*Este 19 de abril se cumplen cuatro años de las masivas protestas contra el régimen Ortega-Murillo, que dejaron un saldo de 355 asesinatos y otros crímenes calificados de lesa humanidad que siguen en la impunidad.
**Expediente Público recoge tres historias de padres de jóvenes asesinados y de víctimas de torturas y otros abusos de las fuerzas paramilitares y la policía del régimen, que cuentan cómo sobreviven cuatro años después.
***Defensores de derechos humanos afirman que Nicaragua se encuentra “más autoritaria, más injusta y con menos libertad” en donde la impunidad no es más que una “política de Estado”.
Expediente Público
Sobre una cruz de cemento en color azul está escrito, desde hace cuatro años, el nombre “Richard Eduardo Pavón Bermúdez” en una de las tantas tumbas del cementerio de Tipitapa. En la cabecera está una lápida del mismo color con la foto que le dio la vuelta a Nicaragua y al mundo justo la noche del 19 de abril de 2018.
Para esa fecha las protestas en el país centroamericano ya no eran únicamente por el silencio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la quema en la Reserva Indio Maíz, sino también por la reforma al Seguro Social que redujo las pensiones y las prestaciones a los jubilados, además de aumentar las cuotas a los trabajadores y empresarios afiliados.
“Fue el día más duro, más triste de nuestras vidas, la noticia de que lo habían baleado cerca de la alcaldía de Tipitapa”, relató a Expediente Público, su mamá, Maricruz Bermúdez, quien continúa demandando justicia por el asesinato del mayor de sus tres hijos.
Carlos Pavón, el papá de Richard, afirmó que desde ese día que le dispararon, a 30 metros de la Alcaldía del municipio, nada volvió a ser igual.
Asedio constante
“Hemos vivido bajo asedio (de la Policía) todo este tiempo, no les bastó con quitarle la vida a nuestro hijo. Después de eso no nos dieron justicia, y vivían hostigándonos”, agregó.
Ese día en Tipitapa, ciudad ubicada a 42 kilómetros de la capital, Managua, Richard, de 17 años, se convirtió en el primer asesinado de las protestas. Entre ocho y nueve impactos de bala perforaron su cuerpo y “truncaron su vida”, rememoró don Carlos, quien recibió la noticia después de haber llegado del trabajo.
“Ese 19 de abril fue muy triste. Llegaron compañeros de él a avisarme que lo habían baleado, que era una bala directa al corazón. Fue un momento muy feo, doloroso, corrí a decirle a mi esposa, fuimos al hospital y jamás lo esperábamos, jamás”, recordó.
Desde entonces, la familia Pavón Bermúdez ha tenido que vivir bajo hostigamiento como consecuencia de sus constantes denuncias y exigencias de justicia para su hijo, sin poder visitarlo en el cementerio por la intimidación de policías armados que rodean el lugar.
Desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, que ha desembocado en una situación sociopolítica y económica grave, más de 280 mil nicaragüenses han migrado, según el registro de datos de Expediente Público, entre ellos, los aportados por familiares de las víctimas de abril.
“Sabemos que a pesar de que él está en un cementerio lo tenemos aquí y no lo queremos dejar, no nos sentiríamos completos en otro lugar”, dijo Maricruz, quien ha pensado en irse de Nicaragua por el hostigamiento hacia su familia. Sin embargo, se lo piensan dos veces porque sienten que su hijo habita con ellos, aunque su cuerpo esté en el panteón.
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Seis impactos de bala
“¿Quién soy ahora?”, es la pregunta que se hace Milagro, mientras reflexiona en las actividades que solía hacer antes de involucrarse en las protestas en la ciudad de Estelí, al centro-norte del país, y verse obligado a dejar su país junto a su familia, a causa de la persecución que sufrieron, la misma que ha alcanzado a cientos de nicaragüenses que se involucraron en las manifestaciones antigubernamentales.
A su mente viene el recuerdo de haber despertado inmóvil en un hospital, luego que una bala le entró entre su mandíbula y su cuello, la noche del 20 de abril de 2018. Ese mismo día 25 nicaragüenses fueron asesinados en diferentes municipios por participar en las protestas que fueron reprimidas por la Policía Nacional y grupos de choque, según la documentación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Participar en esa marcha del 20 de abril cambió todo para Milagro. Tenía 22 años para entonces. Ese proyectil y otras cinco balas de goma en su abdomen y cerca de sus costillas no le quitaron la vida, como a 16 jóvenes de su ciudad, Estelí, pero le han dejado secuelas hasta hoy.
“Mi vida era trabajar, estudiar y entrenar mi deporte favorito, pero de un día a otro todo cambió, desperté en un hospital, la verdad no podía ni hablar y ni siquiera mover un solo dedo”, narró para Expediente Público desde el exilio y bajo la condición de reservar su nombre por temor a que su familia sea víctima del régimen.
Aunque puede moverse lo hace con dificultad.
“Mi testimonio lo doy en anonimato por la seguridad y bienestar de mis familiares y seres queridos, no me gustaría que les pase algo”, puntualizó.
La gaveta 284
A Fátima Vivas le quedaban dos caminos en Nicaragua: la cárcel o el cementerio, por eso decidió exiliarse el 11 de julio de 2018, dos días después de haber reconocido la dentadura y la cara desfigurada de su hijo, el expolicía Faber López, de 22 años, en la gaveta 284 de Medicina Legal.
“Desgraciadamente, después del 18 de abril, cuando las protestas y ese pueblo se manifestó, y esos jóvenes se levantaron en contra de la dictadura, pues él (Faber) no estuvo de acuerdo y le costó la vida”, afirmó Vivas.
Identificarse con los manifestantes les trajo meses de hostigamiento. A ella la llamaban “terrorista”, por su participación en los tranques y cercanía a liderazgos opositores; mientras que el teléfono de Faber fue intervenido, relató su mamá.
Después de cuatro años de servicio, el joven decidió renunciar el 6 de julio de 2018 como agente de la policía de Jinotepe, departamento de Carazo, a unos 45 kilómetros de Managua. Desde el 7 de julio ya no tuvo más comunicación con su madre. Faber fue torturado hasta la muerte el 8 de julio, y se convirtió en una de las 29 víctimas de la «operación limpieza» ejecutada en Jinotepe, Carazo.
En las siguientes 24 horas, doña Fátima recibió llamadas de personas que le preguntaban si sabía dónde estaba Faber, o que le prometían averiguar su paradero.
Forenses independientes confirmaron torturas
Finalmente, el 9 de julio llegó a ver el cuerpo de su hijo a Medicina Legal, acompañada por dos amigos, incluyendo un forense. Allí comprobaron que Faber tenía claras señales de haber sido torturado. Su cuerpo presentaba quemaduras de cigarrillos, moretones, heridas con arma blancas, dedos sin uñas.
“Lo que a mi hijo lo llevó a la muerte, según los médicos forenses, fue la tortura de 24 horas, y un golpe en el tabique, eso le quitó la vida”, confirmó Vivas a Expediente Público.
Pese a las evidencias, la versión que mantuvo la policía y el régimen nunca cambió: el policía Faber López murió asesinado a manos de “terroristas”, calificativo que utilizan para designar a quienes participaron en las protestas sociales.
En 2021 fue creada una estación de policía a la que nombraron Faber López. Según Vivas, a su familia en Nicaragua la han buscado para participar en la inauguración de un museo arqueológico que también llevaría el nombre de su muchacho, en su lugar de origen, La Libertad, Chontales, al centro sur del país centroamericano.
Parece fácil lo que cuenta con su propia voz, pero después de cuatro años le sigue doliendo como si fuera ayer.
La irreparable pérdida de su hijo, dejar su patria, a sus 3 hijos y a su madre y, además, llegar a un país desconocido, han sido los cuatro dolores más grandes que le ha tocado vivir, aseguró.
Hoy, en el exilio que para ella ha sido “una condena”, solo la acompaña un llavero que le recuerda el gran sueño que tenía Faber de formarse como técnico canino y ser un gran educador de perros.
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Impunidad como política de Estado
“Aquí en Nicaragua lo que existe es una impunidad institucionalizada”, afirmó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez. “La impunidad prácticamente es una política de Estado”, agregó en una entrevista para este reportaje especial de Expediente Público.
Sin embargo, para Núñez, aunque en cuatro años no se ha logrado la aclamada justicia, verdad, reparación y no repetición, la memoria y documentación que se ha hecho desde los testimonios de las víctimas, organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua servirá para el nuevo “Mecanismo de Investigación” aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el que esperan sea un “canal” para obtener justicia.
De acuerdo a la resolución aprobada el 31 de marzo de 2022, el mecanismo estaría integrado por tres expertos independientes para trabajar en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la mano de organizaciones civiles durante un año.
Además, deberá “realizar investigaciones exhaustivas» sobre violaciones cometidas en Nicaragua y posteriormente dar recomendaciones.
Por su parte, Paulo Abrão, exsecretario de la CIDH consideró que existe una “una insatisfacción de la comunidad internacional y del sistema universal en relación a las respuestas que han sido dadas de parte del gobierno en los últimos cuatro años frente a la grave crisis política institucional”.
De manera que, el activar un mecanismo de respuesta similar a lo que se ha creado en otros países como Ucrania, Siria y Venezuela demuestra una muy clara visión sobre la gravedad de lo que está pasando en Nicaragua al día de hoy, ejemplificó Abrão a Expediente Público.
Por otro lado, aseguró que dentro del país centroamericano no hay un estado de derecho vigente, al contrario, existe “una captura de parte del Poder Ejecutivo de todos los demás poderes. Tampoco existe un sistema de independencia judicial y no se ha respetado la existencia de una oposición política», concluyó.