*El Ministerio Público guatemalteco inició una investigación contra nueve periodistas y comentaristas críticos al gobierno de Giammattei y los poderes fácticos.
**Las autoridades de Nicaragua, El Salvador y Guatemala tienen una cruzada contra el periodismo independiente por devela los actos de corrupción de estos gobiernos.
Expediente Público
El gobierno guatemalteco desnudó, una vez más, sin pudor su autoritarismo al iniciar una investigación por obstrucción de la justicia contra nueve periodistas y comentaristas que en meses anteriores denunciaron la corrupción dentro de la administración del presidente Alejandro Giammattei y de las élites de este país centroamericano.
Periodistas guatemaltecos consultados por Expediente Público señalaron que esta acción trata de desalentar a las voces críticas en Guatemala, en un año electoral y en un escenario de instituciones públicas cooptadas.
Este 28 de febrero, el juez Jimi Bremer aceptó la solicitud de la fiscal Cinthia Monterroso de abrir una investigación contra los comunicadores y columnistas Julia Corado, Ronny Ríos, Denis Aguilar, Gonzalo Marroquín Godoy, Cristian Vélix, Édgar Gutiérrez, Alexander Valdez y Jerson Ortiz, en el contexto de una nueva acusación contra José Zamora Marroquín, director de El Periódico, detenido desde el 29 de julio de 2022 bajo cargos de presunto lavado de dinero.
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Corado es la directora de redacción de El Periódico. Marroquín fue director del también matutino Prensa Libre y Gutiérrez, por su parte, es columnista del mismo medio, y se le recuerda como canciller durante el Gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004). Los otros señalados son comunicadores relacionados con publicaciones en el mismo medio.
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Cuestionan legalidad
“Es una falta importante porque están utilizando una ley que no cabe en el proceso, además, cuando fue el allanamiento de El Periódico el año pasado, el Ministerio Público públicamente dijo de que el caso de José Rubén Zamora era en su calidad de empresario y no por lo que él publicaba”, argumentó el vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Mario Recinos.
Berania López, miembro de la APG, comentó que el lunes 6 de marzo las entidades de prensa guatemalteca tendrán una reunión para analizar las acciones relativas al caso en que se busca investigar a periodistas y columnistas al amparo de la Ley de Obstrucción de Justicia y no mediante la Ley de Emisión del Pensamiento.
La ley establece el procedimiento particular, según el Artículo 48, para que “los delitos y faltas en la emisión del pensamiento por los medios de difusión sean juzgados privativamente por un jurado que declare, en cada caso, conforme a su leal saber y entender, si el hecho es constitutivo de delito o falta, o no lo es”, explicó la periodista.
Expediente Público se comunicó con uno de los nueve periodistas que serían investigados, quien por el contexto pidió no publicar su nombre. “La situación es tensa por la resolución del juez a solicitud de una fiscalía, y por los antecedentes contra periodistas que han sido criminalizados como Zamora”, expresó.
“Desconocemos cuál va a ser el actuar de la fiscalía. Ahora existe una orden de juez para investigarnos”, pero el desempeño del Ministerio Público en los últimos meses indica una parcialidad favorable al Gobierno, explicó la fuente.
Monterroso mencionó durante la audiencia del 28 de febrero contra Zamora Marroquín, algunas publicaciones hechas por los periodistas y comentaristas a los que pidió investigar por obstrucción de la justicia. Según ella el director de El Periódico montó una campaña de desprestigio contra la administración de justicia, apoyado por los nueve señalados.
La fiscal también pidió conocer las fuentes de financiamiento del medio y su relación con Acción Ciudadana, una organización no gubernamental contra la corrupción.
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En la práctica, cualquier decisión que se tome en el Ministerio Público, debe contar con el aval de la fiscal general, Consuelo Porras, indicó el consultado. En septiembre de 2021, Estados Unidos designó a la fiscal general Consuelo Porras, como “actor corrupto”.
Quieren callarlos
“Se busca generar censura por medio de las instancias de justicia, la utilización del recurso penal para generar impunidad; y en este caso de libertad de expresión, para atacar a la prensa, y en el caso de El Periódico cerrarlo, acabar con este medio que ha sufrido en los últimos meses esta criminalización y pese a ello ha continuado trabajando”, dijo el comunicador.
También es un mensaje para que otros periodistas no hagan publicaciones sobre la corrupción, precisó.
“El Gobierno no ha querido aceptar la prensa crítica, la prensa independiente y de esa perspectiva se inició todo un proceso, toda una estrategia con tal de limitar el espacio a los medios independientes”, explicó Recinos.
Algunos reportajes investigativos señalan a empresas constructoras que sin ejecutar los proyectos cobran al Estado. El Congreso también aprobó millonarios préstamos durante la pandemia, y contratos escandalosos a mineras.
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Cruzada contra medios
Al menos cinco periodistas han tenido que exiliarse durante el mandato de Giammattei. El Observatorio de los Periodistas reportó 105 agresiones a medios y comunicadores, así como 10 casos de acosos judicial en 2022.
De enero a octubre de ese año, hubo 21 ataques contra medios y periodistas en plataformas digitales, en la que se cuentan 3 ataques cibernéticos a páginas digitales o perfiles en redes sociales, 2 casos de suspensión provisional de usuarios en redes sociales y 16 actos de difamación, amenazas y acoso sexual contra mujeres en estas plataformas, que representan uno de cada cinco casos de agresiones conocidas en ese periodo.
A los medios se les niega información frecuentemente y la cobertura a determinadas audiencias judiciales y tienen que lidiar con la narrativa descalificativa del Gobierno, según el informe del 2022 de dicho Observatorio.
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Modelo autoritario compartido en CA
La situación de los periodistas en Guatemala recuerda la judicialización, encarcelamiento, acoso y cierre de medios en Nicaragua desde 2018, así como la narrativa agresiva de Nayib Bukele en El Salvador, contra el medio digital El Faro y La Prensa Gráfica.
El 25 de junio de este año se realizarán las elecciones generales de Guatemala, donde la mayoría de los treinta partidos políticos participantes, “están cooptados por el crimen organizado, por el narcotráfico y por una serie de personajes nefastos para el país”, sostuvo Recinos.
Uno de los periodistas investigados por la fiscalía agregó que más allá del tema electoral o el ambiente político, existe un pequeño sector en el país que quiere el control total del Estado, usando como herramienta los instrumentos jurídicos.
El impacto de esta resolución contra la libertad de prensa, es porque no había ocurrido algo parecido en Guatemala, por lo cual se compara este caso con la situación en Nicaragua, precisamente.
“Aunque se trata de un modelo distinto, las acciones van en un mismo sentido, pues se cooptaron las instituciones estatales y el sistema judicial que sirven para silenciar a la prensa”, agregó.
“Se han bloqueado a los partidos de oposición, las esperanzas son escasas para que cambie el sistema o la cooptación de las instituciones”, dijo la fuente.
