*En medio de una acelerada pérdida de capacidad operativa, el sector militar venezolano se aferra al poder con el propósito de eludir las sanciones y la persecución penal por crímenes de lesa humanidad.
EXPEDIENTE PÚBLICO
El 5 de marzo del 2021, Jesús Suárez Chourio se acercó al llamado Cuartel de la Montaña, una instalación ubicada en el municipio Libertador de Caracas mejor conocida como el Museo Histórico Militar, donde ahora hay un mausoleo con los restos del expresidente venezolano, Hugo Chávez.
La tumba tiene una guardia permanente. En cambio, las de los jefes de Estado que antecedieron a Chávez durante la era democrática están dispersas en distintos lugares, sin gozar de estos honores.
Ese día, se cumplían ocho años desde que se informó la muerte del teniente coronel, a quien Suárez Chourio escoltó durante buena parte de su carrera castrense.
“Mi comandante, no te fuiste. Aquí estás. Ocho años de bendiciones por tu protección. Aquí estamos. Seguir (sic) la marcha por tu inspiración. Mi comandante, mi comandante. No te fuiste, aquí estamos. Vemos tu presencia, mi comandante. Entre diez y veinte siglos más, seguirás como hoy, presente aquí”, dijo en tono de letanía, flanqueado por los diputados oficialistas Frank Morales y Gerardo Márquez, electos en los cuestionados comicios del 6 de diciembre.
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Militares en el Parlamento
Suárez también integra el nuevo Parlamento, dominado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero además es general en jefe del Ejército venezolano. En la legislación militar que rigió hasta 2005, este grado estaba reservado solamente para oficiales que hayan acumulado méritos en combate. La nominación, además, debía ser avalada por el Congreso. Como los militares venezolanos nunca se involucraron en guerras, alcanzar este grado era prácticamente imposible. Hasta la llegada de Chávez, y en especial de Nicolás Maduro al gobierno.
Suárez Chourio se hizo subteniente de la Academia Militar en 1986, como parte de la promoción General de Brigada Francisco de Paula Alcántara.
Según el libro de egresados de esa institución, ocupó el puesto trigésimo en el llamado orden de precedencia. En condiciones de normalidad institucional, difícilmente hubiese ascendido al generalato. Pero su proximidad con Chávez y su heredero Nicolás Maduro le permitió llegar a las máximas posiciones de la Fuerza Armada: comandante general del Ejército y jefe de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, es decir, mano derecha del actual presidente en asuntos militares.
Ya en octubre de 2020, la organización Control Ciudadano, dedicada al análisis de temas castrenses, observó con preocupación el lanzamiento de Suárez y otros 15 individuos ligados a la FAN para optar por una curul en el Parlamento de Venezuela.
Esta situación “forma parte de la estrategia del gobierno de acción cívico militar”, advirtió la directora de la ONG Rocío San Miguel.
Los pasos para controlar a la FANB
En 1999, apenas llegó al poder, Hugo Chávez planteó la necesidad de aprobar una nueva Constitución. Ese mismo año lo lograría gracias a un referéndum. El nuevo texto describe a la Fuerza Armada Nacional como una institución “esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación”. Chávez murió de cáncer el 5 de marzo del 2013.
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Pero el propio teniente coronel estaba inconforme con este enunciado. Según el docente y autor de la tesis doctoral «Chávez y la perversión del Ejército (2014)», Vladimir Petit, la verdadera intención del líder de la ‘revolución bolivariana’ era alterar el carácter profesional del Ejército y “convertirlo en un partido”. Pero no podía hacerlo de la noche a la mañana porque se trata de una institución cuyo profesionalismo se venía gestando desde la fundación de la Academia Militar, en 1910. De allí que escogiera una táctica de gradualidad.
En 2005, el Poder Legislativo aprobó una primera reforma a la legislación militar. El texto inicia la tímida introducción de los valores del denominado “bolivarianismo” a lo interno del Ejército. Sin embargo, fue en 2007 cuando Chávez dio a conocer su verdadero propósito, al plantear un proyecto de reforma constitucional.
Ese documento describe a la FANB como “un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista, organizado por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación, preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa militar integral y la guerra popular de resistencia (…) así como la participación en planes para el desarrollo económico”.
Chávez perdería la consulta popular de rigor para implantar esa reforma. Pero los postulados que defendía entonces de todas maneras fueron aplicados mediante sucesivos cambios legales, la mayoría mediante decretos del propio presidente.
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Según el contralmirante retirado Carlos Molina Tamayo, el afán del mandatario por moldear a la Fuerza Armada se aceleró como consecuencia de unos sucesos que propiciaron su salida del poder, aunque solo por 36 horas.
El hito de abril 2002
El 11 de abril de 2002, una manifestación antigubernamental partió a pie desde el sector Chuao, al este de Caracas, hasta las proximidades del palacio de Miraflores. Cuando la multitud se aproximaba al centro de gobierno nacional, Chávez ordenó la activación de un plan militar que implicaba la salida del Ejército a las calles. Pero el general encargado de la coordinación de estas acciones, Manuel Antonio Rosendo, así como los mandos de los cuatro componentes armados se negaron a acatar este mandato.
Esa noche, al verificarse que los grupos armados del oficialismo habían atacado a los manifestantes, el oficial de mayor graduación de la FAN para ese momento, general en jefe Lucas Rincón, solicitó la renuncia de Chávez.
Molina Tamayo participó activamente en esta manifestación, del lado opositor. Este oficial había llegado a ejercer la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación, y desde esa posición pudo apreciar lo que ahora ve como la gestión de la dictadura, “el monstruo por dentro”.
Para Molina, todas las decisiones adoptadas por Chávez, y posteriormente por Maduro, en materia militar han tenido el propósito primordial de evitar un evento parecido al de diecinueve años atrás.
Cuando regresó al poder, el 14 de abril, en transmisión de radio y televisión, Chávez tomó un crucifijo y ofreció una reconciliación con los factores que le adversaban. Pero a lo interno de la Fuerza Armada casi de inmediato se iniciaron procesos administrativos y judiciales contra los oficiales que encabezaron aquella jornada de protesta, con la excepción de Lucas Rincón.
Molina Tamayo tuvo que salir al exilio. Recordó que, mientras estos procesos avanzaban, en los tribunales y el ministerio de la Defensa, la alta oficialidad que había quedado en los cuarteles decidió encabezar una nueva protesta, seis meses después. Más de 300 efectivos acamparon en la plaza Altamira, al este de Caracas. Cuando llevaban tres meses allí, obtuvieron el apoyo de los empleados de Petróleos de Venezuela, la principal industria nacional, quienes iniciaron un prolongado paro que mermó considerablemente la producción de crudo nacional.
Según Molina, este episodio fue utilizado por Chávez para profundizar la purga dentro de la Fuerza Armada.
El contrapeso civil
Para comprender los cambios planteados desde el régimen al sector castrense hay que asomarse a las distintas reformas a la ley que lo rige. Hasta ahora, han sido siete cambios.
En enero de 2020 fue el último. La Asamblea Nacional Constituyente dominada por el oficialismo aprobó una Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El texto confiere a la Milicia Nacional Bolivariana el carácter de quinto componente de la entidad castrense.
El tema de la Milicia fue abordado por primera vez durante la fallida reforma constitucional planteada por Chávez. Un año después, en 2008, mediante un decreto presidencial, cambió nuevamente la ley militar y dio los primeros pasos para su creación.
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La norma vigente desde hace más de un año confirió a la Milicia una docena de atribuciones, entre las que figuran la cooperación en labores de contrainteligencia, es decir, para detectar conspiraciones contra el régimen, y trabajo en materia de mantenimiento del orden público.
El coronel retirado del Ejército Antonio Guevara sostuvo que la Milicia, así como los colectivos civiles, forman parte de un mismo proyecto, cuyo propósito es generar un “contrapeso armado” a la institución militar, y así despejar cualquier escenario de alzamiento en los cuarteles, o incluso de desconocimiento de la autoridad presidencial, como sucedió en 2002.
El número de milicianos venezolanos es un secreto. Para Guevara, lo importante no es esta cifra, sino que a través de ese componente podrían acceder a las armas de la FANB los elementos de la guerrilla colombiana y del llamado “poder popular”.
Desde que entró en vigencia esta norma, los milicianos han participado junto a los demás componentes militares en dos ejercicios que plantean escenarios de reacción ante amenazas de origen externo, que contarían con el respaldo de opositores nacionales.
Los milicianos serían factores fundamentales dentro de lo que se ha denominado “guerra popular prolongada”, contra esas tropas de ocupación, y también contra quienes adversan a Maduro en territorio nacional.
En lo que respecta al trabajo cotidiano, los milicianos han sido utilizados en la vigilancia de las colas de vehículos que intentan surtirse de combustible, seguridad para las estaciones del Metro y la conducción de autobuses de transporte público. También han sido emplazados en los anillos de seguridad alrededor del Palacio de Miraflores.
En agosto de 2019, el mandatario venezolano hizo una invitación pública a los líderes de las disidencias de las FARC, alias Iván Márquez y Jesús Santrich, para que permanecieran en suelo venezolano. En mayo de 2020, el comisario general Iván Simonovis reveló un video en el que se muestra a Santrich, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucías Hernández, mientras abandona un edificio de la parroquia 23 de Enero, en Caracas.
Según el propio Simonovis (designado Comisionado de Seguridad por Juan Guaidó), las imágenes fueron grabadas a finales de 2019, pero no fueron dadas a conocer de inmediato por razones de seguridad.
En febrero de este año, la revista Semana de Colombia informó que 1,400 irregulares de las FARC hacen vida en Venezuela.
Relación de negocios
Tanto la Constitución del 99 como su fallida reforma de 2007 enfatizaban en que los militares venezolanos participaran en actividades económicas, que coadyuvaran en el desarrollo nacional. Con la Ley constitucional vigente desde el 2020, el Presidente puede decretar zonas económicas exclusivas para los militares, y otorgarles líneas de crédito a través de un banco de la Fuerza Armada.
Esto refleja un interés del régimen de Maduro por involucrar a los uniformados en empresas que van más allá de lo netamente castrense, y asegurar que le serán leales.
“La presencia de la Fuerza Armada en todas las actividades económicas es fundamental. El manejo de empresas expropiadas y fracasadas es hecho por funcionarios militares. Los principales cargos de ministerios que tienen relación con la empresa privada son manejados por militares. En cualquier actividad debes relacionarte con los jefes de las zodis (zonas de defensa integral), ya sea para la obtención en pandemia de salvoconductos o de diésel. Hay una relación obligatoria con las instancias militares, que controlan lo que sucede en el país”, afirmó Carlos Larrazábal, quien hasta 2019 presidió el órgano cúpula del empresariado venezolano, Fedecámaras.
Recordó que, hasta los primeros años de gestión de Chávez, los militares se limitaban a la gestión de empresas como Cavim, que fabricaba munición y ensamblaba los fusiles y pistolas de uso reglamentario.
Posteriormente, se involucraron en la administración de empresas y bienes expropiados del sector privado. Durante la administración de Maduro obtuvieron mayor poder, al punto que tienen bajo su responsabilidad garantizar el abastecimiento de alimentos y la administración del sector minero.
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En 2017, el ministro de la Defensa y el jefe del Comando Estratégico Operacional distribuyeron en las unidades militares un documento denominado Guía de Planeamiento, en el que se exhorta a los militares para que se involucren en la gestión del “aparato productivo militar”, por una parte, y por la otra en la creación de nuevas empresas.
“En cada dependencia, en cada unidad de la FANB tiene que existir un proyecto productivo de cualquier naturaleza”, señala el documento. Esta participación en actividades económicas sería incorporada como punto para las evaluaciones anuales y los ascensos.
En la actualidad, la estatal eléctrica es presidida por Néstor Reverol, único general en jefe de la Guardia Nacional. Pedro Tellechea, un general del Ejército, preside la industria petroquímica Pequiven. El CEO del Banco de la Fuerza Armada es otro general del mismo componente (José Ramírez Soyano), quien además encabeza la junta directiva de Seguros Horizonte. Este oficial, además, ha nombrado a militares para la gestión de las sucursales de la aseguradora en el interior del país.
Según el coronel Guevara, en la actualidad el 80% de los militares ocupa cargos administrativos o burocráticos, tanto en la Fuerza Armada Nacional como en el resto de la administración pública. Transparencia Venezuela lo denomina “Estado-cuartel”.
En este proceso, son cada vez más frecuentes las denuncias sobre el involucramiento de los militares en irregularidades administrativas.
Corrupción
Durante la fase incipiente del chavismo en el poder, los propios tribunales venezolanos procesaron al excomandante del Ejército, general de división Víctor Cruz Weffer, al constatarse que parte del dinero destinado a la recuperación del deslave en el estado Vargas a través del Fondo de Desarrollo Social (113 millones de dólares) había ido a parar a cuentas de una empresa de maletín en el paraíso fiscal de las Islas Seychelles. Cruz Weffer fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía en 2018.
Otro general involucrado en ilícitos fue Delfín Gómez Parra. En 2011 fue sentenciado a siete años de prisión por irregularidades en la administración de cuatro millardos de bolívares (1,5 millones de dólares) de un regimiento del Ejército. Para el momento en que lo condenaron, apenas le restaban dos años debido a lo prolongado del proceso en tribunales.
Pero los casos más relevantes de corrupción ligados a militares no fueron investigados por las autoridades venezolanas. En Estados Unidos, un juzgado ordenó la detención del teniente retirado del Ejército Alejandro Andrade, quien fue Tesorero de la Nación desde 2007 y por tres años. Este exfuncionario admitió haber recibido sobornos por un millardo de dólares para favorecer operaciones cambiarias a través de un conglomerado de empresas del magnate oficialista Raúl Gorrín.
Otros casos, como el del mayor general del Ejército Carlos Osorio, exministro de alimentación y actual gobernador de Aragua, forman parte de una larga lista de pendientes del Poder Judicial de Venezuela.
La Asamblea Nacional -dominada hasta 2020 por la oposición- emitió un voto de censura en 2016 contra este oficial, y tres años después ratificó los señalamientos según los cuales él favoreció a familiares y empresas allegadas para las importaciones de alimentos que eran distribuidos en el país a precios subsidiados. A pesar de esto, nada ocurrió.
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En el mismo saco
La percepción sobre la plena incorporación de los militares en la gestión de gobierno ha ocasionado una merma en la popularidad que alguna vez tuvieron las fuerzas armadas.
Según el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, durante las dos últimas décadas del siglo XX, la institución castrense figuró entre las mejores vistas por la población general. Compartían ese podio con la Iglesia católica y las universidades.
Con la llegada de Chávez al poder, el prestigio de los militares empezó a decaer. No obstante, hubo algunos momentos en que repuntó, como en abril de 2002.
Seijas indicó que en la actualidad la gente no percibe una gran diferencia entre los militares y el partido de gobierno. “Para las personas, la Fuerza Armada pasó a ser un anexo del Partido Socialista Unido de Venezuela”, afirmó.
La opinión mayoritaria es que no hay grandes matices entre los altos mandos y las tropas. Según Seijas, esto guarda relación con dos actividades que son objeto permanente de denuncias: la represión a los manifestantes por parte de la Guardia Nacional y la extorsión, conocida en el país como “matraca”. En ambas participan elementos de baja graduación. Puso como ejemplo un caso reciente en el que un teniente de la Guardia Nacional fue detenido tras la divulgación de un video en el que aparece ordenando sustraer combustible a un sargento, quien se negaba a cumplir el mandato. Sin embargo, las autoridades militares también ordenaron apresar al efectivo de tropa, por haber hecho la grabación.
Una de las consecuencias más evidentes es la pérdida de credibilidad en los militares y la institución para la que laboran. Según la última edición de Latinobarómetro (2018) los venezolanos tenían el menor porcentaje de confianza en sus fuerzas armadas de toda la región (19%), y la cifra más elevada en cuanto a percepción sobre aumento de la corrupción (87%) en el mismo grupo de países.
Un hallazgo similar fue hecho por Transparencia Internacional en enero de este año, al ubicar a Venezuela entre los cinco países peor evaluados del mundo en materia de corrupción.
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Por estas razones, Seijas cree que el general en jefe Suárez Chourio difícilmente hubiese sido electo en unos comicios medianamente competitivos.
De acuerdo con el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) Benigno Alarcón, en un contexto de “autocratización” del gobierno, como sucede en Venezuela, la institución militar “termina confundiéndose” con el resto del régimen.
“Es común en regímenes de naturaleza autoritaria que se de una fusión entre el Gobierno, la Fuerza Armada y el resto de los aparatos represivos, incluidos los tribunales y las fuerzas policiales”, advirtió.
La última encuesta Datanálisis, divulgada a finales de febrero, revela que la gestión del mandatario es desaprobada por el 82,6% de la población. Esto incluye a más del 31% de las personas que se definen a sí mismas como oficialistas. En un contexto como éste, indicó Alarcón, es previsible que los militares adquieran aún mayor relevancia.
Explicó que en los procesos de captura de estos aparatos aplica una lógica clientelar, ligada a la asignación de puestos en la administración pública.
“Empiezan a darle cargos de naturaleza política a oficiales de la Fuerza Armada, sobre todo los que tienen cierto nivel de liderazgo reconocido, que movilizan o pueden influir sobre el aparato militar y policial. Y al acercarse a cargos políticos, entran en una dinámica en que el poder es parte del incentivo, y otra parte es de naturaleza económica (…) Puede haber prácticas legales y otras que no lo son”, dijo.
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En la medida en que los militares se involucran en negocios ilícitos, señaló Alarcón, “ese sector va generando fuentes de enriquecimiento, por su cercanía al poder, y el costo de dejar que el Gobierno cambie se vuelve muy elevado”.
La transformación de los militares en empresarios ha ocasionado lo que Petit describió como la “desprofesionalización” de la Fuerza Armada.
“El apresto militar está en su condición de mayor decaimiento en la historia. Los que quedan son pocos elementos disuasivos operativos, y eso hace que el militar hoy en día sea casi un empresario narco, y si no lo son de eso por prurito lo son de las aduanas, los vehículos, etc”, afirmó.
Algunos eventos recientes parecieran confirmar lo señalado por este docente. En marzo de 2020, una patrullera de la Armada fue hundida en costas venezolanas luego de chocar contra un crucero al que intentaba detener. Según la investigación de autoridades portuguesas, el buque Naiguatá zozobró cuando se colocó en curso de colisión con la proa de la nave civil, que siguió navegando a Curazao con poco daño.
En octubre de 2019, un general y un capitán murieron al estrellarse un caza Sukhoi Su30 mientras hacían una maniobra a muy baja altura en la base aérea del estado Guárico, en el centro del país.
En lo que sí se reconoce cierta eficacia es en el aparato de represión interna. Esto ha sido certificado en los informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Sin embargo, de acuerdo con Alarcón, en este momento el régimen de Maduro apostará más a un uso simbólico que real de este poder.
“El simbolismo del hombre de uniforme que aparezca a mi lado mandará un mensaje sobre la estabilidad (…) Lo que interesa es tener una Fuerza Armada que no vaya en mi contra”, señaló.
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