*Una investigación de la Fundación Heinrich Boll, sede El Salvador, denominada “La Función Política de los Militares en Centroamérica. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, reveló que mientras las democracias y sus instituciones se degradan aceleradamente en los cuatro países del istmo, las Fuerzas Armadas cobran papeles relevantes como figuras explícitas o implícitas de poder político.
EXPEDIENTE PÚBLICO
El día que el presidente Nayib Bukele ingresó al edificio de la Asamblea Nacional en San Salvador, arropado por los altos mandos militares, aquel 10 de febrero del año 2020, colocó a El Salvador en la penosa posición Centroamérica de países donde las fuerzas armadas son utilizadas con fines políticos.
Hasta 2018, aparte de Costa Rica que no posee ejército desde 1948, El Salvador constituía la última nación centroamericana donde la institucionalidad de las fuerzas armadas estaba sometida a intereses particulares de la clase política, según el estudio “La Función Política de los Militares en Centroamérica. El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, realizado por los investigadores Otto Argueta y Knut Walter para la Fundación Heinrich Böll, sede El Salvador.
Tal investigación analiza índices de democracia y gobernabilidad, leyes y normas jurídicas cívico-militares, antecedentes históricos y contextos políticos actuales para concluir existe un preocupante incremento de la manipulación y cooptación de las fuerzas armadas por parte de líderes políticos para fines ideológicos, partidarios y de acumulación de poder.
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Preocupaciones en el bicentenario de la independencia
Ingrid Wehr, director regional para la Fundación Henry Böll en Centroamérica, considera que, en el año del bicentenario de la independencia centroamericana de España, “la región pasa por una fase preocupante en la historia de sus jóvenes democracias”.
En un foro virtual el pasado 10 de septiembre, donde se debatió con los autores los resultados del estudio y se analizó la situación de cada país con analistas y expertos en seguridad, defensa e historia, Wehr advirtió que “muchos de los avances de la época post-conflicto están crecientemente amenazados por el populismo, autoritarismo y la cooptación de bienes y servicios públicos por élites políticas y económicas depredadoras y corruptas”.
“El impacto nefasto de la pandemia global del coronavirus resaltó aún más el fracaso de las instituciones democráticas cooptadas, de resolver el problema central de la población: superar la grave desigualdad estructural en materias de ingreso y acceso a bienes públicos y comunes”, advirtió Wehr.
Según Wehr, el crecimiento exponencial de la violencia en todas sus formas, liderado por fenómenos complejos como las pandillas o el narcotráfico, “ha exacerbado la idea ilusoria y cortoplacista de muchos gobiernos para proponer a las fuerzas armadas como solución”.
“Preocupa también cómo la instrumentalización política de estas fuerzas desde grupos de poder partidarios y económicos nacionales y extranjeros, se consolida como una ruta a las neo dictaduras del siglo XXI, entre otras interrogantes de peso para la sobrevivencia misma de la región. En el año del bicentenario de la independencia Centroamericana de España, urge reflexionar sobre los caminos recorridos en la historia de estos países bajo la influencia armada, y cómo la ciudadanía puede responder desde su rol democrático para frenar el avance de los ejercicios anti democráticos plagados de víctimas y lecciones”, acotó Wehr.
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Nicaragua: Ejército subordinado a una dictadura
El estudio revela que Nicaragua bajo la figura de Daniel Ortega, junto a Honduras bajo el peso de Juan Orlando Hernández, son ya autocracias, mientras “El Salvador avanza aceleradamente hacia el mismo destino destruyendo instituciones políticas que habían logrado la estabilidad pese a enfrentar enormes retos sociales y Guatemala, el país de la esperanza rota como lo llamó un historiador, retorna a un régimen que parece inmutable, el de oscuros poderes mafiosos”.
Elvira Cuadra, socióloga nicaragüense y experta en temas de seguridad y defensa, explicó a Expediente Público ampliamente la situación de Nicaragua: un cuerpo armado de origen partidario y guerrillero que fue el brazo armado de un proyecto político de 1979 a 1990.
Desde 1990 hasta 2006, avanzó en una vía de profesionalización e institucionalidad que empezó a desmoronarse en 2007 con el ascenso al poder de Daniel Ortega, quien empezó a exigir fidelidad de origen a los militares y los coaptó con todo tipo de leyes de beneficio institucional, cargos públicos y privados dentro del Estado, así como beneficios individuales y corporativos para sus empresas y negocios.
Sistema de represión estalla en 2018
“El cambio comienza precisamente el día de la toma de posesión de Daniel Ortega como presidente, 10 de enero de 2007, cuando en ese mismo, tanto al Ejército como a la Policía les recuerda sus orígenes revolucionarios de la época sandinista en 1979, y les reclama lealtad, junto con eso envía una ley de reforma al ordenamiento del aparato gubernamental, donde entre otras cosas, intentaba disminuir las funciones del Ministerio de Defensa y darle más protagonismo y autonomía al Ejército ante el control civil”, cita Cuadra.
Luego, entre 2010 y 2014 se reforman los códigos militares y se crea un marco jurídico donde Ortega asume la jefatura y control directo del Ejército y lo integra a un sistema de vigilancia y control político que estalla en 2018, con las protestas sociales que desde entonces tienen sumido al país centroamericano en una profunda crisis.
Esas protestas develaron, según Cuadra, un sistema de represión que juntó a varios dispositivos de represion y control: Policías, terceros grupos organizados por el Estado llamados “paramilitares” de composicio mixta, retirados del Ejército, la Policía y miembros del gobierno y el partido; y a ellos se sumó el Ejército de Nicaragua.
Si bien el Ejército niega su participación directa en la represión política que dejó más de 328 muertos, más de 2,000 heridos y más de 108,000 exiliados, Cuadra recuerda que “hay graves denuncias (…) en relación a la participación del Ejército”, en las protestas.
“Se ha denunciado que efectivos militares participaron activamente vestidos de civil y utilizando armas de guerra o facilitando armas de guerra a los grupos paramilitares, pero lo que, si es evidente que todo el trabajo de inteligencia y levantamiento de información para los apresamientos, los secuestros y los juicios a personas de la oposición, ha sido en gran parte facilitado por las estructuras del Ejército, principalmente por la Dirección de Inteligencia para la Defensa”, indica Cuadra.
Tales denuncias han generado que Estados Unidos, Unión Europea, Canadá y otros países apliquen sanciones a individuos e instituciones acusadas de violar sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses; entre ellos figuran varios altos militares, incluyendo al jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo y a la Policía Nacional y a todos sus altos mandos como institución represora.
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Honduras: La bota que sostiene a Juan Orlando Hernández
Honduras, según la investigación, es junto a Nicaragua, una autocracia donde el sometimiento del cuerpo armado a fines políticos lo lidera el presidente Juan Orlando Hernández, señalado de narcotráfico y corrupción por parte de Estados Unidos.
Leticia Salomón, socióloga, catedrática e investigadora de Honduras, en el foro sobre la presentación del estudio, recuerda que el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya en 2009, fue el inicio del desmantelamiento de todo un proceso civil que había devuelto a los militares a los cuarteles y a sus oficios propios de defensa y seguridad.
“Se dice bien que el golpe de Estado de 2009 puso fin a casi tres décadas de gobiernos civiles sin interrupción de militares, yo creo que este es un punto muy importante, porque veníamos de casi 17 años de control directo de los militares en Honduras”, señaló la catedrática.
Según Salomón, entre el inicio de la transición democrática en los años 80, hasta el año 2009, los gobiernos democráticamente electos habían trabajado en función de limitar a los militares a tareas propias de sus asuntos y trasladar a control civil poderes que antes ostentaban las fuerzas armadas, como la fuerza policial, control migratorio, servicio militare obligatorio, comunicaciones y otros.
En ese contexto de pérdidas de privilegios, recordó Salomón, se produce el golpe de Estado de 2009 ejecutado por los militares, pero impulsado y conducido por una articulación de fuerzas políticas y empresarios junto a dos poderes del Estado, legislativo y judicial, contra el Ejecutivo.
“Desde entonces para acá, se va produciendo una especie de recuperación de privilegios de las fuerzas armadas tanto a nivel institucional como individual”, denunció Salomón.
Desde el golpe de Estado, los militares en Honduras demandaron una serie de beneficios a cambio del apoyo institucional al nuevo régimen y así pasaron a tomar control de tareas de seguridad que se las habían traspasado a la Policía, así como una serie de poderes, funciones y labores que los termina fortaleciendo en beneficio de un proyecto político.
La paradoja de esos cambios, dijo Salomón, ocurre cuando el Ejército hondureño alegó en 2009 que el golpe de Estado se ejecutó en defensa del Estado de derecho al intentar el expresidente Zelaya reelegirse contra la Constitución de la nación centroamericana.
Sin embargo, en 2017, después de recibir aumentos presupuestarios, armas, y beneficios para sus mandos por parte del presidente Hernández, el Ejército delibera y públicamente admite que es legal la reelección, pese a la controversia jurídica en torno.
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El Salvador ¿Por el mismo rumbo?
Knut Walter, coautor del estudio, señaló que, en el caso de El Salvador, si bien hay una apreciación militar sobre el problema de la violencia, es prematuro determinar el rumbo de las operaciones de seguridad contra las pandillas y el papel de las fuerzas armadas en ese contexto.
Parte del discurso del presidente Nayib Bukele ha sido para demandar más recursos y apoyo a los policías y militares, para garantizar la seguridad ciudadana ante el problema de las pandillas y el narcotráfico.
Para ello, Bukele ha manifestado su intención de aumentar de 20,000 a 40,000 los miembros de las fuerzas armadas y equiparar las fuerzas de la policía a la estimación de los números de las organizaciones de criminales, de modo que, si se estiman una organización de 50,000 criminales, haya una fuerza similar de policías.
Con ello, estima el coautor del estudio, Otto Arguetta, se corre el riesgo de la militarización de los conflictos sociales, el armamentismo regional y la proliferación de armas en un contexto complejo donde, mientras por una parte se fortalecen las fuerzas armadas, por otra se debilitan las instituciones democráticas.
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Guatemala: tras los malos pasos del pasado
Argueta señaló que el caso de Guatemala, si bien es menor en consideración a Honduras o Nicaragua, se enmarca en ese contexto de fortalecimiento de las fuerzas militares para beneficio de las élites políticas.
Desde la transición de la democracia ha mediado de los años 80 hasta ahora, cita Argueta, se había logrado avanzar en hacer prevalecer la incidencia civil sobre los militares, e ir reduciendo la presencia de los uniformados en diferentes ámbitos de la vida civil.
Con la firma de los acuerdos de paz en 1996, recuerda Argueta, hubo un doble proceso en relación a los militares: por un lado, se le fueron disminuyendo públicamente sus funciones “para cumplir muy delicadamente lo establecido en los acuerdos de paz”.
Se les fue pasando a retiro a altos jefes que pasaban a la vida civil con cuotas de poder, se les retiró presupuesto y se les limitó a funciones de defensa, pero eso llevó a un estado de debilitamiento en materia de seguridad que incrementó la delincuencia organizada, dice el autor.
Por ello, a la vez, se realizó otro proceso para expandir las funciones de los militares con la justificación de la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la seguridad interna.
Empresarios, políticos y poderes fácticos volvieron a empoderar a las fuerzas militares al grado de utilizarlos para misiones de seguridad interna, frenar migraciones, combatir al crimen organizado, asegurar el control social en regiones complejas y utilizar su poder simbólico como motivos de disuasión política, como lo hizo el expresidente Jimmy Morales en 2019 al expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que investigaba actos de corrupción: rodeado de militares.
