Decenas campesinos, víctimas de las balas que policías y paramilitares dispararon en 2018 contra los manifestantes, sobreviven casi en abandono y luchan por recuperarse de las heridas que les marcaron para siempre las armas de guerra de los sandinistas
Expediente Público
El día 12 de junio de 2018 pareciera como borrado en la historia de Nicaragua. Pocos medios de información reportaron un enfrentamiento entre campesinos autoconvocados y paramilitares en los territorios rurales del municipio de Villa Sandino, del departamento de Chontales, en donde murió el sandinista Teodoro Vidal Ruiz Arana y resultaron heridos de gravedad cinco manifestantes antigobierno.
En la memoria de Jolver Zelaya Gómez también son nebulosos aquellos hechos.
Levemente recuerda cómo se le iba la vida mientras su cuerpo herido perecía sobre piedras y polvo, y escuchaba alguna que otra bala estruendosa martillando sus oídos.
Sin embargo pudo resistir, tomar fuerzas y gritar para que los otros compañeros en medio de las balas lo rescataran.
Ese martes, los medios oficialistas indicaron que unos encapuchados atacaron a Teodoro Ruiz Arana mientras estaba en su finca, matándolo a machetazos.
La Policía adjudicó el hecho a “un grupo delincuencial que portaba armas de fuego, armas blancas y bombas molotov”. Así la propaganda oficialista lo elevó a víctima.
La otra cara de la moneda
Pero para el Movimiento Campesino la historia es otra: Teodoro Ruiz Arana, junto a otros paramilitares atacaron con armas de fuego el tranque ubicado en el municipio de Villa Sandino del departamento de Chontales, por lo que manifestantes que estaban en el tranque del municipio de Lóvago fueron llamados a “reforzar” a los campesinos asediados.
Cuando este grupo iba en camino, de entre los matorrales a los costados de la carretera aparecieron los paramilitares abriendo fuego. Fue así como Jolver se involucró en este hecho.
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Al poco tiempo Jolver apareció en una cama de Hospital de Juigalpa, con la mitad de su cuerpo totalmente dormida.
En ese momento sintió ganas de morir y le pidió a su cuñado que lo acompañaba le pasara una pistola porque se sentía arruinado, o como se dice popularmente en Nicaragua: “hecho paste”.
En poco tiempo también fue asistido de emergencia en un hospital privado de Managua.
“Un pulmón se me estaba ahogando de sangre, me sacaron tres litros de sangre, ya allí no supe yo… yo me vine a despertar aquí en Managua”, relata Jolver.
Fueron 11 proyectiles de escopeta que impactaron sobre su espalda. Uno le afectó la movilidad de un brazo, otro se alojó cerca del corazón y el más devastador le destruyó la médula, dejándole un gran hueco en sus glúteos e inmovilizando sus piernas.
El drama de Elba
Elba, la esposa de Jolver, se ha encargado de curarlo todo el tiempo. Para ella son difíciles de olvidar los días de fiebre intensa que aquejaban a su marido, a quien tenía que amarrar en la cama para que no cayera de dolor, porque la herida en su médula fue tan grande que le produjo infecciones.
Elba tuvo que limpiar en casa las heridas, introduciendo gasas en las carnes vivas de Jolver.
Jolver sostiene que está vivo de milagro, pero su vida no es la misma desde entonces.
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Diariamente sobre su silla de ruedas intenta mantener un buen estado de ánimo, mientras sus tres hijas y esposa les alivian un poco sus malestares.
Toda la familia tuvo que abandonar su comunidad en Nueva Guinea, de donde son originarios, para refugiarse en otro sitio de Nicaragua, por que si Jolver se quedaba, a criterio de ellas, se moría de una infección o lo llegaban a matar los paramilitares sandinistas.
Sobre esa silla de ruedas, que en momentos cambia por su cama, se queja de que no ha recibido atención médica consistente y constante. También siente que a medida que pasa el tiempo los grupos que lo han apoyado se han alejado.
Piensa que los exiliados reciben más ayuda internacional que los lisiados que quedaron en Nicaragua.
Esperanzas en medio de la tragedia
Elba cuenta que Jolver necesita medicinas para evacuar los esfínteres, paralizados debido al daño en la médula.
Cuando se atasca de heces ella misma lo evacúa, introduciendo guantes de látex si o bolsas de plástico en el ano del hombre.
Pese a ello, esta familia ha buscado maneras de resolver y cuando no tienen bolsas para depositar la orina de las sondas que usa Jolver, usan una botella de gaseosa.
El dolor en el cuerpo es insoportable y no reciben medicamento del servicio de salud pública de Nicaragua, porque además no van a los hospitales, piensan que es peligroso, sienten desconfianza.
Jolver debería tener una dieta especial donde no debe consumir arroz y frijoles, la comida de los pobre en Nicaragua, pero él pregunta: “¿Y qué voy a comer? Si me dan de comer un poquito de frijoles sancochados para dónde cojo”. Aunado a ello, nadie de la familia tiene un empleo.
Elba desearía tener un mejor diagnóstico para Jolver y medicinas que le ayuden a mejorar su estado de salud.
No volverá a marchar
La familia de Jolver no se desanima. Los médicos descartaron la posibilidad de caminar, pero una fisioterapeuta voluntaria que lo estuvo revisando les aconsejó que “hicieran la lucha”.
Hoy la familia ha construido un rudimentario instrumento de fisioterapia donde Jolver intenta ponerse de pie, aunque solo sea por segundos.
Él cría pollos en el patio de la casa donde le han dado alojamiento. Son pollitos de pelea que, de vez en cuando, los vende para generar un ingreso a la familia.
Al caer la tarde, en un rincón de Nicaragua, los pollos de Jolver hacen un jolgorio a la hora de dormir, el otrora hombre fuerte de campo, pero hoy sometido a silla de ruedas, llama a su hermano menor para que le ayude: “Anibal vení subime estos pollitos…”.
Sin datos, ni posibilidad de programas de apoyo
La posibilidad de intervención social para las personas lisiadas que participaron en las manifestaciones contra el régimen de Ortega es escasa, sobre todo para los campesinos.
Javier Carmona, líder del Movimiento Campesino, cuenta que la mayoría de los campesinos que resultaron heridos en las protestas decidieron curarse en sus casas, ya que durante las protestas algunos médicos de los hospitales públicos les negaron atención a los manifestantes heridos.
Esta fue una orden ejecutada por la exministra de Salud, Sonia Castro, aun funcionaria pública y sancionada por Estados Unidos por violación a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Esta situación ha impedido un registro concreto de cuántos campesinos resultaron heridos en las protestas y cuántos de estos se encuentran lisiados o impedidos de continuar su vida con normalidad, como consecuencia de sus heridas infringidas por policías y paramilitares organizados por el gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diferentes informes sobre lo ocurrido en 2018, estima 328 personas muertas, más de dos mil heridos y 770 personas que han estado privadas de la libertad.
En un informe elaborado por la Unidad Azul y Blanco, en 2020, se reporta más de 1500 casos de personas agredidas durante las protestas, pero no se específica si de esa cantidad hay quienes sufren alguna discapacidad o lesión temporal.
El Diario de Las Américas publicó en julio de 2018 que unas 72 personas quedaron lisiadas de por vida, producto de violencia estatal.
Sin embargo, podría haber más desde entonces, y no se sabe si las 72 personas reportadas como lisiadas incluyen al menos a 37 jóvenes que perdieron uno de sus ojos por disparos de policías y paramilitares durante las protestas.
Max Cruz tras las rejas de su hogar en Ometepe
Max Cruz transmite mucha paz al hablar. Es difícil imaginar que mantiene la serenidad en su semblante a pesar de que desde los levantamientos populares de 2018 su familia ha sufrido muchas desgracias.
Con la pierna derecha casi paralizada intenta retomar la vida, cojeando y con la ayuda de muletas. Incluso siembra la tierra, va a su parcela en la isla de Ometepe y con ayuda de su esposa e hijos siembra frijoles para subsistir.
Hace dos años le colocaron un placa de platino y 14 tornillos en su pierna derecha fracturada, pero debe hacerse una operación de urgencia para retirar esos materiales de su extremidad porque se le han empezado a salir los tornillos a la superficie de la piel, de lo que sale pus revuelta con sangre: “Mi cuerpo está rechazando las partes que no son de él”, dice Max.
Cruz participó en el Servicio Militar obligatorio en los años 80, pero se desencantó del movimiento revolucionario sandinista y por ello no dudó en sumarse a las protestas iniciadas en abril de 2018. Junto a otras personas organizaron los movimientos de autoconvocados en la isla de Ometepe.
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Capturado como narco
Max fue herido el 8 de octubre de 2018, cuando estaba en su casa de habitación con sus tres hijos adolescentes y su esposa. Paramilitares, policías de línea y antimotines rodearon la casa esquinera, ubicada en la calle principal del municipio de Altagracia y sin mediar palabras rafaguearon la vivienda de la familia Cruz Salazar.
Parecía que estaban atrapando a un terrorista o un narcotraficante.
Según Cruz, la misión era matarlo. Max fue impactado por tres charneles. Uno de ellos se le alojó en la espalda, muy cerca de la columna vertebral, pero por suerte las balas rebotaron por toda la casa excepto en los cuerpos de sus hijos y de su esposa.
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Aún herido, los policías y paramilitares lo tiraron en la tina de una camioneta. La pesadilla para el ometepino apenas comenzada porque en ese momento sus captores desataron su furia contra él, quebrándole a golpes la pierna derecha.
También Marbi Salazar, esposa de Max fue detenida por la Policía y paramilitares. La casa quedó vacía de cosas y de personas, los niños de la familia Cruz quedaron solos.
A Max la misma Policía lo llevó al hospital público para curarle las heridas, sin embargo, los policías siempre lo custodiaron en el hospital.
Prisión, torturas y destrucción
Fueron 55 días en los que Max pasó internado en el hospital, luego fue traslado al centro de detenciones El Chipote por 22 días, hasta pasar encerrado en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro por cinco meses.
En el tiempo encarcelado, Max asegura que no recibió la atención médica adecuada.
Escucha»Campesinos lisiados en protestas de 2018″ en Spreaker.Fue sometido a malos tratos por las autoridades del Sistema Penitenciario pese a su condición delicada de salud. Lo dejaron en ropa interior tirado en el piso, la alimentación era inadecuada y aunado a ello la tortura sicológica y verbal.
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Una de las mayores desgracias para la familia Cruz Salazar fue que mientras estaban en la cárcel, el hermano de Max, José Cruz, decidió quitarse la vida, ya que también era un perseguido político que vivía en una casa de seguridad en Managua.
El 15 de marzo pasado Max fue excarcelado junto a su esposa. Regresaron a una casa vacía. Los equipos para tomar fotografías y editarlas, se los habían llevado los paramilitares o los habían destruido.
Una familia agobiada por la violencia estatal
Para Marbi, las secuelas de estos hechos repercutieron sobre sus jóvenes hijos, de quienes percibió un estado emocional desequilibrado, depresión, rebeldía y pánico.
Mientras sus padres estaban en la cárcel los muchachos tuvieron que vivir donde la abuelita materna.
Max era un fotógrafo popular en el municipio de Altagracia, Ometepe, departamento de Rivas. Su casa esquinera era la referencia para los estudiantes que necesitaban una foto de bachillerato.
Ahora algunos maestros y padres o madres de familia ya no recomiendan a los alumnos ir donde Cruz porque es mal visto por el Gobierno. Esa situación impide que vuelva a retomar su antiguo negocio.
Por ello no ha sido fácil recomenzar; cuando fue detenido también le robaron la cédula y la licencia de conducir y lo dejaron sin documentos de identidad.
Actualmente el excarcelado no recibe tratamiento de ningún programa de gobierno, pero Max ha acudido a los servicios de salud gubernamentales para lograr la operación en su pierna.
Los Cruz Salazar mantienen su casa bajo cadenas y candados, probablemente con miedo que vuelva a repetirse lo sucedido. Esta familia vive ahora en casa por cárcel.
Aislado de las noticias
Danilo Díaz pregunta: ¿Y cómo sigue eso?, para referirse a la situación política de Nicaragua. Tiene rato que dejó de oir noticias, a pesar que participó activamente en los tranques de los municipios Lóvago y Santo Domingo. Hoy ha decido aislarse en su humilde casa rural en el municipio de Santo Domingo.
Danilo un día agarró el radio y lo hizo añicos. Estaba envuelto en pánico. Si alguien le decía: allí vienen por vos los paramilitares, su estómago se le hacía un hilo y le daba por irse a dormir a los potreros para proteger su vida.
Se sentía asediado aún cuando la policía no estaba presente.
No es para menos. Fue baleado por paramilitares mientras iba en una camioneta junto a otros campesinos.
El campesino de 37 años fue parte de las víctimas del ataque de Lóvago, cuando se desmontaron voluntariamente de las protestas los paramilitares los emboscaron.
Once balines de escopeta alcanzaron su cuerpo. Un omoplato se lo desbarataron, disminuyendo la movilidad en una de sus manos. Tres balines quedaron alojados en su cuerpo, porque cuando se los iban a sacar en el quirófano, ya no tenía suficiente sangre para resisitir la operación.
Fue rescatado por sus compañeros y por sacerdotes en un hospital del municipio de Juigalpa, cabecera municipal del departamento de Chontales.
Detenido por policías, liberado por sacerdotes
Los policías sabían que estaba allí y mantuvieron vigilado el centro hospitalario. Detuvieron a Danilo por un día, pero los sacerdotes intercedieron para liberarlo.
Para su recuperación ha recibido apoyo de organizaciones de médicos independientes, organizaciones de derechos humanos, hasta de la misma comunidad donde vive: “las terapias me salvaron de quedarme en silla de ruedas”, admite.
A dos años y medio de este hecho, Danilo ha sabido recuperarse: “Usted sabe que uno pobre tiene que tirarle (resolver dificultades)”.
Danilo actualmente vive de la crianza de cerdos. Antes de involucrarse en las protestas trabajaba cuidando vacas. Pero en las condiciones de salud que vive actualmente, este trabajo le resulta pesado. Una señora le prestó un dinero para emprender el negocio de los cerdos.
Sin embargo no ha sido fácil, persisten en su cuerpo los dolores por las balas que aún siguen alojadas, el brazo se le hincha y tiene dificultad de movimiento de su mano derecha.
Danilo Díaz reconoce que una de las terapias que le permitió superar la depresión y el pánico fue la presencia de su hijo pequeño.
Voces ante Justicia Internacional
David Lizano es otro manifestante que quedó en silla de ruedas después de que la Policía y los paramilitares destruyeron el tranque de la ciudad de Matagalpa, el 15 de mayo de 2018.
Una bala le partió la médula espinal, lo que le impide caminar. Tal vez una operación podría ayudarle a andar, pero el tiempo va corriendo y cuanto más tarde se le dé la atención adecuada menos oportunidades tendrá.
Un médico le dio un consejo de vivir en estas condiciones: “tu vida es tu vida y vos a partir de ahora sos el dueño de esa silla”.
Otro médico que trabaja en el gobierno llega a visitarlo de manera secreta y le receta las pastillas que debe comprar por su propia cuenta.
Hace unos meses era común verlo en las calles de la ciudad de Matagalpa montado en su cuadraciclo, vendiendo discos y controles de televisores. Pero últimamente sale muy poco. Los policías lo siguen, lo vigilan. “Yo les digo por qué me siguen y ellos no me responden”.
“Maldito tranquero”, le gritan fanáticos sandinistas
Para David, lo peor de todo es cuando algunas personas afines al partido de gobierno, lo maldicen, le gritan: “maldito tranquero”.
David dejó de vender sus discos en la calle por que “no es fácil trabajar con miedo, que lo lleguen a golpear a uno, sin que uno se puede defender, si hago fuerza o pujo me duele la columna.”
El hombre de 34 años, estima que al menos 30 personas resultaron heridas en la “Operación Limpieza” del 15 de mayo en Matagalpa, pero muchas de estas personas han decido alejarse de cualquier organización e intentar llevar la vida con su discapacidad.
David cuenta que muchas personas que han sido víctimas de la represión, sobre todo los lisiados, sienten mucha decepción porque aún no se les brinda justicia y reparación, el mismo David ha intentado suicidarse en dos ocasiones.
“No hay una denuncia que digamos, hay heridos de lesa humanidad que hoy están en silla de ruedas, y el gobierno no ha prometido la reparación. Todavía ellos están siendo asediados, estando heridos, sus mentes están en un estado crítico, todo eso vale la pena llevarlo a la Corte Internacional de Justicia”, afirma Lizano.
Hoy experimenta depresión porque no ve cambios en el país y considera que la oposición debería estar más unida.
Considera que los testimonios vivos de las víctimas de la represión deberían llevarse al exterior, a las salas internacionales de justicia, porque son estas personas las que aún sufren la represión estatal desde 2018.
