoce públicamente sobre la inversión de estas empresas solo está plasmado en un “Memorándum de Entendimiento”, que se firmó en febrero de 2022.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) fueron las instituciones que firmaron el documento.

Estas compañías forman parte de grandes conglomerados y eso hace que las “inversiones se den a través de las filiales o, también, a través de subsidiarias y empresas mixtas, al no tener esto presente muchas empresas chinas pueden pasar inadvertidas”, expresa Micolta Portocarrero, investigadora que mapea las empresas chinas que operan en la región.

Los planes de CAMCE

Una de las cuatro grandes empresas que firmaron el memorando con el Gobierno, es la sociedad anónima  China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) , fue fundada en 2001, presidida por Wang Bo. Cotiza en la bolsa de Valores de Shenzhen, una de las tres que hay en China, junto con las de Shanghái y la de Hong Kong.

En su página web informa que su inversión en Nicaragua será en “los campos médico, energético, de protección ambiental”, entre otros. Firmó compromisos para la “cooperación en la construcción de hospitales y suministro de equipos médicos”, que es área de su especialidad. En su portal destaca que ha construido en la última década, ocho hospitales en América Latina con un total de 2,000 camas. 

En el caso de CAMCE, esta es una filial de la compañía China National Machinery Industry Corporation (Sinomach), que es propiedad estatal administrada directamente por el gobierno central chino, según estableció Micolta Portocarrero.

El ingreso de CAMCE a Nicaragua

La empresa ingresó al mercado nicaragüense en 2012 y un año después estableció una filial denominada CAMCE Nicaragua Sociedad Anónima. Es la única compañía china que ha montado una sede en el país centroamericano, confirmó en 2021 Li Qingyuan, un empleado de China Camc Engineering Co. Ltd a través de la Cadena Global de Televisión de China (CGTN).

En un video difundido tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Qingyuan aseguró que la empresa ha terminado seis proyectos en Nicaragua por un monto de US$200 millones, antes de firmar este nuevo compromiso de inversión, aunque no explicó en qué áreas se realizó la inversión.

No obstante, su trayectoria en el país previa a la firma de este acuerdo, revela tonos más grises.

Vinculación con Albanisa

Cuando llegó a Nicaragua hace poco más de una década, CAMCE se constituyó como contraparte de la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa) en el proyecto conocido como el “Supremo Sueño de Bolívar”, para construir una refinería en la playa Miramar, a unos 75 kilómetros al occidente de Managua, en el pacífico nicaragüense. El proyecto, como muchos otros de Albanisa, estaba financiado por el gobierno de Venezuela y hacía parte de las promesas del fallecido mandatario Hugo Chávez (1954-2013) de realizar en Nicaragua el complejo petrolero más grande de la región.

La empresa china, según publicaciones de la época, formalizó dos contratos por US$6,000 millones para construir el centro de refinación y suministro de derivados de petróleo que convertiría a Nicaragua en el “principal abastecedor” para la región. Ortega y Chávez colocaron la primera piedra en julio de 2007 donde se levantaría la refinería.

Anunciaron que la magna obra generaría 5 mil empleos directos y 15 mil indirectos. No obstante, la segunda fase de la obra no contó con financiamiento y apenas de construyó una terminal de almacenamiento, conocida como la “Planta Miramar”.

Un reporte periodístico de La Prensa de Nicaragua de 2017 dio cuenta de que solo diez años después de firmado el contrato, finalmente se terminó su construcción y que almacenaría un millón de barriles de crudo. Según este medio de comunicación, la segunda fase del megaproyecto nunca se concretó porque Venezuela no continuó con la financiación, luego de su crisis económica.

Sitio rodeado de policías

Expediente Público trató de acceder al sitio donde está ubicada la terminal de almacenamiento para constatar si hoy sigue en operación, sin embargo, fue imposible debido al férreo control que existe de policías en la zona que impide el acceso a extraños que no pueden pasar a la zona. En la actualidad la policía actúa como un brazo represor del régimen de Ortega y Murillo particularmente violento, según lo denunció el gobierno estadounidense.

Ortega utiliza a la Policía Nacional como “principal herramienta de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”, señaló el 5 de marzo de 2020 el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado oficial en el que anunció sanciones contra la institución. En el contexto de las protestas de 2018 usó municiones reales contra manifestantes, participó en escuadrones de la muerte y ha perpetrado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, señala la institución estadounidense.

Así se aprecia hoy la terminal de almacenamiento desde una vista satelital.

El régimen ahora vende a Irán la idea del Supremo Sueño de Bolívar. En mayo de 2022, según publicación de El 19 Digital, una delegación iraní del más alto nivel, presidida por Javab Owji, ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán fue recibida por el titular de Energía y Minas de Nicaragua, Salvador Mansell y el ministro para la producción y comercio, Francisco López.

Durante una visita a la planta de distribución de combustible Miramar hicieron una presentación de la capacidad instalada en la planta y las fases que componen el proyecto.

Huellas de corrupción en la región

Además de este proyecto a medias, el desempeño de CAMCE en otros países de América Latina, como Ecuador y Bolivia, ha estado salpicado por el escándalo. 

En Ecuador, desde la época del Gobierno de Rafael Correa, un diario de ese país, El Universo “ubicó 21 contratos dados a China CAMC que suman un total de $ 1.005 millones. El más costoso fue para la construcción de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, que se fijó en $198 millones”. Fue firmado en 2015.

Actualmente, la compañía china enfrenta un proceso penal, pues su representante en Ecuador, Liang Yang, es procesado por el delito de cohecho.

La Fiscalía de Ecuador lo procesa por pagar una coima por US$1.3 millones al entonces contralor, Pablo Celi, por presuntamente hacer desaparecer una multa de US$22.6 millones que le había impuesto la contraloría ecuatoriana a CAMCE. El ente de control había encontrado posibles irregularidades en la construcción de la “Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera” entre 2018 y 2020.

El edificio donde se aloja esta plataforma está en Quito, la capital ecuatoriana. El Universo, diario ecuatoriano, reportó que el edificio se inundó días antes de que fuera inaugurado por el entonces presidente Correa. 

Al cierre de este artículo, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera todavía estaba deliberando la decisión de si llamaba o no a los procesados a juicio por el delito de cohecho.  

Otros casos que involucra a la empresa china

A CAMCE también le adjudicaron varios contratos estatales para construir obras en Bolivia por US$566 millones de dólares, la mayoría por invitación directa por siete proyectos millonarios que surgieron porque la expareja del entonces presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, era la gerente comercial de la compañía, según el diario de cobertura nacional La Razón.  

Entre las obras contratadas estuvieron: la planta industrializadora de azúcar y derivados en San Buenaventura, La Paz; la conclusión del Proyecto Múltiple Misicuni, en Cochabamba; el Tramo I del ferrocarril Montero-Bulo Bulo en Cochabamba y la planta productora de sales de potasio en el salar de Uyuni.

Tampoco CAMCE salió indemne de ese país. En 2017, Gabriela Zapata, exnovia del expresidente boliviano Evo Morales, quien ocupó el cargo de gerente de la empresa subsidiaria de la constructora china en Bolivia, fue condenada a 10 años de cárcel por enriquecimiento ilícito.

La Comisión Mixta Legislativa conformada por la Cámara de Senadores boliviana, sin embargo, no encontró culpable a Morales del delito de tráfico de influencias por supuesto favoritismo del Estado en favor de esta compañía china. 

En noviembre de 2021, Zapata logró su libertad condicional tras cinco años en prisión. 

Así mismo, desde 2007, esta empresa china ha tenido varios contratos de construcción en Venezuela. El de mayor envergadura fue una planta de procesamiento de arroz, que se planeaba fuera la mayor de América Latina, y un laboratorio de alimentos en el Delta Amacuro, sobre el mar Caribe.

CAMCE fue contratada en 2010 y por la obra el Gobierno de Hugo Chávez pagó US$100 millones, pero 16 años después el proyecto está estancado. La empresa china habría pagado la misma cantidad de dinero en sobornos para adjudicarse este proyecto, según encontró la agencia de noticias Reuters.

Ortega y la promesa de los chinos

Power Construction Corporation of China (PowerChina) fue establecida el 29 de septiembre de 2011, y está entre las grandes firmas internacionales de energía eléctrica, con proyectos en 130 países, según describe en su portal.

Publicaciones de CGTN ubican a la estatal Sinohydro como parte de su conglomerado de empresas, que se extendió notablemente en América Latina y montó dos centrales termoeléctricas en Venezuela, una hidroeléctrica en Argentina y la hidroeléctrica más grande de Ecuador.

Según el canal oficialista chino, también ha tenido presencia en Honduras, Bolivia, Argentina, Perú, México, Trinidad y Tobago, Brasil y Colombia.

Un mes después de firmar el citado memorando, el 24 de marzo de 2022, Daniel Ortega apareció en público con delegados de otra de las empresas firmantes, Power China, encabezada por Hou Xiaotun, presidente para las Américas de la multinacional, anunciando un “gran proyecto de energía solar” y otro hidroeléctrico en el país centroamericano.

Los ministros que venden la ilusión china

Los ministros nicaragüenses de Hacienda, Iván Adolfo Acosta Montalván, y de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, junto con Laureano Ortega Murillo, son quienes le dan “seguimiento al tema de la energía”, dijo Ortega durante su comparecencia pública.

Tanto Acosta como Mansell figuran en la lista OFAC de funcionarios públicos nicaragüenses sancionados, por apoyar a un régimen como el de Ortega que “viola los derechos humanos, es abiertamente corrupto y ejerce la violencia indiscriminada contra el pueblo nicaragüense”.

“Estamos muy contentos por el fortalecimiento de las relaciones (con China), cómo vienen caminando, cómo vienen avanzando luego de haberlas retomado. Los resultados los tenemos ya a la vista”, dijo Ortega.

Por su parte, Hou Xiaotun de Power China expresó el deseo de su país de “estrechar lazos económicos y comerciales” con Nicaragua, además de “más inversiones y presencia de empresas chinas en el país”.  

Esta empresa tampoco ha estado libre de polémicas.

PowerChina y sus ramificaciones

En Ecuador, la empresa china Sinohydro, del grupo PowerChina, estuvo vinculada al proyecto Coca Codo Sinclair, una planta hidroeléctrica de 1500 megavatios de potencia, que costó US$2,245 millones. La represa es una de las obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Una fuente ecuatoriana que conoce bien el proyecto, dijo a Expediente Público, que esta obra, sin embargo “no está funcionando ni a la mitad de su capacidad” porque tiene fisuras en los distribuidores de agua.

Entre 2009 y 2018, según la Fiscalía de Ecuador, se tejió una red de corrupción en la que Sinohydro pagó alrededor de US$76 millones en coimas “utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias”.

El 22 de febrero de 2023, el ente acusador solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el delito de cohecho contra el exvicepresidente de Correa, Lenin Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y otras 32 personas, entre exfuncionarios públicos, cercanos al exvicemandatario. Moreno fue presidente de Ecuador entre 2017 y 2021.

El 3 de marzo siguiente, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra Moreno. Las autoridades sostienen que alrededor del proyecto Coca Codo Sinclair se “cometieron actos ilícitos a cambio de dinero, canalizado a través de terceras personas y que inició con el proceso de licitación”.

Dos días después, el juez Adrián Rojas dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para los procesados, incluyendo a Moreno, quien deberá presentarse cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.

Las otras dos empresas signatarias

Otra de las firmantes del acuerdo con Nicaragua es la China Communications Construction Company (CCCC), también de propiedad estatal. Construye puertos, hidrovías, carreteras, puentes y otras infraestructuras. También opera el campo inmobiliario. Con sede en Beijing, cotiza en las bolsas de Shanghái y Hong Kong, y su director y presidente es Wang Tongzhou.

Según su sitio web, es la “mayor empresa internacional de contratación de ingeniería y el mayor inversor en autopistas de China” y tiene más de cien años operando. Proporciona productos y servicios en más de 150 países. En 2021, ocupó el puesto 61 en Fortune Global 500, un ranking de las primeras 500 empresas del mundo medidas según los ingresos.

En su portal oficial esta gigante china señala que desarrolló proyectos en Jamaica, Costa Rica, Cuba, Colombia, Bahamas, Brasil y Panamá, entre otros países de América Latina.

¿Qué se sabe de CSCEC?

Entre 2005 y 2021, China Communications Construction Company (CCCC), junto a PowerChina, generaron el 52.41% del empleo en los proyectos de infraestructura de China en América Latina y el Caribe, señaló la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China en su informe Monitor de la Infraestructura China en América Latina y El Caribe 2022.

La cuarta empresa firmante, la China State Construction Engineering Corporation Ltd. (CSCEC) no es tan conocida. Fue fundada en 1982 y su presidente, Zheng Xuexuan,  actúa como miembro suplente del XX Comité Central del Partido Comunista Chino.

En su página web, informa que ha hecho negocios en más de 100 países, con inversiones y desarrollo en bienes raíces, financiamiento y operación de la construcción, ingeniería, así como estudios y diseño. También sostiene que ha erigido más del 90 % de los rascacielos de China, las tres cuartas partes de los principales aeropuertos, las tres cuartas partes de las bases de lanzamiento de satélites, un tercio de los túneles de servicios públicos urbanos y la mitad de las plantas de energía nuclear.

Las sanciones internacionales

Algunas de estas contratistas están sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea o imposibilitadas para contratar con organismos multilaterales.

China CAMC Engineering es una de las compañías con más sanciones, la más reciente impuesta en marzo del año pasado y hasta octubre de 2026 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a raíz de una sanción anterior impuesta por el Banco Asiático de Desarrollo, que determinó que la empresa china había violado “principios y directrices de integridad” en una obra en Paquistán, financiada con dineros de ese banco.

CAMCE también tiene sanciones del Grupo del Banco Africano de Desarrollo (en inglés, African Development Bank Group) impuestas en octubre de 2021 y van hasta 2026. Según explica el banco en su sitio web, en la introducción a su lista de sancionados, entre los que figura CAMCE, cuando las empresas o las personas desvían estos fondos para otros usos mediante “fraude, corrupción y prácticas nocivas asociadas”, son sancionadas y estas empresas se consideran «no elegibles para participar en contratos financiados o administrados por el Grupo del Bando Africano de Desarrollo».

EE.UU. y las empresas chinas sancionadas

No es la única de las cuatro aliadas chinas del régimen de Ortega que tiene sanciones.  En diciembre de 2020, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a China Communications Construction Company (CCCC) -y a varias de sus subsidiarias- en su Lista de Entidades (Entity List en inglés) que “actúan en contra de la seguridad nacional o de los intereses internacionales de Estados Unidos”. Esto, a raíz de las construcciones que ha realizado para militarizar islas artificiales en el Mar de China Meridional. Esta lista impone restricciones comerciales a las empresas.

La CCCC también fue incluida en una lista de 59 empresas a las cuáles los estadounidenses no pueden vender acciones ni facilitar inversiones, por hacer parte del complejo militar-industrial de China y contribuir a actividades de espionaje chino, según la orden presidencial ejecutiva de junio de 2021. 

Expediente Público envió comunicación al email disponible en el sitio web de la compañía  China CAMC Engineering, pero no se obtuvo respuesta dado que el mismo no pudo ser entregado por un error en el correo electrónico del destinatario. Igual ocurrió con PowerChina y China Communications Construction Company (CCCC).

El único correo que fue totalmente enviado a su destinatario fue el de China State Construction Engineering Corporation Ltd. (CSCEC), sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta.

El Gran Canal y otro cuento chino

Antes del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, Ortega ya había presentado en público proyectos grandiosos con inversores provenientes del gigante asiático que nunca se concretaron.

En 2012, Ortega anunció una obra por un monto de US$50,000 millones con la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development más conocida por sus siglas HKND Group, de Wang Jing, que se haría cargo de la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.

El Movimiento Campesino, liderado por Francisca Ramírez y Medardo Mairena, ambos actualmente en el exilio, organizó decenas de marchas contra la concesión de Ortega a Wang Jing, pues el proyecto canalero amenazaba con la expropiación de las tierras de miles de familias campesinas.

En abril de 2018, Bloomberg informó que el empresario chino al que Ortega le había entregado en 2013 la concesión cerró las oficinas de HKND en el piso 18 del Centro Internacional de Finanzas en Hong Kong, pese a que su contrato de arrendamiento terminaba en 2019. En la actualidad, incluso, el sitio web de la empresa desapareció y el link lo conecta más bien con una casa de juegos PkvGames.

Jing también fue expulsado en 2021 de la bolsa de valores de Shanghái y se le inhabilitó por un periodo de 10 años para participar en el mercado bursátil chino por una estafa que habría construido a partir del megaproyecto canalero, según informó Bloomberg.

Aún así, en 2022, Ortega seguía defendiendo el fallido proyecto.  Durante el acto oficial de conmemoración de los 166 años de la Batalla de San Jacinto, dijo que “en algún momento será una realidad en Nicaragua”.

Inversiones de telefonía china

Otra de las inversiones anunciadas por el régimen en abril de 2016 estuvieron vinculadas al campo de las telecomunicaciones. Después de varios meses de promoción, la empresa de telefonía china Xinwei, que opera en Nicaragua bajo la marca CooTel, entró en funciones en el país centroamericano.

La empresa Xinwei invirtió 200 millones de dólares y ha generado unos 300 empleos ofreciendo  los servicios de telefonía celular, internet móvil y residencial, además de celulares, tabletas y routers.

Laureano Ortega era el enlace con las empresas HKND y Xinwei y actualmente es la cara del régimen en las relaciones con Rusia y China.

Analistas consultados por Expediente Público para otros reportes coinciden que el gigante asiático presuntamente usa métodos corruptos de compra de voluntades a funcionarios, políticos, empresarios, periodistas y personajes claves en los países donde opera para tener influencia económica y política.

En los últimos 16 años, el régimen de Ortega ha destacado por su opacidad y la combinación de engaños y ocultamiento de la información oficial vinculado a los contratos con los chinos. Con la incompetencia demostrada y el hecho de que proyectos como el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua se esfumara o el Supremo Sueño de Bolívar quedara a medias, es imposible saber si los últimos anuncios firmados en el “Memorándum de Entendimiento” serán otro cuento chino o se volverán realidad.

Esta historia fue realizada gracias al apoyo de la Google News Initiative y con la colaboración del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).