*Los magistrados impuestos por la Asamblea controlada por el presidente de El Salvador Nayib Bukele reciben sanciones estadounidenses, tras autorizar la reelección inmediata de Bukele.
**También fue sancionada la fiscal general guatemalteca y su mano derecha, por obstruir investigaciones de corrupción y destituir al fiscal que las dirigía.
EXPEDIENTE PÚBLICO
Estados Unidos anunció este lunes la inclusión de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional salvadoreña, así como a la Fiscal General de Guatemala y su segundo al mando en el Ministerio Público, en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida popularmente como Lista Engel, la primera actualización desde junio pasado.
Los cinco magistrados de la Sala Constitucional salvadoreña son señalados de “socavar los procesos o las instituciones democráticas”, tras ser impuestos por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo pasado cuando destituyeron a los magistrados que aún no culminaban su periodo.
Los sancionados en El Salvador son Óscar Alberto López Jerez, también presidente de la Corte Suprema de Justicia; Elsy Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahún Martínez.
“Los cinco magistrados están incluidos por aceptar nombramientos directos en la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso inusual y en aparente contravención a los procesos establecidos en el artículo 186 de la Constitución, que exige la selección de dichos Magistrados de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima tras la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa elegida el 1 de mayo”, dice la comunicación de Estados Unidos.
“Después de ser instalados, los nuevos magistrados declararon que su instalación por la Asamblea Legislativa había sido constitucional. Posteriormente, los Magistrados también socavaron los procesos o las instituciones democráticas al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del presidente, a pesar de la prohibición expresa en la Constitución de los mandatos consecutivos de la Presidencia”, explicó el Departamento de Estado en un comunicado divulgado tras el anuncio del Secretario, Antony Blinken.
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La Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos es una herramienta, ordenada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2020, diseñada para proporcionar consecuencias inmediatas a las personas que actualmente participan en la corrupción y en actos que socavan la democracia en El Salvador, Honduras y Guatemala.
“Estas acciones dañan la relación bilateral que Estados Unidos se esfuerza por tener con el gobierno de El Salvador”, agregó la diplomática estadounidense.
¿Vendrán más acciónes?
Manes advirtió también que se trataba de “una decisión inicial”, sin especificar más. El pasado 3 de septiembre, cuando la Sala de lo Constitucional autorizó la candidatura de Nayib Bukele a la reelección, Manes había expresado su condena a esa resolución.
Las personas extranjeras incluidas en la llamada Lista Engel o Sección 353, están vetadas para obtener visados ni pueden ser admitidas en Estados Unidos.
Además, se les revocará inmediatamente el visado y se anulará cualquier otro permiso o documentación de entrada válida, a menos que se conceda una excepción o una exención de seguridad nacional.
“Estas restricciones de visa son un paso más que estamos dando para promover la democracia y los esfuerzos de combate a la corrupción El Salvador y Guatemala”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
No ha habido pronunciamiento oficial de la Sala de lo Constitucional ni de los magistrados afectados al respecto.
Bukele en Twitter: “Dictador de El Salvador”
Quién sí salió en defensa de los magistrados sancionados fue el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
“Queda claro que la lista no tiene nada que ver con ‘corrupción’, sino que es pura política e injerencia de la más bajera. Es extraño que no viene mencionado nadie de la oposición. Tal vez por angelitos. De nuevo, no viene nadie del Gobierno de Honduras. Qué raro”, escribió Bukele, en su cuenta de Twitter.
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La fiscal de Guatemala y su mano derecha
En el caso de Guatemala, el Departamento de Estado incluyó en la Lista Engel a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta de Porres, actual fiscal general de Guatemala, y a Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del Ministerio Público, mano derecha de Porras.
La fiscal Porras es acusada de “obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en las investigaciones penales con el fin de proteger a sus aliados políticos y obtener un favor político personal”.
“El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basándose en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones sobre aliados políticos llevadas a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, incluso despidiendo indebidamente a su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y transfiriendo y despidiendo a los fiscales que investigan a la administración actual o al propio MP”, explicó el Departamento de Estado tras el anuncio.
El propio exfiscal Sandoval reaccionó al anuncio contra Porras.
“Obstruir las investigaciones de casos de corrupción, amenazar a la prensa independiente y sociedad civil, así como la criminalización de los operadores de justicia que luchan contra la corrupción e impunidad, empieza a tener consecuencias”, dijo Porras a medios guatemaltecos desde Estados Unidos, donde se encuentra exiliado.
En el caso de Pineda Ávila, también es señalado de “obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción”.
“El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda informó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo contra ellos”, señala el Departamento de Estado.
A diferencia de Bukele, su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, no hizo ningún comentario sobre las sanciones estadounidenses.
Ni Porras ni Pineda Ávila han reaccionado al anuncio norteamericano.
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Investigación continuará
El Departamento de Estado advirtió que continuará investigando a las personas mencionadas en el informe y “considerará todas las herramientas disponibles para disuadir y desbaratar las actividades corruptas y antidemocráticas en El Salvador, Guatemala y Honduras”.
“El Departamento también continúa revisando activamente la información creíble adicional y las denuncias de corrupción y utilizará todas las autoridades aplicables, según corresponda, para garantizar que los funcionarios corruptos no encuentren refugio en los Estados Unidos”, agregó el comunicado.
El Departamento de Estado asegurá que seguirá colaborando “con los funcionarios del gobierno que muestren una dedicación a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de la gobernanza democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas fundamentales de la migración irregular”.
“Seguiremos apoyando a los pueblos de El Salvador y Guatemala en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”, subraya el comunicado.
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Reacciones
El anuncio de las sanciones ha generado una serie de reacciones en Washington, Guatemala y El Salvador.
La congresista demócrata por California, Norma Torres, de origen guatemalteco, dijo que la lista que el Departamento de Estado público “confirma acciones antidemocráticas significativas en la región por parte de funcionarios que interfieren con investigaciones independientes y trabajan contra aquellos que defienden el estado de derecho”.
“Es un paso importante para hacer rendir cuentas a los funcionarios de alto nivel y sus cómplices que están directamente involucrados en la corrupción y la obstrucción de los procesos democráticos”, escribió Torres en Twitter.
“Si producirá un cambio está por verse”, advirtió Shifter.
Eric Olson, director de politica e iniciativas estrategicas de la Fundacion Seattle international, dijo a Expediente Público que las acciones del gobierno de Joe Biden son otro “paso importante y otra señal innegable de la importancia que EE.UU. le está poniendo al tema de la corrupción, independencia de los poderes, y la democracia en sí”.
“Lo que ha pasado en Guatemala y El Salvador claramente representa un atentado contra la independencia judicial, y busca politizar el estado de derecho algo inaceptable en una democracia”, afirmó Olson.
La exfiscal general guatemalteca, Thelma Aldana, exiliada en Estados Unidos tras una persecución penal dirigida por Porras, dijo que “Estados Unidos ya hizo su trabajo, ahora le toca al pueblo de Guatemala pedir la renuncia de Consuelo Porras y su secretario Pineda, esto mientras se libera el sistema de justicia de Guatemala para que sean juzgados y condenados por corruptos”.
En El Salvador, el diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Mauricio Linares, atribuyó el anuncio estadoundiense a “que lo que pasó el 1 de mayo fue el rompimiento del Estado de Derecho cuando se quitó la sala de lo Constitucional”.
“Estados Unidos ha visto que se está violando el Estado de Derecho del país, se está jugando con la democracia de El Salvador. A raíz de eso, ahora con esta resolución que se tiene de parte del Secretario de Estado de los Estados Unidos vemos de que la decisión que tomaron ellos el 3 de septiembre la reelección inmediata salí está pasándoles factura por así decirlo de momento”, dijo Linares.
Por su parte, el Secretario General del izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN), Óscar Ortiz se preguntó: “¿Y ahora con qué cortina de humo intentarán tapar esto?” “Como lo hemos dicho, El Salvador atraviesa un grave retroceso institucional, de gobernabilidad y de nuestra democracia caracterizado por altos niveles de corrupción, ilegalidades, imposiciones y acciones autoritarias”, dijo Ortiz al reaccionar al anuncio estadounidense.
Es la primera actualización de la Lista Engel desde que a inicios de julio se publicó por primera vez y se incluyó en ella a 21 ciudadanos de Honduras, 20 de Guatemala y 14 de El Salvador.
