**Este 19 de abril se cumplen tres años de las protestas que iniciaron en 2018 y de la impunidad de los asesinatos cometidos por la Policía Nacional y paramilitares contra civiles. Las detenciones arbitrarias y agresiones a la ciudadanía hoy son una representación más de la violación de derechos humanos en Nicaragua ante los ojos del mundo.
***A pesar de ello, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, víctimas y familiares, exiliados, estudiantes, excarcelados, periodistas y religiosos no han claudicado en su lucha, pues la sed de justicia sigue viva.
Expediente Público
“Fue el último Domingo de Ramos que pasamos en familia. Para nosotros abril es el mes más triste, el más doloroso comparado con ningún otro mes, ningún otro año. Me da mucha tristeza pensar que ya no está con nosotros Richard Pavón. No era un mal hijo, no era un delincuente, no era un asesino, era un estudiante con todo el derecho a seguir viviendo y recordarlo. Ver sus fotos, su ropa que todavía conservamos, es triste, pero al mismo tiempo sabemos que fue un buen chavalo que no merecía esto”, dijo Maricruz Bermúdez, voz de una madre que no olvida, después de tres años, aquella noche que una bala perforó y arrebató la vida de su hijo. Hoy sigue clamando justicia por él.
Richard Pavón fue asesinado el 19 de abril del 2018. Entre los demás protestantes que se dirigían a la alcaldía de Tipitapa, municipio de la capital Managua, allí estaba él, Richard, quien después de clases se sumó a la marcha que se había organizado en rechazo a las reformas al Seguro Social cerca de las seis de la tarde, sin saber, que unas horas después en el barrio Avenida Virginia número dos, llegarían a buscar a su padre Carlos Pavón, para avisarle que había sido herido de bala.
Hoy, después de tres años, nada ha cambiado. La casa donde vivía el “pajarito” como le llamaba su papá, sigue en color salmón y de una de sus paredes, aun se cuelga aquella foto en la que posa con su mirada hacia arriba, usando un sombrero y con camisa negra: la imagen con la que muchos nicaragüenses conocieron al primer asesinado aquella noche de abril y que ha permanecido al lado de la bandera de Nicaragua todo este tiempo, junto a la estola de su bachillerato, al que no pudo ir porque su vida fue arrebatada.
Su mamá Maricruz Bermúdez dijo a Expediente Público que, aunque les duele como familia ver su foto a cada momento, quieren sentir su presencia y hacerle saber que ellos están con él.
Richard tenía 17 años. Fue el primer menor de edad asesinado en la brutal represion a las protestas de ciudadanos por parte de la Policía y grupos de choque del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Maricruz, su madre, lo describe como un chavalo bien enérgico, alegre, divertido, que le gustaba jugar con sus hermanas. “El era uno de los mejores hijos que pudiera tener uno”, dice esta madre.
Un éxodo sin pausa, crímenes de lesa humanidad en ascenso, represión a la libertad de expresión, encarcelamientos arbitrarios, impunidad de quienes ya no están, y en “Nicaragua nada está normal”; así lo han denunciado por más de tres años activistas opositores al gobierno de Ortega desde las protestas iniciadas en abril del 2018, que dejó un saldo de 328 muertos. Ortega, su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo no han reconocido su responsabilidad ante las incontables demandas de justicia por las víctimas.
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“Yo no olvido”
Cerca de las 7:30 de la noche del 22 de abril, en la Universidad Politécnica en Managua, Edwin Bismarck Gómez Gómez, recibió dos balazos que lo enviaron al hospital y luego de tres días, falleció. Así lo documenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la investigación de los hechos de violencia del 18 de abril al 30 de mayo de 2018, en Nicaragua. Ese es el período que el GIEI pudo registrar antes de ser expulsados por el gobierno.
Su esposa, Rosaura Chavarría, con quien concibió 4 hijos, cuenta a Expediente Público cómo él tenía tres días apoyando a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), defendiéndose con piedras y huleras (instrumento para lanzar piedras) por las primeras protestas de lucha. El cuarto día, el 22 de abril, fueron sorprendidos y atacados por fuerzas antimotines y Edwin Bismack recibió dos impactos de bala; “le dispararon sin crueldad” recuerda ella, de frente, en el tórax, y por detrás, le perforaron la mayor parte de sus órganos.
Edwin permaneció tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital Alemán Nicaragüense, pero falleció el 25 de abril, tres meses antes de que su cuarta hija naciera.
A Chavarría le tocó irse de Managua porque no pudo seguir alquilando una casa. “¿Quién ha estado sufriendo? ¿Quién ha exigido justicia? Yo, yo soy miembro de Madres de Abril”, dice esta mujer que sigue exigiendo justicia por el asesinato de su esposo.
La Asociación de Madres de Abril (AMA), nació en octubre de 2018, bajo el reclamo de justicia y en busca de unir y representar a los familiares de personas asesinadas en las protestas cívicas desde abril hasta la fecha.
En septiembre de 2019, AMA presentó el Museo de la Memoria contra la Impunidad, en la Universidad Centroamericana (UCA) que hoy cuenta con un espacio virtual en el que están los testimonios de cada uno de los más de 300 nicaragüenses que la oposición les llama “héroes de abril”.
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Chavarría asegura que su demanda radica en la salida de la pareja presidencial. “No los queremos, exigimos justicia, que el gobierno reconozca que ellos fueron los que mandaron a matar a nuestros familiares. A tres años de resistencia de lucha, exigimos que nos escuchen, nos sentimos frustrados e impotentes de no poder hacer nada, porque el gobierno no escucha, no acepta”, expresa con indignación.
CIDH: Grave situación de derechos humanos
Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y especial relatora para Nicaragua, asegura que en la nación centroamericana se siguen cometiendo violaciones graves a los derechos fundamentales, como ejecuciones extrajudiciales y tortura. Además, señala que el Estado ha promovido la impunidad y el cierre de los espacios democráticos para evitar los llamados públicos para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad y los responsables enfrentan la justicia.
La CIDH ha seguido de cerca la situación de Nicaragua. “Ha hecho un despliegue histórico”, asegura Urrejola. Hasta la fecha han recopilado alrededor de 1,700 testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos, han emitido 3 informes, y alrededor de 90 medidas cautelares que protegen a más de 300 personas y sus familias.
Por otro lado, Urrejola señala que la sociedad nicaragüense hace lo que debe, en cuanto al trabajo de documentación y registro de cada abuso. “Es impresionante la capacidad de defensa de derechos humanos que sostienen las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas después de que sus bienes fueron confiscados, sus instalaciones ocupadas y sus integrantes perseguidas”, destaca.
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Sin embargo, hasta hoy, sigue ausente el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Nicaragua, como el restablecimiento de las garantías e instituciones democráticas y el fin de la impunidad.
Una esperanza de justicia
“En el 2018 logramos quebrar esa normalidad y esa realidad que vendía el régimen de que Nicaragua era un país democrático, estable, en desarrollo, un país donde se respetaban los derechos humanos”, recuerda Nahiroby Olivas, quien este 19 de abril desde el exilio, cumple 21 años, y 3 de haberse unido a las protestas desde su ciudad natal en León, en el occidente del país.
Para Olivas ha valido la pena el sacrificio, porque se logró desmontar la normalidad del régimen en 2018, asegura. Además, se anuló la pasividad social de la ciudadanía al no responder y no ser críticos ante la represión del gobierno. “A partir de 2018, se ha logrado evidenciar todo lo que realmente es el régimen”, dijo Olivas.
Al recordar el abril de hace tres años, las imágenes de las marchas multitudinarias es uno de los recuerdos emocionantes que se pasan por la mente de Olivas, quien solía ser “apático a la política”, como admitió a Expediente Público. “Pienso en abril y la verdad es que me hace sonreír porque era emocionante ver tanta gente […] eso era muy lindo”.
Olivas, el 25 de agosto de 2018 fue encarcelado por la Policía Nacional y luego de 9 meses en prisión, salió libre bajo la Ley de Amnistía, aprobada por los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, pero que es rechazada por las víctimas y los familiares de los asesinados porque fue para proteger a los paramilitares y a los policías responsables de los crímenes. El joven líder de los movimientos autoconvocados asegura que el 2018, significa un año importante porque dio un giro total a su vida, a pesar de ser un excarcelado político, estar fuera de su país y lejos de su familia.
La situación “está lejos de mejorar”
La directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz y Paz, asegura que para cumplirse la “no repetición” que todas las víctimas han demandado, en primer lugar, debe cesar el “estado de sitio de facto donde las personas no pueden manifestarse libremente, expresarse su opinión libremente, reunirse, donde se respeten plenamente los derechos humanos”.
Además, dice Paz y Paz, deben darse reformas electorales que garanticen elecciones limpias donde los nicaragüenses puedan expresar su voluntad libremente en las urnas para elegir las autoridades.
Afirma que el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua han negado reiteradamente la violación de derechos humanos y han culpabilizado a las víctimas, en lugar de reconocer que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad del Estado.
Para la directora del Cejil, entre las medidas para la reparación de las víctimas está que la pareja presidencial reconozca que esto ocurrió y dignifique a las personas que sufrieron violencia, que se haga justicia esclareciendo quienes son los responsables y de acuerdo con las normas de Nicaragua, tengan la sanción por estos graves crímenes.
Sin embargo, la defensora señala que en Nicaragua no puede decirse que hay un Poder Judicial independiente, lo que bloquea el camino para que haya esa justificia.
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Las tácticas de represión por parte del gobierno de Ortega y Murillo han sido agravadas en los meses como la implementación de nuevas leyes que criminalizan a los ciudadanos y organizaciones que denuncian las políticas y acciones de los opositores, Paz y Paz las califica como una nueva restricción al derecho de asociación y a la libertad de expresión.
“Muchas organizaciones no han podido renovar su inscripción (legalización) y es sin duda es una limitación a sus derechos humanos. De la misma manera que (las personas que) han sido liberadas, que fueron injustamente privadas de libertad, siguen teniendo casa por cárcel, no pueden salir de sus casas, tienen un cerco policial constante y no podemos olvidar que continúan habiendo presos políticos que en el contexto de la emergencia sanitaria (Covid-19) pues su situación se volvió aun más grave”, señala la defensora.
Esperanza en medio del dolor
“Darwin Manuel Urbina: ¡PRESENTE!, Hilton Rafael Manzanares: ¡PRESENTE!, Richard Antonio Pavón Bermúdez: ¡PRESENTE!”
Esos fueron los primeros nombres de la primera lista de asesinados en las protestas de autoconvocados en abril del 2018, la misma lista que Madelaine Caracas leyó frente a los atónitos Daniel Ortega y Rosario Murillo, el 16 de mayo de ese año en el primer diálogo nacional con los movimientos sociales, empresarios, productores, campesinos agrupados en la Alianza Cívica.
“Han pasado tres años y no soy la misma de cuando tenía 20 años y estuve en Indio Maíz o en el diálogo nacional, sigo teniendo dentro de mí los mismos valores que me condujeron a movilizarme, a protestar, a organizarme y a defender derechos humanos”, dice Caracas.
Madelaine, después de no dar entrevistas durante un tiempo por seguridad, debido al acoso por parte de grupos sandinistas, contó a Expediente Público que ella antes de 2018 se dedicaba a su carrera artística. Sin embargo, esa prioridad cambió y se volcó completamente al activismo.
En esta joven del movimiento estudiantil siempre ha vivido la necesidad de hablar ante las injusticias, de clamar ante las desigualdades y de exigir a los gobernantes mejores condiciones para la población. Lo que ha sido siempre Caracas es feminista.
“Después de abril vino un sentido de transformación de humildad, saber reconocer de donde vengo, mis raíces, saber escuchar los valores de mis padres, ante no cambiar por nada y por ninguna circunstancia”, expresa.
Para Caracas, es importante “no olvidar nunca” a quienes han sufrido, quienes han perdido a familiares, ni olvidar el dolor, incluyendo el de su familia que sufrió su exilio, el asedio y amenazas.
Nicaragua: “De donde nunca debimos haber salido”
En la última lista de liberación de presos políticos en junio de 2019 estaba Gabriel Putoy, del histórico barrio Mbnimbó, en el departamento de Masaya, al oeste del país. Pero desde hace más de un años está exiliado en Costa Rica, hacia donde la mayoría de nicaragüenses han huido por persecución y hostigamiento por la Policía y paramilitares sandinistas. El caso del “Profe Putoy” no es una excepción.
Luego de su excarcelación, el asedio continuó y el 9 de diciembre de ese año fue retenido y golpeado por policías. “Quisieron incriminarme para volverme a apresar”, cuenta, sin embargo, seis días más tarde decidió huir de Nicaragua, ya que las amenazas hacia él y su familia continuaban.
El profesor Putoy narró que uno de los retos más difícil para las y los exiliados, ha sido la parte económica, pero están claros de que a Costa Rica no han llegado como inmigrantes, sino como personas que fueron proscritas de su propio país, sacados y secuestrados de sus familias, a quienes obligaron de manera forzada irse y poner en peligro sus vidas.
“Nosotros como exiliados no perdemos la esperanza de regresar a nuestro país, porque es nuestro, no de los Ortega Murillo. Aquí eso no está en discusión, […] que los crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura y sus secuaces tendrán que pagarlos”, afirma este monimboseño.
En Nicaragua, a tres años de la respuesta represiva del gobierno de Ortega ante las protestas de los miles de cuidadanos que llenaron las calles, este 19 de abril las madres y padres de los asesinados, torturados, violados o desaparecidos, estudiantes, periodistas, y todas las víctimas reiteran a coro sus demandas de democracia, verdad, memoria y justicia.
