** Según la Secretaría de Finanzas, hasta el miércoles 25 de marzo se habían gastado 697.2 millones de lempiras (unos 28.3 millones de dólares) en la instalación de hospitales móviles, compra de medicamentos, equipos médicos y de protección
La última semana de marzo ha sido muy intensa en Honduras. El número de casos por COVID-19 subió un 183 por ciento, al pasar de 24 a 67 personas infectadas; el virus se cobró una vida, una alta funcionaria fue destituida y muchos ciudadanos salieron a demandar comida o a pedir que los dejen trabajar.
Después de 15 días de toque de queda intermitente, Miriam Velásquez salió a las calles de San Pedro Sula para instalar su puesto de venta de medicina natural, con la esperanza de agenciarse unos cuantos lempiras para alimentar a su pequeño hijo.
Sin embargo, a los pocos minutos apareció un contingente policial. Los agentes le dijeron que estaba prohibido estar en la calle a causa de las restricciones impuestas por el gobierno para frenar las infecciones por coronavirus.
Ella trató de razonar con los uniformados para que la dejaran vender un rato, explicándoles que no tenía dinero ni comida, que es madre soltera de un niño pequeño, que paga el alquiler del cuarto donde duerme y también 50 lempiras diarios (unos 2 dólares) a una persona que le guarda su escasa mercancía en una pequeña bodega en la concurrida tercera avenida de San Pedro Sula.
Como respuesta, los policías la amenazaron con llevársela detenida, la golpearon y la esposaron, la humillaron. Algunas personas que miraban desde el otro lado de la acera comenzaron a gritarles y bajo la presión social la dejaron en libertad, no sin antes exigir que se fuera inmediatamente.
Igual que Miriam, muchos hondureños están al borde de la desesperación por el cese de sus actividades laborales, y con ello, de sus ingresos. Desde el 11 de marzo que se anunció la primera infección por COVID-19 el Gobierno determinó toques de queda que se fueron implementando gradualmente, intermitentemente, hasta cubrir todo el país, lo que ha significado el cierre de miles de negocios, la inmovilización de buses y taxis, la paralización de máquinas en las fábricas y la suspensión de miles de contratos de trabajo, sin derecho a salario.
Lea: Pandemia Covid-19 profundizará más el desempleo y la pobreza en Honduras
Esto es particularmente difícil en un país donde solo 1.9 millones de personas tienen un empleo con salario permanente mientras que 2.4 millones se dedican a una actividad comercial por cuenta propia, a trabajo doméstico y a trabajo familiar no remunerado, según la Encuesta de Hogares de 2018 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Estas personas viven al día, si no hay trabajo, no hay dinero y por lo tanto no hay comida. A ellos se suman 245,726 hondureños desempleados y que dependen del ingreso de alguien más.
Pero la realidad podría ser peor de lo que estiman las cifras de empleo y desempleo del INE, que hace sus cálculos en base a la Población Económicamente Activa (PEA) de 4.3 millones de personas. El problema es que la PEA solo incluye a quienes tienen trabajo o a quienes andan en busca de uno, pero no a los millones de personas que, cansadas de buscar, ya no se mueven de sus casas porque saben que no van a encontrar.
Estas personas también dependen de alguien para subsistir o hacen trabajos temporales para obtener algún ingreso ocasional. El INE estima que la población en edad de trabajar supera los 7.1 millones de personas en una Honduras con una población total de poco más de 9 millones de habitantes.
La escasez podría afectar también a quienes tienen empleo permanente. Datos de la Central General de Trabajadores (CGT) indican que las empresas han solicitado suspensiones de contrato de trabajo para 12,000 personas. En el área de la maquila hay solicitudes para suspender a 9,000 trabajadores, solo en el área de San Pedro Sula, bajo el argumento que ya no tienen materias primas o por “fuerza mayor”, lo cual exime a ambas partes de responsabilidad, según la organización obrera.
“El 90 por ciento de (empleados en) esas empresas son mujeres solteras. Entonces, no es el COVID-19 que nos va a matar, va a ser el hambre, porque el trabajador no va a tener de donde, no tendrá recursos, ni salario y se verán condenados junto a sus familias», señaló José Luis Baquedano, dirigente de la CGT.
Por ello, no es de extrañar que ante la falta de ingresos en los últimos días, en varias ciudades, conductores de buses y taxis, albañiles y otros prestadores de servicios, pepenadores, y pequeños comerciantes, hayan realizado plantones, algunos coreando frases como “queremos comer”, mientras otros demandaban abiertamente que los dejen trabajar.
Los más valientes, como Miriam Velásquez, salieron a las calles a intentar retomar su vida por unas horas, pero fueron reprimidos. En los mercados de Comayagüela, ciudad gemela de la capital Tegucigalpa, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los vendedores y lo mismo hizo con pobladores de la aldea La Cuesta, en las afueras de Tegucigalpa. En otras ciudades al menos no los gasearon.
Las autoridades han puesto barreras metálicas para impedir el acceso a los mercados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El expresidente Porfirio Lobo señaló que “en esta crisis está bien que el Gobierno tome algunas medidas, pero lo más importante que debe tomar es llevarle comida al que no tiene. Una mujer ayer dijo por radio: Si JOH nos quiere tener encerrados y sin trabajar que me mande comida a mi casa, mis hijos tienen que comer”.
Pese a las medidas restrictivas a la circulación, el número de casos va creciendo aceleradamente y este jueves, 26 de marzo, las autoridades confirmaron que una noche antes había fallecido la primera persona por COVID-19, un mecánico de 60 años residente de Villanueva, departamento de Cortés, 242 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Esta persona había ingresado el 21 de marzo al hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula (ciudad vecina de Villanueva) por un padecimiento cardiaco, pero en el transcurso de su atención fue diagnosticado con COVID-19 que derivó en una neumonía hasta morir la noche de miércoles 25 de marzo.
ALIMENTOS Y TRANSPARENCIA
En un intento por paliar la crisis, el miércoles 25 de marzo el Gobierno de Juan Orlando Hernández echó a andar el plan Honduras Solidaria, mediante el cual pretenden distribuir unas 800,000 raciones para beneficiar a 3.2 millones de personas en toda Honduras.
La distribución, dirigida por las Fuerzas Armadas, se realizará casa por casa. El saco que entregan contiene 19 productos: 10 libras de arroz, 10 libras de azúcar, 5 libras de frijoles, 5 libras de harina de trigo, 10 libras de harina de maíz, 2 libras de espagueti, 3 sopas y 10 cubitos de fideos instantáneos, 2 bolsas de café, 2 salsas dulce, 3 pastas de tomate, 1 caja de margarina, 5 bolsas de avena, 3 bolsas de sal, 4 libras de manteca, 4 mascarillas, 2 botes de gel antibacterial, 1 barra de jabón para lavar ropa y 2 rollos de papel higiénico. Tiene un costo de 850 lempiras (34.50 dólares).
La entrega comenzó en Tegucigalpa y el Gobierno anunció que irán ampliando día a día a otras ciudades, como San Pedro Sula y La Ceiba en el norte de Honduras; y Choluteca, en el sur, principales afectadas por el coronavirus.
Lea: El Covid-19 hunde a la economía de Honduras ante la ineficiencia del Estado
El presidente Juan Orlando Hernández en cadena nacional de radio y televisión anunció que la distribución se haría sin distingos políticos, de raza o religión. Sin embargo, el mismo día en que comenzó el operativo de entrega, algunas personas se quejaron de que la prioridad eran las personas afines al partido de Gobierno, a quienes se les entrega mediante un listado elaborado por empleados de un programa llamado “Guías de familia”.
La diputada de oposición Doris Gutiérrez, enfatizó que “aprovecharse de una pandemia como la que estamos viviendo para favorecer a sus activistas y a sus seguidores y desconocer que los desempleados, adultos mayores y el sector informal son prioritarios es una acción torpe y discriminatoria. No lo olvidemos”.
La desconfianza abunda en un país donde su presidente ha sido mencionado en múltiples actos de corrupción e incluso narcotráfico, y las últimas acciones de sus funcionarios no abonan en nada para mejorar esa percepción.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es una entidad de la sociedad civil que en los últimos años ha denunciado a funcionarios de la presente y las anteriores administraciones. Su directora, Gabriela Castellanos, señaló que el Congreso Nacional no permitió a esa institución observar “las compras y contrataciones directas en la emergencia sanitaria. Esto nos enseña que la corrupción se hará más viral que el COVID-19”.
Y es que el Congreso Nacional aprobó en las últimas semanas 446 millones de dólares para el manejo de la crisis. Las autoridades declararon la pandemia como una emergencia y por tanto pueden hacer compras directas, sin licitación.
En lugar de permitir al CNA auditar los fondos que se han ido gastando, el gobierno comisionó al estatal Tribunal Superior de Cuentas y al Foro Nacional de Convergencias (Fonac) para que supervise sus actividades. En teoría esta última organización es de la sociedad civil pero recibe fondos del Estado.
Había estado inactivo pero fue “revivido” en diciembre de 2019 por el Gobierno y recibió funciones de lucha anticorrupción ante la inminente salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Al frente del Fonac nombraron a Omar Rivera, quien en los últimos años ha venido colaborando con el Gobierno en un proceso de depuración policial.
Hasta el momento ni el Fonac ni el Gobierno han dado muestras de transparencia en los gastos realizados con los millones de lempiras que se pusieron a disposición, ni tampoco en la calidad de los materiales adquiridos. Por su parte, la Secretaría de Finanzas asegura que hasta el miércoles 25 de marzo se habían gastado 697.2 millones de lempiras (unos 28.3 millones de dólares) en la instalación de hospitales móviles, compra de medicamentos, equipos médicos y de protección.
Sin embargo, la calidad de algunas de las adquisiciones ha sido puesta en entredicho. Por ejemplo la semana anterior el avión presidencial viajó a Nueva York a traer 140 ventiladores mecánicos, 140 respiradores y 90 succionadores. Al ver los equipos, varios expertos, incluyendo la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, señalaron que los ventiladores mecánicos eran apropiados para afecciones leves y no para los cuadros de neumonía grave que produce el COVID-19.
Periodistas del capitalino diario El Heraldo consultaron a la doctora Roxana Araujo -vocera del Gobierno sobre el tema del coronavirus-, acerca de la funcionalidad de los ventiladores, a lo que ella contestó «eso fue lo que se encontró, eso fue lo que se compró». Horas después a la funcionaria, quien en el pasado reciente fue ministra de Salud, le cancelaron el cargo.
Mientras tanto los hondureños siguen esperando que sean más transparentes y efectivas las compras de emergencia bajo la esperanza que el COVID-19 no deje nuevos ricos.
