*La audiencia que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos este 22 y 23 de marzo estudiará el caso de Beatriz , la madre salvadoreña a la que El Salvador no le permitió interrumpir un embarazo anencefálico.
**Beatriz, que tenía 22 años de edad y era madre de un primer hijo, tuvo un embarazo de alto riesgo.
***La audiencia de la Corte IDH confrontará la política severa de este país centroamericano que penaliza con cárcel las emergencias obstétricas en lugar de ofrecer atención hospitalaria a las mujeres cuya vida peligra.
Eric Lemus / Expediente Público
“Nosotros como familia vamos a seguir hasta que se haga justicia para que ni una mujer más tenga que pasar por lo que sufrió mi hermana”, dice Humberto (se omite su apellido por seguridad), con voz pausada y firme durante una rueda de prensa convocada por organizaciones nacionales e internacionales que presiden la campaña “Justicia para Beatriz”.
Humberto es hermano y el vocero de la familia de esta joven oriunda de un poblado rural ubicado 110 kilómetros al sureste de la capital.
Él está a cargo de guardar la memoria de quien es el símbolo de un proceso que toca las puertas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) luego de agotar las instancias judiciales en El Salvador.
“Recordamos a Beatriz como una mujer luchadora, decidida, que siempre enfrentó las dificultades y los obstáculos que sufren las mujeres que viven en la pobreza”, dijo Humberto, este lunes durante la rueda de prensa realizada por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.
Ambas instituciones actúan como litigantes en esta audiencia que llega a la Corte IDH.
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Estado implacable
La historia de Beatriz revive la voz de quienes interpelan a un Estado implacable contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas y generalmente viven en condiciones de extrema pobreza.
La audiencia, que arranca esta semana en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica, estudia el caso de esta joven que tuvo un embarazo de alto riesgo debido a que sufría lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea.
Su primer hijo, que vino al mundo en 2011, nació con síndrome de distrés respiratorio y enterocolitis necrotizante.
Dos años más tarde, en febrero de 2013, durante una visita al Hospital Nacional le informaron que estaba embarazada por segunda vez, pero los médicos determinaron que la gestación era de alto riesgo por su enfermedad precedente.
El 12 de marzo, un mes después, tras efectuar un examen de ultrasonido, confirmaron el “nulo pronóstico de sobrevida del feto” porque no tenía partes del cráneo ni del encéfalo.
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Sufrimiento innecesario
Morena Herrera, quien es presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, recuerda a Expediente Público que este caso es emblemático porque refleja la posición institucional en este país centroamericano.
“Ese diagnóstico implicó una recomendación que era mejor interrumpir el embarazo. Ella lo pide y se lo niegan. El Estado la hace esperar 81 días para resolver cuando el embarazo había avanzado. La hicieron sufrir y esperar”, fustiga Herrera.
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La activista, junto a la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, forma parte del grupo de abogadas que reclama a El Salvador un cambio en la legislación.
“La penalización absoluta del aborto en El Salvador entró en vigor en 1997 cuando la Asamblea Legislativa decidió eliminar las condiciones excluyentes que dictó el Código Penal que data de 1974”, recuerda a Expediente Público Jeannette Canales, del equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana.
“La normativa de los setenta permitía el aborto terapéutico cuando la vida de una mujer estuviera en peligro o la vida del feto fuera inviable”, aclara la abogada.
Del hospital a la cárcel
Una investigación realizada por las agrupaciones feministas registró que, entre 1998 y 2019, del total de casos analizados dentro del sistema judicial se determina que la mayoría de las denuncias fue contra adolescentes y mujeres jóvenes.
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De acuerdo al documento, el 82.3 por ciento de las denuncias son mujeres jóvenes cuya edad no sobrepasa los 30 años.
“Aquí tenemos una penalización absoluta del aborto y hemos intentado por la vía judicial con recursos de inconstitucionalidad y por la vía legislativa mediante tres iniciativas que se reformen las leyes, sin embargo, no hemos tenido ni escucha ni apertura por parte de las instancias del Estado”, reconoce Herrera a Expediente Público.
Por su lado, la abogada Canales explica que el endurecimiento de la ley no es un resultado aislado.
“En la reforma de 1997 al Código Penal reconocen a la persona desde el momento de la concepción. Ese es el argumento de un lobby provida muy fuerte que tiene la capacidad de incidir por igual a diputadas y diputados tanto de derecha como de izquierda”, manifiesta Canales.
La audiencia ante la Corte IDH
Las organizaciones feministas presentaron en 2016 a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al artículo 133 del Código Penal; sin embargo, dos años más tarde, la petición se desestimó y se mantuvo la penalización absoluta.
En 2021, en el marco del Día de Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, las instituciones presentaron lo que se llama la “Reforma Beatriz” a fin de cambiar el marco jurídico vigente en El Salvador.
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“De la mano de Beatriz llegamos al sistema interamericano (porque) las sentencias de la Corte son de obligado cumplimiento y esperamos que el Estado cumpla las normas, que la Corte indique medidas de no de repetición, que cambie las condiciones para las salvadoreñas”, dice, optimista, Morena Herrera.
Por su lado, el hermano de Beatriz reconoce que es difícil sobrellevar la ausencia de ella en casa.
“No es fácil llevar este dolor, incluso cuando vamos a la tumba con el hijo de ella, que pregunta dónde está su mamá y le tenemos que decir que ella está en el cielo y que desde allá lo está cuidando”, relata Humberto, quien acompañará a la madre de Beatriz junto a las litigantes ante la Corte IDH.
El 3 de junio de 2013, tras meses de deliberación médica y jurídica, Beatriz fue sometida a un procedimiento de cesárea, que dio como resultado el nacimiento de una niña que murió a las pocas horas.
Beatriz sufrió un accidente de tránsito en octubre de 2017 y debido a su salud no resistió la hospitalización. Tenía 27 años de edad.
