*Entre los nuevos funcionarios, se encuentran un hijo y un sobrino político de la presidenta.
** El nuevo gabinete “recicla” a ocho exfuncionarios del gobierno del Poder Ciudadano, los ministros de confianza de Manuel Zelaya Rosales.
Expediente Público
Al tomar posesión como presidenta de Honduras, Xiomara Castro nombró a sus primeros cuarenta funcionarios, un gabinete conformado por nuevos y viejos perfiles políticos, en su mayoría, figuras históricamente leales a los Zelaya Castro.
La mandataria anunció a sus ministros en medio de una crisis partidaria, donde 17 de sus 50 diputados de Libertad y Refundación (Libre) le dieron la espalda, entre ellos Jorge Cálix, quien era el principal operador político de su esposo, el exmandatario y coordinador del partido, Manuel Zelaya Rosales.
Las fuentes consultadas por Expediente Público coinciden que lo ocurrido en el Congreso Nacional incidió en el nombramiento del nuevo gabinete, donde la lealtad política fue fundamental como parámetro de selección. Como resultado, los Zelaya Castro eligieron un gabinete no solo de Partido, sino que también familiar.
El gabinete bien podría considerarse ecléctico y nepotista, con algunos nombramientos permitidos por la ley, pero que rozan con la ilegalidad, como el del sobrino político y el hijo de la presidenta. En el Ejecutivo también habrá ocho exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), activistas, empresarios, un policía, periodistas y propietarios de medios de comunicación.
Disputas por los nombramientos
Según el acuerdo político firmado en octubre de 2021, entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH), las secretarías de Estado serían seleccionadas por la mandataria Xiomara Castro y el designado presidencial Salvador Nasralla.
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Sin embargo, personas cercanas al Ejecutivo informaron a este medio que la conformación del gabinete se habría elegido a puertas cerradas, con la pareja presidencial y su equipo de asesores de alta confianza. Sin la presencia de Nasralla.
El gabinete presentado el 27 de enero lo conforman 35 personas provenientes de Libre, dos del PSH, uno del Partido Liberal, uno del Partido Honduras Humana y otro sin afiliación partidista. Sobre esta composición ministerial, Nasralla, un habitual en las redes sociales, no reaccionó ni con un tuit.
«Parece que al PSH les van a dar algunas instituciones descentralizadas», comentó a Expediente Público la designada presidencial por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu), Doris Gutiérrez, quien esperaba conocer la designación de los viceministros, un cargo que no deciden los ministros.
Como es habitual en la política hondureña, los nombramientos de los ministros generan de inmediato disputas clientelares. En este caso, las contiendas por emplear activistas se dan a lo interno y también entre los dos principales partidos que llegaron en alianza al poder.
Las riñas dentro del PSH aparecieron desde que se conoció el dominio de Libre en las secretarías. Sus militantes no tardaron en presionar a Nasralla y a los demás funcionarios provenientes de su organización política, “si ustedes ganaron tienen que conseguirle algo bueno a su partido”, reclamó en los medios de comunicación el excandidato a diputado por el PSH, Eduardo Cano.
La repartición de los puestos de trabajo también enfrentó a miembros de Libre en contra de los funcionarios del PSH. Uno de ellos fue el diputado Jorge Cálix, quien le exigió al secretario de Salud, José Manuel Matheu, uno de los dos ministros que llega desde el partido de Salvador Nasralla, que contratara a las bases de Libre.
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“No olvide que usted es ministro gracias al esfuerzo de la base de Libre que durante 12 años aguantó gas y tolete; y que defendió los votos para que usted ostente ese cargo. Esa base merece una oportunidad de empleo. Estaremos vigilantes”, le advirtió Cálix a Matheu.
En respuesta, Matheu señaló que él no «era una agencia de empleo», mientras Pedro Barquero, también del PSH y titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, contestó que no generarían empleos que ni el país ni el Gobierno necesita.
Poco paritario y sin experiencia
El nuevo gabinete es señalado por no ser paritario, con apenas 25% de los puestos asignados a mujeres y en que solamente cinco están al frente en alguna de las 16 secretarías. Esta proporción es similar a la del gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), donde su gabinete saliente contó con seis ministras.
Partiendo del presupuesto nacional de 2021, las cinco secretarías a cargo de las mujeres suman en total un presupuesto de 6,5 mil millones de lempiras anuales (260 millones de dólares), un monto inferior a los 80 mil millones de lempiras (3,2 mil millones de dólares) asignados en todas las carteras dirigidas por hombres.
“Faltan otras instituciones importantes, pero debemos insistir aún más en la participación de las mujeres”, añadió Gutiérrez, quien es uno de los más importantes enlaces del movimiento feminista con el Gobierno hondureño.
El gabinete también es una combinación de funcionarios principiantes y experimentados, no todos con perfiles académicos afines a sus nombramientos. De los asignados, el 38% incluye en su hoja de vida algún cargo público, un porcentaje que baja a 31% en los titulares al frente de los 16 ministerios.
“Hay muchos que deberían presentarnos sus currículos a la ciudadanía, para saber quiénes son y de dónde vienen”, comentó Migdonia Ayestas a Expediente Público, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).
Entre los «inexpertos» resalta el ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), José Carlos Cardona, un joven que ha trabajado solamente en el Centro de Arte y Cultura (CAC) y como maestro por hora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
A la lista de los funcionarios principiantes se suma Lucky Medina, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) y el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, quien fue el Gerente de Campaña de la Alianza de Oposición en 2017, considerado también como un cuadro de confianza de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, con quien laboró en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el caso de Medina, este ingeniero forestal fue junto a Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos, el designado presidencial sacrificado por Castro para darle cabida a Salvador Nasralla y a Doris Gutiérrez, luego del pacto de la alianza presidencial entre Libre, el PSH y el Pinu.
Para algunos analistas, las designaciones de Medina y Roque son también una recompensa por haber renunciado a sus puestos como designados presidenciales.
En el gabinete también se le dio cabida a inexpertos activistas en la administración pública, como Miguel Briceño, nombrado director de Reforestación Nacional y Medio Ambiente o Pedro Joaquín Amador, ahora asistente de la Presidencia en Atención a presos políticos y sociales.
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El Poder Ciudadano, la retórica populista
El regreso de los Zelaya Castro al poder también significa el retorno al Gobierno de su círculo de confianza, de los antiguos funcionarios leales que no le dieron la espalda al expresidente Manuel Zelaya durante el golpe de Estado de 2009. Ocho de ellos regresan hoy nuevamente al Ejecutivo.
La actual secretaria de Finanzas y expropietaria del CNE, Rixi Moncada, fue una de las principales figuras de la administración de Zelaya, fungiendo diferentes funciones, como ministra del Trabajo, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y miembro del Instituto de Formación Profesional (Infop) y del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).
Otra figura que regresa al poder es Rebeca Santos. La actual presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas del 2006 al 2009. Todavía Santos tiene abierto un caso judicial, en el que se le acusa por presunto fraude en perjuicio del Estado, cuando fungió como ministra. Su defensora privada ha sido justamente Rixi Moncada.
Un funcionario que también ha sido citado por el Poder Judicial, es el actual ministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, el empresario Tomás Vaquero, quien fue el titular de la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) durante el Gobierno de Zelaya Rosales.
A Vaquero, un abogado que proviene del sector empresarial tradicional de San Pedro Sula y quien promovió la explotación petrolera e hidroeléctrica cuando estuvo al frente de la Serna, se le acusó por delito de autoridad. Junto al ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, este secretario de Gobernación es uno de los enlaces del Gobierno con el sector empresarial.
Una figura proveniente de los círculos internos de la pareja presidencial es el exmagistrado del Tribunal de Justicia electoral (TJE) y actual Canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina. Durante el Gobierno del Poder Ciudadano, este diplomático de carrera fue el secretario privado del exmandatario Zelaya, un cargo que ahora recae en el hijo de la pareja presidencial, Héctor Zelaya Castro.
En el gabinete de la presidenta Castro, también destaca el retorno del liberal Edmundo Orellana Mercado, quien fue el secretario de Defensa y titular de Relaciones Exteriores durante el gobierno de su esposo. Ahora Orellana, una figura respetada por la sociedad civil, será el ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Otro funcionario que también trabajó en la primera administración de los Zelaya Castro, aunque en un cargo menor, fue la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, quien fungió como directora de la Hemeroteca Nacional.
Marcio Sierra, titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) fue el gestor de resultados del gabinete de Zelaya. Además, Rodolfo Pastor de María Campos, actual secretario del Gabinete, fue el representante de asuntos políticos y negocios de la embajada hondureña en Washington.
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De los medios al poder
Así como varios funcionarios fueron reciclados del Gobierno de Zelaya, otros cinco consolidaron su perfil político en los medios de comunicación, sobre todo como periodistas del Canal UNE TV, propiedad de Mauricio Ramos, actual ministro de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).
Desde su fundación en 2015, el canal UNE TV ha sido el principal medio de comunicación de Libre, además de una de las principales plataformas políticas de sus candidatos. Desde sus pantallas han saltado al poder diputados, alcaldes como Jorge Aldana en el Distrito Central, además de funcionarios del gabinete.
El propietario de UNE TV, Mauricio Ramos, nombrado ministro del INSEP, es una figura cercana a Manuel Zelaya. Este ingeniero con negocios en el rubro de la construcción, ha sido tesorero y encargado de Organización en Libre, donde coordina el movimiento Pueblo Organizado en Resistencia (POR). Al frente del INSEP, Ramos manejará unos 3,2 mil millones de lempiras anuales.
En el canal del ministro Ramos también se dio a conocer el actual titular de la SEDIS, José Carlos Cardona, un funcionario que hace un año era un completo desconocido en la escena política hondureña.
Cardona, quien fue parte del Instituto de Formación Política e Ideológica de Libre, estará a cargo de un ministerio que cuenta con un presupuesto anual de más de dos mil millones de lempiras, utilizado en los dos gobiernos de Juan Orlando Hernández como su principal maquinaria asistencialista y clientelar.
En su primer día como ministro de la SEDIS, Cardona llegó con un megáfono en mano a las oficinas del Centro Cívico Gubernamental, dejando claro que su secretaría emplearía a los activistas de su partido.
«En este gabinete de integración, la @SEDIS_HN le pertenece al @PartidoLibre. Hoy trajimos a la militancia a conocer sus oficinas», escribió Cardona en sus redes sociales.
Por las cámaras de UNE TV también pasó el actual ministro asesor en Materia de Comunicaciones, Milton Benítez, un polemista de las redes sociales, conocido popularmente como el «Perro Amarillo», quien para muchos llega a la Casa Presidencial como una especie de «ministro de propaganda».
En su primer mensaje como miembro del gabinete, Benítez señaló al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) de ser el autor intelectual de la crisis en el Congreso Nacional, y exhortó a la población a una insurrección popular si la Corte Suprema de Justicia favorecía a la junta directiva que preside Jorge Cálix.
Según varias fuentes, más aceptado por la presidenta Castro que por su esposo, la presencia de Milton Benítez «tarde o temprano será incómoda para el Gobierno, a quien le puede afectar su interlocución con actores que no podés sacudir de la mesa de un día para el otro», dijo una fuente consultada por Expediente Público, quien prefirió guardar su anonimato.
Otros funcionarios también consolidaron sus perfiles partidarios a través del canal UNE TV, como el vicecanciller Gerardo Torres o el periodista Ivis Alvarado, actual secretario de Prensa de la Casa Presidencial.
