El consorcio público-privado DNP-PETRONIC

Su marca resuena en las radios del emporio mediático que ha sido creado por la familia presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a sus hijos. “Somos DNP, el combustible que mueve a Nicaragua”, se escucha al final de la viñeta. No mienten, así es. 

El consorcio DNP-PETRONIC es un grupo de empresas que ha tomado buena parte del mercado de hidrocarburos en Nicaragua desde 2009. Son los principales vendedores de combustible del país, cuentan con la segunda red más grande de estaciones de servicio, además, ostentan el segundo lugar en importación de petróleo y sus derivados, solo por debajo de PUMA Energy.

Los informes estadísticos de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de 2015 a 2018 demuestran que en Nicaragua existen 10 empresas que importan petróleo crudo y sus derivados, PUMA importa el 47.9%, seguido por DNP con el 30% y la empresa ALBA de Nicaragua, S.A. (ALBANISA) con el 10%, las dos últimas ligadas al régimen Ortega-Murillo. 

Gráfico 1. Importaciones petroleras totales de 2015 a 2018.
PUMA y DNP dominan la compra internacional de petróleo crudo y sus derivados en Nicaragua.

De las 10 empresas importadoras de hidrocarburos del país, solamente 4 introducen combustibles al país, y DNP se coloca en primer lugar en la compra al exterior de diésel y gasolina. De 2015 a 2018, DNP importó 15.20 millones de barriles, mientras que PUMA, 4 millones, es decir, DNP acaparó el 76% de las importaciones de combustibles del país en ese período.

Gráfico 2. Importaciones de gasolina y diésel por empresa 2015-2018. Cifras en millones de barriles.
En cuanto a los combustibles, DNP controló la importación entre 2015 y 2018.

Según el último reporte publicado por el MEM sobre licencias emitidas para la operación de estaciones de servicio de combustibles, hasta agosto de 2018 había 311 gasolineras en todo el país, de estas, la marca PETRONIC contaba con 69, mientras que 104 fueron asignadas a personas o empresas independientes, denominadas “Banderas Blancas” porque pueden comprar combustibles a cualquier marca. También se dieron 88 licencias a UNO, 40 a PUMA, 5 a TEXACO y 4 a SHELL. Cabe destacar que este reporte fue publicado por el MEM, sin embargo, ha sido eliminado de su sitio web.

Al analizar las cifras de las ventas de combustibles por empresas, es decir, las que llegan al consumidor final, DNP-PETRONIC vende el 39% de la gasolina y diésel de toda Nicaragua, o sea, un total de 10.99 millones de barriles (en su gran mayoría diésel), un promedio de 2.75 millones de barriles al año. La distribución restante del 61% la tiene UNO y PUMA, con el 33% y 28%, respectivamente.

Teniendo en cuenta el volumen de venta reportado anualmente y los precios promedios del galón de combustible, se puede calcular que DNP-PETRONIC pudo haber tenido un acumulado de ingresos en los últimos cuatro años equivalentes a 1,506 millones de dólares. 

En las gasolineras se realiza el 62.8% de las ventas de combustibles de todo el país, divididos entre la petrolera de capital hondureño UNO que vende el 45.9%; PUMA, el 27.5% y DPN-PETRONIC, un 26.5%. El resto de gasolina y diésel se comercia directamente a la industria y al Estado.

DNP-PETRONIC vende solamente el 39.4% de su combustible en sus 69 estaciones de servicio, mientras que el restante 60.6% se negocia con clientes directos, entre ellos, el Estado nicaragüense.


Gráfico 3. Ventas de gasolina y diésel por empresas en miles de barriles 2015-2018.
Datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas precisan que la venta de combustibles la acaparan tres petroleras.

La Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP)

La empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) fue creada en 1999 por el consorcio de origen suizo-británico Glencore. Originalmente, este consorcio estuvo arrendando los bienes de la estatal PETRONIC, desde ese mismo año. Durante el Gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002) la transnacional ganó una concesión para la distribución de combustible por diez años (1999-2009), sin embargo, en 2009 el Gobierno de Ortega decidió no renovar el acuerdo y toda la inversión de Glencore le quedó a DNP, como empresa privada.

Lo cuestionable era que, además de la extraña cancelación de la concesión a Glencore, se esperaba que la privada DNP pasara al Estado con la salida del gran concesionario extranjero. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2009, el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, informó a los medios que las operaciones de la petrolera Glencore en Nicaragua habían sido adquiridas por la estatal empresa PETRONIC, con financiamiento de la Caja Nacional Rural (ALBA-Caruna). 

“Fue un préstamo de Caruna. Lo informó la misma Caruna, el mismo Glencore y entiendo que también PETRONIC”, dijo Rappaccioli. Caruna, una cooperativa de ahorro y crédito, parte del grupo Alba de Nicaragua (ALBANISA), compró por 50 millones de dólares los activos de Glencore en DNP. Pocos años antes que Ortega tomara el poder, Caruna era una pequeña caja de crédito rural fundada en 1993 por 36 productores agropecuarios, pero que llegó a tener más de 50,000 afiliados y en 2015 tenía 44 millones de dólares en préstamos al Estado, según la misma página web de la cooperativa e investigaciones de La Prensa.

Investigaciones de Confidencial y La Prensa publicadas en 2012 y 2015, develan que pese a que el Gobierno de Nicaragua aseguró que con la partida de Glencore los bienes de DNP volverían al Estado, lo cierto es que con base en documentos oficiales del Registro Público de Managua, tres sociedades fueron creadas para comprarla: DNP Internacional, S.A., DNP Internacional de Nicaragua, S.A. y Nica Petrol, S.A. Por otra parte, según información del Registro Mercantil de la ciudad de Granada, los reportajes dieron a conocer que José María Enríquez Moncada contaba con 800 acciones de DNP, mientras que José Mojica Mejía y Aura Cecilia Toruño Porras tienen 100 acciones cada uno. Todos, gente con una trayectoria importante gestionando y manejando negocios del régimen Ortega-Murillo.

El abogado Enríquez es el apoderado general de Celeste, S.A., una empresa registrada en Managua que, según investigaciones de La Prensa, tiene entre sus socios a Sandra Roberta Guevara Álvarez, abogada del FSLN y el ciudadano de origen libio Mohamed Lashtar, asesor del Gobierno, diplomático en Medio Oriente y presunto sobrino del fallecido dictador Muammar Gadafi.

Según documenta la resolución 157-2011 de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Celeste, S.A. adquirió la frecuencia de canal 13, televisora que dirigen Camila, Luciana y Maurice, todos hijos de Ortega. Enríquez, también es presidente de la Fundación Somos TN8, medio de comunicación a cargo de otro hijo del mandatario, Juan Carlos Ortega, como consta en la petición de personería jurídica del 24 de agosto de 2011 en la Secretaría de la Asamblea Nacional. En La Gaceta, Diario Oficial, número 173, del 11 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Bancos dice que realizó los oficios para la creación del Banco Corporativo (Bancorp) que manejó los fondos de ALBANISA, también aparece como notario o socio en 7 de las 15 empresas que usó la red narco de Henry Fariñas y Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, para lavar dinero, revela el expediente del caso en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Managua, consultado por varios medios como Confidencial.

El otro socio de DNP es el ingeniero José Mojica Mejía, mencionado como testaferro de los Ortega en investigaciones periodísticas de El Nuevo Diario y La Prensa realizadas en 2010, se dice que perteneció a la extinta Seguridad del Estado, es socio mayoritario de Telecomunicaciones de Nicaragua S.A (Telnicsa), que adquirió parte de la empresa Yota Nicaragua, de capital mayoritario ruso, el otro socio nicaragüense es precisamente Enríquez Moncada; según la resolución 359-2010 de Telcor es apoderado legal de Televisora Nicaragüense, S.A. (Telenica), constituida por el canal 8 y radio Clásica. 

Cecilia Toruño Porras, en cambio, es una arquitecta de bajo perfil, pero aparece en sociedad con los otros dos personajes, en La Gaceta del 7 de marzo de 2012, junto a Enríquez y Mojica conforma Nica Petrol, S.A., una empresa creada en 2010 para la importación, compra y venta de hidrocarburos, y que pide al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el uso de la marca Petrocaribe, la alianza petrolera creada por el presidente venezolano Hugo Chávez para sus aliados en la región.

DNP funciona como compañía privada. De hecho, no hay mucha información pública sobre esta y en los reportes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) aparece como sociedad anónima, además, desde octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia negó el acceso público al registro de la propiedad. 

La dirección ejecutiva de la DNP estaba a cargo de Yadira Leets Marín, quien hasta 2018 era esposa de Rafael Ortega Murillo.

Inversiones Zanzíbar

Según las licencias emitidas para minoristas por el Ministerio de Energías y Minas (MEM) hasta julio de 2018, Inversiones Zanzíbar tenía 23 de las 69 estaciones de servicios de PETRONIC; incluso, sus oficinas funcionaban en la gasolinera de la petrolera estatal ubicada en la zona residencial de Villa Fontana, al lado del edificio Invercasa, en Managua. De su constitución accionaria no hay evidencia ya que no es posible acceder al registro público desde finales de 2018.

Mayling Patricia Alegría Doña dirige 11 estaciones concesionadas a Zanzíbar. Ella es la tesorera de la directiva de la Fundación Somos TN8.

De la Fundación Somos TN8, según consta en La Gaceta Diario, Oficial, número 89, del 15 de mayo de 2012, cuando se otorgó la personería jurídica, la presidenta es Yadira Julieta Leets, entonces esposa de Rafael Ortega, y el vicepresidente de dicha oenegé es José María Enríquez Moncada, también accionista de DNP.

Hasta 2018, Zanzíbar estaba a cargo de las principales estaciones de servicios estatales en Managua: Larreynaga, La Centroamérica, Las Colinas, La Bolívar y Villa Fontana. Sin embargo, este año, las gasolineras ubicadas en los sectores de Villa Fontana, la colonia Centroamérica y Las Colinas pasaron a nombre de Violeta Magdalena Orozco Morales, prácticamente una persona desconocida, y ahora también aparece Inversiones TM como concesionarios de las estaciones de Larreynaga, Ciudad Sandino, entre otras.

Uno de los gerentes de gasolineras es Sergio Sequeira Solari, quien comenzó a trabajar en Zanzíbar en 2014 y actualmente se desempeña como el gerente financiero, tiene a su cargo siete estaciones de servicios en los municipios de Jalapa, Rivas, Acoyapa, León (2 gasolineras), Santo Tomás y Bluefields.

Otro gerente de Zanzíbar es Cristhian Jarquín Mora, quien tiene tres estaciones de servicio, ubicadas en Villa Sandino, la colonia Centroamérica de Managua y Diriomo.

Una fuente del sector de hidrocarburos, quien solicitó que su identidad fuera omitida por razones de seguridad, explicó que lo que se conoce sobre DNP-PETRONIC e Inversiones Zanzíbar es que la primera creó a la segunda y le otorgó las concesiones de las principales estaciones.

“Ellos (DNP-PETRONIC) crearon Inversiones Zanzíbar, que es una empresa también manejada por la nuera (Leets) y el hijo del dictador (Rafael Ortega), pero eran como un gran concesionario, o sea una sola entidad legal, era la concesionaria de todas las gasolineras principales”, detalló. 

Para Dayra Valle, especialista en contrataciones del Estado, las concesiones de las estaciones de servicios deben ser otorgadas a personas que tengan la capacidad técnica, legal y financiera para operarla, y no a personas con afiliación política. “Es decir que no debe prevalecer el criterio político y ahí, los funcionarios que estén otorgando este tipo de licencias y autorizaciones cometerían faltas, según lo establecido en una de las causales de la Ley 438, que es la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, porque están otorgando concesiones y licencias a personas que no necesariamente tienen estos criterios de capacidad técnica, legal y financiera, sino por afiliación política, solo por el hecho de ser adeptas al Gobierno, entonces caerían en una situación de incompatibilidad de función pública y por eso hago alusión a la Ley 438”, explica Valle.

Sin embargo, en ningún apartado de la Ley de hidrocarburos se señala que las concesiones deben ser licitadas, porque es negocio privado, solo se detalla qué características debe tener la persona a quien se le asigna la concesión.

La misma fuente del sector de hidrocarburos destacó que cuando el Gobierno llegó al negocio de los combustibles, las gasolineras DNP estaban en manos de concesionarios privados, pero al iniciar las operaciones bajo el mandato de Ortega, les pidieron entregar las gasolineras y se las quitaron. 

Las estaciones de los allegados al régimen Ortega-Murillo

Existen diez estaciones de servicios que están dirigidas directamente por DNP y a cargo de personas de mucha confianza de la familia Ortega-Murillo. Yadira Julieta Leets, exesposa de Rafael Ortega, supervisa directamente las estaciones en las ciudades de Juigalpa, Masatepe, Jinotepe, Corinto y Chinandega, según datos de las licencias de distribución mayorista pública en el Ministerio de Energías y Minas (MEM) hasta septiembre de 2018.

Leets ha sido gerente general de DNP, aunque el diario La Prensa ha señalado que ya no ostenta ese cargo.  

Rodolfo Zapata Quiñónez, un antiguo funcionario de PETRONIC y militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es el gerente de otra gasolinera adjudicada a la misma DNP-PETRONIC, revela la lista de licencias del MEM. En 2010, Zapata fue nombrado gerente general de proyectos mayores de ALBANISA, en sustitución del venezolano Rafael Paniagua.

Dos gasolineras en los municipios de Puerto Cabezas y Estelí están dirigidas por José García Casas, de nacionalidad mexicana, quien entre 1999 y 2009 fue el director general (CEO) de Glencore-Nicaragua.

Este grupo de concesionarios de gasolineras PETRONIC es muy selecto, la mayoría guarda algún vínculo político en los diversos círculos de poder de la familia presidencial. Por ejemplo, la empresa Latcom de Nicaragua, S.A., representada por Carlos José Zarruc Pérez, quien también es el director de minas del MEM, tiene a su cargo dos estaciones de servicio (PETRONIC Central y Santa Ana, en Managua), aunque no puede ser proveedor del Estado, porque es un funcionario público.

Javier Gadea Zeledón es un reconocido productor del municipio de San José de Bocay y a finales de 2017 fue electo como alcalde de la zona, representando al FSLN. Lo que muy pocos conocen es que Gadea es gerente de la DNP de su ciudad. Otro caso de funcionarios a cargo de una concesión es el de Blanca Rosa Molina Tórrez, quien ha sido secretaria política y vicealcaldesa sandinista del municipio de San Ramón, Matagalpa; ella tiene a cargo la estación de esta población.

Natividad Concepción Santamaría Picado fue candidato a diputado sandinista por el departamento de Boaco en 2011, según una lista circulada por medios oficialistas del Gobierno, también dirige la estación de la ciudad de Boaco. 

Además, en PETRONIC hay concesiones a cargo de la Cooperativa Parrales Vallejos, la más importante del transporte público de Managua, así como la Unión de Cooperativas Agropecuarias Augusto César Sandino, Cooperativa de Transporte Urbano Unitario, Cooperativa de Carga y Pasajeros San Cristóbal y la Cooperativa de Taxis 2 de Agosto 1988 RL, conocida como Fenicootaxi, entre otras. Todas bajo el mando del Frente Sandinista y los operadores políticos del régimen.


Gráfico 4. ¿Quiénes están detrás de DNP-PETRONIC?


El millonario presupuesto del Estado para comprar combustibles y lubricantes