Denis Palacios “el Charro” era un campesino originario del municipio de San Rafael del Norte, en el departamento de Jinotega, a 167 kilómetros al norte de la capital Managua, quien en la década de los 80 aprendió de armas en el movimiento de la contra y decidió aferrarse a los fusiles, aún después de terminada la guerra, para exigir el cumplimiento de acuerdos de desmovilización sostenidos con el gobierno de Violeta Barrios.
Había sido entrenado en Estados Unidos para especializarse en explosivos e irónicamente fue víctima de una bomba que el Ejército, bajo artimañas, colocó en un radio comunicador de su tropa.
El Charro era conocido por los medios locales e internacionales como un bandolero, mientras que en el sector donde el operaba era visto como un líder armado que protegía a la comunidad.
Desaprender la guerra
En 1996, un año electoral al final del gobierno de Violeta Barrios, se arrastraba el cumplimiento de los acuerdos de paz que se habían inscrito para satisfacer las demandas de quienes habían participado en la guerra civil nicaragüense en la década de los ochenta: los retirados del Ejército Popular Sandinista y los desmovilizados del ejército irregular conocido como Resistencia Nicaragüense o la contra.
En ese escenario, en las áreas boscosas del municipio de Waslala, en la Región Autónoma del Atlántico Norte, a 238 kilómetros al noreste de la capital Managua, actuaba un hombre de complexión recia y barba cerrada, llamado Denis Ciriaco Palacios Cruz, quien por portar un sombrerito de algún soldado del Ejército sandinista adquirido en algún combate, sus compañeros de la contra lo habían bautizado como el Charro.
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Era un campesino nacido en la comunidad rural San Marcos del municipio de San Rafael del Norte, departamento de Jinotega, a unos 170 kilómetros de Managua, una pequeña comarca donde aún hay muchos parientes del Charro con el apellido Palacios.
Por no estar de acuerdo con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se unió en los años 80 a las filas de Frente Democrático Nicaragüense (FDN), uno de los grupos que posteriormente conformaron la Resistencia Nicaragüense.
Su sobrino Francisco Rizo Palacios, quien también fue contra, cuenta que Denis Ciriaco Palacios tenía escasa instrucción académica, por lo que su mayor desempeño era en el campo, cultivando la tierra, pero al enfilarse con el ejército contrarrevolucionario desarrolló habilidades para la guerra, lo llevaron a Estados Unidos para entrenarlo en manejo de explosivos, lo que le permitió ascender a comandante de tropa.
Un informante, también aseguró que el Charro hacía el trabajo “sucio» dentro de las filas de la contra en los 80, o sea, era el encargado de matar a aquellos guerrilleros de la tropa que tenían un comportamiento delictivo, que violaban, robaban o asesinaban a personas fuera de un enfrentamiento armado entre contras y sandinistas.
El campo de operación del Charro fue en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, en la región norte de Nicaragua. En 1988, dos años antes de los acuerdos de desmovilización, había logrado ascender de soldado a comandante. Adquirió tanto poder que controlaba el municipio de Waslala y sus alrededores, en la Región Autónoma del Atlántico Norte; cuando entregó sus armas en 1990 se estableció a vivir ahí, a 241 kilómetros de la capital Managua y a 123 de su natal San Rafael del Norte.
Después de la guerra, el Charro fue integrado en las Brigadas Especiales de Desarme (BED) en 1992, con el grado de teniente coronel. Sus compañeros contras, entre ellos Juan Rizo, el comandante Rojito, cuentan a Expediente Público que Denis Palacios llegó a ser muy feroz como funcionario pues para que se desmovilizaran perseguía con demasiada violencia a los excombatientes.
Las BED eran una institución militar oficializada en noviembre de 1991 e impulsada por el gobierno de Barrios y conformada por diferentes fuerzas, entre ellas exmiembros del Ejército y la contra, cuyo objetivo era captar y destruir las armas que aún quedaban en manos de los excombatientes y detener los posibles conflictos entre grupos que habían retomado las armas. Esta organización fue desmovilizada en 1995.
Aunque era el segundo jefe de estas brigadas, Palacios desertó y volvió a rearmarse para formar su propia banda con el fin de demandar el cumplimiento de los acuerdos de desmovilización al gobierno de Violeta Barrios, la que llamó con el tiempo Frente Democrático de Salvación Nacional.
En la Nicaragua de postguerra los resabios del conflicto armado eran sentidos por los campesinos. Además, las personas desmovilizadas no contaban con garantías para insertarse a la vida civil, por ello muchos líderes excombatientes, optaron por seguir en el mejor oficio que les había ocupado parte de su niñez y adolescencia.
Algunos importantes líderes excontras que se rearmaron fueron José Gabriel Garmendia, alias Yahob y Santos Guadalupe Joyas Borge, alias Pablo Negro. El primero de ellos se rearmó junto al Charro en 1992 y luego entre 2008 y 2011, año que lo mataron. El segundo se mantuvo rearmado hasta ser asesinado en Honduras en 2012.
Rearmados, entre los intereses políticos y los propios
Francisco Rizo conoció en Waslala a su tío el Charro durante los procesos de desarme, se reunió varias veces con él en los noventa cuando el Gobierno les daba una provisión de alimentos y desde esa época Denis Ciriaco ya mostraba su interés por retomar las armas.
“Francisco, yo me voy a volver a ir a la montaña”, le decía el Charro a su sobrino, en referencia a retornar a las zonas rurales y selváticas donde combatió en los ochenta, pues sentía que había muchas amenazas a su persona de parte de los exmiembros del ejército sandinista por haber sido parte de la contrarrevolución.
Después del desarme, había demasiada desconfianza y enemistad entre los antiguos miembros del Ejército y la contra, sobre todo cuando tenían que convivir en un mismo territorio e reintegrarse a la vida civil.
En 1992, el Charro decidió rearmarse cuando aún estaba en las BED. “Yo no quiero morir así (asesinado)”, le dijo a su sobrino. Su tozudez le hacía preferir “morir con las botas puestas”.
Según la Publicación de Expediente Púbico, Nicaragua: la guerra del Ejército en tiempos de paz, una de las motivaciones más grandes que empujó al Charro y otros excontras y excompas a retomar las armas era la insatisfacción con la gestión gubernamental de la presidenta Violeta Barrios que había prometido mejores condiciones para reintegrarlos a la vida civil, por ejemplo, a través del establecimiento de polos de desarrollo y seguridad, la asignación de tierras, construcción de casas, créditos y programas de educación. Esta reinserción se vio también empañada por actos de corrupción tanto de parte del Ejército como líderes de la Resistencia Nicaragüense, sobre todo en la asignación de bienes a los excombatientes.
En esta misma publicación Expediente Público explica: “La entrega de bienes y beneficios para la reinserción civil de los excombatientes se dio a medias. En el caso de los excontras, el Gobierno les entregó unas 371 mil manzanas de tierras productivas, favoreciendo solo al 41% de los 25 mil desmovilizados de esta agrupación. En el caso del ejército sandinista, también hay múltiples quejas del abandono del que fueron víctimas los retirados”.
El Charro formaba parte de los 22 mil 413 desmovilizados de la resistencia y de los 71 mil del Ejército Popular Sandinista que exigían les cumplieran las promesas gubernamentales.
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A la rebeldía y descontento del Charro se le sumaba la consternación por el asesinato del líder histórico de la contra, llamado comandante 3-80, Enrique Bermúdez Varela, el 16 de febrero de 1991.
Bermúdez Varela recibió 2 balazos en el cráneo, frente al Hotel Intercontinental, ubicado contiguo a las instalaciones del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, antes Ejército Popular Sandinista. Nunca se encontraron a los actores del crimen del excoronel de la Guardia Nacional en la época de la dictadura somocista, pero su familia y miembros de la contra adjudican este asesinato a los militares, en ese momento al mando de Humberto Ortega Saavedra.
Antonio Lacayo, entonces ministro de la Presidencia, temía que con el asesinato del comandante 3-80 se reorganizarán bandas armadas con exguerrilleros de la contra, lo que constituía una amenaza para la política de paz y reconciliación nacional que impulsaba el gobierno de Violeta Barrios.
Por otra parte, los grupos armados que se constituyeron entre 1991 y 1996, sobre todo el llamado Frente Norte 3-80, eran animados por políticos como el expresidente de Nicaragua 1997-2002 Arnoldo Alemán, en ese momento alcalde de Managua y Virgilio Godoy, vicepresidente de Nicaragua, señala la académica mexicana Verónica Rueda Estrada, especialista en Historia Contemporánea de Nicaragua.
Se llegó a decir que anticastristas cubanos y viejos somocistas pretendían impulsar este movimiento recontra a fin de lograr la destitución del jefe del Ejército, el sandinista Humberto Ortega y de Antonio Lacayo, ministro de la Presidencia, ya que Ortega representaba la presencia e influencia del FSLN en el nuevo gobierno de Violeta Barrios, en cambio Lacayo tenía diferencias personales con el vicepresidente Godoy, quien no estaba de acuerdo con todas las atribuciones que tenían el ministro de la Presidencia en menoscabo de las funciones de la Vicepresidencia, reitera Rueda Estrada.
El Charro, junto a otros líderes excontras como Rodolfo García Castro, alias Northiel, y otro solo conocido como Guapote, pudo haber dirigido unas 200 personas en su agrupación, la que en un momento se llamó solamente 3-80 y después Frente Democrático de Salvación Nacional (FDSN).
Paralelo al movimiento armado del Charro iban creciendo otros grupos en el norte del país como el liderado por José Ángel Talavera, alias el Chacal, en el departamento de Nueva Segovia, a 168 kilómetros de la capital Managua. El llamado Frente Norte 3-80 de Talavera intentó unificar todas las fuerzas rebeldes de rearmados en el norte de Nicaragua, llegando a tener 16 comandantes que formaban el Estado Mayor de la recontra en la década de los 90, afirma Rueda.
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¿Era cuatrero?
“Yo miré una vez al grupo (del Charro) y lo raro es que andaba bien equipado, la duda era, ¿de dónde sacaba esa ayuda? Allá en mi pueblo decían que a las alcaldías liberales les ayudaban en ropa, zapatos. Había un núcleo fuerte que les ayudaba”, explicó a Expediente Público, Francisco Rizo.
Por ello, se duda que los hombres del Charro eran solo delincuentes comunes, porque según dijo en 1996, monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí al diario conservador La Prensa: “Denis Ciriaco era muy querido por los campesinos de Waslala”.
Nelly López, quien vivió en la comunidad Los Chiles del municipio de Waslala, cuenta que la banda del Charro funcionaba como una especie de fuerza de seguridad que impedía que otras bandas dedicadas al secuestro, asalto o abigeato hicieran daño al territorio de control y base social de los contras.
Una de las demandas que sostenía el Charro hacia el gobierno de Violeta Barrios era mejorar de la seguridad de la zona, porque había grupos de delincuentes que robaban y asaltaban a campesinos.
Entre los muchos intentos de las autoridades militares para dialogar con el Charro, uno de las condiciones para su desarme era que se realizara una recomposición y despartidización del Ejército y la Policía (que estaban dirigidas y compuesta en su mayoría de exmiembros del Frente Sandinista), el cumplimiento de los acuerdos de desmovilización y la devolución a sus antiguos dueños de las propiedades confiscadas.
En los 80, el gobierno sandinista confiscó propiedades privadas y tierras que luego distribuyó a través de la Reforma Agraria, favoreciendo a cooperativas, pero también a altos dirigentes sandinistas. En los 90 cuando el FSLN perdió las elecciones, los antiguos dueños de las propiedades expropiadas reclamaron sus bienes, lo que pudo constituir un conflicto de nunca acabar de no ser porque el Estado indemnizó a los confiscados, muchos de ellos, de nacionalidad estadounidense, aunque dejando en muchos casos las propiedades a sus ocupantes sandinistas.
Los crímenes señalados al Charro
Según la académica Verónica Rueda, en octubre de 1995, el Ejército y el Ejecutivo iniciaron una campaña mediática contra el Charro, acusándolo de narcotraficante, pero estas aseveraciones nunca fueron probadas.
Declaraciones de este tipo fueron emitidas por los coroneles Rodrigo González y César Delgadillo en un programa de televisión nicaragüense. En estas intervenciones el Ejército afirmaba su necesidad de erradicar a estas bandas armadas y sus cabecillas, las que de no desarmarse serían combatidas.
El Nuevo Diario, entonces un periódico de circulación nacional de tendencia sandinista, reportó varios hechos delictivos que se le adjudicaban a la banda armada de Palacios, por ejemplo, el 18 de diciembre de 1992 cuando Waslala fue sitiada por el Charro, Northiel y 200 hombres.
Según este rotativo, en Matiguás, municipio a 265 kilómetros al noreste de Managua, aparecieron campesinos degollados por las fuerzas de Northiel y las del Charro que tenían en esa zona una campaña de terror.
El 9 de marzo de 1993, el Charro y veinte de sus hombres son acusados de asesinar a dos miembros de las BED y a un oficial del Ejército, también en la zona de Matiguás, cuando estos andaban en ese territorio, buscando a otro grupo que tenía interés de desarmarse.
En junio de 1993, como una medida de presión, para lograr una amnistía, el grupo del Charro paralizó la ruta que une al municipio de Matagalpa con cerro Colorado, también en Matiguás.
Una de las últimas acciones reportadas por este mismo diario fue en 1995 cuando el Charro amenazó a los pobladores de las comunidades de Waslala e impidió que entraran unas máquinas para la construcción de una carretera, porque según el rearmado, entraría el Ejército con más facilidad para combatir a su grupo, lo que significaba que los pobladores estarían nuevamente en un territorio de enfrentamientos militares.
Según el diario La Nación de Costa Rica, en una publicación del 16 de marzo de 1996, a la banda del Charro se le adjudicaban más 400 crímenes en los departamentos de Matagalpa y Jinotega.
El excontra, German Zeledón “el Enano” considera que el Charro de alguna manera se había corrompido al comenzar su trabajo en las BED, porque el Ejército le ofrecía dádivas a fin de perseguir y denunciar a sus excompañeros, aunque no dejó de referirse a él con cariño.
Para Nelly López, quien vivió en Los Chiles hasta 1998, la muerte de este excontra rearmado implicó mayor inseguridad en la zona porque sin el control que brindaba el grupo del Charro aumentaron más bandas de secuestradores y ladrones.
El operativo de inteligencia militar
Un helicóptero militar sobrevolaba los cielos de la comunidad El Zapote Dudú en el municipio de Waslala, el domingo 2 de junio de 1996, en esos días las personas de la zona andaban ajetreadas por las elecciones nacionales que se realizarían el 20 de octubre.
Aunque Nelly López estaba en su comunidad Los Chiles, que queda a dos kilómetros de Zapote Dudú, pudo escuchar la explosión y luego un tiroteo que hizo temblar a los campesinos del lugar.
El estallido lo provocaron explosivos C4 en la batería del radiocomunicador que estaba usando el Charro, que fueron activados de forma remota por una tropa del Ejército que estaba a 5 minutos del cuartel del recontra.
Francisco Rizo explica que el radio comunicador lo habría llevado alguna persona de confianza del Charro, posiblemente un excontra.
El diario nicaragüense La Prensa, en una publicación del 8 de agosto de 2001, señaló como cómplices del operativo militar a dos finqueros, amigos de Palacios, que también eran agentes del Ejército.
Según esta investigación, los finqueros se hicieron pasar como enlace para el Charro con supuestos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Managua que pretendían comunicarse para hablar sobre una posible ayuda que le permitiera a la tropa continuar operando en la zona.
Al Charro le interesaba hacer contacto con el embajador John Maisto, ya que en los 80 el Gobierno de Estados Unidos había financiado y apoyado a la contra, dice su sobrino, Francisco Rizo.
El plan del Ejército consistía en infiltrar a sus miembros con amigos del Charro para se le acercaron con documentos falsos de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, diciéndole que Maisto quería comunicarse directamente con él.
El Charro accedió a comunicarse y en ese acercamiento fue que le facilitaron un radio comunicador que prometía ser de mejor tecnología al que ya tenía.
“Ellos andaban radio, pero le empezaron a meter (la idea) que les iban a conseguir radios mejores, la mejor tecnología, era un regalo que le iba a dar la embajada americana. Por medio de esos radios se iban a contactar para las negociaciones”, comentó Francisco Rizo.
“Tuvo que ser alguien de su confianza, correo de confianza, quien le dijo que podía conseguir una batería, le llevó una batería y cuando se la entregó, dijo que el Ejército estaba cerca y mejor se iba. Era (parecía) una batería común y corriente”, explicó el sobrino del Charro.
En ese momento, el Charro se hacía acompañar por su Estado Mayor compuesto por Santos Joyas, alias Pablo Negro; Luis García, alias el Corcel; uno recordado solo como el Cadejo; y Delio Blandón, alias el Zapoyol. Murieron en la explosión el Charro y Zapoyol. Según la nota de La Prensa del 4 de junio de 1996, también resultaron heridas cuatro personas, entre ellas, el Corcel.
Años después, el Corcel le confirmó a Francisco Rizo que las personas que hablaron al radiocomunicador del Charro se hacían pasar por gente de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua y le exigían al excontra que solo estuviera con su Estado Mayor, gente de confianza.
“Le preguntaban cómo se oía (la comunicación), con quien estaba hablando, quienes eran los otros comandantes que estaban allí,” explicó Rizo a Expediente Público.
El Ejército temía que la muerte de civiles los perjudicara, revela la publicación de La Prensa antes mencionada.
El cadáver del Charro fue semienterrado, a 5 kilómetros al este de donde se produjo la explosión por los sobrevivientes del ataque y localizado por miembros del Ejército con ayuda de perros entrenados, dos días después del atentado, a las 11:30 a.m., según un informe de La Prensa del 5 de junio de 1996.
El cuerpo encontrado tenía evidencia de las quemaduras del explosivo. Sin embargo, el Ejército mintió a los medios locales e internacionales e informó que la operación se había hecho en el marco de un enfrentamiento y que no era una explosión de un radiocomunicador, sino, un “golpe de mano”, es decir, en un fuerte combate, donde siete de los mejores comandos de Operaciones Especiales de Agrupación Táctica de Combate Benjamín Zeledón y efectivos del Sexto Comando Militar, dirigido por el teniente coronel Julio César Avilés, actual jefe del Ejército, atacaron por sorpresa al grupo del Charro, con artillería liviana como lanzacohetes RPG-7 y granadas.
En una publicación del diario La Prensa, del 5 de junio de 1996, el coronel José García, en ese momento vocero del Ejército de Nicaragua, declaró que con la muerte del Charro “se completaba el aniquilamiento del círculo de jefes de bandas delincuenciales como Rodolfo García Castro alias Northiel y Mario Herrera, alias Pajarillo, los que ya habían sido asesinados en 1995 en otros operativos militares.
Elías Largaespada, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, dijo a la Prensa el 6 de junio de 1996: “Con la muerte del Charro, los rearmados están desmoralizados con el golpe que se les dio en la sexta región (zona militar que abarca los departamentos norteños de Matagalpa y Jinotega) y nosotros creemos que ellos van a deponer sus armas, de lo contrario vamos a combatirlos”.
El cadáver del Charro fue sepultado en la comunidad de San Marcos, municipio de San Rafael del Norte, el 28 de junio de 1996, después de más 26 días en el que el cuerpo estuvo retenido por el Ejército, a la espera de una segunda exhumación.
Los recontras hicieron presión a fin de que entregaran el cuerpo a los familiares de Palacios, llegando inclusive a secuestrar a funcionarios electorales, el 25 de junio.
¿Estaba negociando su desarme?
La Iglesia católica, a través monseñor Leopoldo Brenes, actual cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, rechazó en su momento la versión de la muerte en combate del Charro, porque estaba en proceso de negociación para entregar las armas.
Si bien de 1991 a 1996 hubo intentos de desarmarlo, el Charro se negaba a hacerlo porque tenía control y poder en todo Waslala, pero “estaba negociando e iban a llegar a un acuerdo”, confirma Francisco Rizo a Expediente Público.
El 15 o 16 de marzo de 1996 había iniciado un proceso de acercamiento y negociación con mediación del obispo Leopoldo Brenes y el entonces teniente coronel Julio César Avilés. Este encuentro fue en la comunidad La Patriota, del municipio de Matiguás.
Según el periodista Alberto Rivera Monzón, quien fue corresponsal de La Prensa del departamento de Jinotega, en esa reunión se acordó un cese al fuego y la continuación del diálogo, el cual se propuso para iniciar el 27 de abril. Mientras el Charro pedía que la reunión fuera en la comunidad Las Pilas, el Ejército quería hacerla en la comunidad Yerbabuena. Esta falta de consenso impidió que continuaran las negociaciones.
Al parecer, el Ejército sostenía pláticas con el Charro, pero a la vez tejía un plan paralelo para su aniquilamiento.
A juicio de Luis Fley o comandante Johnson, Denis Ciriaco Palacios también estaba en dos caminos, necesitaba apoyo para continuar con las armas, pero tampoco descartaba la posibilidad del desarme.
El Charro llevaba cuatro años rearmado (1992-1996) y los esfuerzos no rindieron los resultados que deseaba, su compañero Northiel había sido asesinado un año antes y Talavera se había rendido, explica Fley.
¿Había que matarlo?
“Haber matado al Charro no compone las cosas, surgen otros charros”, expresó el 6 de junio de 1996, monseñor Abelardo Mata, obispo de Estelí.
Mata fue de las pocas personalidades públicas que condenó este hecho del Ejército, ya que consideraba que era un retroceso al avance social y que el compromiso de los militares era hacer presencia en los municipios y no atemorizar a la gente.
“(El Ejército es) para garantizar el orden y la seguridad ciudadana al inscribirse (el proceso electoral), contemplando que no habría combates y persecuciones ni muertes que empeoran la situación”, recalcó el obispo.
En los acuerdos de desarme del Frente Norte 3-80 con el gobierno de Arnoldo Alemán en 1997, los desmovilizados propusieron hacer una denuncia formal ante Procuraduría General de la República de Nicaragua por el asesinato del Charro, la cual se hizo, pero hasta el día de hoy la solicitud permanece engavetada.