“Los campesinos pierden sus fincas, sus casas, pierden a su comunidad, y la familia se resquebraja, pierden hasta su derecho al voto por varios años”, así describe el desplazamiento a lo interno de su país, el politólogo colombiano y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Ariel Ávila Martínez, durante una entrevista con Expediente Público.
Lo que ocurre en la vida de los desplazados colombianos es “un desarraigo total” al perder sus derechos políticos, su territorio en la comunidad y su participación en democracia, asevera el experto en una teleconferencia con Expediente Público.
Ávila Martínez es un prestigioso investigador, muy conocido en Colombia, habitual columnista de la revista Semana y el diario El País, de España. Sus trabajos han demostrado, entre otros, actos de corrupción de la élite política de su país como masacres del ejército y fraudes electorales, también es un analista que destaca en temas de lucha anticorrupción, derechos humanos, narcotráfico y violencia.
Hasta el año 2018, según cifras del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) los desplazados internos en Colombia sumaban los 7.8 millones, pues desde por más de dos décadas la violencia de grupos irregulares en el país ha obligado a familias enteras a abandonar sus casas, sus tierras y costumbres, de un día para otro toman rumbo hacia otras comunidades o ciudades en las que tienen que empezar de nuevo y buscar cómo sobrevivir.
El desplazamiento interno en Colombia es uno de los más prolongados, masivos y complejos del planeta, pero también es uno de los más estudiados. Expediente Público consultó con Ávila para que lo explicara y conocer posibles dinámicas que se repetirían en el contexto de la represión en Nicaragua.
De pueblo en pueblo
El retorno para muchos campesinos es difícil, según Ávila, cada familia o persona desplazada requiere aproximadamente 4 años para encontrar un lugar estable, mientras deambulan de pueblo en pueblo, y en el caso de Colombia esto cambio constante les impide georreferenciar el lugar donde viven para poder ejercer su derecho al voto.
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Si los campesinos logran acomodarse en las ciudades es aún menos probable que regresen a su comunidad de origen, “porque la ciudad les ofrece otro mundo”, al menos a los desplazados más jóvenes.
Usualmente, quienes logran regresar a sus comunidades son los padres o abuelos, pero cuando lo hacen, encuentran sus cultivos dañados y les cuesta reincorporarse y retomar el trabajo en sus casas.
Además, Ávila explica que casi el 20% de la población colombiana ha sido desplazada y en su mayoría es población rural, donde ocurre un fenómeno al que se debería prestar atención en la realidad nicaragüense.
En Colombia, un país multicultural, el desplazamiento forzoso afectaba en 2005 a 1,661,284, el 13.1% de ellos campesinos, pero incrementó 372% en un lapso de 10 años y pasó a 6,186,869 de colombianos en 2015, según datos del documento “La población desplazada en Colombia: Examen de sus condiciones socioeconómicas y análisis de las políticas actuales”, publicado en ese mismo año para la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad.
Hasta 2018 la cifra de desplazados en el mundo trascendió a 41.3 millones, según el reporte del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IMDC, por sus siglas en inglés), y el 18.8% de ellos eran colombianos.
El desplazamiento forzado en Colombia es derivado principalmente de un conflicto armado donde participaron agentes estatales y paramilitares guerrilleros -muy parecido al caso actual de Nicaragua, donde las violaciones a los derechos humanos han sido perpetradas también por la policía-. Por eso, Ávila considera que el Estado no va a hacer mayor esfuerzo en realizar un proceso de reparación.
Según lo explica Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Colombia cuenta con 3 tribunales judiciales altos -que han ayudado a dar respuesta-: La Corte Suprema, el Consejo de Estado, y la Corte Institucional, esta última, ha sido muy activa “en la cuestión de los desplazamientos y ha sacado autos (lineamientos) para atender a la población desplazada y ha influenciado en el Estado para inyectar recursos”, señala Ávila y agrega que no cree que esto pase en Nicaragua.
“Es una cosa dramática» dijo Ariél Avila mientras se refería a los testimonios de traumas y depresión de algunos desplazados colombianos que tuvieron que ver a sus familiares asesinados con una motosierra.
El polítólogo recalca la necesidad de que exista un acompañamiento jurídico para los desplazados a pesar que el Estado esté domesticado o bajo un solo régimen, además de la recopilación de detalles por cada caso de desplazadas y desplazados y el manejo cauteloso de estos archivos, la creación de programas con ayuda internacional para las familias,
“Hay que dejar toda la prueba jurídica porque eso algún día va a cambiar”, dice, y agrega que se debe luchar por datos transparentes, y hacer intervención de emergencia para que las familias no aguanten hambre.
