Más de 300 millones de dólares de fondos públicos fueron malversados en 13 años del “buen Gobierno” de Daniel Ortega, revelan auditorías de la Contraloría General de la República en Nicaragua.
Construcción de puentes que fueron pagados pero cuyas obras nunca se hicieron. Una alcaldesa que desvió materiales y maquinarias de la municipalidad para construir una piscina y parqueo en un restaurante propiedad de sus familiares. Láminas de zinc para las escuelas que desaparecieron de las bodegas del Ministerio de Educación (Mined). Devoluciones de impuesto a empresarios a los que no tenían derecho. Pagos por trámites que nunca entraron a las cuentas bancarias de las instituciones o camionetas que fueron llevadas a reparar, pero que fueron “olvidadas” en los talleres.
Una investigación de Expediente Público con base en los informes de gestión anual de la Contraloría General de la República (CGR) de Nicaragua y los reportes auditados disponibles en el sitio web de la misma institución, determinó que el perjuicio al erario público desde que Daniel Ortega asumió el poder en el 2007 hasta el 2019, ha sido de 300 millones de dólares por distintas prácticas corruptas por las que se ha orientado responsabilidad penal y civil por parte de la Contraloría , pero muy pocos casos han llegado a juicio.
Lo que se describe en la investigación son parte de las diferentes prácticas de cómo los impuestos de los nicaragüenses que habrían sido malversados por funcionarios, la mayoría sandinistas, durante 13 años del gobierno “cristiano, socialista y solidario” de Ortega en Nicaragua.
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Cuatro juicios y tres sentencias
La radiografía de lo que sucede en Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina, refleja que la tolerancia a los actos de corrupción en todos los niveles del Estado de Nicaragua es una práctica generalizada del gobierno sandinista. El análisis detallado de la información disponible indica que es mínima la cantidad de funcionarios a los que se les encontró responsabilidad penal, por haber causado un grave daño patrimonial al Estado.
Expediente Público analizó los resultados de las 209 auditorías realizadas por la Contraloría de Nicaragua entre 2015 y 2019. De los 209 casos señalados se determinó que hubo una presunta malversación de 84 millones de córdobas (unos 2.8 millones de dólares) en ese período de cuatro años, siendo atribuidas sanciones civiles y penales por parte de la Contraloría nicaragüense a funcionarios de alcaldías, ministerios, institutos y empresas descentralizadas del Estado.
De esas 209 auditorías, 70 no se encuentran en los archivos en línea de la Contraloría, por lo que se desconoce el mal uso que se hizo del presupuesto estatal y los nombres de los responsables.
De los 152 funcionarios a los que se les encontró presunción de responsabilidad penal entre 2015 y 2019 en la CGR, solo cuatro casos llegaron a los tribunales, habiendo sentencia condenatoria en tres de ellos y en uno no prosperó el juicio. Esto fue lo que Expediente Público pudo identificar en los reportes del glosario de judicialización de casos de corrupción accesibles en la Procuraduría General de la República, y en el Sistema de Causas del Poder Judicial, disponible en su sitio web.
Los cuatro casos llevados a los Tribunales fueron la malversación de fondos ocurridas en el Instituto Nicaragüense del Deporte (IND), en el Recinto Universitario “Carlos Fonseca Amador” (Rucfa), de la UNAN-Managua, por el hurto de dinero de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y por desaparición de láminas de zinc de las bodegas del Ministerio de Educación (Mined). El perjuicio económico causado entre todos sumó 4.2 millones de córdobas, según las auditorías de la CGR.
En la búsqueda de las acusaciones judiciales, el equipo de Expediente Público encontró el obstáculo de que muchas veces los códigos de seguimiento de las auditorías de la CGR no coinciden con los números de los informes de la Procuraduría y la Fiscalía, lo que dificulta localizar si hubo acusación formal en los tribunales.
Otro obstáculo es que gran parte de los informes no tienen registro numérico de seguimiento, lo que hace imposible localizar los casos en la Contraloría así como en el sistema de causas judiciales. Es lo que pasa con 45 auditorías especiales realizadas a igual cantidad de alcaldías, las que estarían relacionadas con la DGA. Ese paquete que corresponde a auditorías del 2015, no tiene el número de seguimiento para poder localizarlas y saber qué irregularidades se cometieron con fondos de la Aduana, y quiénes serían los responsables.
La mayoría de los informes de la Contraloría llevan un desfase de cuatro años entre la auditoría y el establecimiento de responsabilidades. Es decir, que en ese lapso ya los responsables posiblemente dejaron el cargo.
Sentencian a unos, protegen a mayoría
Solo en uno de los 76 casos investigados, entre 2018 y 2019, hubo un procedimiento judicial y de sentencia a los responsables. Se trató de la «apropiación ilícita» de C$719,643.92 de fondos del Recinto Universitario “Carlos Fonseca Amador” (Rucfa), de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)-Managua. La investigación determinó que Ruth Esther Ortíz Espinoza, encargada de la Caja General del Rucfa, fue la responsable del hurto en el año 2014.
La resolución de sanción penal contra la cajera Ruth Esther Ortíz Espinoza llegó hasta el 2018, cuando la Contraloría remitió su hallazgo final. Aunque la Fiscalía acusó penalmente a la exfuncionaria por un monto económico mayor al señalado por la CGR. La acusación fue por “apoderarse de manera indebida” de 1.2 millones de córdobas, en el período de tres años que Ortíz Espinoza fue cajera del Rucfa, según los registros judiciales y periodísticos de La Prensa y El Nuevo Diario.
En julio del 2018, Ortíz Espinoza fue sentenciada a siete años de prisión y se le inhabilitó para ejercer cargos públicos por seis años. Ortiz apeló pero la solicitud fue rechazada en el Tribunal de Apelaciones de Managua que ratificó la sentencia por “peculado”, aunque le redujeron a seis años de cárcel porque la excajera no tenía “circunstancia agravantes”, es decir no tenía antecedentes penales, de acuerdo a la sentencia 0078-2018, del 25 de octubre del 2018.
Este caso está desde el 2019 en casación en la Corte Suprema de Justicia, que sería la última oportunidad para la ex-cajera Ortiz Espinoza de recuperar la libertad.
Mejor suerte tuvieron Isabel del Carmen Lanuza Orozco, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador Hernaldo Rafael Pavón Álvarez y a la directora financiera, Adilia Lourdes Romero Arrechavala, porque la Contraloría les atribuyó responsabilidad administrativa que solo les mereció una sanción económica. Se les multó con dos y un mes de salario respectivamente, según resolvieron los contralores.
Procesan solo a personal de menor rango
En términos generales, las acciones aisladas para combatir la corrupción en el régimen Ortega-Murillo se han centrado en el personal de medio y menor rango en las instituciones, según el glosario de judicialización de los casos de más relevancia de la Procuraduría a febrero del 2016 y el monitoreo realizado por Expediente Público en el sistema de causas del Poder Judicial.
Aunque si la persona que es acusada del delito, amenaza con revelar los nombres de otros involucrados en los que podrían estar ministros u otros funcionarios de alto cargo, entonces por “arte de magia” la acusación no prospera en los juzgados. Fue lo que sucedió con Gustavo Sáenz Morales, exresponsable de Almacén del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), a quien la CGR le determinó responsabilidad penal por faltante de inventario, que causó un “daño patrimonial” por 139 mil córdobas.
Gustavo Sáenz Morales fue acusado por el Ministerio Público por el delito de malversación por haber sustraido artículos deportivos, materiales y suministros; papelería y útiles de oficina del almacén entre el 21 de abril al 29 de diciembre del 2010.
“Dios sabe quiénes son los culpables”, se defendió Sáenz Morales en los Juzgados de Managua en marzo del 2017, siete años después de haberse cometido la supuesta defraudación al IND. Pero en el sistema electrónico del Poder Judicial, conocido como “Sistema Nicarao”, no hay sentencia de este caso, e incluso desapareció el expediente de la acusación contra el responsable del almacén del IND.
El día que fue llevado a los juzgados, Sáenz Morales dijo que si la Policía investigaba a fondo “otros estuvieran presos ahorita”, porque habrían encontrado que los responsables eran directores y otros funcionarios de alto cargo en el IND.
Funcionarios de alto rango son intocables
Otro ejemplo de la protección política que cubre la corrupción en Nicaragua, es el del puente vehicular que debía unir a la comunidad de Paso Hondo con otras seis comunidades rurales en el municipio de Santo Tomás del Norte, Chinandega, en el occidente del país.
En una auditoría de la CGR realizada en el año 2012, no se encontró la documentación de soporte por erogaciones por el orden de los C$5,190,701.17, para la ejecución del Proyecto “Construcción del Puente Vehicular en el Primer Paso de la Quebrada de Paso Hondo”, donde además, se contemplaron precios de compra de materiales superiores a los pactados.
Aunque los contralores encontraron “responsabilidad administrativa” contra la exalcaldesa sandinista Clementina Dávila Cruz, la exadministradora Financiera, Anna Luisa Rivera Ríos y los funcionarios César Hernández Navarro, Roberto José Martínez Meléndez y José Ángel García Medina, no se estableció el destino del dinero.
El puente no se construyó, pero ninguno de esos funcionarios fue acusado en los tribunales, ya que los contralores solo les atribuyeron “responsabilidad administrativa”, que mereció una multa de tres meses de salarios.
Este proyecto, financiado por la Embajada de Japón, beneficiaría a más de 2,800 habitantes de las comunidades Las Marías, El Granadillo, Las Liras, La Uva, Quebrada Arriba, Villa Camilo y Paso Hondo.
Otro puente que no se construyó a pesar de haberse pagado la inversión, fue en la comunidad de Limbaikan, Municipio de Prinzapolka, en la Región Autónoma Costa Caribe Norte.
En el año 2014, el Gobierno Regional de la Costa Caribe desembolsó C$4,736,143.38 al contratista Jairo Domingo Hodgson Selva, para la construcción de un puente vehicular en la comunidad de Limbaikan, Municipio de Prinzapolka, sin que se realizara obra alguna. Por este caso se estableció hasta el 2018, “responsabilidad penal” contra la excoordinadora de Gobierno, Evelyn Taylor Irías, el exdirector de la Secretaría de Infraestructura y Transporte e Inversión Pública Otto Borst Chow, el exsupervisor externo Juan Francisco Corea Alvarado, el exdirector administrativo financiero Carmelo Justo Jacobo y excontratista de Proyectos, Jairo Domingo Hodgson Selva.
No hubo ninguna acusación ni seguimiento penal sobre este caso, según revisión en el Poder Judicial.
Evelyn Taylor Irás fue diputada ante la Asamblea Nacional entre 2012 y 2016, por la alianza entre el FSLN y Yatama. Taylor mostró su fidelidad al sandinismo al sumar los 62 votos para desaforar como diputado a su exaliado de Yatama, Brooklyn Rivera, en septiembre del 2015.
Piscina construida con materiales para caminos
Ser alcalde del FSLN supone un manto de impunidad, ya que la investigación de Expediente Público determinó que en Nicaragua no importa el tipo de corrupción que se les compruebe haber cometido a personeros sandinistas, ni que, por el daño económico causado, miles de ciudadanos no ven progresos en sus localidades.
Uno de los hallazgos relevantes fue sobre la exalcaldesa Marbely Griffith Lazo, del municipio de Villa Sandino, en Chontales, quien, de acuerdo con los auditores, utilizó materiales y maquinarias del módulo de construcción de la Alcaldía para construir piscina y parqueo en un negocio conocido como La Curva, propiedad de familiares de la alcaldesa.
Griffith Lazo además desvió C$61,244.21 del presupuesto de la Alcaldía para pagar un paseo a los miembros del consejo municipal y personal técnico al Hotel Barceló Playa Montelimar, actividad que no estaba sustentada en los documentos oficiales, según la resolución de la Contraloría. Este caso es del 2015, pero hasta el 2018 se pronunció el consejo de la CGR, quienes nuevamente aplicaron una sanción económica administrativa de dos meses de salarios a la Griffith Lazo y otros siete concejales de Villa Sandino.
Tampoco hubo acciones judiciales contra Eloy Frank Gómez, actual concejal sandinista y ex segundo secretario de la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte (RACCN), quien no logró “rendir cuentas, ni demostrar el uso y destino de los desembolsos emitidos a su favor, a través de 22 cheques hasta por 182,000 córdobas”.
En la auditoría con número RIA-UAI-1364-15-AEES-CRCCN, de septiembre del 2015, se “presume responsabilidad penal” a Eloy Frank Gómez, de la cual fueron informadas la Fiscalía y la Procuraduría, quienes no habrían actuado en contra del personero sandinista. En el sistema judicial de causas en línea no aparecen procesos contra Eloy Frank Gómez, también ocupaba el cargo de vicecanciller para Asuntos Indígenas en 2015, además de segundo secretario del Consejo Regional.
Corte Suprema “paraliza” justicia
Las acciones contra los actos de corrupción tampoco avanzan en Nicaragua porque gran parte de los funcionarios señalados de cometerlos son amparados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que supone una pared para que prosperen las investigaciones de la Contraloría como los procesos del Ministerio Público.
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Es el caso del daño patrimonial causado al Instituto Nacional Forestal (Inafor), por 97 millones de córdobas que, presuntamente cometieron Oscar Danilo Romero Meléndez, exdelegado del Distrito VI de la entidad en Managua. Estuvieron involucrados Pedro Ramírez Centeno, delegado Municipal de Chinandega, Hugo José Godoy Alfaro, delegado municipal de Rosita y Kirth Laurence Smith Thompson, delegado municipal de Prinzapolka.
La auditoría de la CGR fue la base para que la Procuraduría determinara que los cuatro delegados del Inafor, de “manera intencional” causaron el daño económico al haber autorizado constancias de inspección técnicas para la exportación de madera a empresas, que no coincidían con los volúmenes de madera en rollo de la especie granadillo que en realidad se exportó.
Este es uno de los 53 casos que no prosperaron judicialmente debido a que los funcionarios involucrados en actos de presumible corrupción fueron amparados por la Corte Suprema de Justicia, por lo que están estancados en el sistema procesal, de acuerdo al informe de la Procuraduría del 2015, que es uno de los dos únicos reportes accesibles en su sitio web.
En la investigación de Expediente Público se encontró que, si la presumible corrupción afecta a instituciones “consentidas” por el gobierno de Ortega, esta queda sin acciones y no se brindan detalles de las investigaciones.
El caso con código RIA-1280-19 de las auditorías de 2019 de la Contraloría, reveló una irregularidad por C$ 3,132, 343.65 ocurrida en el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la Policía Nacional, ISSDHU, por la que se señaló a un responsable. Sin embargo, el documento no aparece en los archivos en el sitio web del ente fiscalizador, lo que impide conocer quién es el funcionario, al que le fue atribuida responsabilidad civil por este caso, de acuerdo al informe general anual de la CGR.
La Contraloría entre el período de 2015 al 2020, ha hecho al menos 28 auditorías al Instituto a cargo de los fondos de pensiones de los policías, según la base de datos disponible en el ente fiscalizador. No hay disponible información en la Procuraduría, Fiscalía ni la CGR que transparenten si hubo o no procesos en contra de los funcionarios involucrados en las irregularidades cometidas en el ISSDHU, ni tampoco determinar a cuánto asciende el perjuicio económico.
El dominio político priva
El esquema establecido por las leyes de país es que la Contraloría es responsable del control e investigación de la administración financiera de los entes públicos, subvencionados y las empresas estatales.
Cuando los auditores encuentran hallazgos de trascendencia penal o civil, estos luego deben ser ratificados por el Consejo Superior de la CGR, integrado por cuatro contralores propietarios, tres de ellos leales al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La cuarta contralora es María Dolores Alemán, hija del expresidente liberal, Arnoldo Alemán Lacayo, quien es aliado político de Ortega.
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Los hallazgos de las auditorías, sean penal, administrativa o civil, son remitidos por los contralores a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para que procedan con las acusaciones en los tribunales, en contra de los señalados de haber cometido la defraudación. Las sanciones administrativas se reducen a imponer multas económicas al personal, que deben ser cobradas de sus salarios hasta resarcir el perjuicio, según lo establezca la resolución de la Contraloría.
Pero en la práctica se ha demostrado que en los 13 años que lleva Daniel Ortega gobernando Nicaragua el combate a la corrupción estatal se limita al papel y a los discursos de los funcionarios, que usan políticamente para señalar la corrupción de los tres gobiernos democráticos anteriores. Ningún funcionario es acusado en los tribunales por malversar los fondos públicos, sin la venia de Ortega.
El gran costo de la corrupción
¿Qué se pudo hacer con los US$300 millones malversados por la corrupción en el gobierno del FSLN? Tres hospitales tan grandes y equipados como el Hospital Occidental “Fernando Vélez Páiz”, cuya construcción costó 90 millones de dólares, de acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa) y la Presidencia.
La millonaria defraudación al erario durante el gobierno sandinista, habría alcanzado para construir siete pasos a desniveles similares al de Las Piedrecitas y el de Nejapa, en la capital Managua. Esa obra terminó costando US$ 42 millones, aunque inicialmente las autoridades de la Alcaldía de Managua aseguraron que se invertirían US$14 millones.
Los US$300 millones malversados también pudieron usarse para desarrollar un proyecto de 31 mil viviendas de interés social, a un costo cada una de 9,500 dólares como las del programa “Bismarck Martínez”, que es de perfil clientelista y de propaganda política del Gobierno. Con esas 31 mil casas se pudo beneficiar a 7,875 familias, de cuatro miembros cada una.
Con ese dinero proveniente del Presupuesto General de la República, también se pudo pagar dos años de salario a los 49,748 maestros de primaria y secundaria, tomando en cuenta que ganan 265 dólares en promedio al mes.
O bien darle un bono de 1,400 dólares en un año a los 216,822 jubilados del país.
También se pudo evitar que el país se endeudara tanto con los organismos multilaterales para la reconstrucción de las zonas afectadas por los huracanes Iota y Eta. Los US$300 millones del costo de la corrupción, representan el 42% de los 742 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estimó que se necesitan para resolver los daños en la red vial, de viviendas, centros de salud, escuelas y el resto de infraestructura afectada por los huracanes que impactaron Nicaragua en noviembre del 2020.
