*Las invasiones de tierra, la economía extrativista, el abandono histórico y los efectos del cambio climático son parte del coctel que empuja la pobreza e inseguridad alimentaria, señalan comunitarios a Expediente Público.
** Iván Aguilar Sandoval, gerente Humanitario y Resiliencia para Oxfam en Centroamérica, asegura que 7.3 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en el istmo.
*** El organismo Prilaka cuestiona la falta de políticas estructurales del régimen de Daniel Ortega para mitigar el hambre en el Caribe.
Expediente Público
El acceso a alimentos tan básicos como los frijoles y el arroz se ha convertido en algo casi inalcanzable para los pobladores de las comunidades indígenas de la zona del Caribe Norte en Nicaragua, que históricamente se han enfrentado al abandono de los gobiernos locales y nacionales.
A eso se suman las invasiones de tierras y las industrias de monocultivos y extractivistas, así como los daños provocados por el cambio climático, sobre todo en esta región donde los huracanes y tormentas tropicales afectan cada año en la temporada de invierno.
Los ciclones no solo arrasan con las viviendas de los pobladores, provocan daños en el sistema de energía y agua potable, también destruyen de forma parcial o total sus cultivos agrícolas, que es su medio de subsistencia, exponiéndolos a la hambruna, la extrema pobreza e incluso la violencia.
Nicaragua, y especialmente la zona del Caribe Norte, se vio severamente afectada por el impacto de los huracanes Eta, con categoría 4, e Iota, con categoría 5, y catalogado como el más potente de la temporada de huracanes, en noviembre del año 2020, mientras el país atravesaba la pandemia del coronavirus.
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Los fenómenos naturales ocurrieron en menos de dos semanas, y causaron una ola de destrucción y desolación en la zona. Según, la Organización Panamericana un total de 9.9 millones de personas fueron afectadas en la región centroamericana.
En el caso de Nicaragua, de acuerdo, al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), los huracanes dejaron 21 personas muertas, así como 738.6 millones de dólares entre pérdidas y daños. Un total de 3 millones de personas estuvieron expuestas a los huracanes, de las cuales 160, 597 fueron evacuadas en Nicaragua.
Comunitarios resienten aún afectaciones
El líder comunitario y miembro de la comunidad indígena Mayangna Sauni As, de la Reserva de la Biosfera Bosawás, “Juan”, (nombre que utilizaremos para proteger su identidad), asegura a Expediente Público que, hasta la fecha, los pobladores indígenas aún resienten las graves afectaciones que dejaron los huracanes en ese lugar y cuestionan la falta de un plan de respuesta del gobierno de Daniel Ortega.
En 2021 y 2022, las comunidades también sufrieron el impacto de otros fenómenos naturales, como la tormenta Bonnie y del huracán Julia, que según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), este último, junto al impacto socioeconómico y la crisis alimentaria en el mundo, “provocaron un rápido aumento de los precios de los alimentos en Nicaragua”.
La respuesta del Estado, asegura el líder, ha sido prácticamente nula, pues a pesar de que los políticos de la zona levantan censos poblaciones con la promesa de ayuda a los damnificados, esta se queda en promesa o solo se beneficia a los pobladores aliados al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Ortega, junto a su esposa Rosario Murillo.
Además, denuncia que a pesar de que los comunitarios hicieron llegar evidencias a los gobiernos territoriales las pérdidas que enfrentaban, tras los huracanes, como sus cosechas, no recibieron apoyo para recuperarse.
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Más vulnerables por cambio climático
“De 2009, en adelante cuando hubo los huracanes, el Estado no ha dado respuesta. Por ejemplo, no ha enviado ayudas humanitarias como alimentación, una brigada médica para temas especiales como estos en dar atención a la población para detectar qué tipo de enfermedades están impactando”, refiere el líder comunitario.
Nicaragua y el resto de Centroamérica, se ubican entre los 50 países con mayor riesgo climático, de acuerdo al Índice de Riesgo Climático, de la organización Germanwatch, por su vulnerabilidad a fenómenos naturales.
El joven cuestiona que Ortega no brindó acompañamiento posterior a los huracanes y no cumplió con el abastecimiento de semillas, que les prometieron, para volver a sembrar y garantizar su alimentación, así como lo posibilidad de poder intercambiar o vender las cosechas, para comprar otros productos de necesidad.
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“El Estado tiene la obligación de atender a las comunidades indígenas” porque así lo establecen “las normas internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas”, asegura.
Bajo el contexto climático y la situación global, más de 250 millones de personas padecieron hambre aguda en 2022, según el último Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias (GRFC), de Food Security Information Network. El informe revela que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda y necesitan asistencia urgente con alimentación, nutrición y medios de vida aumentó por cuarto año consecutivo y se situó en un 22.7%.
Entre 2019 y 2021, trece millones de personas sufrieron hambre en América Latina y el Caribe, según El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022 (SOFI, por sus siglas en inglés), un informe conjunto de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Además, en el caso de la seguridad alimentaria, en 2021, 268 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave.
Resienten incremento en los precios
“Sonia”, (nombre que utilizaremos para proteger su identidad) líderesa de Bilwi, Puerto Cabezas, denuncia a Expediente Público el incremento de este año en el costo de las semillas para sembrar, como los frijoles, y el efecto que tiene en la situación de pobreza y hambruna en la zona. La libra de semillas aumentó de 25 córdobas a 50 córdobas.
“No se ha visto presencia de proyectos gubernamentales, de proyectos que lleguen a ofrecer semillas, y si lo hacen, pues simplemente siempre es a los afiliados del partido Frente Sandinista, igual si llega cualquier apoyo es a los afiliados, que son muy pocos en las comunidades, y son ellos simplemente los que se benefician y no las comunidades. Pero claro, al momento de hacerlo público, van a nombre de las comunidades”, sostiene.
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La situación en la zona, que también está marcada por el impacto de los huracanes, ha obligado a los pobladores a cambiar su alimentación. “Ya casi no se comen frijoles, ya no se come carne, las cosas están tan caras que tenés que buscar cómo sobrevivir”, asegura la líder.
Invasión de colonos influye en la hambruna
Ante la falta de protección y acompañamiento del régimen sandinista a las comunidades indígenas, estos se han visto afectados también por la invasión de colonos o personas que llegan desde la zona del Pacífico en Nicaragua y toman con violencia y de forma ilegal, los territorios que le pertenecen a los pobladores.
La ocupación de los territorios, a manos de los colonos, también ha impactado en la situación alimentaria, ya que, por temor, los pobladores han abandonado las tierras donde vivían y cultivaban.
Expuestos al hambre y la violencia
“Juan” asegura que la comunidad indígena mayangna Wilú es una de las afectadas por esta situación. “Esa comunidad se quedó sin alimentación, sin vivienda, sin ropa, sin nada quedaron esa población. Ahora temen entrar a sus áreas de trabajo para traer sus cosechas, entonces ese es otro punto de la inseguridad en el territorio”, relata.
Además, explica, que los pobladores ahora solo cultivan una cantidad limitada de alimentos, como el banano o el arroz; en comparación a años anteriores que podían cosechar arroz, frijoles, plátano, yuca e incluso café. “Hoy por hoy si, si uno visita a las comunidades, la gente come solo tal vez bastimentos con sal, hay gente que solo come bastimentos con frijol sin aceite”, relata.
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Esta situación también la comparte la líderesa de Bilwi, Puerto Cabezas, quien asegura que la situación se ha “masificado” en los últimos años, junto a la violencia, falta de acceso a la justicia y el silencio gubernamental, tanto a nivel nacional como regional.
“Mucha gente está sufriendo extremamente, hay comunidades, por ejemplo, en el bloque Sipba, en el territorio Tuyasbra, que podés entrar y notás que tal vez el día comen una vez; o incluso muchas veces ves familias que en todo el día no prenden el fogonero”, refiere la lideresa, debido al bloqueo del acceso a las tierras de los indígenas que provoca una difícil crisis alimentaria.
Falta de políticas estructurales
Juan Carlos Ocampo, Fundador y Coordinador de Prilaka, movimiento social en defensa de las comunidades indígenas invadidas, sostiene a Expediente Público que el régimen de Nicaragua no ha implementado medidas estructurales para combatir la inseguridad alimentaria en comunidades afectadas por huracanes, falta de seguros y programas de innovación agrícola.
Además, sostiene que la atención pública comunitaria es deficiente y que el impacto del cambio climático aumenta la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. También la violencia, el despojo de territorio y desplazamiento de cultivos son otros factores que empeoran la situación.
“Ahora la gente como muchas veces no tienen ni para el día, entonces a veces las semillas se la pueden comer y no sembrar; y si las siembran, no tienen suficientes recursos para cuidar porque tienen que andar buscando la comida del día, lo que popularmente se dice coyol quebrado, coyol comido, ¿no?”, señala.
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El líder asegura que los comunitarios con las inundaciones se enfrentan a la presencia de plagas y la disminución de la calidad genética de las semillas.
“Toda esa situación va disminuyendo la diversidad de la dieta de las familias; y las comunidades no terminan de recuperar sus capacidades de producción y sus medios de vida. Cuando ya viene otro huracán u otra sequía, la gente ya no se puede recuperar”, agrega.
Ocampo dice que no hay un programa específico que esté enfocado en la mitigación del cambio climático. “La situación en el Caribe de Nicaragua continuará agravándose mientras Ortega no impulse un programa específico que respalde la seguridad alimentaria de los pobladores”, finaliza.
El trabajo de las oenegés
La inseguridad alimentaria es una problemática que enfrentan todos los países en Centroamérica, provocada en su mayoría por el impacto del cambio climático. Sin embargo, organismos mundiales como OXFAM trabajan para paliar los efectos en la zona y garantizar el acceso a alimentos a las poblaciones vulnerables.
La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se sitúa actualmente en 9,1 por ciento, la más alta de los últimos 15 años, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De acuerdo a la FAO, el número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021.
Iván Aguilar Sandoval, gerente Humanitario y Resiliencia para Oxfam en Centroamérica dice a Expediente Público que la organización trabaja el tema de inseguridad alimentaria, bajo el programa humanitario que coordina en Centroamérica y que beneficia a pobladores de Guatemala, Honduras y El Salvador. Antes el proyecto incluía Nicaragua, pero tras la expulsión o cierre de organismos internacionales, ya no trabajan en la zona.
“Hemos incluido acciones puntuales en Costa Rica para responder a la inseguridad alimentaria, tenemos programas de resistencia humanitaria y de protección social”, asegura.
Dentro de las mismas, benefician a las comunidades vulnerables con un paquete de asistencia, que consiste en una transferencia monetaria, que cubre cuatro meses del período crítico de escasez de alimentos que ocurre entre abril y agosto, que se denomina período de hambre estacional.
El proyecto busca solventar esa brecha alimentaria que tienen los pobladores cuando se les terminan las reservas de alimentos de la producción propia y cuando la oferta de empleo es baja. La brecha es la cantidad de recursos que necesitan para garantizar el acceso a una alimentación adecuada, calculado según los precios del mercado en cada país.
Aguilar Sandoval señala que uno de los indicadores que se toma en cuenta para determinar si una persona accede a una alimentación adecuada, es si consumen 2,100 kilocalorías por día. “En ese periodo, los hogares se enfrentan a un estrés alimentario, dejan de comer alimentos que pueden ser más caros o reducen las porciones de los alimentos y saltan tiempos de comida”, explica.
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El proyecto también dota de harina fortificada, sobre todo para niñez menor de 5 años, que funciona como alimentación complementaria para ese grupo de edad, y para mujeres embarazadas y lactantes. Se complementa con un censo nutricional de la niñez, que permite que las autoridades sanitarias de cada país identifiquen a menores que están en riesgo de desnutrición o ya la padecen; y donde OXFAM beneficia con la asistencia antes mencionada.
De acuerdo al funcionario de OXFAM, las cifras de inseguridad alimentaria incrementaron con los problemas climáticos desde 2018, como pérdida de cultivos, sumado al impacto de la pandemia del coronavirus, que desencadenó desempleo y problemas de movilidad.
“En 2018, la cifra de inseguridad alimentaria rondaba los 2 millones de personas para Centroamérica y esa cifra se fue incrementado. En 2019 llegó a 2.5 millones, en 2020 a los 4 millones, en 2021 subió hasta los 7 millones y en 2023, por ejemplo, nos mantenemos en 7.3 millones de personas que requieren asistencia alimentaria, es decir, que están en inseguridad alimentaria moderada o severa”, explica.
Trabajo en Nicaragua
El trabajo de OXFAM que beneficia al corredor seco centroamericano benefició a pobladores del departamento de Nueva Segovia y en el caso de las zonas del Caribe norte y sur, trabajaron en respuesta humanitaria al impacto de huracanes.
Sobre la situación de inseguridad alimentaria, específicamente para Nicaragua, Aguilar asegura que debido a la situación política que enfrenta el país, no hay acceso a la información para conocer qué está ocurriendo al respecto.
“Lo que sí sabemos es que en el resto de los países la inseguridad alimentaria sí está incrementando. Sería como muy extraño que en Nicaragua no esté pasando lo mismo. Pero como no hay manera de saber exactamente cuál es la situación en los hogares, porque no podemos recoger esa información pues tenemos ahí el gran vacío”, refiere.
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120 mil beneficiados en Honduras
Ricardo Hernández Milla, gerente general de la Unidad Técnica del Consejo de Intermunicipal (Cafeg), trabaja en una mancomunidad conformada por ocho municipios del corredor seco, ubicados al suroriente de Lempira, en Honduras y dice a Expediente Público que ha trabajado alrededor de cuatro y cinco proyectos con OXFAM y han beneficiado a unos 120 mil pobladores de la zona.
“Nos convertimos en coparte de todo un proceso de gestión a nivel centroamericano, internacional y local, que realmente ha beneficiado mucho a una población grande de nuestra región, muy necesitada y como nos enseñaron en OXFAM, a través de don Carlos Rosales, coordinador (oficial humanitario de Oxfam), hay familias que no pueden esperar”, asegura a Expediente Público.
Hernández asegura que los proyectos trabajan aristas como la ayuda humanitaria, gestión de riesgos y la seguridad alimentaria. “Un tiempo de comida, que llegue a tiempo, en su momento, en el momento más oportuno y urgente, es algo invaluable, es algo muy importante, que tenemos que ir aprendiendo a dar respuesta rápida, en estos casos, mientras se están impulsando procesos productivos”, agrega.
