Lilliam Jiménez vio cómo el ejército sandinista asesinaba a su hermano en 1987. Ella tenía 14 años. Su familia era constantemente hostigada por las fuerzas militares de esa época en una comunidad rural del municipio de Chontales, 145 km al este de Managua. Por ello, se fue a “la contra”, el grupo armado que combatió la revolución sandinista de esa década.
Luego de la firma de los acuerdos de paz en 1989, entre los representantes del gobierno sandinista y la contra, que dieron fin a la guerra entre ambos bandos, ella fue una más del ejército irregular que se desmovilizó en mayo de 1990, en el municipio de El Almedro, una pequeña localidad de 8,000 habitantes, en el departamento de Río San Juan, a 245 km al sureste de Managua.
Desde entonces vive en ese poblado y ha sido facilitadora judicial, activista política, hasta convertirse en vicealcaldesa de El Almendro por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en las elecciones municipales de 2017.
A un año de haber asumido ese cargo en la alcaldía, Lilliam Jiménez, vuelve a vivir el fantasma de la guerra. A sus 45 años, esta mujer campesina que no ha parado de luchar por la “democracia”, como dice ella, sufre nuevamente el acoso del régimen sandinista.
El día 16 de junio de 2019 “llegó el ejército a mi casa, a mi finquita, porque soy opositora, a buscar armas. Nosotros quedamos sin armas (tras las desmovilización de la contra) y ellos fueron a buscar armas”, afirma.
Agrega que no hay armamento en el poblado, y si se ve gente armada son los del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido en el Gobierno, manejado al antojo de la pareja presidencial, Daniel Ortega y su consorte, Rosario Murillo.
“Tengo vecinos que son sandinistas y aquí al pueblo llegan con su arma en la cintura y los que no son de ese partido están desarmados. Hoy nos buscan en las fincas para asesinarnos, porque apoyamos la lucha cívica de abril 2018 por lograr la democracia”, cuenta Lilliam a Expediente Público, en referencia al levantamiento ocurrido entonces contra el régimen Ortega-Murillo.
Aquellos tiempos de justicia y democracia
Cuando ella entregó su arma, hace 30 años, abrazó alegremente la posibilidad de nunca más sentir miedo por su vida. La democracia se había instalado en su país y en ese ambiente de paz se inscribió como facilitadora judicial.
“Luego del desarme, la Organización de Estados Americanos, nos capacitó como facilitadores judiciales, mediando los delitos con la policía, cuando había justicia en el país. Seis años trabajé para el poder judicial, aquí, en El Almendro. Ahora la policía me asedia y persigue en la ciudad y el ejército rodeó mi finca, intimidó y amenazó a mi hijo. Él tuvo que huir”, expresa.
Al hablar con esta gente del campo que fue de la contra, de modos pausados, amables y con su constante discurso de estar en favor de la democracia, queda la duda de cómo fueron satanizados por el sandinismo durante las últimas décadas.
Lea: La sangrienta transición hacia la paz
Pareciera que solo los campesinos de esta zona conocen bien al sandinismo y por eso se levantaron en su contra cuando los revolucionarios tomaron el poder en 1979. Y también por esa razón en la actualidad le han dado el apoyo al partido opositor CxL, según los votos obtenidos en recientes elecciones por ese instituto político, y publicados por el Consejo Supremo Electoral.
El CxL y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) son los únicos que ganaron las 18 alcaldías opositoras, de un total de 153, en los comicios del 2017. Y aunque legalmente hay otros partidos inscritos en Nicaragua para participar en elecciones, solo estos dos obtuvieron los votos necesarios para ganar en esos 18 municipios.
Caminar por las calles de El Almendro con la vicealcaldesa, no deja de ser un privilegio, pues se siente la confianza y seguridad con que ella se dirige a pie por todo el poblado, en una zona claramente opositora, que se encuentra actualmente militarizada.
Un triunfo a contracorriente
En Nicaragua, desde hace una década, el sandinismo ha hecho fraude para ganar en 135 alcaldías, de un total de 153, según han constatado organismos internacionales y nacionales de verificación de elecciones.
En el municipio de El Almendro, durante las últimas elecciones municipales de 2017, no lo lograron, pero lo intentaron. La población de manera masiva defendió el voto por Lilliam.
Sumado al asedio del régimen, la vicealcaldesa cuenta que no han contado con los recursos para gobernar eficientemente, ya que el anterior gobierno dejó en bancarrota la alcaldía.
Asimismo, desde enero del 2019, fecha que el Ejecutivo debía entregar aproximadamente 700 mil dólares que por ley le corresponde en concepto de transferencia municipal, Lilliam y su equipo no han recibido ni un solo centavo. “Con fondos propios hemos resuelto”, dice.
La vicealcaldesa no se salva del peligro
Desde hace un año, las autoridades gubernamentales han desarmado a todos los pobladores que portaban armas legalmente a nivel nacional. El Almendro no fue la excepción. Hoy sus habitantes son asediados por simpatizantes oficialistas, la policía y el ejército.
En El Almendro pareciera que tiene más poder una sandinista que ella como vicealcaldesa.
Lilliam reveló que el pasado 15 de junio viajó en bus a su finca, a 15 km de distancia del pueblo, y de regreso el dueño y conductor del automotor, un sandinista, se desvió de la ruta y dirigió la unidad al río Tepenaguasapa, sin importarle el peligro en que ponía a la gente que viajaba ahí.
Ante eso, la edil afirmó que los pasajeros le preguntaban, como autoridad que era ella, qué sucedía y por qué estaban ahí, pues el bus se encontraba estancado en el río, con el agua amenazando la vida de todas las personas.
Ella recuerda que les dijo que todos debían tirarse, y en efecto todos fueron lanzándose del bus como podían. Al ver que la vicealcaldesa tomaba fotos para tener evidencias de la irresponsabilidad del conductor, este la amenazó si publicaba las imágenes.
Lilliam dice que al día siguiente, el 16 de junio, el ejército allanó su casa.
“Llegaron fuertemente armados, llegó el ejército, la policía y los paramilitares y un muchacho de aquí de El Almendro que se llama Yader, que llegó completamente enmascarado pero lo pudimos identificar”, narra.
“Llegaron 40 en seis camionetas llenitas y se metieron a mi casa, y le dieron vuelta a todo mi cuarto, a las camas y almohadas”, en busca de armas, cuenta Lilliam.
Según ella, las autoridades del gobierno saben que su hijo es quien cuida la finca y afirma que ahora él huye porque le están dando persecución.
“Yo temo que a mi hijo vaya a pasarle algo. Alguien le anda siguiendo los pasos, ya han dicho que a mi hijo lo quieren muerto”, denuncia.
Él no es delincuente, agrega, su hijo pertenece a una familia con un historial de lucha, como ella y su papá, que también fue de la contra.
“Creo que por eso lo persiguen, por ser hijo de nosotros que hemos sido luchadores, pero los dos seguiremos siendo luchadores para que haya democracia y si por eso nos van a quitar la vida, que diosito nos cuide y cuide a mi hijo”, dice con convicción.
Los asesinados de CxL que no son investigados
Según la oficina de comunicación y prensa del partido CxL, al ser consultada por Expediente Público, afirmó que desde julio de 2018 a la fecha, han asesinado a ocho miembros y autoridades de ese partido a nivel nacional, sin que se haya hecho ninguna investigación de parte de las autoridades. La impunidad es total.
“Estamos luchando desde el partido de nosotros (CxL). Yo hablé con la dirigencia del partido y fueron las autoridades de Managua quienes me han apoyado a denunciar, pero una denuncia no nos libra del peligro. Denunciar el peligro en el que estamos es un arma de doble filo. Yo siento que la policía me persigue”, dice Lilliam con preocupación.
Lea: Las burdas e insólitas acusaciones de la Fiscalía nicaragüense
La vicealcaldesa cree que denunciar puede ser arriesgado en la actuales circunstancias, porque los medios no le dan seguimiento a los casos y al final nadie se entera del destino del denunciante.
“Deseamos que la denuncia sea constante y los medios se presenten aquí para que nosotros podamos ser escuchados; porque si no, nosotros ponemos la denuncia, después nos asesinan y nadie nos da ni cobertura. A mí me gusta denunciar las injusticias”, enfatiza.
Sin embargo, está consciente de que poner la denuncia no funciona en una localidad en donde la policía y el ejército tienen orden de cuidar únicamente los intereses del régimen Ortega-Murillo.
Por eso, la vicealcaldesa asegura que su caso de persecución y hostigamiento político únicamente lo hizo público por medio de la radio Corporación, la emisora opositora de mayor audiencia en el país.
La confrontación política que vive Nicaragua ha entorpecido la labor de las autoridades municipales que provienen de las filas opositoras, señala Lilliam.
“No he tenido encuentros con las autoridades policiales de El Amendro porque no me van a escuchar, yo siempre los he llamado como autoridad para que trabajemos en servicios municipales, coordinados, y ellos dicen que no van a coordinar porque es una orden de allá arriba, que ellos tienen que estar en la base, en su cuartel”, argumenta.
A pesar de eso, la vicealcaldesa tiene la convicción y las energías para seguir luchando por el bienestar de su gente, de su comunidad, aun en un ambiente de constante hostigamiento y persecución política.
