*Un análisis de Expediente Público del documento oficial para argumentar la más reciente etapa de represión iniciada en mayo de 2021 contra líderes opositores y precandidatos presidenciales revela decenas de inconsistencias, falsedades y datos manipulados.
Expediente Público
El documento oficial “Nicaragua: en defensa de la soberanía nacional y el estado de derecho” del 13 de junio de 2021 es la piedra angular de la campaña de terrorismo judicial del régimen contra la oposición, los medios de comunicación y figuras opuestas al régimen.
Bajo esta campaña jurídica, política y mediática, el Gobierno de Nicaragua ha detenido e incluso desaparecido a más de 30 opositores y críticos, entre precandidatos presidenciales, líderes políticos, empresarios, periodistas, promotores de derechos humanos y analistas. La mayoría bajo investigación por delitos contra la soberanía y lavado de dinero.
Expediente Público ha consultado analistas, expertos y archivos para determinar la legitimidad de estas acciones y la veracidad de las afirmaciones de este documento oficial de 21 páginas, traducido incluso al inglés.
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Manipulación: El financiamiento externo
El Gobierno de Nicaragua aún debe información sobre el uso y destino de la ayuda de Venezuela de 4,950 millones de dólares entre 2007 y 2018, y sobre los negocios alrededor de estos fondos, criminaliza el financiamiento a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), por “decenas de millones de dólares”.
El Gobierno acusa de “traición” a la fundación dirigida por Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, quien tiene casa por cárcel, pero también a los medios de comunicación independientes, supuestamente financiados por Estados Unidos para impulsar “falsas narrativas”.
El mismo portal oficialista el19digital señala que fueron 7 millones de dólares los que financió Usaid a la FVBCh entre 2014 y 2019, y National Endowment for Democracy (NED) dio 4.4. millones de dólares entre 2016 y 2019.
El documento menciona que el dinero fue transferido “a través de cuentas corporativas y personales a miembros de la familia Chamorro, incluyendo a su hermano Carlos Fernando Chamorro (CINCO, Confidencial) y su tío Jaime Chamorro Cardenal (La Prensa); así como a otras organizaciones afiliadas como, Canal 10, Canal 11, Canal 12, y Vos TV, Radio Corporación y Radio Show Café con Voz; así como las plataformas digitales de 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, BacanalNica y Despacho 505”.
Un jurista consultado explica que estos procedimientos no implican ningún fraude si en los contratos con los donantes aparecen justificados en su plan de trabajo. El mismo Gobierno cuando recibe un préstamo o donación contrata, por ejemplo, a una empresa para hacer una carretera u hospital, no lo hacen directamente el Ministerio de Infraestructura o Transporte o el Ministerio de Salud.
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El Ministerio de Gobernación en su comunicado del 20 de mayo de 2021 indicó que en los estados financieros 2015-2019 había inconsistencias, y “claros indicios de lavado de dinero” por lo que pidió una investigación. Al 6 de agosto de 2021 no había cerrado la investigación y continuaba interrogando a periodistas sin presentar pruebas públicas, más que comunicados diarios con el nombre de los citados.
Carlos Fernando Chamorro afirmó que “no soy miembro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, no pertenezco a su junta directiva y los medios y periodismo que nosotros realizamos no recibe y nunca ha recibido donaciones de programas y proyectos de esa Fundación”. Jaime Chamorro Cardenal (fallecido el 29 de julio 2021) era presidente de la Junta Directiva de La Prensa, que es uno de los pocos medios en Nicaragua registrado entre los grandes contribuyentes.
Lavado de dinero: Injustificable
El documento oficial asegura que tiene “pruebas que se han presentado contra ciertas personas y organizaciones, relacionadas con los delitos de lavado de dinero, fraude, traición y conspiración sediciosa”, por lo cual el Ministerio Público inició una investigación sobre los negocios de Cristiana Chamorro y su fundación.
El artículo 282 del Código Penal de Nicaragua tipifica el lavado de dinero cuando bienes o activos provengan de actividades ilícitas o no se pueda determinar su procedencia, así como cuando independiente de la actividad se sirva de testaferro para ocultar las actividades de un tercero.
El mismo documento del Gobierno confirma que el dinero procede de instituciones y fundaciones estadounidense como USAID, NED, el Instituto Republicano Internacional (IRI) y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, es decir, no provienen de actividades ilegales.
En todo caso la misma Usaid ha dicho que no tienen indicios de lavado de dinero en la FVBCh.
Por otra parte, destaca que aparte de este caso, no existe ninguna otra investigación pública por lavado de dinero en Nicaragua, donde entre enero y septiembre de 2020 se habían incautado 14.5 millones de dólares, parte de ellos abandonados por los delincuentes o donde solo el transportista aparece capturado.
Las reformas electorales
Tanto la oposición interna como la comunidad internacional insisten en reformas electorales que garanticen un proceso justo, libre y transparente el 7 de noviembre. Efectivamente se realizaron reformas, pero estas terminaron consolidando el control del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre el Consejo Supremo Electoral y el proceso de votación.
“En mayo también se eligió a un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE), que incluye un tercio de los miembros de otros partidos políticos fuera del FSLN. Es además uno de los órganos electorales más diversos de la región, con varios magistrados indígenas y afrodescendientes y con una mayoría femenina”, detalla el reporte.
El CSE está constituido por siete magistrados propietarios y dos suplentes. Dos magistrados fueron reelectos, Lumberto Ignacio Campbell y Mayra Salinas Uriarte, ambos propietarios y sandinistas. Los nuevos magistrados electorales del partido gobernante (FSLN) son Brenda Isabel Rocha Chacón (presidenta), Alma Nubia Baltodano (propietaria), Devoney Johaira Mc.Davis Álvarez (propietaria), Adriana Molina Fajardo (suplente).
Por otra parte, Cairo Amador (propietario) fue propuesto por los diputados Byron Jerez, de Alianza por la República y Mauricio Orué de la Alianza Liberal Nicaragüense, partidos minoritarios que generalmente apoyan las propuestas del FSLN en la Asamblea Nacional, pero es militante sandinista. Leonzo Kinght Julian (propietario), propuesto por la diputada Wendy Guido del Partido Conservador (PC), se identifica como miembro del partido gobernante. Alberto Julián Blandón Baldizón (suplente), propuesto por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), es aliado del Gobierno; y Maura Lizeth Álvarez Ortiz (suplente), propuesta por el Partido Liberal Independiente, también es miembro del FSLN.
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Según el documento las reformas electorales tuvieron por objeto, entre otros aspectos, promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, y proteger los derechos de los partidos y las alianzas políticas.
En realidad, las reformas restringen incluso el uso de celulares para que los fiscales transmitan los datos, además, los magistrados del CSE cancelaron la personería jurídica del Partido Conservador (PC) sin que la directiva oficialmente les notificara de la decisión de no participar, también lo hizo con el Partido de la Restauración Democrática (PRD).
“El martes 18 de mayo se canceló la personería jurídica del Partido Conservador (PC), debido a que su representante legal presentó el 9 de mayo una resolución en la que decidía NO PARTICIPAR en el proceso electoral, lo que constituye una violación a la Ley Electoral, que establece «… la negativa a participar en una elección convocada es una causa explícita de cancelación de la personería jurídica de cualquier partido político”.
De hecho, lo que informó el presidente del PC, Alfredo César, el 12 de mayo del 2021 en una conferencia de prensa fue que “el consejo nacional” de los conservadores decidió “que con esta nueva la nueva Ley Electoral como quedó (tras su reforma) y con este nuevo Consejo Supremo Electoral no hay las condiciones para elecciones libres y justas, y (por eso) decidió no participar”. Sin embargo, César dijo que “habría una consulta en los territorios con los 110 mil votantes que nos apoyaron en la elección pasada (2016) y que, si ellos decidían que no quieren llevar a cabo la decisión del partido, sino que dicen que hay que participar en la elección, entonces cambiaríamos la resolución”.
Por tanto, los magistrados actuaron de oficio para anular la personería jurídica del Partido Conservador, lo cual fue violatorio de la Ley Electoral.
El Gobierno de Daniel Ortega también asegura que realiza una campaña continua de educación ciudadana en español, inglés, miskito y mayagna, priorizando el registro de votantes y promoviendo activamente el voto como un derecho y una responsabilidad cívica y expande la red de juntas receptoras de voto para incluir a las comunidades más remotas.
Expediente Público consultó con activistas del Caribe quienes negaron que exista tal campaña, de hecho, 50 comunidades acudieron a Prilaka, una organización misquita para que les explicaran de qué se trataba el proceso de verificación en el padrón electoral. Por tanto, es falso lo afirmado por el Gobierno.
El CSE también eliminó más de mil juntas de votos en todo el país, solo en las zonas urbanas del Caribe Norte se anularon 12 de 20 centros, según las estadísticas los lugares anulados han sido donde generalmente el FSLN sacaban pocos votos.
Desmontaje de oposición
El documento presentado el 13 de junio solo menciona la investigación contra la FVBCh y Cristiana Chamorro, pero omite que ya habían sido arrestados otros cuatro precandidatos presidenciales: Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
Al 30 de julio la persecución contra potenciales rivales de Ortega en las elecciones del 7 de noviembre ha dejado a siete precandidatos detenidos e inhibidos de la contienda y dos más en el exilio.
El gobierno justificó también la cancelación del PRD, plataforma electoral de la Coalición Nacional, uno de los dos principales bloques opositores del país, junto a la Alianza Cïvica.
“La personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), también fue revocada dado que este partido político no registró cambios realizados a sus Estatutos y Leyes”, asegura el documento.
Según la resolución del 18 de mayo del 2021, la base de la medida es la “impugnación” que presentaron los pastores evangélicos Francisco Javier Martínez Godínez, Teresa Vanegas López, Sergio Francisco Martínez Tinoco, Jonathan Pérez Gutiérrez, Daniel Alfonso Manzanares y otros seis más. Esa impugnación fue porque el presidente del PRD, Saturnino Cerrato, se ‘opone a todos los principios cristianos al aliarse en el presente proceso electoral con personas que promueven antivalores’, como el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, la injusticia”.
Los pastores impugnaron el 17 de mayo a las 4:00 de la tarde. El CSE resolvió el 18 de mayo a las 11:00 a.m. sin cumplir el proceso cuando hay conflictos internos en los partidos, como es notificar al presidente del partido y al resto de directivas para que respondan.
Según el CSE, el PRD debió notificarles de cambios en sus estatutos máximo el 6 de mayo, pero como el 7 de mayo el PRD anunció alianzas con asociaciones y personas, entonces “violó” la Ley Electoral.
El presidente del PRD, Saturnino Cerrato desmintió que los 12 pastores sean miembros del partido, por lo que, en base a la Ley Electoral, no pueden impugnar alianzas de la organización. Cerrato afirmó que, esos pastores son integrantes de las Comisiones de Paz del Frente Sandinista.
Nicaragua expulsor de migrantes: negación
“Nicaragua no contribuye significativamente a la migración irregular (1) ya que apunta a la creación de las condiciones necesarias para impulsar la producción local, promover la integración económica centroamericana y atraer inversiones que contribuyen a (2) generar empleos para las y los nicaragüense dentro de su propio país”, asegura el Gobierno.
Las últimas estadísticas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señalan que entre abril 2018 y abril de 2021 unos 108,000 nicaragüenses buscaban refugio en el extranjero, la mayoría en Costa Rica, unos 85,000.
Alrededor de 8,000 personas han huido a Panamá y otras 9,000 a Europa, mientras que México acoge a 3,600 personas, según datos de Acnur de 2020.
Entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, un promedio de seis nicaragüenses fue deportados por día de los Estados Unidos. En este periodo la suma total de repatriaciones fue de 2,240 personas, según un documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.
En el contexto de la represión orteguista ha aumentado la migración hacia territorio norteamericano. Así lo revela un comparativo del año fiscal 2018 con respecto al 2019: las deportaciones de nicaragüenses crecieron aproximadamente 255% de un año a otro, al pasar de 879 a 2,240 casos, informó el diario La Prensa de Nicaragua.
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reporta un notable incremento de indocumentados nicaragüenses en el año fiscal 2020 cuando hubo 3,164 detenciones, mientras en los ocho meses del presente año fiscal 2021 (termina en septiembre) fueron 12,327 personas originarias de Nicaragua, incluyendo 804 menores sin acompañantes los requeridos por las patrullas fronterizas.
Según datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC por sus siglas en ingles) de la Universidad de Syracuse de Nueva York, entre enero de 2019 y diciembre de 2020, al menos 2,329 nicaragüenses han sido devueltos a México para esperar sus audiencias ante la corte de migración. Entre octubre 2020 y febrero 2021, alrededor de 520 nicaragüenses fueron detenidos en México, durante su travesía a Estados Unidos, según el medio digital 4toMono.
El estudio Global Flow of Family Remittances, Resilience for Families and Economies del centro de estudios Creative, en 2020 fueron 750 mil personas las que enviaron remesas a Nicaragua, eso es un aumento de 150 mil personas que lo hicieron en 2018.
El gobierno tampoco ha generado empleo para los nicaragüenses. Datos oficiales del BCN indican que con 753 mil afiliados al INSS en el 2021 no se han recuperado 158 mil empleados formales. Este dato coincide con el aumento de personas que envían remesas a Nicaragua.
La pandemia negada
El documento también alega una exitosa campaña contra la pandemia, el texto dice “Nicaragua continúa luchando contra la pandemia de COVID-19, ha solicitado reiteradamente justicia e igualdad en cuanto al acceso y distribución de las vacunas, denunciando cualquier intento de acaparar las dosis disponibles y pidiendo una mayor solidaridad internacional.
La realidad, es que el gobierno ha negado el impacto de la pandemia desde 2020, no hay un registro confiable de casos o muertes, porque no se aplican pruebas o porque no se informan sus resultados. El registro de incidencia epidemiológica dejó de publicarse al incrementar la pandemia, es decir, hasta el 24 de mayo 2020. Finalmente, a partir de abril 2021 inició a publicar el reporte semanal de esta enfermedad.
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El 29 de julio fueron prohibidas 16 asociaciones y organizaciones de médicos y enfermos crónicos, medida que fue tomada como represalia por la divulgación crítica de datos sobre la pandemia y el manejo oficial de la crisis sanitaria.
Los médicos de Nicaragua han dicho que el Minsa oculta casos de Covid-19 diagnosticándolos como neumonía atípica o neumonía adquirida en la comunidad. Por eso el Ministerio de Salud solo reporta 9,470 casos y 195 muertes por el coronavirus al 30 de julio 2021, mientras el Observatorio Ciudadano detecta 19,743 casos sospechosos y 3,631 muertes atribuibles al 23 de julio.
El gobierno no ha tomado medidas sanitarias más allá de una campaña de lavado de manos y visitas casa a casa de personal que atemorizó más bien a la población.
El distanciamiento social, el uso de mascarilla y campañas de quedarse en casa han venido de iniciativas privadas. De hecho, existen múltiples denuncias de prohibiciones al uso de mascarillas “para no alarmar a la población” al mismo personal de salud, denuncian la Unidad Médica Nicaragüense, el Comité Científico Multidisciplinario y el Observatorio Ciudadano Covid-19.
El gobierno expuso a aglomeraciones en 1,126 actividades entre el 13 de marzo 2020 y el 9 de junio 2021, reporta el Observatorio. También promovió más de 6,000 actividades masivas en el cierre de Semana Santa 2021.
El Libro Blanco con la estrategia del Gobierno salió el 25 de mayo, en plena ola de contagio. Según el Minsa estaban copiando el modelo sueco.
Acceso a las vacunas
El personal de salud no ha sido vacunado, aunque están en la primera línea y debieron ser priorizados. La vacunación inicia por donación de la Organización Panamericana de la Salud, a pesar de que se anunció la compra de dosis rusas.
Por medio del mecanismo Covax el 20% de población más vulnerable podrá ser vacunada. Alrededor de 1.6 millones de dosis.
Sin embargo, la vacunación está rezagada. La OPS señala que el Minsa ha aplicado más de 919,275 dosis en cinco meses, de esas de 580,179 corresponden a la primera dosis, esto significa que solo el 5% de la población está inmunizada cuando la meta es 70%.
El pasado 4 de agosto, doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de agencia de la OPS, afirmó que desconocen los datos específicos sobre la pandemia en Nicaragua, debido a que las autoridades no brindan reportes como lo hacen otros países de la región Latinoamericana.
Entre mayo de 2020 y marzo de 2021 Nicaragua recibió siete préstamos de organismos multilaterales para combatir la pandemia de la COVID-19, por un monto total de 523.1 millones de dólares, pero tampoco se conoce información oficial transparente que muestre en qué se han gastado.
