** Elegido en el cargo por las altas esferas del Partido Nacional, en el poder desde el 2010, este funcionario podría estar perdiendo el apoyo del presidente Hernández, aunque conserva el respaldo de la embajada estadounidense
Cualquiera que siga la cuenta personal de Twitter del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla Banegas nunca se percataría de quién es y la importancia del cargo que ocupa. Suele retuitear resultados de los partidos de baloncesto de la NBA, de ligas universitarias estadounidenses, o videos de YouTube de Jimi Hendrix, Nirvana, The Doors, a veces acompañados de comentarios como “Traci Guns usando la N4, creada por Nuno Bettencourt, para algunos la guitarra más versátil gracias a sus dos hambuckers. L.A. Guns – It´s over Now (Live 1992)”.
Su cuenta, que es privada, aunque tiene casi 7,000 seguidores, no muestra su cargo, nunca dice nada de su trabajo, de su familia y mucho menos de lo que piensa sobre las crisis de toda índole de la sociedad hondureña, que han sido frecuentes en los últimos años. A veces se permite compartir algunos versos. Los últimos fueron de Calderón de la Barca, y en ellos pareciera que intenta enviar mensajes cifrados.
De estatura diminuta y un perfil bajo, cuando inaugura eventos del Ministerio Público o asiste a alguna conferencia, le gusta usar las metáforas en sus discursos, al grado que, en uno de ellos, dijo estar dispuesto a “morir con las botas puestas”, tras denunciar una “conspiración” contra la institución que dirige. La denuncia la hizo el 28 de enero de 2020.
Personas de su entorno describen a este abogado de 48 años como alguien callado, tranquilo, “muy capaz” y nada mediático, sin escándalos que le salpiquen a él o a su círculo próximo. Otros, menos cercanos, dijeron de forma anónima que es “emocional” y tiene periodos en los que se retira de su oficina por una semana o dos y después se reincorpora, que a veces quiere renunciar al cargo y deben convencerlo para que no lo haga.
La abogada Selma Estrada, exfuncionaria y conferencista anticorrupción, dice tener informes de que mantiene una relación distante con los fiscales y sugiere a Chinchilla “que baje, que salga de las oficinas donde está, que baje a los grupos de trabajo, a las diferentes fiscalías, que se acerque y les dé apoyo personal, porque un abrazo, un apretón de manos, una ayuda, una pregunta sobre ¿qué necesita?, ¿cómo podemos ayudarle a que usted continúe con el proceso? o ‘no debe ser esto, examínelo bien, véalo bien, necesitamos una mayor investigación’. Eso siempre les va a hacer falta a los fiscales”.
SUS PRIMEROS PASOS
Nacido en Santa Rosa de Copán, 320 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, una región de donde también es oriundo el presidente Juan Orlando Hernández, Chinchilla hizo sus pininos como profesional del Derecho en los tribunales de esta zona del país.
En el 2002, se convirtió en diputado suplente del legislador José Sadi Contreras Duarte del Partido Nacional, el mismo grupo político del exmandatario Porfirio Lobo, quien fue presidente del Legislativo en ese periodo (2002-2006); y del actual presidente Hernández, quien también compartió este mismo periodo legislativo.
En el 2003 ingresó al sistema público de justicia como magistrado en la Corte de Apelaciones de Occidente, donde se mantuvo hasta el 2009. Ese año dejó su despacho en la Corte de Apelaciones de Occidente y pasó a las grandes ligas judiciales al integrarse como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional.
En diciembre de 2012, fue el único sobreviviente de un golpe técnico mediante el cual el Congreso Nacional dirigido por Juan Orlando Hernández, con la venia del presidente Lobo Sosa (2010-2014), destituyeron a cuatro de los cinco magistrados de esa sala por tomar decisiones independientes. Los magistrados de la Sala Constitucional, en especial los cuatro destituidos, emitieron varios fallos en contra de proyectos del gobierno porque consideraban que violentaban las leyes de Honduras.
Uno de ellos era el de las llamadas “ciudades modelo o charter cities” que impulsaba el gobierno de turno en el cual pretendían crear enclaves dentro del territorio hondureño, afectando su soberanía e independencia. Asimismo, se disponían a conocer un caso relacionado con las elecciones internas del Partido Nacional, donde uno de los contendientes, el actual designado presidencial, Ricardo Álvarez, denunciaba ser objeto de un fraude por parte del entonces presidente del Congreso y ahora gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Álvarez exigía un conteo del escrutinio “voto por voto” y la Sala Constitucional se aprestaba a conocer ese caso.
La noche del 12 de diciembre de 2012, los militares rodearon el Congreso Nacional para que los diputados, con Hernández a la cabeza, pudieran destituir a sus anchas a los magistrados. Los diputados votaron la destitución bajo el argumento que estaban al servicio del crimen organizado, pues en la Corte se oponían a aplicar pruebas de confianza a la policía. Ninguna de las acusaciones que les fabricaron pudieron ser probadas y este caso de las destituciones se encuentra en la antesala de la Corte Interamericana de Justicia, tras agotar todos los procedimientos que señala la doctrina humanitaria en este tipo de hechos. Las primeras diligencias han sido favorables para los magistrados destituidos y es probable que Honduras esté al borde de una condena por esta ilegal medida, explican los juristas que han litigado en este organismo interamericano.
Los magistrados destituidos fueron José Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Antonio Gutiérrez Navas, quienes habían sido propuestos en el 2009 por el Partido Liberal. En su lugar fueron electos Silvia Trinidad Santos, German Vicente García García, José Elmer Lizardo Carranza y Víctor Manuel Lozano Urbina (ya fallecido), quienes se sumaron a Chinchilla Banegas.
En el 2015, Chinchilla ya era fiscal general, y en concordancia con los magistrados avaló la polémica reelección presidencial que favorecería a Juan Orlando Hernández, pese a violentar artículos pétreos de la Constitución. Ante el rechazo público por la decisión del máximo tribunal, los diputados decidieron no reelegir a ninguno de los magistrados en 2016 y se nombró una nueva Corte Suprema, pero el fiscal general se mantiene en su puesto hasta hoy.
La abogada Selma Estrada cuestiona que “desde el momento que Chinchilla es magistrado en la Corte Suprema de Justicia, cuando él no es solidario con los otros cuatro magistrados cuando los destituye Juan Orlando, (…) y luego la forma cómo asume en primera instancia como fiscal, y la forma cómo asume en segunda instancia, deja mucho que desear ¿Dónde está la ética? ¿Con qué fuerza voy a hablar?”.
AMARRARSE LOS PANTALONES
En agosto de 2013 el abogado Óscar Fernando Chinchilla fue removido de la Sala de lo Constitucional y electo fiscal general pese a no superar varias pruebas que lo habían dejado fuera de la contienda en primeras instancias. Funcionarios a cargos del proceso modificaron las reglas para incluirlo en la lista final que presentaron al Congreso Nacional, que en ese momento presidía Juan Orlando Hernández.
Su cargo como magistrado en la Sala de lo Constitucional fue ocupado por la abogada Lidia Estela Cardona Padilla.
Y aunque Chinchilla fue electo por el Poder Legislativo, Lobo Sosa, que presidía el Ejecutivo, se atribuye en parte su elección, esa primera vez. “Cuando Chinchilla llega (al Ministerio Público) el presidente era yo y es una decisión que se tomó prácticamente entre todos, porque a mí no me gustaba imponer así, porque hay opiniones diferentes. Y sí, considero que es un buen hombre, es un buen profesional. Lo que sí es que tiene que asumir su rol constitucional”, afirmó el expresidente.
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El presidente de la República tiene “influencia” sobre los diputados y eso ayudó a impulsar a Chinchilla. “Uno puede con la gente conseguir su apoyo, bien sea porque amenaza, cómo hacen algunos, que amenazan, que presionan, o bien puede ser porque se tiene una buena relación y convence a la gente de algo”, apuntó.
Sin embargo, pese a contribuir en su primera elección y a considerarlo un buen hombre, Lobo Sosa cuestiona en parte su actuar al señalar que “el presidente Hernández dice ‘caiga quien caiga’, pero como decía Cantinflas ‘caiga quien caiga, menos yo’, porque sí se mira que hay como una justicia muy selectiva y eso no es bueno para Honduras. Entonces el fiscal ocupa amarrarse bien los pantalones para entender que él es el fiscal y tiene un compromiso constitucional, igual que lo tiene el presidente de la Corte (Rolando Argueta), porque el problema de no hacer que se respete la ley a los que corresponde, lo que pasa a futuro son las responsabilidades que no prescriben”.
Sobre el tema de la justicia selectiva que aplica el Ministerio Público, un experto extranjero, analista de la Justicia hondureña, dijo bajo condición de anonimato que él creía que “Chinchilla no va a aprobar un requerimiento contra el presidente (Hernández) o sus familiares cercanos. He escuchado esto de muchas personas y lo creo”.
Además, refiere tener informes que Chinchilla dio un respaldo fuerte a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), pero presentaba deficiencias en casos de violaciones a los derechos humanos, violencia contra periodistas, y “casos como el de Berta Cáceres”.
ENTRE DOS PODERES
El analista político y escritor, Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh) se va de frente al señalar que Chinchilla es un hombre del régimen, que posiblemente valora más el apoyo de Estados Unidos.
“Chinchilla es un hombre del régimen, del sistema, y como tal sus lealtades o su espíritu de lealtad oscila entre los poderes que conforman el sistema”.
“Hay momentos en que su lealtad se inclina a favor del gobernante, del inquilino de Casa Presidencial, pero hay momentos en que su lealtad se inclina hacia los factores externos, en este caso Washington. Es decir, para Chinchilla hay un razonamiento lógico: Juan Orlando Hernández es un poder pasajero; Washington es un poder permanente”.
“Pero él ha sabido maniobrar con una sutileza de trapecista entre estos factores, externos e internos. Por eso es que a veces la figura de Chinchilla luce inexplicable y a veces condenable por parte de la ciudadanía, que exige un mayor rigor en la aplicación de la ley. Entonces, ustedes ven cómo Chinchilla avala la presentación de requerimientos fiscales en casos como ‘el pacto de impunidad de los diputados’, caso ‘Pandora’ y otros. Algo inconcebible hace algunos años en la sociedad hondureña. Pero jamás toca otros intereses más cercanos al inquilino de Casa Presidencial y al círculo que lo rodea”. VER VIDEO
Sin embargo, le podría pasar factura esa lealtad hacia la embajada americana y sobre todo haber permitido que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) acusaran a líderes del Partido Nacional. En tres años de trabajo, la Ufecic y la Maccih condujeron investigaciones que terminaron en 14 procesos judiciales en los que están acusadas 133 personas, varios de ellos funcionarios de Hernández o diputados de su partido.
El exfiscal y ahora diputado Jari Dixon Herrera, advirtió que por este trabajo Chinchilla ya perdió el favor del presidente Hernández. “Él fue electo ilegalmente. Hasta ahí no había problemas, porque estaba con el Gobierno, el problema fue con la venida de la Maccih, que quiso quedar bien con la Embajada de Estados Unidos, y firmaba y autorizaba los requerimientos fiscales a la Ufecic contra líderes de su propio partido”.
Según el diputado y exfiscal “se oyen voces que el presidente no lo quiere en ese puesto, quiere a alguien de confianza”.
“Y con la expulsión de la Maccih y la disolución de la Ufecic, hoy solo tiene el apoyo de la embajada americana”, sentenció el entrevistado, tras enfatizar que “la embajada” lo va a proteger, pero el presidente Hernández “ya le puso cruz y calavera”.
Esta carencia de apoyo interno pudo reflejarse el 28 de enero de 2020, en el quinto aniversario de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC, la agencia policiaca del Ministerio Público), donde el fiscal Chinchilla pidió a sus subalternos estar preparados para futuros ataques de quienes temen a sus investigaciones y habló de una “conspiración” de sectores poderosos. VER VIDEO
Segundos después, Chinchilla señaló que “a quienes hoy conspiran contra el Ministerio Público debo decirles que esa aventura no va a ser ningún día de campo, no se van a tomar esto tan fácil porque aquí hay un conjunto de hombres y mujeres dispuestos a defender a su pueblo” y agregó que “puede ser que en esa lucha algunos vayamos a caer, pero lo haremos con las botas puestas, pero quienes queden de pie van a llevar adelante la bandera de la justicia y la defensa de la sociedad del Ministerio Público”.
Esa ceremonia de la ATIC fue acuerpada por el Cuerpo Diplomático acreditado en Honduras, pero no estuvo el presidente Hernández, quien ese día prefirió ir a inaugurar una fábrica de tamales en la Villa de San Antonio, Comayagua, 78 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
El aniversario de esta agencia también pasó desapercibido en las redes sociales del mandatario y de Casa Presidencial, algo inusual si se considera que acostumbra a publicitar, incluso, operativos policiales en busca de delincuentes comunes en los barrios pobres, pues el tema de la seguridad ha sido eje central de su política de gobierno.
Un día después de la ceremonia, el director de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Justicia de Estados Unidos, Patrick Ventrell, se reunió con Chinchilla, y la embajada de Estados Unidos lo publicó en sus redes sociales con un mensaje: “Patrick Ventrell, director de Programas para el Hemisferio Occidental de @StateNL: la UFERCO, el MP Honduras, es muy importante para continuar la lucha contra la corrupción en Honduras. Felicité al fiscal general Chinchilla y le ofrecí nuestro respaldo y apoyo. #NoMásCorrupción”.
La Uferco es la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción, la dependencia que quedó para sustituir a la Ufecic.
Más recientemente, el 3 de marzo de 2020, el senador demócrata Patrick Leahy publicó un mensaje contundente: “la oficina del fiscal general de Honduras necesita un fuerte apoyo internacional para investigar y enjuiciar casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Esa oficina y los jueces honestos son la única esperanza de justicia en Honduras”.
Tres días después, el 6 de marzo de 2020, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, anunció en su cuenta de Twitter: “Tuve el honor de reunirme con el fiscal general Chinchilla, cuyos valientes esfuerzos apoyan al estado de derecho en Honduras. Bajo su liderazgo, el MP Honduras y UFERCO pueden ser organismos efectivos para combatir la corrupción y la impunidad, si se les dan los recursos adecuados y el apoyo político”.
Vale decir que estos funcionarios estadounidenses no se han reunido con otros representantes del gobierno hondureño, o al menos no lo han hecho público, y sus mensajes son contundentes en cuanto al respaldo a la labor del fiscal general, en su juego de trapecista, como señalan los analistas.
Chinchilla retornó en marzo de 2020 de una gira por Washington donde sostuvo reuniones claves con altos funcionarios, tras la captura del comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, acusado del delito de lavado de activos, que según allegados al fiscal general, le ha generado incomodidades desde el Poder Ejecutivo, en el congreso hondureño y con grupos religiosos evangélicos.
EL HOMBRE DE LA JUSTICIA
En septiembre de 2013, un mes después de asumir su cargo en la fiscalía general, Chinchilla comenzó a hacer cambios en la estructura del Ministerio Público y quitó de la Dirección de Fiscalías al abogado Roberto Ramírez Aldana y nombró a su correligionario Rolando Argueta. Esa oficina tiene como propósito coordinar y supervisar a los fiscales e incluso a los agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), una de las dependencias del Ministerio Público.
Al momento de su relevo, Ramírez Aldana era el fiscal del momento, porque en los meses previos había dirigido una investigación que desenmascaraba el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por unos 300 millones de dólares. Parte de ese dinero fue utilizado para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández. Dos años después, en el 2015, este abogado debió salir del país por amenazas a muerte y se radicó en París, donde fue nombrado embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Al marcharse, Ramírez Aldana dejó una misiva donde manifestaba que asumir el cargo en la Unesco no era su anhelo, pero que salía del país porque informes de inteligencia apuntaban a un alto riesgo para su vida y eso le hacía buscar la tranquilidad de su familia y particularmente de sus hijos.
Tras su salida, los procesos en los tribunales han continuado y el Ministerio Público ha obtenido algunas sentencias por el caso del IHSS, pero las investigaciones no se han ampliado, y las acusaciones se han circunscrito a un número limitado de imputados, pese a que altos dirigentes del Partido Nacional reconocieron haber utilizado parte de estos recursos en la campaña política y aseguraron que los devolverían, algo de lo que no hay constancia. Incluso el propio presidente Hernández, aceptó que con recursos del IHSS se financió su campaña. Hasta el momento se han procesado a unas 50 personas, pero el total de implicados podría llegar a los 400, según reconoció en su momento Rolando Argueta, cuando era coordinador de fiscales, y antes de ser el poderoso presidente del actual Poder Judicial.
Rolando Argueta, es un abogado originario del municipio de Lepaera, Lempira, en el occidente de Honduras, a media hora de la ciudad donde nació Juan Orlando Hernández, con quien se sabe tiene muy buena relación. Es hijo de José Lucio Argueta, un prominente líder del Partido Nacional en Lempira, y que fue dos veces alcalde de Lepaera, donde incluso una escuela lleva su nombre.
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Argueta fue nombrado director de fiscales pese a no tener carrera en el Ministerio Público. Con Chinchilla se conocían cuando ambos trabajaban en el Poder Judicial en Santa Rosa de Copán, donde Argueta fue juez de Paz de lo Criminal, juez de Letras del Tribunal de Sentencia y magistrado de la Corte de Apelaciones, cargo que también tuvo Chinchilla. Luego de dos años y medio en la Dirección de Fiscalías, Argueta fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, en febrero de 2016.
Dentro de los 45 nominados a la Corte y tras las evaluaciones realizadas, Argueta ocupó el lugar número 10, con una calificación de 74.27%, muy por debajo de la primera calificada, la magistrada María Fernanda Castro Mendoza, que obtuvo un 85.2 por ciento.
Sobre los movimientos realizados, donde un funcionario pasa de trabajar en los tribunales de una pequeña ciudad a la Corte Suprema y de allí a la Fiscalía, en el caso de Chinchilla; y de esos mismos tribunales, a la Fiscalía y luego salta a la presidencia de la Corte Suprema, en el caso de Rolando Argueta, el sociólogo Víctor Meza, director de Cedoh, lo analiza de la siguiente manera:
“Esos movimientos son de los cuadros del sistema, los cuadros del régimen. El régimen tiene un déficit de capital humano calificado, no abunda la gente brillante. La gente muy profesional, muy apegada, con rigor ético de sus profesiones no siempre están dispuestos a colaborar con un régimen ilegal, fraudulento y cuestionado en su conducta a nivel nacional e internacional. Entonces no es cualquiera que dice ‘voy a colaborar contigo». VER VIDEO
Entonces eso explica la repetición en las rotaciones y el hecho de que los cargos giren en torno a las mismas personas. Muchas de esas personas son protagonistas de valía menor y de fulgor escaso, como suelo decir, y que en otras circunstancias no tendrían las responsabilidades institucionales que hoy tienen”.
Al consultarle al primer fiscal general de la historia, el doctor en Derecho Edmundo Orellana, si Chinchilla y Argueta son “hombres de Juan Orlando” fue contundente al decir que “los hombres de Juan Orlando son casi todos, incluso muchos políticos de la oposición. El gobernante tiene una enorme cualidad que está por sobre todos estos políticos matreros, que han revelado que son simples pueblerinos que no saben tener una visión clara de cómo enfrentar un dictador: y es que él les pone la agenda, él les pone la trampa y ellos caen en la trampa y el que no cae en la trampa lo compra, pero todos, con honrosas excepciones, son hombres de Juan Orlando. Así que, si ellos son hombres de Juan Orlando, todos los demás tienen que serlo”.
