Más de 200 contras se integraron a la Policía de origen sandinista en 1990 confiando en los acuerdos de paz firmados aquel año entre la ex Resistencia Nicaragüense que combatió a los sandinistas (1979-1989) y el nuevo gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, que ganó la contienda electoral que impidió en ese momento la reelección de Daniel Ortega, reconocieron a Expediente Público exjefes de la guerrilla campesina.
Los rebeldes suplieron con elementos a la Policía como parte de la política de reconciliación impulsada por la nueva administración de postguerra, pero en menos de una década no quedaban en ese órgano más que dos o tres excontras en funciones.
“Los sacaron poco a poco hasta que quedaron unos tres”, dice el excomandante Luis Fley, alias Johnson, mientras, el exlíder rebelde, Germán Zeledón o comandante Enano, recuerda el caso de Ricardo Moncada, excontra nombrado jefe de la Policía en El Cuá y asesinado en mayo de 1993 durante una emboscada de exmilitares del Ejército rearmados conocidos como recompas.
Sin embargo, según información recabada en Jinotega, actualmente hay personas que fueron de la Resistencia dentro de la Policía. Se afirma que seis exmiembros de esa agrupación militar sobreviven en las estructuras del ente policial local. “No es una gran cantidad, pero esos son los conocidos en este departamento”, dice Zeledón.
Entre estos destaca el jefe antidrogas de Jinotega que tiene actualmente el grado de capitán, quien trabaja anónimo por trabajar en el área de narcóticos. “Lo que no sé es sí su filosofía política la han cambiado o no, porque por un cargo o por otra cosa cambian hasta su forma de ser”, opina.
La integración de comandos contras a la Policía Nacional
“Con el acuerdo de desarme que se hizo con Violeta Barrios nosotros logramos incorporar, en su primer momento, a veinte policías, entre ellos estaba Ricardo. Aquí en Jinotega fue el que logró tener el grado más alto como capitán. Después se integraron más comandos, alrededor de 200 más en 1992. Ricardo entró en 1990, en la primera remesa, en 1992 fue la segunda”, recuerda Zeledón, quien fue parte de los responsables del plan de desmovilización de la Resistencia Nicaragüense.
“Ricardo asume esa responsabilidad en la Policía por los Acuerdos de Paz, y acepta. No sé por qué aceptó, muchos comandos no aceptaron, yo no hubiera hecho, a mí me propusieron ser segundo jefe de policía aquí en Jinotega y dije no”, dice el comandante Enano.
La gente de la resistencia que asumió quedarse en la Policía tuvo que terminar sus estudios, dado que el problema que tenían era el bajo nivel de escolaridad que presentaban los campesinos.
“Mucha de nuestra gente no sabían leer ni escribir, cuando yo me integro a la Contra en 1983, estaba casi terminando la secundaria y por ello, los mismos comandos me decían ‘vos vas a ser jefe de nosotros’ y yo respondía: ¿por qué voy a ser jefe de ustedes?, a lo que respondían ‘porque usted sabe bastante y nosotros no sabemos nada’. No era culpa de ellos, no era culpa de nadie. Pero, ellos eran más inteligentes porque ellos percibieron toda esta maldad del comunismo, ellos percibieron más que el de la ciudad, el de la ciudad se dejó engañar con dádivas, fue más fácil engañarlos y se dejó llevar con esas canciones revolucionarias, con la alfabetización, a la gente de la ciudad la fueron conquistando de esa forma, mientras en el campo no pudieron hacer eso”, reflexiona Zeledón.
“Imagínese que la mayoría de los comandantes que nosotros tuvimos fueron guerrilleros natos, ellos se conocían las montañas y eran mejor que un estudiante porque yo no puedo decir que tenía el nivel de un comandante regional. Nosotros éramos asesores, un asesor apenas es para instruir al comandante y darle ideas. La parte de dirigir tropas no la teníamos nosotros, o sea, eran hábiles, eran hombres inteligentes que sabían dónde podíamos dormir, cuándo podíamos atacar, cómo se distribuía la tropa, cómo se harían los grupos de trabajo. Yo conozco a uno de ellos, el comandante Campeón, Jacinto Tercero López, un hombre que con costo lee y escribe y ese hombre como guerrillero fue uno de los mejores, estuvo en el ataque a San Rafael y Pantasma, en todos lados y no tenía un nivel de escolaridad alto.
Policía depuró a los contras de sus filas
Parte de los 200 comandos conformaron grupos denominados “policía rural” en algunas zonas del norte y el sur del país en territorios que apoyaron a la contra, pero según Fley, estuvieron muy poco tiempo.
“A algunos los sacaron, a otros los mataron y otros decidieron salirse porque no lograron encajar en la filosofía sandinista que prevalecía en la Policía. Por ejemplo, Francisco Lagos fue un jefe contra que llegó a ser subcomisionado y se salió. En 2018 participó en los bloqueos de carretera que se levantaron en el norte para protestar y actualmente está huyendo por la represión desatada por el gobierno de Ortega”, sostiene el excomandante.
El caso de Moncada fue emblemático porque lo acompañaban policías afines al Frente Sandinista “y lo dejaron solo en el combate. Nadie le cubrió las espaldas, fue un montaje entre la misma policía y los recompas”, agrega Fley.
La muerte del capitán Ricardo Moncada en 1993 creó mucha conmoción dentro de la Resistencia, porque fue atacado por conocidos exmilitares en una emboscada en momentos que ya se registraban más de 200 asesinatos a excombatientes de la contra.
Zeledón explica que “en ese tiempo se armaron los llamados recompas o FUAC (Frente Unido Andrés Castro). Esta gente robaba y hacía estragos en la zona de Abisinia, comunidad de El Cuá (municipio a 208 kilómetros al norte de Managua). A uno de estos le nombraban Camacho y otro era un paramilitar que mataron hace poco que le decían Toño Loco”.
Luis Rizo “Toño Loco”, exmiembro del FUAC, fue señalado por pobladores jinoteganos como uno de los paramilitares que actuaron en el 2018 en la “operación limpieza” que implementó el gobierno de Daniel Ortega para desarticular las protestas ciudadanas. Según reportó La Prensa, murió en un enfrentamiento con otras personas el 30 de diciembre del 2018, todos miembros del Frente Sandinista, se supone que fallecieron otros dos hombres, pero la Policía nunca informó del caso.
Camacho y Rizo operaban y vivían en El Tropezón, cerca de Abisinia, zona controlada desde la guerra de los ochenta por el Ejército. “Nosotros teníamos nuestra base social en la zona de El Cuá que colinda con Pantasma y Wiwilí. Toño Loco con esa gente de los recompas armó una emboscada, matando a una familia entera que tenía un negocio en esa comunidad de El Tropezón, donde el jefe de la Policía era Ricardo, sabían que llegaría a salvar a la gente. Cuando él va subiendo la cuesta, lo emboscan y tan a propósito que el único policía muerto fue él”, afirma Zeledón.
Según exjefes de la Resistencia entrevistados por Expediente Público, los recompas se crearon para contrarrestar al gobierno de Violeta Barrios y para matar a los desmovilizados. “Por eso los contras se arman nuevamente y se forma lo que se llama los recontras para defender sus vidas. Se inventaron, además, a los revueltos (grupos mixtos de exmiembros de la resistencia y el Ejército) con el fin de dar una idea de que eran los mismos que combatían a las autoridades, pero eran los mismos recompas. De revueltos no había nada porque ellos andaban con su filosofía de Daniel y Sandino. Igual que los paramilitares de ahora”, opina Zeledón.
La masacre previa a la emboscada
Paula Genera Galeano perdió a su padre, esposo e hijo, cuando encapuchados armados vestidos de militar asaltaron sus dos negocios, un comedor y una pulpería, en la comunidad rural de El Tropezón, una noche antes del 30 de mayo, Día de las Madres en Nicaragua.
Ella logró huir durante el ataque, pero cuando regresó se encontró con el dantesco cuadro al ver a su familia tendida en el suelo.
“La pérdida de mi familia fue en la noche, yo no sé si fueron de los uno o de los otros (recontras o recompas), ahí yo no sé nada de eso. Y en la madrugada, ya amaneciendo, me mataron a mi marido. Los tíos de mi hijo, al que también mataron, viven en El Cuá, se dieron cuenta y movilizaron a la policía, quien venía era Ricardo, era el que mandaba en El Cuá, venía con ellos (otros policías) y ahí en la cuesta de El Tropezón, los atacaron. Solo Ricardo murió”, cuenta a Expediente Público, Paula Genara Galeano
Paula Genera es una mujer norteña campesina, cortés y de hablar tímido. Cuando recuerda ese día mira el piso y con una de sus manos acaricia, nerviosa, el filo de su mesa y continúa: “La familia de mis hijos venía a recoger a los muertos para llevarlos a El Cuá, y se llevaron al capitán también y fuimos con toda mi familia para allá. Luego en la vela, ahí me hicieron zanganadas (maldades)”.
“Nunca le he puesto mente a lo que me robaron, sino, a lo que hicieron a sangre fría. Era una noche que estaban cenando todos ahí, a una parte de los que estaban cenando, porque era un comedor los dejaron amarrados y a los otros los rafaguearon y en la mañana fue toda una confusión, las autoridades de la Policía, sin decir nada, recogieron a mis muertos con todo y el capitán y se los llevaron para El Cuá. Allá están enterrados”.
“Me asesinaron a mi papá, mi esposo y mi hijo. Cuando llegaron yo me corrí… después me metí a la casa, fui al patio y estaba la gente muerta, los tres muertos. El capitán había muerto cerquita de la casa. Él venía a levantar a los muertos y a ver el caso, y también lo mataron”, narra Galeano.
“Llegaron para matar. Después que mataron, robaron todo lo que quería y huyeron. El ataque fue en la noche del 29 de mayo, lo recuerdo bien porque mi hijo vino a darme un regalo porque el día siguiente era 30 de mayo. Él estudiaba en Jinotega, y se vino antes, ese día no le tocaba venir; solo vino a que lo mataran. Ahí quedó”, dice Genera con profunda tristeza.
“Cuando entraron me pidieron todos los reales (dinero) y me dejaron todo moreteados los brazos y después de eso en un descuidito (distracción), cuando ellos andaban buscando qué robar, yo me zafé (salí) por una puerta y me fui para una hacienda que se llama Santa Teresa. En la mañana que regresé, ya estaban muertos (sus familiares)”.
“Mi comedor quedaba del Tropezón para abajito (suroeste). En el mero Tropezón, antes de llegar al Laberinto, antes de llegar a El Cuá, antes de llegar a Abisinia, por esa ruta”.
Paula Genara cuenta que ella buscó justicia por sus muertos y que tuvo el apoyo de gente muy buena, pero no logró nada. “Después del entierro, anduvimos dando vueltas y no conseguimos nada”. Para ella, el problema “era esa cosa que le decían, la amnistía, y no sé sí serían de los unos o de los otros. La gente dice que fueron recompas otros dicen que fueron recontras. La amnistía los protegía”.
La amnistía a la que se refiere es la número 51 emitida por Violeta Barrios en septiembre de 1993. En su artículo 1, dice: “Otórgase amplia amnistía a los nicaragüenses que se encontraban alzados en armas con objetivos políticos o por reivindicaciones socio-económicas al día 28 de agosto del corriente año, en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Boaco, Chontales y Regiones Autónomas Atlántico Norte y Sur, todo de acuerdo con las listas y registros que al respecto lleva la Brigada Especial de Desarme (BED)”.
Sin esclarecimiento de los asesinatos
“A ellos (sus familiares) los velaron en El Cuá, junto con el capitán (Moncada). En la alcaldía de El Cuá. Cuatro ataúdes. La familia de mis hijos es de esta gente, sandinistas, y ellos son los que regaron la voz y entonces el capitán apoyó, para morir ahí, de Abisinia para adelantito”, reitera.
Ella cree que fue el mismo grupo de armados que mató a su familia atacó al capitán. “Iban varios vehículos, en uno iban los cuñados míos que iban a ver a los muertos y él iba aparte con su otra gente. El mismo grupo ha de haber sido, ¿sabe por qué? Mataron y se corrieron. Nosotros nos imaginamos que se esparcieron y se fueron, pero lo que nosotros decimos es por qué se fueron para abajo (al noreste en dirección a El Cuá) sí nosotros quedamos aquí de Abisinia para delante, de camino hacia Jinotega (suroeste). Ellos (los armados) andaban por la ruta, por la carretera donde venía el capitán”.
Según un habitante de Jinotega, que tiene su finca en la zona y omitió su nombre, recuerda que los recompas operaban en la zona de Abisinia, en cambio, “los rearmados de la resistencia tenían su base social y circulaban por el lado de Pantasma (a 16 kilómetros al sur) y Wiwilí (a 50 kilómetros al norte)”.
A más de 26 años de aquella masacre, la justicia para los muertos, nunca llegó. “Nosotros abandonamos el caso porque a nada íbamos al juzgado. Las organizaciones de derechos humanos no pudieron hacer nada. Yo casi me he vuelto loca por estas cosas que pasaron. No contábamos con un abogado. Otro de mis hijos, el pobre anduvo recogiendo los muertos y enterrándolos. Andábamos fuera de sí. La gente que me conocen bien me decía ‘vamos a ir a tal parte’ pero nada. La policía no quiso agarrar ningún papel a nadie. La amnistía cubría todo”, dice resignada.
Mientras tanto, la impunidad judicial, la vigilancia de los CPC, el asedio policial y militar, continúan en las zonas rurales, Genera solo espera la justicia divina ante tanta impasibilidad y violencia estatal.
“La justicia se la dejo a Dios. Seguro ellos ya pasaron por algún castigo. El único es el Señor el que castiga, uno mismo se castiga, ahí es el Señor quien ha visto eso, que ha visto lo que uno ha sentido”, dice con tristeza.
La vigilancia sandinista se mantiene en esta zona
Isabel Medina es un pequeño productor de El Cuá y Pantasma, considera que la represión en esta zona se ha recrudecido en los últimos años de gobierno de Ortega.
“El sistema usado por el Gobierno para vigilarnos está bien estructurado. En todas las comunidades hay Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que son grupos sandinistas. Ellos, cuando no están de acuerdo con algo que ocurre en la comunidad o hay personas que muestran inconformidad con las políticas oficiales, le pasan la información a la Policía y al Ejército, entonces de allí se origina que en la población se va creando conflictos y después se ven obligados tal vez a agarrar el fusil y a agarrar el monte a como le llamamos aquí a la profundidad de la montaña (bosque)”, cuenta Medina.
“El Ejercito siempre ha dicho, que ellos nunca han andado reprimiendo al campesinado, ellos dicen que es falso, pero tenemos el ejemplo de la “mochila bomba” (ataque con bomba de inteligencia militar en 2015, contra presuntos rearmados en Pantasma y en el que murieron dos personas) con la cual se comprobó que ellos nos asedian. Yo soy nativo en esa comunidad y fuimos de los primeros que estuvimos presentes donde asesinaron a la gente. Yo con mi propia vista vi al Ejercito rodeando que no dejaban entrar a nadie a sacar los cadáveres, los pedazos que habían quedado porque eso fue horrendo”, relata.
La política de seguridad y vigilancia del Gobierno en las comunidades rurales en mención revelan el martirio de las familias, porque el acoso no termina con la muerte de algunos opositores, según se desprende de las declaraciones de Medina,
“Las familias de las víctimas quedan en constante vigilancia y amenaza. Siguen llegándoles cartas (amenazantes), si alguien decide irse de la comunidad, ellos (CPC, Policías y Ejército) les dicen que van a ir a cortarles la cabeza. Aquí en la comunidad nos hemos protegido informándonos rápido entre todos sobre los peligros, pero en la actualidad por la constante vigilancia, no tenemos la libertad de expresarnos, no podemos hablar porque si algo decimos en mal del Gobierno luego nos caen las turbas o somos capturados”, continúa explicando.
“Es un hecho de hay gente armada (campesinos que se defienden de la violencia estatal). Si pasan por donde un campesino y piden comida pues aquel no se niega a darles, porque ellos andan armados y uno no tiene armas y tiene que darles de comer y entonces de allí vienen todas las amenazas que, si alguien participa dando de comer, esa gente va a ser asesinada”, asegura Medina.