*El rechazo interno a la decisión del gobierno de convertir la moneda virtual como dinero de curso legal en El Salvador es mayoritario, según varias encuestas.
**Las advertencias nacionales e internacionales sobre su implementación van en aumento.
Expediente Público
La decisión del gobierno de El Salvador de convertir a ese país en el primero en el mundo en adoptar el bitcoin –una moneda virtual-como dinero de curso legal al dólar estadounidense ha causado incertidumbre entre los sectores empresariales como en el ciudadano común, y generado advertencias de organismos internacionales de que antes de dar ese paso deben tomarse en cuenta los riesgos al sistema financiero.
El pasado 7 de junio, el presidente salvadoreño Nayib Bukele hizo el anuncio entre promesas de generación de empleo, inclusión financiera e inversiones; 48 horas más tarde, la Asamblea Legislativa que domina el partido del mandatario, Nuevas Ideas, aprobaba sin mayor discusión la llamada “Ley Bitcoin”, un documento de 16 artículos que formalizó la decisión presidencial.
Desde entonces el tema del bitcoin ha dominado gran parte de la agenda política, económica y noticiosa salvadoreña en medio de advertencias internacionales y el rechazo de gran parte de la población a la medida, según muestra una encuesta divulgada el 8 de julio.
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La ley hace obligatorio aceptar bitcoins como forma de pago en su artículo 7, lo que generó críticas y dudas hacia una moneda virtual que se caracteriza por su volatilidad. Además, la inclusión financiera en El Salvador alcanza solo a un tercio de la población.
El bitcoin es la primera criptomoneda creada en 2008 como un mecanismo para realizar transacciones sin intermediaciones de terceros como ocurre en el sistema financiero tradicional, cuya principal característica es su alta volatilidad.
En su mejor momento, el bitcoin llegó a superar los $64 mil frente al dólar estadounidense, pero su variación es tal que hay semanas enteras cuando puede bajar o subir hasta un 12 %. Durante las últimas dos semanas, el bitcoin se ha cotizado alrededor de $33 mil con picos cercanos a los $36 mil y bajones de hasta $29 mil.
Potenciales riesgos
El economista Luis Membreño señaló a Expediente Público que el gran riesgo del bitcoin es su volatilidad, porque puede tener un valor de $30,000 y caer a $20,000 en una sola jornada.
“Es como si un salvadoreño tuviera un dólar con un cambio de $1.10 contra el euro, pero al siguiente día sube a $1.50 y luego cae a $1 ¿Cómo se puede comerciar con eso que no tiene un valor estable y que, además, no está sujeto a una serie de regulaciones? Es algo muy riesgoso, de mucha especulación, para usarlo para el día. El riesgo que hay en todo esto es que es una forma de esconder recursos ilegales, productos de corrupción, narcotráfico”, señaló Membreño a Expediente Público.
Ante la ola de críticas y dudas que la medida desató entre sectores financieros, económicos, políticos y medios de comunicación, Bukele apareció en cadena nacional 20 días más tarde para intentar aclarar las dudas.
El mandatario reveló que el gobierno creará la billetera electrónica “Chivo”, que no cobrará comisión a las remesas en bitcoin, pagos, ni conversiones a dólar, a pesar de las regulaciones y estándares financieros internacionales impuestos a la criptomoneda.
Además, el gobernante salvadoreño explicó que “Chivo” resguardará los bitcoins de los ciudadanos, sus transacciones y conversiones al dólar, y además entregaría a todos los ciudadanos un bono de $30 en bitcoin para incentivar la adopción de la criptodivisa en el país.
“El uso de la ‘Chivo wallet’ no tendrá ningún costo, no habrá comisiones para enviar o recibir remesas, ni para hacer o recibir pagos, tampoco para convertir bitcoin a dólares o viceversa. No se le cobrará comisión a los comercios, como sí hacen las tarjetas de crédito”, aseguró Bukele.
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¿Vulnera datos personales?
La citada billetera será desarrollada, administrada y controlada por el Gobierno. Esto encendió las alarmas de expertos en la protección de datos personales, quienes señalaron que la aplicación podría ser “invasiva” por obligar a brindar el número del Documento Único de Identidad (DUI), datos biométricos y reconocimiento facial.
Carlos Palomo, de la Asociación Transparencia, Social y Datos Abiertos (Tracoda), dijo en una conferencia de prensa que “los datos biométricos que pide la app del gobierno son demasiado invasivos”.
«Es llamativo pretender utilizar este tipo de tecnología pues, en teoría, la app no debe pedir más información de la necesaria”, subrayó Palomo.
Al respecto, el presidente Bukele aseguró que “los datos personales que pide la wallet ya los tiene el Gobierno”, y el único objetivo “es evitar el robo”.
“Ya tenemos la foto, nombre completo, edad, dirección, teléfono, estatura, huellas digitales, etcétera. El objetivo de ingresar datos a la wallet es para prevenir el robo o pérdida del dinero en ella”, aseguró.
Según el Ministerio de Hacienda, al menos 2.5 millones de salvadoreños recibirán el bono de $30 en bitcoin a través de la billetera electrónica gubernamental, que será descargada como aplicación en los teléfonos inteligentes. Esto supondrá una erogación de al menos $75 millone de fondos públicos, sin contar la compra de los bitcoin, cajeros y contratación de trabajadores para Puntos Chivo.
Además, Bukele anunció alianzas con la firma Strike que también genera una aplicación de criptomonedas.
Críticas nacionales e internacionales
Sin embargo, los anuncios de Bukele han generado profundas dudas desde las agencias calificadoras de riesgo internacional como Moody’s, JP Morgan o S&P.
“La adopción de bitcoin como moneda de curso legal conlleva riesgos para el sistema financiero, la estabilidad del régimen monetario del país y señala la falta de un marco económico coherente”, señaló la calificadora de riesgo Moody’s en un informe a mediados de junio.
En tanto, la financiera estadounidense JP Morgan, asegura que la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador traerá «pocos beneficios» y pondrá en riesgo la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lograr un crédito por hasta $1,300 millones.
A través de un comunicado publicado el 12 de junio, el gigante financiero señaló que habrá «problemas de implementación» tras la decisión de El Salvador de establecer un criptoactivo como segunda moneda, además del dólar.
«El tono del Gobierno sobre la generación de empleo e inversión en el corto plazo parece inverosímil», y más bien, «levanta sospechas sobre la viabilidad en la implementación», dijo el comunicado.
Un reporte del Josh Hopkins Institute for Applied Economics, señala que con el uso del bitcoin se espera un alza del doble en el costo del envío de remesas con las aplicaciones existentes.
La investigación plantea que enviar remesas con bitcoin será incluso más caro que por los canales tradicionales, con compañías remesadoras o transferencias bancarias, cobrando hasta un 5 % de comisión sobre el total enviado. La publicación desvirtúa una de las principales motivaciones de Bukele al adoptar el bitcoin: la reducción en el costo de enviar remesas familiares.
Las criptomonedas son “volátiles”
Para Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), la adopción del bitcoin como moneda de curso legal plantea una cantidad de riesgos en el cual se puede destacar la restricción de las cuentas corrientes.
“Las criptomonedas son demasiado volátiles y riesgosas como para que puedan cumplir las funciones básicas del dinero como reserva de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta”, advirtió Acevedo a Expediente Público.
Una semana después de la aprobación de la Ley Bitcoin, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce) advirtió que otorgarle a la criptomoneda las funciones de dinero alteraría el equilibrio monetario y financiero de El Salvador, conllevando así a un alza en el precio de los productos y servicios.
El Colegio de Profesionales señaló en un comunicado que la aceptación del bitcoin como moneda nacional podría crear una burbuja financiera y convertir a El Salvador en un paraíso fiscal.
“Como el bitcoin se utiliza para transacciones especulativas, no garantiza su uso productivo ni la estabilidad de los ingresos y ahorros de las personas, las empresas y el Estado”, advirtió Colproce en un comunicado.
El Colegio sugirió a la Asamblea Legislativa derogar la Ley Bitcoin y crear espacios de discusión en todos los sectores sociales y económicos para llegar a un acuerdo de política económica que analice la delicada situación de la deuda pública, reactivación económica, generación de empleos y reducción de la pobreza.
Un mes después, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), señaló en una conferencia de prensa en línea que el organismo está a la expectativa de la decisión del Gobierno salvadoreño de adoptar el bitcoin; sin embargo, advirtió que la nueva normativa plantea “muchos retos tanto macroeconómicos, como financieros y legales, que la verdad requiere un análisis mucho más cuidadoso”.
“También está claro que el país podría enfrentar, al entrar en vigor esta ley, al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos y, bueno, esos son algunos de los riesgos que se pueden enfrentar”, dijo Bárcena.
El GAFI es una entidad constituida en 1989 que buscan combatir el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. El Grupo emite recomendaciones que constituyen un parámetro para que los países las implementen y reduzcan el margen de dichos ilícitos.
Icefi recomendó “congelar” medida
Otra institución que ha hecho advertencias sobre el bitcoin es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) que propuso el 14 de junio poner en el congelador la entrada en vigencia de la ley hasta que se cuente con los estudios técnicos que permitan abordar las aristas económicas, fiscales, tecnológicas, financieras, sociales y ambientales.
Jonathan Menkos, director del Icefi, sostuvo que con la Ley Bitcoin la economía salvadoreña suma una nueva incertidumbre y “un mayor riesgo a los ingresos de las personas”.
El economista guatemalteco participó el pasado 3 de julio en el foro “Criptodivisas: Desafíos y perspectivas”, organizado por la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Menkos consideró que es necesario realizar estudios más profundos sobre los efectos económicos que implica trasladar una criptomoneda altamente volátil contra la solidez que suele asociarse con el dólar.
Menkos dijo que el bitcoin conlleva un riesgo de exposición. “Al tener un gobierno demasiados bitcoins y al tener obligaciones de pago con actores que no aceptan las criptomonedas, se verían en la obligación de cambiarlos a dólares agregando intereses por el cambio monetario”, valoró.
La ley establece la creación de un fondo de respaldo ante la volatilidad, un costo que el director del Icefi reconoció “sería asumido inconscientemente por la ciudadanía. Las pérdidas de este juego las estaría pagando la sociedad”, valoró.
Rechazo popular
Nayib Bukele ha sido un fenómeno de popularidad en la política salvadoreña, pero el bitcoin ha sido su primera “derrota pública” en las encuestas.
Dos sondeos, uno de la Cámara de Comercio de El Salvador (Camarasal) y otro de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) han revelado un amplio rechazo a la Ley Bitcoin.
El sondeo de Camarasal se realizó entre el 11 y el 15 de junio, con entrevistas a 1,668 personas a través de correos electrónicos y redes sociales, de los cuales 712 fueron empresarios y 956 ciudadanos.
Una de las principales interrogantes fue si los ciudadanos estarían dispuestos a recibir el salario en bitcoin, a lo que el 93 % respondió que no y un 7 % dijo estar de acuerdo. Entre las razones que expusieron los encuestados para no recibir el salario con la criptomoneda está la volatilidad (40 %), desconfianza (17 %), desconocimiento (15 %) y preferencia por el dólar (12 %).
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“El riesgo más evidente es la volatilidad de una moneda que se impone por ley. Si existiera la libertad para que los agentes económico decidan si arriesgan o no sus ingresos en bitcóins, nadie se opondría. El problema es que se está obligando a las personas a aceptar una moneda cuyo uso debería ser estrictamente opcional”, dijo el director ejecutivo de Camarasal, Federico Hernández a Expediente Público.
Los salvadoreños tampoco quieren recibir sus remesas en bitcoin, al menos un 83 % manifestó estar en contra y un 17 % dijo estar a favor. El 77 % de los empresarios y 74 % de los ciudadanos dijeron que seguirán usando el dólar después que entre en vigencia la ley en septiembre.
La encuesta de Camarasal refleja que el 49 % de los empresarios se muestra preocupado por el bitcoin, contra un 39 % que sienten desconfianza.
La más reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia difundida el 8 de julio reveló que el 64.8 % de la población rechaza la posibilidad de recibir sus salarios o ingresos en bitcoins.
La encuesta, elaborada por el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la UFG, destaca que el 46 % de la muestra no conoce nada del criptoactivo, mientras que un 53 % piensa que adoptarla como moneda de curso legal es una decisión “nada acertada”, contra un 6.5 % que considera que es una “medida acertada”.
De los 1,233 encuestados el 73.5 % sabe que el bitcoin es “una moneda virtual”, el 6.2 % cree que es una moneda “virtual y metálica”, mientras que el 13.1 % reconoce que no sabe nada de ella.
Un 53.5 % de la población salvadoreña cree que la medida de establecer el bitcoin como moneda de curso legal es “nada acertada y un 24 % apenas un poco acertada”
La ley está supuesta a entrar en vigencia el 9 de septiembre próximo, pero el Gobierno debe emitir aún un reglamento al respecto.
Aparte, una negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional parece haber entrado en la incertidumbre por la adopción del bitcoin.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha dicho que la negociación continúa, pero el FMI dio una señal significativa sobre su visión del bitcoin cuando rechazó un pedido oficial del gobierno salvadoreño para asistirlo en la adopción de la moneda virtual.
El FMI señaló su preocupación por la transparencia del proceso y el impacto medioambiental del sistema por el que se generan nuevos bitcoins y que implica que las computadoras resuelvan una serie de acertijos matemáticos, para lo que consumen una gran cantidad de energía.
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Otras preocupaciones
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en un análisis titulado “Ley Bitcoin: una ley que genera incertidumbre a los salvadoreños”, adviertió que el uso de la moneda virtual puede convertir el país centroamericano en un paraíso del lavado de dinero.
“Activos virtuales, como el bitcoin, han sido diseñados para evadir la regulación estatal, por lo cual no gozan del respaldo y garantía de valor de ningún gobierno, bajo el principio que libremente las personas puedan escoger cuál de esos activos virtuales desean utilizar”, señaló Fusades en su estudio.
“Al igual que las transacciones en efectivo, especialmente en billetes de alta denominación, el bitcoin, al no estar regulado, se presta para operaciones de compra y venta de bienes ilícitos y lavado de dinero, ya que es difícil de trazar las operaciones, aunque no imposible”, advirtió Fusades.
El centro de pensamiento señala que “las personas con menores ingresos son las que más expuestas estarían si mantienen sus pocos recursos en una billetera virtual”.
“La volatilidad del bitcoin lo vuelve en un instrumento inefectivo para realizar intercambios de bienes y servicios en forma estable, ya que el precio en bitcoin de cualquier bien o servicio estará fluctuando constantemente. Su volatilidad también hace inconveniente su utilización como instrumento de ahorro (puede ganar o perder), o como instrumento de crédito”, señala el análisis que también advierte que esto podría disparar las tasas de interés.
Federico Hernández, de la Cámara de Comercio, planteó otras preocupaciones a Expediente Público:
“¿Habrá un «efecto aspiradora» con los dólares que circulan en El Salvador? ¿Se convertirá el país en un paraíso para los lavadores de dinero? ¿No le será más fácil a las pandillas extraerle los bitcóins a la gente ya que todo lo que tiene estará en un teléfono?”.
“A la larga nadie sabe a qué se enfrenta. En fin…”, señaló Hernández.
