El Congreso Nacional: punta de lanza de la corrupción y deterioro de la institucionalidad

** El Legislativo nombra a todos los funcionarios de las entidades contraloras. Analistas sostienen que quienes llegan a estos cargos están comprometidos con sus patrocinadores


El abogado Odir Fernández es el coordinador de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una instancia de sociedad civil que lucha contra los delincuentes de cuello blanco. Él tiene una visión particular acerca de los operadores de justicia, en este caso del Ministerio Público: “Desde que tenemos un Congreso Nacional coludido o vinculado con el crimen organizado, con la delincuencia, que ha cometido actos de corrupción y que son ellos los que eligen al fiscal general, desde ese momento se ha debilitado la institucionalidad de los entes persecutores del delito y por eso la justicia en nuestro país es bastante complicada, por los resultados que se presentan”.

El CNA es una entidad que ha ganado notoriedad en los últimos años al investigar, documentar y denunciar casos de corrupción de alto impacto. Desde el 2014 al 2019 remitieron al Ministerio Público 99 expedientes que denotan un daño importante al erario. De esos 99 expedientes, 15 son del área de la salud y en su conjunto suman pérdidas por 720 millones de lempiras (29.2 millones de dólares) para el Estado, es decir, para todos los hondureños, los mismos que sufren por la falta de medicamentos y por servicios de salud deficientes.

Del total de expedientes remitidos al Ministerio Público, solo 16 han sido presentados a los tribunales, algunos de ellos muy notables, como el caso “la caja chica de la dama”, que permitió a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unidad Fiscal Especial para el combate de la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), abrir causa judicial contra la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014),  quien fue condenada a 58 años de reclusión en septiembre de 2019. Este había sido el mayor éxito de la Maccih y Ufecic hasta que el 13 de marzo de 2020 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el juicio y ordenó repetirlo, con nuevos jueces, bajo el argumento que existía “quebrantamiento de forma”.

Según el abogado defensor de la exprimera dama, Juan Carlos Berganza, la petición de casación les dio la razón porque el Ministerio Público utilizó fotocopias como medio de prueba para demostrar la responsabilidad de su defendida. La decisión cayó como un balde de agua fría para la mayoría de hondureños, que mostraron su repudio en redes sociales y la consideraron una burla más del sistema de justicia.

Las investigaciones del CNA también han contribuido a los casos judicializados en contra del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Sobre las causas por las que el Ministerio Público no ha judicializado el resto de expedientes, Fernández explica:

“La información que se nos ha trasladado es que todavía se encuentran en proceso investigativo y planificación y confirmación dentro del mismo Ministerio Público. Es importante recordar que el Código Procesal Penal no establece un período de tiempo a la investigación. Siempre y cuando no exceda el periodo de la prescripción de la acción penal, el Ministerio Público tiene el tiempo para realizar las mismas. Sin embargo, como sociedad civil nosotros creemos que es sumamente importante dirigir acciones tendientes a combatir la corrupción judicializando causas”. VER VIDEO

Las cifras del Ministerio Público en contra de la corrupción nunca han sido buenas, pese a la abundancia de casos. Según datos de esa entidad, de 2012 a 2016 manejaron unos 2,944 expedientes para investigación por diferentes delitos vinculados a funcionarios, pero de acuerdo a lo explicado por un fiscal a Expediente Público, muchos de estos no llegaron a los tribunales.

De esas cifras se desprende que el abuso de autoridad fue el principal delito perseguido en ese periodo, con 1,866 casos investigados; seguido de violación a los deberes de los funcionarios, con 599 casos y solo en tercer lugar la malversación de caudales públicos con 328 casos.

Esta última es una cantidad conservadora si se considera que cada año se pierden cerca de 65,000 millones de lempiras (más de 2,600 millones de dólares) por actos de corrupción relacionados a funcionarios públicos, sector privado y crimen organizado, según el estudio “La estimación del impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras”, elaborado por el CNA y el Foro Social para el Desarrollo y Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), presentado a la sociedad hondureña a mediados de febrero de  2020.

Para el exjuez Guillermo López Lone, es evidente que el Ministerio Público no amplía su “radio de investigaciones” y “acusaciones a personajes vinculados a temas de corrupción y otros delitos de alto impacto. Es como si el Ministerio Público estuviera, digámoslo así, en cierto modo, mediatizado, cooptado, para no llegar a los engranajes que están dentro del mismo Estado, redes que pueden estar dentro, y que están desarrollando acciones que tienen carácter delictivo”.

López Lone enfatiza que la corrupción no forma parte de la política de la lucha contra el crimen del Ministerio Público:

“Vemos muchas acciones contra maras y pandillas, contra crimen organizado, contra narcotráfico, pero vemos que en temas de corrupción, en temas de investigación de altos funcionarios, como que no caben, como que no forman parte de esa política criminal, de esas prioridades que tiene el Ministerio Público ahora y que, por el contrario, debería de tener en momentos cruciales para la sociedad hondureña, donde se reclaman acciones contra estos altos funcionarios o exfuncionarios que han detentado cargos importantes en la administración pública”. VER VIDEO

El titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco, antes Ufecic), Luis Javier Santos, apunta que no es fácil judicializar un caso de corrupción.

“A veces hay cosas que la ciudadanía no las conoce y es todo el trabajo que lleva investigar un caso, toda la dedicación de los equipos para poder investigar. La ciudadanía a veces tiene la percepción de que alguien llega a poner una denuncia y nosotros la tenemos que llevar a los tribunales, así como se expone, solo con los hechos. Cada punto de esos hechos hay que acreditarlos en los tribunales, con pruebas, y esas pruebas tienen que llevar una cadena de custodia, desde el momento en que se recoge, donde se recoge, hasta el momento en que llega ante el juez y así nadie discute que esa prueba ha sido un invento del Ministerio Público o por el denunciante”. VER VIDEO

EL LABERINTO DONDE SE ENTRAMPAN LOS EXPEDIENTES

No es fácil que un expediente por corrupción llegue a los tribunales. El exfiscal Jari Dixon Herrera, quien se desempeñó en el Ministerio Público de 1998 al 2009 (fue despedido tras participar en las protestas contra el golpe de Estado), refiere que siempre han existido dos procesos para presentar acusaciones en los tribunales: uno para los delitos comunes y otro, especial, para los delitos de corrupción.

Explica que por delitos de corrupción el fiscal tiene que mandar el expediente a su jefe inmediato y este al jefe de la Fiscalía de la Corrupción, quien tras revisar que todo está bien lo manda al Fiscal Especial contra la Corrupción. Si este le da el visto bueno lo manda a la Dirección de Fiscalía, quien debe revisarlo y finalmente debe remitirlo al fiscal general para la aprobación final. Ese laberinto que recorren los expedientes relacionados con los delitos de corrupción, “tengo entendido que sigue siendo igual”, señala Herrera, quien en el 2008 lideró la “huelga de los fiscales” para denunciar al entonces titular del Ministerio Público Leónidas Rosa Bautista, por el presunto engavetamiento de casos de corrupción.

Para delitos comunes cometidos por personas sin poder económico ni político, históricamente los fiscales no han tenido restricción alguna, aunque eso ha cambiado en los últimos años, donde se demanda la autorización del coordinador de la Fiscalía de Delitos Comunes o de los fiscales especiales.

El abogado Jari Dixon explica por qué:

“Se detectó que dentro de esos delitos comunes había sendos casos de estafa donde se habían visto involucrados empresarios o algunos políticos. Entonces también se dieron a la tarea de ponerle filtros para que el fiscal no tuviera ninguna potestad o ninguna independencia para presentar esos casos directamente”. VER VIDEO

Un ejemplo de las vueltas que debe dar un expediente por corrupción para ser conocido por un juez lo describe el exfiscal Omar Menjívar, quien ahora es defensor privado. Entre sus clientes está Fernando Suárez, considerado eje principal del caso “Pandora”, mediante el cual se desviaron del erario 280 millones de lempiras (11.3 millones de dólares). Ese dinero era para ayudar a campesinos con proyectos de desarrollo y mujeres jefas de familia, todos ellos ubicados en el corredor seco que cubre 11 de los 18 departamentos del país y sufren en los meses de verano altos períodos de sequía y hambruna. Según las acusaciones presentadas en los tribunales contra más de 30 involucrados, ese dinero fue utilizado para financiar la primera campaña del actual presidente Juan Orlando Hernández y la de candidatos del Partido Liberal, también proyectos de riego a funcionarios, tarjetas de crédito, viajes, pago a fundaciones privadas y oenegés, entre otros.

 

Menjívar sostiene que cuando un periodista denunció insistentemente en 2015 el saqueo, el Ministerio Público se vio obligado a tomar la investigación y la asignó a una fiscal recién egresada de la universidad, sin ninguna experiencia, “pero resulta que esta fiscal trabajó el caso y quizás eso no se lo esperaban”.

Ella investigaba y cuando creía tener todas las pruebas para irse a los tribunales las entregaba a sus superiores para que le dieran el visto bueno, pero ellos engavetaban los expedientes.

“El director de fiscales, que en ese tiempo era Arturo Duarte, guardaba el expediente y meses después se lo devolvía, apenas, según dice la fiscal, con una notita grapada en el expediente donde decía que las investigaciones estaban ‘inconclusas’ y que se debía ahondar más, pero no le indicaba en qué estaban inconclusas, qué información debía buscar, dónde buscarla, qué fuente debía consultar, mucho menos qué pruebas técnicas debía hacer, qué pericia debía evacuar”, dice Menjívar.

En poco más de un año le regresaron el expediente al menos en tres ocasiones, hasta que la fiscal se olvidó de este. Sin embargo, funcionarios de la Maccih se dieron cuenta del saqueo a través del mismo periodista que denunció el caso en el 2015 y fue así que pidieron el expediente y lo judicializaron en el 2018. De no ser así, probablemente seguiría engavetado. Paradójicamente los más de 30 acusados por este caso gozan de libertad condicional, pero el periodista que los denunció está preso.

Al final, la única diferencia en toda la historia del Ministerio Público la marcó la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), que trabajó de la mano de la Maccih, ya que en sus casi tres años de existencia sus agentes rendían cuenta directamente al fiscal general Óscar Chinchilla, quien nunca objetó su trabajo. Por otra parte, el fiscal Luis Santos, espera que la mística de esta institución continúe tras la partida de la Misión, de lo contrario renunciará, según advirtió en declaraciones a la prensa local.

Listen to “El rostro de la corrupción en el Ministerio Público hondureño” on Spreaker.

FUENTE DE CORRUPCIÓN

El Congreso Nacional es el encargado de escoger a las máximas autoridades del Ministerio Público: el fiscal general y el fiscal general adjunto. Es un asunto serio si se considera que en el año 2017 el entonces vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, dijo que estaban bajo investigación más de 100 diputados del actual Poder Legislativo, incluyendo a su presidente Mauricio Oliva. Es una cantidad importante si se considera que en total son 128 propietarios y 128 suplentes.

El abogado Menjívar resalta que siempre la elección de los fiscales en el Congreso se ha regido por una norma no escrita, pero tácitamente aceptada: el partido en el poder pone al fiscal general y el de la oposición al fiscal adjunto.

“Esas negociaciones siempre han existido y poco a poco han ido impactando en la calidad del servicio que da el Ministerio Público, en la calidad de representación que hace para perseguir el delito. Ese elemento siempre ha estado, el de la política, el manoseo”, refiere.

Señala que esos nombramientos partidarios se mantenían en los primeros años solo a nivel de cargos superiores, pero paulatinamente se extendieron a la Dirección de Fiscalías, cuyo director es de un partido y el subdirector, de otro, lo cual incluso se extiende al nombramiento de fiscales. Menjívar señala que, llegó a sus manos el nombramiento de una funcionaria, donde se autorizaba su contratación y se le asignaba un salario. La contratación iba grapada con una notita del fiscal general Ramón Ovidio Navarro, en la cual advertía que faltaba la prueba de conocimientos, un requisito obligatorio para ser empleada.

Sobre cómo inciden los nombramientos por recomendación política en el sistema de justicia, el abogado Jari Dixon Herrera, explica:

“El sistema político hondureño está infectado de personas corruptas. Entonces todas estas personas que están cometiendo actos de corrupción todos los días necesitan tener a alguien en el Ministerio Público, necesitan tener una Corte Suprema de Justicia que los proteja. No van a elegir nunca -mientras los honrados no sean mayoría en el Congreso-, a un fiscal general que en verdad responda a los intereses del pueblo hondureño, nunca van a elegir a una Corte Suprema de Justicia que en verdad administre justicia, de acuerdo a lo que establece la Constitución y las demás leyes. Es una lógica elemental, ¿verdad?, un corrupto jamás va a apoyar a una gente honrada para un puesto en el sistema de administración de justicia”. VER VIDEO

Dixon sostiene que los recomendados deben responder a los políticos que los pusieron en el cargo, porque de lo contrario no continuarían en el puesto. La gente se siente en deuda con el que lo lleva a conseguir un trabajo y eso pasa en todas las instituciones públicas del país. Ellos se sienten comprometidos, reciben peticiones de favores y mucha gente cumple con esos favores, lamentablemente. “Eso no quiere decir que sean todos, de pronto, ha llegado gente buena, pero la mayoría está bajo esas condiciones”.

No solo los cargos del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia son elegidos desde el Congreso Nacional, también otros organismos dedicados a velar por los intereses nacionales y del pueblo, como la Procuraduría General de la República o el Tribunal Superior de Cuentas.

Esta última institución mencionada fue creada, entre otras funciones, para auditar los gastos de las entidades públicas, sin embargo, no siempre las cuentas son claras. Según el documento “¿Por qué nació la Maccih?” publicado por el Foro Social para el Desarrollo y Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), el Congreso Nacional creó el Fondo de Desarrollo Departamental en el 2006, en el marco de la Estrategia de Reducción de Pobreza, alimentado originalmente con el 1% de cada programa de inversión del gobierno. Bajo esa figura se otorgaba subsidios a los parlamentarios para acciones proselitistas de proyección social.

Desde su creación y hasta el 2018 ese fondo fue de entre 350 y 400 millones de lempiras anuales, con un acumulado estimado en 4,800 millones de lempiras (unos 195 millones de dólares). Según el mismo estudio, esos fondos son “manejados a discrecionalidad por las comisiones del Congreso Nacional”, es decir, son entregados a los diputados para ejecutar proyectos en beneficio de sus comunidades, pero el verdadero destino solo ellos lo conocen. Algunos han recibido varios millones de lempiras a lo largo de décadas en el Legislativo.

“El Tribunal Superior de Cuentas y las comisiones de presupuesto nunca hicieron veeduría, no hay ningún informe del Tribunal de Cuentas sobre ese fondo”, indicó Ismael Zepeda, economista del Fosdeh.

En doce años, tampoco el Ministerio Público investigó ni acusó a ningún diputado por el uso de estos recursos y cuando finalmente la Maccih y Ufecic presentaron una acusación contra cinco diputados y anunció una investigación contra decenas de ellos, el Congreso Nacional modificó la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, estableciendo que el Tribunal Superior de Cuentas debe hacer auditorías y solo en el caso de encontrar anomalías pasarían los expedientes al área penal. La institución tiene tres años para indagar, tiempo suficiente para elaborar o destruir pruebas.

Consultado sobre si el Congreso ha sido el peor enemigo del Ministerio Público, al politizarlo y obstaculizar su trabajo, el exfiscal general Edmundo Orellana respondió:

“Mire, no solamente eso. El Congreso ha sido la fuente más fuerte de la corrupción en el país. No ha sido el Ejecutivo, ha sido el Congreso, porque allí es donde se emiten las leyes para generar impunidad en el país y se ha hecho siempre, se ha hecho siempre, y en forma terrible, vergonzosa”.

Los intocables del sistema de justicia penal