*Los representantes de la comunidad LGBTI y de personas con capacidades especiales son las que menos oportunidad tienen de alcanzar la presidencia. A los afrodescendientes e indígenas tampoco les va bien en la preferencia electoral
Expediente Público
Con una historia de 40 años de acudir a las urnas a votar para elegir presidentes, alcaldes y diputados, los hondureños están aún muy lejos de elegir a representantes de la comunidad LGBTI, personas con capacidades especiales, afrodescendientes e indígenas.
El informe “Opinión Pública sobre la participación política electoral de grupos subrepresentados en Honduras”, publicado en 2019, refleja la percepción que tiene un sector de la población al momento de emitir un voto hacia las mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, población LGBTI (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersexual) y personas con discapacidad. Fue realizado por la Asociación Colectivo Violeta junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras (Flacso-Honduras) y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés).
Leer: La diversidad sexual y su lucha por vivir
El estudio, realizado en 31 municipios rurales y urbanos de 16 de los 18 departamentos del país, resalta la existencia de prejuicios e intolerancia en la población. Se identificaron dos razones del por qué no votarían por representantes de esos sectores . La primera por temas religiosos y la segunda es por considerar “que las candidatas y los candidatos de estos grupos no tienen experiencia, y en el caso de las mujeres y las personas con discapacidad porque consideran que son débiles”, detalla el informe.
Entre los cargos de elección popular, la presidencia de la República es donde menos posibilidad tienen, especialmente las personas con capacidades especiales y la población LGBTI. Tampoco hay inclinación para votar por representantes afrohondureños o indígenas. Con mejores opciones están los candidatos jóvenes, que alcanzan un 39.3% y un 41.8% que votaría por mujeres.
“Sin embargo, ningún candidato o candidata a la presidencia de estos grupos alcanza más del cincuenta por ciento, con lo cual al parecer las personas encuestadas están más dispuestas a votar si el candidato a la presidencia es hombre, blanco o mestizo y adulto”, señala.
Una de las recomendaciones principales es trabajar en la formación de una cultura política basada en los derechos humanos por parte de la institucionalidad electoral. “Se requiere de mayor formación política de la ciudadanía y el desarrollo de estrategias de comunicación que orienten a la población en los derechos ciudadanos”.
EN BUSCA DE UN CARGO
Erick Vidal Martínez Salgado es un defensor de los derechos humanos y miembro de la comunidad LGBTI. Se postuló como candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán para las elecciones primarias del 2012 por el Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda).
Era un naciente partido, surgido como brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular, movimiento generado por el golpe de Estado del 2009. Las elecciones primarias, o “internas” como les llaman en Honduras, sirven para que los simpatizantes de los partidos escojan a los candidatos que llevarán a las elecciones generales.
“El Frente Nacional de Resistencia empezó a tomar acciones organizativas de participación política. Estos enfoques fueron previamente permitidos porque tenían espacios, había representantes. En mi caso, era el coordinador nacional por la comunidad LGBT dentro de la Resistencia”.
Martínez recuerda que tenían algunas coordinaciones a nivel nacional. Eso facilitó los debates y tuvieron la oportunidad de trabajar en los estatutos del Partido Libre. En la parte de género fue el primer documento legal en reconocer la participación de la comunidad LGBTI en política.
ESTATUTO DEL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN (Libre)
Originalmente el candidato a diputado era Erick Alexander Martínez Ávila, quien fue elegido en una asamblea. Era un joven periodista, de 33 años, reconocido por su participación en los movimientos sociales. Fue asesinado en mayo de 2012 y hasta la fecha, su muerte sigue en la impunidad. Erick Vidal lo sustituyó en las planillas para las primarias.
“Fue elegido para ser candidato a diputado en abril del 2012. Resulta que el 6 de mayo desaparece. Ese día íbamos a ratificar su candidatura”, explicó Erick Vidal a Expediente Público.
“Yo no tenía planes de asumir una participación política, pero tocó asumir. A mi par estaba una persona transexual, Victoria Gómez, que iba de suplente a pesar de los problemas que había en el Registro Nacional de las Personas, por el cambio de nombre”.
Lea también: Comunidad trans en Honduras, una lucha constante por vivir
Erick Vidal y su compañera Victoria Gómez participaron por la corriente de la Fuerza Nacional de Resistencia Popular.
“A los medios de comunicación les gusta el morbo y salieron varias noticias, como ‘Homosexuales van de candidatos porque quieren aprobar el matrimonio’. Teníamos publicidad gratis”.
Martínez explica que el objetivo no era ganar la elección ni obtener popularidad, sino que tenían dos metas claras: una era superar los obstáculos que implica la participación política de las personas LGBTI. “Era desconstruir ese tabú y reivindicar el derecho de la participación”. La segunda: llevar la candidatura de una mujer “trans” para evidenciar las debilidades del sistema legal al momento de realizar un simple cambio de nombre, en este caso de hombre a mujer.
“En las internas tuvimos un aproximado de 54 mil votos. Nuestra meta era de 20 mil. Para pasar a las elecciones generales se necesitaban un aproximado de 80 mil, ya que eso obtuvo el menos votado de los que pasaron a las (elecciones) generales”.
Además de Erick Vidal Martínez y su compañera Victoria Gómez, en el departamento de Cortés (Caribe de Honduras) participó una mujer “trans” llamada Claudia Spellman, quien obtuvo un aproximado de 52 mil votos. “Ella era directora de una organización trans. La amenazaban bastante y se fue del país. El suplente de ella, que se llama Josué Hernández, sufrió un atentado”, señaló Erick.
Lea: Comunidad trans presenta informe sobre violencia y justicia
“Es cierto que la participación política ha abierto espacios para la comunidad LGBT, pero también ha tenido unos (efectos) negativos, este ha incrementado los daños a la comunidad, estamos hablando en casos de asesinatos”, apuntó.
El informe, “Reflexiones sobre la participación política de la comunidad LGBT en Honduras” (publicado en febrero del 2017 por el Instituto Nacional Demócrata (NDI), Caribe Afirmativo, Somos (Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI) y Victory Institute), destaca los principales problemas surgidos a partir del activismo, entre ellos asesinatos de líderes, amenazas y dificultades legales para asociarse.
Un factor muy importante es el papel que tuvieron los movimientos conservadores, que quisieron hacerle creer al electorado que el único interés de la comunidad era promover el matrimonio igualitario.
“A pesar de esta situación, motivados por su interés de participación política, líderes y lideresas LGBTI de Honduras han ido conociendo, incidiendo y haciendo uso de los pocos espacios de participación política que ofrece el Estado. El 80% de los entrevistados dice conocer y tener interés en incidir en dichos mecanismos de participación y sólo el 20% de los entrevistados en Tegucigalpa y San Pedro Sula manifiesta desconocer dichos mecanismos. Esto da cuenta del gran interés y motivación por conocer y hacer uso de estos espacios de participación”, detalla el informe.
Además, recomienda que los líderes de la comunidad LGBTI, aprovechen los escenarios de participación para proponer sus agendas y obtener garantías a sus derechos. Esto se debe acompañar de una acción de veeduría ciudadana, de monitoreo y evaluación.
NO ESTÁN REPRESENTADOS
En el año 2007, las organizaciones y federaciones de los pueblos indígenas y afrohondureños realizaron un autocenso, en donde resalta que son el 20% de la población y que el 80% vive en zonas rurales.
La Unión Europea, en su informe final de las elecciones de 2017 y que dieron como resultado la elección de Juan Orlando Hernández en la presidencia por un segundo periodo, expone que no existen datos de inclusión electoral de esos pueblos. Esto refleja que “la desigualdad, pobreza y carencia de servicios sociales básicos que padecen, dificulta su acceso a los cargos públicos, a las instituciones del Estado y a la participación política”.
Apunta que “el número de candidatos de poblaciones indígenas ha sido marginal, participando sobre todo en las listas de Libre, PNH (Partido Nacional de Honduras) y PLH (Partido Liberal de Honduras). La población misquita ha contado con candidatos en el departamento de Gracias a Dios. Por su parte, siete candidatos afrodescendientes han resultado electos (el único diputado del PAC (Partido Anticorrupción) en Cortés, dos más en Cortés (PN y PL), en Atlántida (PINU, Partido Innovación y Unidad), dos en Francisco Morazán (LIBRE y PN) y en Islas de la Bahía (PL)”. Fueron siete electos en un Congreso conformado por 128 diputados propietarios e igual número de suplentes, es decir menos del 3 por ciento del total.
Respecto a otros grupos vulnerables, encontró que, en el caso de las mujeres, “sólo 27 candidatas al Congreso, el 21,09% del total de sus miembros, han resultado electas, lo que supone un retroceso respecto a 2013 (25,7%). Estos porcentajes evidencian hasta qué punto el mecanismo de la alternancia impuesto por el TSE, aun respetando la paridad numérica en las listas, permite que los partidos posicionen mayoritariamente a hombres en puestos electivos de preferencia”.
En cuanto a la comunidad LGBTI, en las elecciones generales participaron siete candidatos al Congreso Nacional y al Parlacen (Parlamento Centroamericano), a través de cuatro partidos, entre Libre y minoritarios. Ninguno fue electo.
EL CONVENIO 169
Carlos Palacios, historiador y experto en el tema de los pueblos indígenas, enfatiza que “la participación política de los pueblos indígenas ha sido muy baja”, no obstante, la suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 1995, por el Estado de Honduras, producto de movilizaciones importantes en la década de los 90s de los sectores indígenas. En esas manifestaciones, los pueblos exigieron al Estado su reconocimiento, y lograron que Honduras fuera el octavo país en el mundo en ser signatario.
Palacios señala que a partir del Convenio 169, los pueblos indígenas comenzaron a participar en política a través de movimientos sociales, que se fueron constituyendo en movimientos políticos. También se organizaron en federaciones y confederaciones.
Dichas organizaciones se constituyeron en voceros políticos e interlocutores entre las comunidades indígenas y afrodescendiente con el Estado.
Una estrategia que se utilizó fueron las alianzas con movimientos sociales y partidos políticos. En el caso de los garífunas lograron obtener un alcalde en los años 90s, de su etnia, en un municipio al norte de Honduras. Palacios explicó que los afrodescendientes crearon un movimiento en Limón, municipio del departamento de Colón “que se llamaba Nuevo Amanecer y se alió al Partido Liberal e impulsaron la candidatura de Lombardo Lacayo, quien falleció en el año 2001”.
“Esa participación se vio incrementada hasta el golpe de Estado, en el año 2009, al cual los grupos indígenas se opusieron y eso los limitó en la participación política”.
NO HAY QUIEN RESPONDA
Para Carlos Palacios, dentro del Congreso Nacional, los partidos tradicionales influyen en los diputados que se identifican con los pueblos indígenas, y estos terminan respondiendo a las agendas de los partidos y no a los intereses de las etnias. “Antes del golpe de Estado, básicamente, quien asumía la representación de los pueblos, era la Fiscalía de las Etnias en el Ministerio Público. Producto de la suscripción del Convenio 169, se creó dicha Fiscalía Especial para Pueblos Indígenas y Patrimonio Cultural. Era como la defensora de los pueblos, pero con el tiempo fue perdiendo fuerza. A pesar de seguir vigente la Fiscalía Especial, después del Golpe se creó, en el gobierno de Porfirio Lobo, la Secretaría de Pueblos Indígenas, pero solamente estuvo activa durante su periodo (2010-2014)”.
El historiador recuerda que, durante el primer gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2018), la Secretaría de Pueblos Indígenas fue desarticulada y la convirtieron en una oficina al interior de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). Ahora se llama “Dirección de Asuntos Indígenas”.
“El mismo gobierno ha creado una oficina paralela a esa de Asuntos indígenas, para el programa de Vida Mejor. Que está politizada, y los pueblos recurren al último momento para (obtener) ayudas”, indicó Palacios.
UNA VERDADERA PARIDAD
La diputada por el partido Libertad y Refundación, Ashanty Crisanto, es de la etnia garífuna y actualmente preside la Comisión de Enlace con Grupos Indígenas y Afrohondureños.
“Como presidenta de la comisión de pueblos originarios y afrodescendientes, no tengo una oficina, no tengo un reglón presupuestario para movilizarme a las comunidades, no tengo nada, solo una gran sala donde nos reunimos los 30 diputados del partido para conversar temas generales. Esas comisiones con nombres tan grandes, solamente son decorativas”.
A lo interno del Congreso Nacional existe una bancada paralela, a la que algunos llaman “bancada afro”, integrada por varios diputados de diferentes partidos políticos, que se identifican con los pueblos de su origen.
“Como bancada afro e indígenas hemos ingresado diversos proyectos en nombre de las comunidades, pero se han quedado engavetados”.
En el caso de la paridad (hombre-mujer) dentro de los partidos, Crisanto explica que no se da. “El suplente de otros compañeros diputados son hombres y lo mismo con las diputadas. Los documentos aguantan, pero la práctica es otra”.
“Las mujeres mismas nos denigramos y miramos de menos a las demás. Cualquier mujer que se presente a la presidencia, sin importar su partido, yo la voy a apoyar. Tenemos esa debilidad, las mujeres no apoyamos a las mujeres”.
Crisanto explica que dentro del Congreso Nacional existe un ambiente machista que se refleja en la forma en cómo algunos diputados se expresan de sus compañeras. “Se refieren a otras diputadas, pertenecientes a grupos, de manera despectiva. Dentro de mi partido y del Congreso, se encuentran unos peores que otros, vulgares, peyorativos, irrespetuosos. Yo no votaría por una persona así. Si somos padres y madres de la patria, debemos poner el ejemplo”.
En el Congreso Nacional, los partidos predominantes son el Liberal, Nacional y Libre. Sus estatutos reflejan, en el tema de las mujeres, una apertura para lograr una participación igualitaria.
En cuanto al tema de los pueblos indígenas y afrodescendientes, se hace mención de manera muy leve. Solamente el Partido Libre asegura que promoverán su participación. Además, reconocen los derechos y participación de la comunidad LGBTI.
Sin embargo, de los tres partidos políticos, ninguno exige en sus estatutos una cuota porcentual obligatoria en las planillas para diputados del Congreso Nacional.
EL ENGAÑO DE LAS INTERNAS
El informe “La representación política de las mujeres en Honduras: resistencias partidistas y propuestas de reformas inclusivas en perspectiva comparada”, presentado el 29 de agosto del 2019 por The Carter Center, explica que, en las últimas décadas, la representación política de las mujeres ha cambiado en los poderes legislativos nacionales, incrementándose en más de 25 puntos porcentuales de media en América Latina y el Caribe.
La principal razón de ese cambio se dio mediante reformas electorales vinculadas a la obligación de los partidos de ubicar a las mujeres en cargos de elección popular.
El Centro Carter explica que, en Honduras, esa exigencia es solamente para los partidos en las elecciones internas, a diferencia de otros diseños electorales de género aprobados en la región desde 1990.
“Honduras es un estupendo laboratorio para evaluar las dimensiones informales de un tipo de diseño electoral de género que no produce los resultados de representación esperados y, además, es un excelente caso para reflexionar sobre dos dimensiones claves: la de la inclusión de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres a los cargos y a las candidaturas y la de existencia de procesos que garanticen el pluralismo y altos niveles de democracia interna para dirimir los conflictos”.
Detalla que los partidos hondureños se encuentran integrados por diferentes grupos y facciones a lo interno de cada uno, lo cual, obliga a que se realicen elecciones primarias para resolver sus diferencias. Eso presiona a las dirigencias de los partidos para cumplir la exigencia de la paridad de género en las candidaturas.
El análisis expone que los partidos se ven obligados por la ley a ubicar mujeres en las candidaturas, pero han desarrollado estrategias para que todo quede en una simulación. “El diseño institucional formal (las leyes) requieren de voluntad partidista y control social e institucional para mejorar la representación política de las mujeres”.
Uno de los problemas que refleja el informe es la combinación que existe en el diseño electoral de género y la ausencia de monitoreo social y político del cumplimiento de las exigencias normativas. Por tanto, pasará mucho tiempo antes que la igualdad se refleje en el Congreso de Honduras.
