*Senadores piden al presidente Joe Biden valore la permanencia de Nicaragua en Tratado de Libre Comercio que Centroamérica tiene con EE.UU.
** Presidente de España, Pedro Sánchez le exige a Daniel Ortega que libere a los presos políticos y “juegue limpio” en el proceso de las elecciones del país centroamericano.
*** La próxima semana la OEA realizará una sesión extraordinaria para abordar la crisis política electoral donde el gobierno de Ortega que corre el riesgo de ser expulsado de ese foro regional.
EXPEDIENTE PÚBLICO
El gobierno de Estados Unidos (EE.UU) evalúa otras “acciones inmediatas” para presionar al gobernante centroamericano, Daniel Ortega, y cobra más fuerza la posibilidad de que se suspenda a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio firmado con los países de Centroamérica (DR-Cafta, por su sigla en inglés).
Un grupo de siete senadores estadounidenses enviaron este 11 de junio una carta al presidente Joe Biden, instándolo a que su administración tome “medidas adicionales” en respuesta a la represión que ejerce Ortega contra la oposición nicaragüense.
Los senadores James E. Risch, Patrick Leahy, John Cornyn, Ricahrd J. Durbin, Marco Rubio, Todd Young y Bill Cassidy le recordaron al presidente Biden que el DR-Cafta se concibió como un acuerdo comercial preferencial entre las “naciones libres” de Centroamérica y Estados Unidos.
“Los intentos del régimen Ortega-Murillo de aplastar la democracia en Nicaragua son inconsistentes con el espíritu y los principios del DR-Cafta”, advierten los integrantes de la Cámara de Senadores norteamericanos.
Puede leer: Congresistas de EE.UU. advierten ruta autoritaria de Daniel Ortega en Nicaragua
Jornada de represión
Los senadores advierten en la carta que más de tres años después de que la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprimió brutalmente manifestaciones pacíficas, los nicaragüenses “no han encontrado justicia” para las más de 320 personas asesinadas y las casi 800 detenidas arbitrariamente.
“Desde diciembre de 2020, el régimen Ortega-Murillo ha restringido severamente a la sociedad civil y los medios independientes, ha impuesto regulaciones financieras ilegales a los bancos locales, ha tomado el control del Consejo Supremo Electoral en violación de la ley nicaragüense y ha puesto en marcha un proceso electoral fraudulento que niega el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libre y justamente a sus líderes en las elecciones de noviembre”, señalan en la carta a Biden.
Por el contrario, Ortega sigue socavando el Estado de derecho en Nicaragua. En las últimas semanas se vivieron nuevas jornadas de represión contra aspirantes presidenciales, empresarios, miembros de la sociedad civil y periodistas y medios de comunicación independientes.
La periodista Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro; el catedrático del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Arturo Cruz; el politólogo Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se encuentran detenidos.
Puede leer: Indiferencia y pasividad de Biden en Nicaragua
A Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y a Arturo Cruz jueces sandinistas les aplicaron la detención de 90 días mientras se realizan las investigaciones sobre el delito contra la «Ley de los Pueblos», que establece la figura de “traición a la Patria” contra los ciudadanos que gestionen sanciones a la comunidad internacional contra el régimen de Ortega por los abusos a los derechos humanos y la represión. Los mismos cargos y detención de 90 días para la ampliación de las investigaciones fueron impuestas a los líderes opositores Violeta Granera, José Pallais y José Adán Aguerri, detenidos esta semana.
La precandidata presidencial Cristiana Chamorro está bajo arresto domiciliar, incomunicada y resguardada por policías. Se le hizo una audiencia donde no le permitieron a su abogada y se desconoce si también le impusieron tres meses de cárcel, mientras se amplían las investigaciones por lavado de dinero y activos de los que la acusó la Fiscalía, a través de la Fundación Violeta Barrios, de la que era directora hasta su cierre en enero del 2021.
Ortega es una amenaza
Los siete senadores estadounidenses, demócratas y republicanos, recordaron al presidente Biden que frente al desmantelamiento sistemático de las instituciones civiles independientes por parte de Ortega-Murillo es urgente tomar “acciones inmediatas”.
“Estados Unidos debe actuar con rapidez y decisivamente para enviar un mensaje claro instando al régimen de Ortega-Murillo a revertir el rumbo (de sus acciones)”, dice el texto de la misiva.
Las detenciones de opositores que aspiran ocupar la silla presidencial en Nicaragua se dieron a cinco meses de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, en las que Ortega busca una nueva reelección para su cuarto periodo consecutivo y segundo de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
“La concentración de poder del régimen de Ortega-Murillo sobre todos los poderes del Gobierno de Nicaragua y la corrupción resultante amenazan el futuro de la democracia en ese país, dañan los intereses de Estados Unidos y erosionan la confianza en la capacidad del Gobierno de Nicaragua para cumplir con sus obligaciones internacionales, incluidos los del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica (DR-Cafta”, mencionan los senadores norteamericanos.
Lea más: EE. UU.: sanciones terminan con retorno a democracia y respeto a derechos humanos
Investigar y sancionar
El grupo de siete senadores también instaron al presidente Biden a investigar a fondo los “activos de las Fuerzas Armadas de Nicaragua” en los Estados Unidos y considerar las acciones apropiadas para responsabilizarles por violaciones graves de los derechos humanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer esta semana sanciones contra cuatro funcionarios nicaragüenses, entre ellos la hija de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo a quien identifican como Coordinadora de la Comisión de Economía Creativa y una “asesora clave” dentro del gobierno.
Las sanciones emitidas también alcanzaron al diputado y coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional (parlamento), Edwin Castro; al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes; y al director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), general de Brigada del Ejército, Julio Rodríguez Balladares. Con ellos son unos treinta funcionarios nicaragüenses sancionados por EE.UU.
Por último, los senadores recomendaron al presidente estadounidense utilizar las herramientas disponibles en la Sección 5 de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), y la Orden Ejecutiva 13851 para “responsabilizar a los ciudadanos nicaragüenses, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua” o donde haya “evidencia suficiente de participación en actos de corrupción y otros abusos para promover los esfuerzos del régimen de Ortega-Murillo y sus cómplices para socavar la democracia”.
Puede interesarle: Contienda electoral se complica en Nicaragua con inhibiciones a partidos y candidatos
Argentina se alinea a EE.UU.
Estados Unidos debe considerar estas acciones como parte de una “estrategia coordinada” con otros miembros de la comunidad internacional que comparten las mismas preocupaciones en torno a Nicaragua, donde se debe “poner fin a la corrupción y restaurar la gobernabilidad democrática”, incluso a través de elecciones libres y justas en noviembre de 2021.
En esa misma vía, el secretario de Estado, Antony J. Blinken entabló comunicación con el canciller argentino, Felipe Sola, para discutir la importancia de los esfuerzos bilaterales, regionales e internacionales para promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
Ambos funcionarios expresaron “preocupación por las detenciones arbitrarias de candidatos presidenciales por parte del presidente Ortega y los ataques a los medios de comunicación independientes y la sociedad civil”, según comunicado de prensa del Departamento de Estado.
Por su parte, el enviado especial del presidente Joe Biden para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, consideró que en este momento Estados Unidos debe “tomar medidas contundentes” en contra del gobierno Ortega-Murillo.
Presidente de España a Ortega: «juegue limpio»
Mientras el presidente de España, Pedro Sánchez, externó que es preocupante la situación que se vive en el país centroamericano que deriva de la crisis sociopolítica de abril de 2018. Sánchez hizo las declaraciones en Costa Rica, donde participó durante dos días en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y España.
El jueves de esta semana, los cancilleres de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España, instaron a Nicaragua a que libere a los líderes políticos de oposición que han sido detenidos en los últimos días.
Durante su participaron en una cumbre del SICA y España, los diplomáticos también expresaron su “profunda preocupación por las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua contra importantes líderes de la oposición”.
Lea también: Nicaragua: seis meses soportando un clima de “violencia política”
OEA convoca a sesión “urgente”
El próximo 15 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una sesión extraordinaria para “abordar la situación en Nicaragua”, de acuerdo a la solicitud de las misiones permanentes de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, y Perú.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, considera que en Nicaragua se produjo una “alteración del orden constitucional”, según establece la Carta Democrática Interamericana, por lo que se corre el peligro de que expulsen al país centroamericano de ese foro regional.
El artículo 21 establece que un país puede ser suspendido de la OEA si dos tercios de los estados miembros deciden que se ha producido la “ruptura del orden democrático” y “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.
