*Nadie sabe cómo ni en qué se han invertido los millones de dólares que han prestado organismos multilaterales para atender la emergencia sanitaria. Los bancos multilaterales tampoco muestran interés en pedir cuentas al gobierno de Nicaragua.
*La administración de Ortega se ha comprometido a cumplir con la transparencia, pero no publican la ejecución de los fondos destinados a la lucha contra el COVID-19.
EXPEDIENTE PÚBLICO
La crisis sanitaria del Covid-19 ha profundizado el secretismo, la falta de fiscalización y la pobre rendición de cuentas del Gobierno de Daniel Ortega porque a más de un año de declarada la pandemia, no ha rendido cuentas de cómo ha invertido el dinero de los recursos económicos de países y organismos donantes y para empeorar, los bancos multilaterales no se pronuncian sobre estas irregularidades.
A pesar de que la administración de Ortega se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a mejorar en este aspecto de cara a la información presupuestaria a través de las publicaciones de contrataciones ligadas a las adquisiciones de insumos para combatir la pandemia del coronavirus, hasta marzo de 2021, solamente se había recopilado una mínima parte de esa información administrada por el Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Educación (Mined) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
El Minsa escuetamente publicó 28 contratos, en su mayoría destinados a la compra de materiales de reposición periódica para abastecimiento de las unidades de salud Covid-19; adquisición de ropa hospitalaria y maleta quirúrgicas y compra de emergencia de medicamentos e insumos de laboratorio para el abastecimiento a las unidades de salud. El Mined solo publicó 8 contratos y por su parte el MHCP un total de 14.
Silencio de los organismos
Pero no solo el gobierno central nicaragüense ha fallado en la rendición de cuentas, sino que también los organismos multilaterales no han fiscalizado y exigido transparencia, tal como lo aseguró, por ejemplo, en marzo del 2020, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, quien en ese momento, manifestó que el BCIE auditaría todos los recursos que facilitaría a los países para enfrentar la pandemia.
“Lo que sí les puedo asegurar es que lo que el BCIE está dando son recursos que son auditables. El BCIE ha facilitado recursos a toda Centroamérica, incluyendo Nicaragua, para que pongan en práctica sus planes de contingencia. Vamos a auditar para ver si los fondos fueron usados de la manera correcta”, afirmó durante la conferencia en línea Perspectiva Macroeconómica del BCIE de los países que integran SICA ante el Covid-19, organizada por las Cámara de Comercio Americana (Amcham) de los países centroamericanos.
Expediente Público intentó concretar entrevistas con cada uno de los representantes de los organismos financieros extranjeros en Nicaragua, sin embargo, no fue posible. Se envió la solicitud a través correos electrónicos y se realizaron llamadas telefónicas a sus oficinas de prensa en Managua, la capital, pero hasta la publicación de este artículo, solo el Banco Mundial contestó de manera escueta. Los demás se excusaron de hacerlo y otros se negaron a responder nuestra solicitud.
Escucha el podcast aquí: Nicaragua sin rendir cuentas claras sobre préstamos para la pandemia del Covid-19
Cynthia Flores, encargada de comunicación del Banco Mundial, al remitirle las consultas dirigidas a Kinnon Scott, directora para Centroamérica y República Dominicana, sobre si han recibido por parte del gobierno de Ortega una rendición de cuentas, se limitó a mencionar que el decreto de aprobación del convenio suscrito el 17 de diciembre pasado, es “orientado a brindar apoyo a la respuesta a la emergencia del Covid-19”.
«En este momento, se realizan gestiones para garantizar que los recursos se utilicen para los fines establecidos y que el proyecto tenga el impacto positivo esperado en beneficio del pueblo de Nicaragua», fue la respuesta del área de comunicación del Banco Mundial, dejando entrever que no han recibido absolutamente nada.
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Firmar me harás, pero cumplir… jamás
El analista macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Abelardo Medina, comparte que la preocupación en estos momentos tanto del FMI como otros organismos financieros externos sobre la rendición de cuentas en la región por los préstamos condicionados para asistir en la pandemia, es que muchas veces los gobiernos cuando están en la negociación para optar a los fondos se comprometen a todo pero al final no cumplen lo establecido.
La recomendación que hizo Icefi a los organismos internacionales es que al momento de la negociación lo hagan basado en tiempos, es decir, que “tienen que ser un poco más rígidos en la exigencia de verificación a corto plazo del cumplimiento de estas metas, entregar el desembolso en dos partidas, y aclararle no se les va a desembolsar hasta que tengan evidencia de que hayan utilizados los recursos para el fin”.
En el análisis macrofiscal sobre Nicaragua realizado por el Icefi en referencia a la transparencia fiscal, se expone que en los últimos años se han visto reducido «dramáticamente los niveles de transparencia”, al extremo que es considerado como uno de los países “más rezagados” en Latinoamérica y el mundo.
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Transparencia Internacional (TI) en el documento del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), correspondiente al año 2020, pero publicado en 2021, señala que Nicaragua obtuvo una calificación de 22 puntos de cien, ubicándose así en la lejana posición 159 de 180 países en la medición global.
Una de las pocas fortalezas que tenía el gobierno de Nicaragua en cuanto a transparencia presupuestaria, era la información que se podía encontrar en la clasificación del gasto de estrategia y reducción de la pobreza, en la que se mostraba el detalle de los proyectos por cada institución estatal que ejecutaban fondos con el fin de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
Esa información se encontraba en los libros del Presupuesto General de la República (PGR) publicados por el Ministerio de Hacienda, pero esta práctica dejó de existir a partir del segundo trimestre del 2018. Ahora la información pública es limitada debido a que solo se muestra el financiamiento de los proyectos de inversión, es decir, pero poco se informa sobre el nivel de ejecución y resultado para la reducción de la pobreza en el segundo país más pobre de América Latina.
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Más endeudamiento externo
A pesar de esa nula rendición de cuentas, el gobierno de Nicaragua desde el 2020 accede a diversos préstamos y donaciones de cuatro organismos multilaterales internacionales que le abrieron la chequera: en ese año la deuda global era de US$610.04 millones, a eso se le deben sumar los US$325.23 millones en concepto de convenios firmados para este 2021.
Aunque los cálculos del PGR de este año, refieren que la administración sandinista esperaba obtener US$101.52 millones en nuevos préstamos externos y US$43.60 millones ende donaciones, las cifras de lo pactado sobrepasan lo esperado.
Los principales organismos prestamistas o donantes en momentos de crisis sanitaria entre 2020 y 2021 para Nicaragua son: el BCIE; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque los préstamos aprobados por el Banco Mundial y el FMI son con restricciones en la ejecución de los fondos, es decir, que deben ser fiscalizados por agencias de Naciones Unidas, para propiciar el cumplimiento de los acuerdos.
Por ejemplo, los US$185.3 millones entregados por el Fondo Monetario, estarán sujeto a auditorías externas independientes y la mitad del préstamo que son US$92.66 millones no serán administrados por el Ministerio de Hacienda sino que este deberá transferirlo directamente a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (Unops) y al Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Por otro lado, solo el préstamo del BID se condicionó la contratación de cuatro organismos internacionales: la Unops, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Project Concern International (PCI), y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA). Estas organizaciones absorberán alrededor de US$2.83 millones de los US$43 millones que se contrataron con este organismo.
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Según las revisiones de Expediente Público al sitio web del Sistema de Contratación Administrativa Electrónica (SISCAE) en su sección sobre el Covid-19, se detectó la publicación de convenios con varios de estos organismos, los cuales equivalen a US$ 122.61 millones.
Se debe tener presente que los fondos presupuestados en 2021 destinados al combate de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, provienen en su mayoría de fuentes externas, es decir de préstamos o donaciones de organismos internacionales, dicha estrategia deja ver que el gobierno de Daniel Ortega no ha hecho grandes esfuerzos para colocar fondos propios para hacerle frente a la crisis sanitaria en medio del rebrote de contagios y muertes que afecta la población nicaragüense.
En el perfil macrofiscal, Icefi alerta que la deuda con acreedores internos en Nicaragua ha disminuido sistemáticamente pasando del 29.6% del total que se reportaba en 2011 a 12.5% en 2021, pero en sentido contrario, la deuda externa con organismos internacionales ha incrementado su peso, pasando desde 70.4% a 87.5% en el mismo período respectivamente.
El estudio de Icefi, enfatizó que de esa forma, el saldo por la deuda pública externa de Nicaragua que representó el 31.4% del PIB en 2016, alcanzó el 45.1% del PIB en 2020 y, prevé que si se mantiene la misma tendencia, en 2021 alcanzará el 47.4%.
“Lamentablemente, el saldo de la deuda total con respecto a los ingresos tributarios, rápidamente creciente por el aumento del tipo de cambio, superará en 2021, según estimaciones, el límite del 250.0% recomendado por Instituciones financieras internacionales (IFI), al reportar un 267.6%, lo que podría denotar una complicación en el futuro”, sostuvo Icefi.
Para el analista macrofiscal de Icefi, Abelardo Medina, esto significa que el gobierno de Nicaragua presupuestó pensando en que la pandemia sería controlada el año pasado.
“Nicaragua presupuso que la recaudación tributaria para este año tendría una fuerte contracción porque el análisis y el PGR lo formularon en un período donde la pandemia estaba atacando con mayor fortaleza y supusieron que la trayectoria de la recaudación se iba a mantener igual, ellos supusieron que el Covid-19 iba hacer razonablemente bien controlada en 2020, y en 2021 ya no se iba a gastar, quiere decir que el presupuesto no es correcto y se recurre al endeudamiento”, refirió Medina.
En esa línea, el epidemiólogo Leonel Argüello, lamentó que Nicaragua se continúe endeudando y que no se saque provecho en pro del beneficio de la salud de los nicaragüenses ante la magnitud de la crisis sanitaria. “Nicaragua cada día se está endeudando más, y son préstamos muy grandes y que no tenés un retorno de esa inversión, cuando haces un préstamo tenés que invertir en algo”, aseveró.
Mientras, el salubrista y exfuncionario del Minsa, José Antonio Delgado compartió que a pesar de que Nicaragua adquirió préstamos y donaciones en el marco de la pandemia, la realidad del personal sanitario es “difícil” debido a que la atención es los hospitales públicos es de “vulnerabilidad” tanto para el paciente y los trabajadores de la salud.
“La carencia de insumos, equipos médicos de protección y falta de información expone al médico a que vea que tiene pocas herramientas para tratar a los pacientes de manera correcta y adecuada. En los hospitales más del 80% del personal ya se contagió de Covid-19, no se puede demostrar, pero es el comentario de los colegas y amigos que trabajan dentro del sistema público, que te dicen que el modo operandis es mandar a un trabajador de repente de vacaciones porque se sintió mal. Le dan vacaciones de dos semanas y luego regresa, todos manejan que tienen síntomas de Covid-19”, señaló Delgado.
A ese panorama se refiere el especialista de Icefi cuando menciona que seguramente muchos nicaragüenses se cuestionarán por qué Nicaragua se endeuda tanto para salud, pero en la realidad nada mejora, y por ello, a su criterio esto puede pasar debido a que “no se uso los financiamientos de los entes internacionales para lo que fue destinado, entonces estos organismos deben endurecer un poco en no dar créditos, sin tener evidencias de que se ha utilizado de buena manera”.
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Lo que indican los convenios
Expediente Público tuvo acceso a al menos seis convenios que firmó el Gobierno de Nicaragua. Entre ellos está el que firmó con el BCIE el 3 de diciembre de 2020, un contrato de préstamo por US$4.12 millones, titulado Asistencia técnica entre el Gobierno de Nicaragua y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la Asistencia Técnica de UNOPS con una duración de 36 meses.
“Este convenio entre la UNOPS y el Gobierno de Nicaragua financiado con fondos originarios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se inserta en el marco de la respuesta nacional contra el COVID-19”, refiere el convenio.
De acuerdo al mismo documento, hay un contrato de préstamo por US$300 millones titulado Programa multisectorial para la reactivación económica y la protección social cuyo objetivo general es apoyar a la atención inmediata de la Covid-19 a través de la atención a grupos vulnerables.
Con esta operación se financiarán 24 proyectos de inversión pública de los sectores de infraestructura vial, salud, educación y vivienda; 15 programas de inversión socio productivo de los sectores agropecuario, cambio climático/medio ambiente, industria y comercio, infraestructura de apoyo a la producción, pesca y acuicultura y dos programas de atención a grupos vulnerables enfocados en los sectores: salud y educación.
“La Unops verificará la implementación efectiva de los procedimientos, Normas y Políticas aplicables al Nic-Solidaria, que estarán descritos en el Contrato de Préstamo entre el gobierno de Nicaragua y el BCIE, de tal forma que contribuya a que los programas y proyectos de inversión pública y socioproductivos (contenidos en el mapeo o listado indicativo del Nic-Solidaria), se ejecuten conforme lo dispuesto en las cláusulas contractuales del programa multisectorial, sin ser limitativo”, refiere el primer punto del convenio.
La Unops tendrá la facultad de desarrollar una supervisión general del programa, actuando en los 41 proyectos, el objetivo según detalla, es dar certeza en la validación de los avances de los alcances del programa y para lograrlo, se requiere que la supervisión estén alineados a la supervisión general técnica, ambiental y social del Nic-Solidaria; revisión ex-post de implementación financiera de los proyectos; y la certificación del cumplimiento de la norma BCIE para los nuevos procesos de implementación del Nic-Solidaria.
Sin embargo, hasta ahora se desconoce la información presupuestaria precisa sobre los préstamos y donaciones que serán incluidos en el PGR de salud. Medina, especialista de Icefi, dice que en el hipotético caso de que los préstamos no se estén dirigiendo al destino que verdaderamente se acordó esto sería “muy delicado” y ante esta situación la función del organismo multilateral financiero debería ser “exigir cuentas para saber qué pasó y en segundo paso, sancionar al país, sin otorgarle más crédito hasta que no haya un compromiso real en base al cumplimento de las condiciones”.
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Financiamiento del FMI canalizado por el PMA
Otros de los convenios que firmó Nicaragua fue con el Programa Mundial de Alimento (PMA) a través de la asistencia financiera que aprobó el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 20 de noviembre del 2020 bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con US$86.7 millones, bajo el acuerdo que los fondos recibidos se utilizarán totalmente para proporcionar financiamiento presupuestario directo, incluyendo financiamiento para el Programa de Atención Médica de Emergencia a ser ejecutado por el PMA y la Unops.
“El Gobierno utilizará parte de los recursos de la Financiación, concretamente una cantidad de C$12,259 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) bajo el IFR (Instrumento de Financiamiento Rápido del Banco Central de Nicaragua) que equivalen a una cantidad de US$18.68 millones, considerado el límite máximo de la financiación total, con el que deberá efectuar los pagos correspondientes al PMA en virtud del presente convenio”, refiere el acuerdo firmado por las dos partes.
Este financiamiento está orientado a un programa que pretende sostener la producción de alimentos de las pequeñas y medianas familias productoras en estos momentos críticos, así como promover la recuperación de medios de vida que se encuentran afectados por la pandemia y tiene previsto finalizar en diciembre próximo.
La población estimada a atender es de 26 mil personas con sistemas individuales de producción agropecuarios, distribuidas a nivel nacional y de los cuales un 40% son mujeres.
