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El Covid-19 sepultó las proyecciones fiscales del régimen de Ortega

En el taller de carpintería “Servicios Fúnebres, Dios es Amor”, la sierra y el martillo suenan desde que amanece. A partir de marzo del presente año, cuando se registró el primer caso oficial de Coronavirus en Nicaragua, sus 10 trabajadores, incluidos los propietarios, inician la faena a tempranas horas para cumplir los pedidos de ataúdes de sus clientes, las funerarias. Incluso, incorporaron a cinco personas más de forma temporal para cumplir con la demanda. 

“Cuando empezó la pandemia, hubo bastante demanda. Nosotros trabajamos con las funerarias directamente, que nos encargaban más de 20 ataúdes a la semana”, contó Roberto López Narváez, administrador del negocio familiar ubicado en una finca en la comarca Nandayure, en el municipio de Masaya, cabecera departamental ubicada a unos 25 kilómetros de la capital.

Los negocios relacionados a los servicios funerarios han sido de los pocos ganadores en la crisis sanitaria causada por el Covid-19. En Nicaragua, las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) informaron públicamente que el primer caso contagiado se registró oficialmente el pasado 18 de marzo. Desde esa fecha y hasta el 15 de septiembre, el MINSA asegura que se han contagiado 3,979 personas a nivel nacional, recuperándose 3,689 personas. Por tanto, el número de fallecidos corresponde oficialmente a 290 personas.

Por su parte el Observatorio Ciudadano Covid-19, organizado por la sociedad civil ante el secretismo oficial y la demanda de la población por información confiable, reporta 10,205 casos sospechosos de Coronavirus y más de 2,700 personas fallecidas.

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La crisis sanitaria sepultó la posibilidad de que el Gobierno central recaude en ingresos los C$79,199 millones de córdobas en 2020 (unos US$2,295 millones) que presupuestó para ejecutar, debido a que empeoró la crisis económica iniciada en el 2018, de acuerdo al análisis de Expediente Público. 

La mayoría de las actividades productivas, con excepción de las exportaciones tradicionales y las remesas, se han desplomado y con éstas la esperanza de que Nicaragua saliera de la recesión económica en 2020. A sectores como el de comercio, hoteles, restaurantes y otros vinculados al turismo, la pandemia los ha asfixiado económicamente, siendo la gran mayoría de ellos negocios Mipymes (micro y pequeños).

La actividad turística en Nicaragua sufre una triple crisis: política, económica y sanitaria. La Cámara Nacional de Turismo (Canatur), que reúne al sector privado, informó que hasta agosto, se habían perdido el 80% de los empleos y más del 76% de los ingresos estimados en el 2020.

Gonzalo Hernández Cáceres, propietario de la operadora Namancambre Tours, ubicado en el municipio de Somoto, Madriz, señaló que a inicios del año era positivo y pensó que el negocio lograría recuperarse de la crisis sociopolítica de 2018, ya que los turistas nacionales llegaban más así como visitantes extranjeros.  “Con la pandemia el turismo extranjero ahora es casi inexistente, no llega ni al uno por ciento, y el nacional no sabemos si se animará a venir, porque hay miedo de contagiarse”, afirmó Hernández. 

La tour operadora cerró desde marzo por decisión de los propietarios, quienes respondieron a la campaña de prevención de las organizaciones médicas independientes y de la sociedad civil para contener los contagios del Covid-19. 

Crecimiento inicial, luego caída en picada

Una posición diferente adoptó el Gobierno, que se negó a cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la expansión de la enfermedad, a pesar que la crisis sanitaria ha tenido un alto costo de vidas como en la actividad económica, afectando las finanzas públicas.

Expediente Público y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) recordaron que las reformas tributarias y de la Seguridad Social impuestas en 2019 por el Gobierno, dañaron al sector privado y a los consumidores.

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Luego de que la economía real del país se contrajo durante dos años consecutivos (-4% en 2018 y -3.9% en 2019), el gobierno de Nicaragua estimó un crecimiento del 0.5% para el 2020.

En los primeros tres meses del año hubo signos positivos. Expediente Público indicó que los ingresos tributarios (impuestos a bienes y servicios) del Gobierno crecieron C$2,058.4 millones de córdobas (US$60 millones) con respecto al mismo período de 2019. Fue un crecimiento del 10.67 %.

Pero las cosas cambiaron en el segundo trimestre -de abril a junio-cuando entró de lleno la pandemia del Covid-19. La paralización de la economía global por el cierre de las fronteras y el confinamiento social en la mayoría de los países, además del auto confinamiento que adoptó la mayoría de los nicaragüenses, generó un sismo devastador para la economía local, cuya dimensión final está todavía por contabilizarse.

A junio, el Gobierno recaudó 839.1 millones de córdobas menos (US$24.4 millones), en comparación a lo obtenido en el mismo período en 2019, significando una caída del 2%.

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La crisis en los negocios

Las pérdidas de recursos del Gobierno reflejaron el daño de la pandemia a los consumidores y al sector privado. Durante los meses que cerró el negocio Namancambre Tours, la familia Hernández obtuvo ingresos de la venta de ropa que tiene en el mercado de Somoto. 

“Es poco lo que se vende, pero al menos nosotros tenemos para comer, otras familias aquí en Somoto la pasan peor. Un diez por ciento de los hoteles y restaurantes han cerrado”, dijo Hernández.

De mayo a julio se registró el pico de la curva de contagios, según los informes del Ministerio de Salud (MINSA). Las asociaciones médicas independientes alertaron que la segunda ola de contagios se registraría a partir de septiembre, debido al relajamiento de las medidas de prevención por parte de la población y por las actividades masivas promovidas por el Gobierno, a pesar de las recomendaciones de suspenderlas, que de forma reiterada han formulado públicamente las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Presupuesto insostenible

A pesar que la pandemia del Covid-19 destruyó las metas de recaudación, el Gobierno no alteró el gasto corriente (salarios y burocracia administrativa) a costa de afectar la inversión pública. Para el año 2020, se proyectó un gasto total de 80,901 millones de córdobas (US$2,390 millones) en el Presupuesto General de la República, siendo apenas un aumento de 78 millones de córdobas (US$2.3 millones) respecto al año anterior, según los documentos oficiales. 

Sin embargo, organismos multilaterales y regionales -desde el FMI hasta CEPAL- estiman que Nicaragua sufrirá una contracción económica entre el 6% y 10% por ciento en 2020 por la doble crisis: sanitaria y económica. El Covid-19 obligó al Gobierno a admitir que se registrará un tercer año consecutivo de recesión, pero con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) entre  4 % y 4.5 %, según la actualización del Banco Central de Nicaragua (BCN). 

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Funides señaló que debido a que el Gobierno no tomó las medidas de prevención sugeridas por la OMS, porque no orientó la cuarentena social, ni canceló las clases y los eventos públicos, las consecuencias de la crisis sanitaria son por ahora incalculables. Esa preocupación la respaldó el Observatorio Ciudadano al señalar que, “a casi seis meses del reporte de los primeros casos de Covid-19 se desconoce la verdadera magnitud” de la crisis sanitaria.

Signos notorios de la crisis económica

El aumento del desempleo es uno de los efectos de la crisis. El Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) perdió más de 33,965 afiliados para mayo pasado, reveló el documento Lineamientos de Política para la Formulación del Proyecto del Presupuesto General de la República 2021 y del Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2021-2024.

Funides concluyó que esas personas en el desempleo “están buscando qué hacer”. “Lo que está sucediendo en esta pandemia es que una parte de esa gente está transitando a la informalidad, pero otra queda en el total desempleo”, indicó. 

Las personas en el sector informal, como muchas empresas formales, han “mutado”, ofreciendo bienes y servicios diferentes a las actividades que se dedicaban antes de la pandemia. “Es una economía de resiliencia”, aseguró Funides.

Expediente Público y el centro de pensamiento señalaron que la falta de información oportuna por parte del BCN, ha limitado conocer la verdad de lo qué está pasando con la economía. El último dato disponible del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), es de abril, el que mostró una contracción del 10.1 %.

Al menos 13 actividades económicas fueron golpeadas para entonces por los efectos de la pandemia, principalmente las relacionadas con servicios, intermediación financiera, explotación de minas y canteras, energía y agua, así como la industria manufacturera.

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Expediente Público indicó que entre los efectos devastadores de la crisis están que los ingresos tributarios disminuyeron 14.11% en el segundo trimestres del 2020 respecto al mismo período del 2019, según el Informe de Ejecución Enero-Junio del PGR, publicado por el Ministerio de Hacienda.

La pérdida en la recaudación se da sobre todo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) doméstico y en el Impuesto sobre la Renta (IR), que reportan una reducción del 18.72 % y 6.45 %, respectivamente.

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Voracidad recaudatoria

Para intentar frenar la erosión de los ingresos, el Gobierno implementó duras medidas recaudatorias, que fueron señaladas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), tales como la reforma a la Ley de Marcas y Patentes donde aumentaron todas las tasas; el incremento de los pagos por renta de capital a las empresas por parte de Dirección General de Ingresos (DGI) y; la sobrevaloración del Valor Catastral de las propiedades en las alcaldías, que aumentó la base para calcular el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Y, más recientemente, se ha denunciado públicamente un terrorismo fiscal contra empresas del sector privado, bajo la amenaza de juicios penales y prisión.

Otras medidas han sido las dudas de valor con las importaciones y el aumento de los costos de los servicios en las aduanas; nuevas tarifas en los timbres fiscales y la reforma a la Ley de Migración y Extranjería que dolarizó los servicios.

Una de las decisiones del Gobierno más criticada por la ciudadanía, fue que en plena pandemia se eliminó la exoneración a las importaciones de ventiladores y mascarillas de uso hospitalario, por lo que en las aduanas se empezó a cobrar el 15 por ciento del IVA.

Aún no se conoce el efecto de esas medidas, pero pese a los problemas recaudatorios el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo en julio pasado que no pensaban recortar el PGR del 2020, porque aún confiaban en que como “el país ha seguido funcionando”, porque no se impuso la cuarentena social, “nuestra proyección es que al mantenerse activado el sector agropecuario, el de servicios”, la expectativa es que las brechas sean menores en la economía.

Impacto profundo en la región

Sin embargo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), centro de investigaciones en Guatemala, determinó que por efectos de la pandemia del Covid-19, “la merma de los ingresos tributarios esperados es alrededor del 0.7% del PIB, unos US$1,850 millones aproximadamente” para Centroamérica.

“La pérdida en materia recaudatoria de los Estados centroamericanos, se debe en gran medida a la reducción de los precios internacionales del petróleo, a la contracción del consumo derivada de la reducción de los flujos de remesas internacionales, por las medidas de confinamiento implementadas. Y en algunos países, especialmente Guatemala y Panamá, por la debilidad estructural de las administraciones tributarias”, indicó el Icefi en su reporte “Estimación de la situación fiscal de Centroamérica al final de 2020”. 

¿Qué alternativas quedan para enfrentar el golpe económico? Funides planteó que en el caso de Nicaragua, es necesario generar ahorros presupuestarios, especialmente en el gasto corriente, recortando por ejemplo las actividades partidarias, de festividades recreativas, así como reasignar recursos para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud. Y un punto de inflexión sería que se pongan en práctica la identificación, control y aislamiento de los casos de Covid-19, así como intensificar las campañas de información para que la población no relaje las medidas de prevención.

Ayuda externa a cuenta gotas

Como resultado de la presión de la comunidad internacional para que el régimen de Daniel Ortega retome el diálogo con la oposición para resolver la crisis sociopolítica que existe desde el 2018, a Nicaragua se le disminuyó la cooperación externa, dificultando aún más poder cubrir el PGR por su alta dependencia de los recursos externos.

En el PGR de 2020 se estimó obtener C$1,890 millones de córdobas en donaciones (US$55.8 millones) de gobiernos y organismos multilaterales, equivalente a 27% menos de lo recibido en 2019.  Mientras, en préstamos se calcularon C$9,243 millones (US$273 millones), una disminución del 5.9% respecto al año anterior.  

Expediente Público señaló la falta de transparencia en el manejo de la pandemia del Covid-19, como parte del problema de Nicaragua para acceder a fondos externos. 

Desde la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007, se limitó el acceso a la información pública a los ciudadanos, a pesar que en ese mismo año se aprobó la “Ley de Acceso a la Información Pública”. Siguiendo el secretismo estatal, el Ministerio de Salud de Nicaragua es el único en la región que no ha reportado las pruebas realizadas para detectar el Covid-19.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le donó a Nicaragua 26,000 pruebas para detectar Covid-19; otras 5,000 recibió de Rusia y otros lotes de parte de Taiwán y la OPS. Sin embargo, el Minsa no ha revelado cuántas pruebas se han usado para detectar a los pacientes con coronavirus.

A pesar que las autoridades aseguraron tener la capacidad hospitalaria con personal y equipos suficientes para enfrentar la emergencia de la crisis sanitaria, el sistema de salud colapsó ante la cantidad de pacientes con el virus. Ante esa situación, los organismos internacionales le abrieron la billetera al Gobierno. 

Nicaragua ha recibido US$182.3 millones de dólares en “oxígeno” para atender la crisis sanitaria. El BCIE entre donaciones y préstamos facilitó US$121.7 millones, en tanto que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$43 millones. Además, la Unión Europea y Luxemburgo donaron US$16.8 millones para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la población en condición vulnerable, así como “las consecuencias socioeconómicas de la pandemia”. Taiwán también donó US$1.5 millones.

FMI apoya a países vecinos

Pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha negado a apoyar a la administración de Ortega, que le pidió US$470 millones de dólares para enfrentar los efectos de la crisis causada por la pandemia. Un tratamiento diferente tuvo el FMI con el resto de gobiernos de Centroamérica, a los que aprobó rápidamente los fondos de ayuda.

En el caso de El Salvador, el FMI le aprobó un préstamo de US$389 millones, otros US$20 millones el Banco Mundial y US$204 millones el BCIE. La ayuda permitiría al gobierno salvadoreño la liquidez necesaria para financiar el aumento del gasto en salud, como ejecutar proyectos de infraestructura y de asistencia a las empresas. 

Costa Rica recibió un financiamiento por US$804 millones entre el FMI, el BCIE y el BID para responder a la emergencia sanitaria como para implementar un plan de estímulo de recuperación de su economía. 

En Guatemala, el plan de apoyo sumó US$714 millones con los préstamos del Banco Mundial, BID y el Fondo Monetario. Además de US$1 millón donado por el BCIE. 

Por su parte Honduras obtuvo en préstamo de los multilaterales por un monto de US$498.2 millones, también para fortalecer la capacidad hospitalaria ante la pandemia como para apoyar programas económicos.

Finalmente, Panamá recibió el mayor respaldo con US$956 millones entre los cuatro organismos multilaterales, monto que permitirá al Gobierno financiar los esfuerzos para contener la crisis sanitaria, mitigar el impacto en los hogares más vulnerables y; promover políticas para recuperar la sostenibilidad fiscal y asegurar la estabilidad macroeconómica.