*El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que los sancionados al restringir las visas son jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio de Gobernación que «socavaron la democracia».
**La decisión se da una semana después que el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, advirtió que venían más sanciones.
Expediente Público
El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso este lunes 13 de junio restricciones de visa a otras 93 personas que “socavaron la democracia” en Nicaragua, tras la reelección ilegítima de Daniel Ortega y Rosario Murillo en noviembre de 2021. La medida se da a conocer una semana después que el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmara durante la IX Cumbre de las Américas que preparaban una nueva ronda de sanciones contra Nicaragua.
La sanción dictada por el Departamento de Estado alcanza a jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio de Gobernación, dice una nota publicada este lunes por el Departamento de Estado.
“Seguimos comprometidos a aplicar una gama de herramientas diplomáticas y económicas para apoyar la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua (…) Con ese fin, el Departamento de Estado está tomando medidas adicionales para imponer restricciones de visa a otras 93 personas que se cree que socavaron la democracia”, advierte el gobierno estadounidense.
En el contexto de la Cumbre de las Américas, Nichols advirtió la semana pasada que Estados Unidos estaba preparando una nueva ronda de sanciones contra Nicaragua. “Esperamos cambios profundos en su forma de actuar y si no, vamos a tomar medidas para expresar nuestro desacuerdo con la presión política que existe en Nicaragua en este momento”, dijo a periodistas el funcionario estadounidense.
Al menos 53 funcionarios y 11 instituciones del régimen fueron sancionados a la fecha por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido.
Los diputados sandinistas Gustavo Porras, Edwin Castro, Wálmaro Gutiérrez y Wilfredo Navarro; la jueza Karen Chavarría y los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell fueron los últimos sancionados por Estados Unidos, incluidos en una lista dada a conocer el 9 de marzo de 2022.
¿Por qué son sancionados esos funcionarios?
Los jueces y fiscales, según Estados Unidos, están completamente “alineados” con el régimen que gobierna Nicaragua. Estos funcionarios son quienes han llevado a cabo los juicios contra las personas que fueron detenidas entre mayo y noviembre de 2021, previo a las elecciones en las que resultó reelecto Ortega como presidente y su esposa, Rosario Murillo como vicepresidenta.
“Los jueces y fiscales alineados con el régimen comparten la complicidad en los esfuerzos del régimen de Ortega-Murillo para socavar la democracia a través de su participación en los juicios y condenas de líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y defensores de los estudiantes”, explica la nota del Departamento de Estado.
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Unas 43 personas, entre ellos siete exprecandidatos a la presidencia, fueron encarcelados, procesados y condenados a penas que oscilan entre ocho y 13 años de prisión.
La medida de Estados Unidos está en sintonía con la resolución aprobada el 9 de junio por el Parlamento Europeo en la que se exige sanciones contra 14 jueces y los magistrados Octavio Rothschuh Andino; Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, todos del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Los jueces Luden Martín Quiroz García, Karen Vanesa Chavarría, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, Nadia Camila Tardencilla, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza, Verónica Fiallos Moncada y Ángel Jeancarlos Fernández González están en la lista de la Unión Europea.
Y la completan los judiciales: Rolando Sanarrusia, William Irving Howard López, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz y Erick Ramón Laguna Averruz.
Abogan por presos políticos
Estados Unidos reiteró su llamado a la “liberación inmediata e incondicional” de las personas que están “injustamente” detenidas por hacer oposición al régimen y abogó por el “restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua identifica a 182 personas presas por razones políticas hasta abril de este año. Sin embargo, en los primeros días de junio se sumaron a la lista Yubrank Suazo, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; y el padre Manuel Salvador García, párroco de Nandaime, con lo que el número ascendió a 184.
“El régimen tiene a más de 180 presos políticos, muchos de los cuales sufren por falta de alimentación adecuada, atención médica adecuada e incluso luz solar. Un preso político ha muerto y otros permanecen en régimen de aislamiento. Los presos políticos detenidos bajo arresto domiciliario también sufren abusos y no pueden elegir sus propios proveedores de atención médica ni recibir visitas”, señala el Departamento de Estado.
Este 13 de junio, los dirigentes del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Suyén Barahona cumplieron 365 días de estar detenidos en las celdas de Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”.
La periodista Cristiana Chamorro; los excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez; los exprecandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri y los opositores Violeta Granera, José Pallais y Támara Dávila también ya cumplieron un año encarcelados.
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“Los corruptos sistemas judiciales y de seguridad del régimen arrestaron y enjuiciaron a estos líderes cívicos y defensores de los derechos humanos por decir la verdad, practicar un periodismo valiente, defender a sus comunidades a través del trabajo de las ONG y abogar públicamente por alternativas al gobierno represivo del régimen, actividades que deberían permitirse bajo la propia constitución de Nicaragua o cualquier sistema político democrático”, señala el Departamento de Estado.
Diputados implicados en acciones antidemocráticas
Los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio de Gobernación, agrega la nota del Departamento de Estado, permitieron que el régimen de Ortega-Murillo “reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses”.
Lo anterior ocurre “mediante el uso de leyes represivas” que fueron utilizadas para despojar de su estatus legal a más de 400 oenegés y una docena de universidades.
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Esta semana, la Asamblea Nacional planea cancelar otras 93 organizaciones sin fines de lucro, según iniciativa de decreto legislativo presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, la misma ficha que sigue utilizando el régimen para este fin.
En las organizaciones que serán canceladas se encuentran: la Asociación Foro Educativo Nicaragüense (Eduquemos), Fundación Nicaragüense para la Conservación (Fundación Cocibolca), el Centro Nicaragüense de Escritores, la Asociación para el Progreso y Desarrollo Nicaragüense (Aprodenic), la Federación Nicaragüense de Universidades Privadas e Instituciones de Estudios Superiores (FENUP), entre otras.
