*Entidades del sistema económico del país centroamericano perciben parte de los recursos del crimen organizado, según Marcos Ungar, profesor de Ciencias Políticas y Justicia Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
**Experto sugiere que, en lugar de concentrarse en hacer redadas, el Estado debe mejorar su estrategia y atacar la tecnología de los extorsionadores: el envío de dinero a través de empresas de telefonía y las inversiones a través de los bancos.
***El comisionado de la Policía Willy Núñez Morales dijo a Expediente Público que entre las tácticas de las nuevas autoridades está atacar las estructuras de maras y pandillas, bloquear sus cuentas bancarias y sus ganancias.
Expediente Público
El 20 de mayo de 2021 agentes de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) ejecutaron un operativo en una zona residencial de San Pedro Sula, en la zona del Caribe de Honduras, donde detuvieron a seis miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quienes les aseguraron 1,468,183 lempiras (60,334 dólares), 18 libretas de contabilidad, al menos diez «vehículos de lujo», armas y drogas.
Días después, el 3 de junio, en otro operativo en una zona residencial de clase media-alta, fue detenido Jesús Valmaña Cruz, a quien las autoridades lo consideran «administrador» de las propiedades de la Pandilla 18. Al momento de la captura esta persona intentó sobornar a los agentes al ofrecerles 5 millones de lempiras (más de 200,000 dólares) a cambio de que lo dejaran ir, informaron funcionarios policiales.
Estos son apenas dos ejemplos de cómo las bandas criminales MS-13 y Pandilla 18 dejaron de ser grupos de delincuentes juveniles y pasaron a ser estructuras del crimen organizado que mueven grandes capitales y administran negocios, bienes raíces, compran vehículos de lujo y unidades de transporte público. Muchas de sus operaciones se realizan a través de los bancos, lo que podría estar garantizando el lavado de su dinero proveniente de la venta de drogas y del cobro de extorsiones a transportistas y pequeños comerciantes.
Marcos Ungar, profesor de Ciencias Políticas y Justicia Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en declaraciones a Expediente Público confirmó “la intervención del crimen organizado en el sistema financiero de Honduras”. Según él, “muchas de las empresas, de hoteles, centros turísticos, lavado de automóviles, los dueños son maras y pandillas, crimen organizado. Entonces la economía depende de las inversiones y empresas controladas por maras y pandillas y crimen organizado”.
Ungar, quien está realizando un estudio sobre las extorsiones en el Triángulo Norte, enfatizó que “las maras y pandillas reflejan redes muy sofisticadas de lavado de dinero, de control de empresas enteras”. Ejemplificó que estas organizaciones son dueñas de varias empresas de transporte, y gracias a esas inversiones mantienen el control en el rubro.
Mencionó que dentro de esas redes de lavado de dinero se encuentra el sistema bancario.
El comisionado Willy Núñez Morales, asignado al Directorio Estratégico de la Policía Nacional de Honduras, en entrevista con Expediente Público, confirmó que en diversos operativos realizados han asegurado empresas, edificios y vehículos a maras y pandillas. Tales bienes provienen de negocios criminales: extorsiones, venta de drogas y sicariato.
“Ya están a ese nivel, por lo menos la mara MS. Están a un nivel muy alto y hay varios antecedentes. Un narcotraficante, que es uno de los líderes de la MS, fue capturado en Nicaragua con cantidades de dinero y de droga”, indicó el jefe policial. Esto en alusión a David Elías Campbell Licona, de 54 años, alias «Don David», a quien le incautaron 407,029 dólares al momento de su captura, en junio de 2021.
Según un boletín de la Policía de Nicaragua, Campbell Licona es un cabecilla de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), «fundador de varias empresas en San Pedro Sula, todo producto de las extorsiones y lavado de dinero».
Núñez Morales explicó que otro jefe de la MS, conocido como “El Cholo Catracho” fue detenido en Sabanagrande, Honduras, cuando venía del mismo “evento” de la MS realizado en Nicaragua. A este y dos acompañantes les decomisaron 4,800 dólares, 9,500 lempiras (390 dólares) y 850 córdobas (23 dólares).
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Débil respuesta del Estado
Para el profesor Ungar, el incremento de las extorsiones tras el cambio de Gobierno realizado el 27 de enero de 2022, podría ser un mensaje de las estructuras criminales hacia el mandato de la presidenta Xiomara Castro.
“Probablemente” buscan una mayor “manipulación de la economía para mostrar que tienen el control para resistir al Gobierno sobre sus actividades”, dijo el especialista.
Una de las debilidades del Estado para enfrentar las extorsiones es la falta de investigación, de inteligencia policial y la falta de confianza de los ciudadanos en las autoridades. “Sin inteligencia, sin confianza, la policía y los fiscales no van a tener información suficiente para investigar y castigar la extorsión. Es un vínculo débil de la cadena de cumplimiento”, señaló.
Además, no existe claridad en el impacto de las estrategias, que han estado orientadas a la captura de un gran número de participantes en las extorsiones, pero de inmediato llegan otros a sustituirlos porque los cabecillas siguen operando.
“Muchas veces la policía refleja supuestamente su efectividad a través de un número de aprehensiones, de armas o droga incautadas, pero hay una falta de asesoramiento sobre los impactos de las aprehensiones”, explicó Ungar.
En ese sentido, el comisionado Núñez reconoció que no se está atacando a las estructuras como tal, y por ello los resultados han sido poco eficientes.
“Los expedientes investigativos no son completos y la prueba es muy débil. Normalmente las personas son detenidas por poco tiempo. Otra cosa es que estamos atacando solamente las personas que van a traer la extorsión, pero no atacamos a la estructura como tal”, argumentó Núñez.
El funcionario policial confirmó que la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) pasará a ser una dependencia de la Policía Nacional en una fecha próxima, aún por definir, por lo que pasarán a ser los encargados de combatir este delito. La unidad fue creada en el 2018 para combatir la extorsión bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas.
Los militares, bajo el mandato del presidente Juan Orlando Hernández durante la última década, asumieron importantes roles en temas de seguridad a través de dependencias como la Policía Militar de Orden Público (2012) y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (2014, integrada por diversas entidades, pero dirigida por un militar). Sin embargo, los resultados no son los mejores: Tegucigalpa y San Pedro Sula están dentro de las 50 ciudades con mayor número de homicidios del mundo, según la organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz. Además, el país sigue siendo paso de cargamentos de droga y los delitos comunes están a la orden del día.
Otra de las debilidades del Estado en el combate a la extorsión es la falta de tecnología. Los criminales reciben dinero utilizando los sistemas informáticos de empresas de telefonía y administran su dinero, e invierten, por medio de transacciones bancarias.
“Hay una falta de tecnología, de estrategias para seguir con los patrones de la extorsión a través de los bancos, telecomunicaciones. Son claves para enfrentar la extorsión, son la parte débil de la respuesta del Gobierno. A pesar de eso, siguen las mismas estrategias de operaciones, redadas, una respuesta más o menos militar contra la extorsión, y no funciona”, explicó el profesor.
El general en condición de retiro y experto en seguridad, Luis Maldonado, coincidió en que se deben destinar fondos para la vigilancia electrónica, que es la vía por donde se registran más extorsiones.
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En busca de soluciones
El comisionado Núñez Morales indicó que entre los planes del nuevo gobierno para mejorar los resultados en la lucha contra la extorsión y crimen organizado está “potenciar la investigación, la inteligencia”.
“Pretendemos tener especialistas que puedan retratar a lo interno de las organizaciones criminales, maras o pandillas, la forma de operar y asimismo tipificar de forma correcta la infracción penal que están realizando”, agregó.
También hizo énfasis que pretenden enfocarse en bloquear la operatividad de tales organizaciones. “Pretendemos atacar su estructura, sus ganancias, sus cuentas, la forma en que se fortalecen, que es básicamente del dinero que obtienen y que actualmente no se está atacando”.
Para Ungar, una de las estrategias que debería adoptar el Gobierno hondureño es la inversión en programas de reinserción social. En “programas de preparación profesional y otros para mejorar el tejido social, para que la gente se pueda quedar en su comunidad y fortalecer su comunidad”.
Consideró importante que “haya centros comunitarios, escuelas de deportes, programas de capacitación para la gente, para conseguir trabajo y pueda contribuir a su comunidad, inversiones directas, (…) apoyo directo en el sector pequeño de la economía”, concluyó Ungar.
