*Desde el 2020 Ebal Díaz había tramitado su nacionalidad nicaragüense. El trámite de Ricardo Cardona fue resuelto en octubre de 2021 y junto a él fueron nacionalizados su esposa y un hijo, reflejan documentos oficiales.
**En declaraciones a Expediente Público, el vicecanciller hondureño Antonio García, afirmó que la decisión del Gobierno de Nicaragua “fomenta la impunidad y promueve la corrupción», porque impide que ambos exfuncionarios respondan por los supuestos actos de corrupción de los que son investigados.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega concedió la nacionalidad nicaragüense a los hondureños Ebal Díaz y Ricardo Cardona cuando ambos aún ejercían como ministro de la Secretaría de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, en el Gobierno de Juan Orlando Hernández, evidencian las resoluciones migratorias y las nacionalizaciones publicadas en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua. Díaz y Cardona eran de los funcionarios más cercanos al expresidente Hernández y, a su vez, son señalados en Honduras por actos de corrupción.
Tanto el vicecanciller hondureño, Antonio García como analistas consultados por Expediente Público, criticaron la decisión de Ortega por cuanto obstaculiza la justicia en vista de que no existe ningún tratado de extradición entre Honduras y Nicaragua.
El Gobierno de Nicaragua, a través del diario oficial La Gaceta en su edición 111, oficializó el 17 de junio del 2022 el otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense a Ebal Jair Díaz Lupián, pero esta ya había sido emitida el 13 de noviembre del 2020, según consta en la resolución No. 3238-A de Migración y Extranjería.
“Por lo tanto; esta autoridad: Resuelve primero. Otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Ebal Jair Díaz Lupián, originario de la república de Honduras”, figura en el diario oficial. El exministro es considerado uno de los hombres claves en la relación política y de negocios que establecieron Hernández y Ortega, al punto que Díaz acompañó al expresidente hondureño a la toma de posesión de Ortega el 10 de enero del 2022, después de una reelección lograda tras encarcelar a todos sus contrincantes políticos.
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Ricardo Cardona la gestionó en 2021
En la misma edición 111 de La Gaceta de Nicaragua se expone la resolución No. 3289-A, en la cual se otorga la nacionalidad nicaragüense al ciudadano Ricardo Leonel Cardona López, quien “gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden y estará sometido a las obligaciones correspondientes a los ciudadanos nicaragüenses”.
Dicha resolución había sido emitida el 27 de octubre del 2021. Cardona recibió su nacionalidad nicaragüense junto a su esposa Claudia Mercedes Matute Vargas y su hijo José Ricardo Cardona Matute.
A Ebal Díaz y Ricardo Cardona se les otorgó la nacionalidad nicaragüense por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería en fechas en las que todavía fungían como funcionarios del Gobierno de Hernández, aunque entraron en vigencia hasta que se publicaron en La Gaceta el 17 de junio del 2022.
Díaz viajó a Nicaragua el 15 de febrero del 2022 y en sus redes sociales aseguró que «regresaré pronto«, pero más bien se le ha visto en gimnasios de membresía exclusiva en Managua y él mismo se ha encargado de mostrar fotografías visitando varias ciudades de Nicaragua.
Vicecanciller García: se fomenta impunidad
En declaraciones a Expediente Público, el vicecanciller hondureño Antonio García, indicó que la “noticia ofendió mi conciencia, porque al convertirse en nicaragüenses, Ebal Díaz y Ricardo Cardona, se han vacunado contra cualquier solicitud de extradición y ahora podrán gozar tranquilamente sus grandes fortunas”.
Aclaró que en este caso sus opiniones las daba como hondureño y no como funcionario, “porque la opinión de la Cancillería (de Honduras) se dará a conocer a su debido tiempo”.
El vicecanciller García enfatizó que la razón por la que buscaron al país vecino para obtener una nueva nacionalidad, “es sencilla. La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales”. Sin embargo, consideró un “misterio” que se las hayan concedido porque a su entender uno de los requisitos para naturalizarse como ciudadano nicaragüense es tener varios años de residencia, y en este caso sólo tenían algunos meses.
De su lado, el exjefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, indicó que “al ser nacionalizados nicaragüenses, los exfuncionarios hondureños obtienen una especie de blindaje porque no existe un tratado de extradición entre Honduras y Nicaragua”.
Además, es notoria la alianza entre Ortega y Hernández, por lo que el doctor en derecho penal considera que la acción estaba previamente consensuada.
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¿Pedirán captura internacional de Ebal Díaz y Ricardo Cardona?
“Esto no nos genera una sorpresa puesto que son acciones que venían emprendiendo estos sujetos desde hace ya varios años”, expresó Fernández a Expediente Público, en referencia a que la resolución de Díaz se emitió en 2020.
La decisión del Gobierno nicaragüense limita a que la justicia hondureña pueda actuar de manera eficaz en caso de librar una orden de captura contra Díaz o Cardona. “Ellos saben que gozan y cuentan con el blindaje suficiente y necesario para gozar finalmente de esa impunidad”, manifestó el analista.
A juicio de Fernández, la única manera de capturarlos es que se muevan de Nicaragua a una nación con la que Honduras sostenga un tratado de extradición.
Sin embargo, “más que responsabilizar a un Estado soberano, debemos responsabilizar a las autoridades del Ministerio Público de Honduras. Vemos un fiscal general que vive en ese letargo, vemos unos entes persecutores que absolutamente nada hacen. Vemos un Tribunal Superior de Cuentas que aún continúa viviendo en un letargo”, criticó.
En caso que el Ministerio Público presente un requerimiento contra estos sujetos, “habría que ver si Nicaragua tiene la voluntad de entregar a estas personas que ahora tienen la nacionalidad nicaragüense”, expresó el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, a medios hondureños.
Por su parte, David Chávez, presidente del Partido Nacional, donde militan ambos exfuncionarios, dijo a medios hondureños que “es una acción que también han realizado funcionarios de otros gobiernos, creo que cada quien es responsable de sus actos, porque entiendo que esto tiene que ver con el tema de evadir denuncias que él (Ebal Díaz) puede tener”.
Díaz y Cardona se suman a la lista de exfuncionarios de Centroamérica que huyen por tener cuentas pendientes con la justicia o porque están bajo investigación. Entre ellos los expresidentes de El Salvador, Mauricio Fúnez y Salvador Sánchez Cerén, quienes recibieron su nacionalidad nicaragüense en 2019 y 2021, respectivamente.
Destierro a opositores, protección a supuestos corruptos
Para Gonzalo Carrión, defensor nicaragüense de derechos humanos y exiliado en Costa Rica, el régimen de Ortega actúa de forma contradictoria porque mientras acoge a extranjeros señalados por actos de corrupción en sus países de origen, destierra de Nicaragua a sus ciudadanos.
“Es una contradicción abominable y que demuestra y exhibe un abuso de poder porque violenta el orden constitucional, tanto porque despoja de nacionalidad a los nacionales, a los propios, como otorgarla a los que son de otro país”, dijo a Expediente Público.
De igual forma, Carrión, quien integra el Colectivo Nicaragua Nunca Más, sugiere revisar bien si los recién nacionalizados cumplen con una serie de requisitos para adquirir la nacionalidad.
Por ejemplo, el artículo 54 de la Ley de Migración y Extranjería nicaragüense (página 25) indica que “los extranjeros naturales de España y los de origen centroamericano, podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense cuando sean residentes permanentes en Nicaragua por un periodo continuo de dos años”.
Sin embargo, Díaz y Cardona no llevan ese tiempo residiendo en Nicaragua, porque hasta el 2021 todavía eran funcionarios del Gobierno de Hernández.
Ebal Díaz: el gran aliado de JOH
Díaz llegó a convertirse en una figura importante en el círculo político más estrecho del mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado en abril de 2022 hacia Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico y tráfico de armas.
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En el 2005, Díaz ostentaba el cargo de director de Titulación del Instituto de la Propiedad (IP). En ese año también conoció a Hernández, cuando éste fungía como secretario del Congreso Nacional y desde entonces formaron lazos políticos fuertes.
Para el 2010, ya Hernández ocupaba el cargo de presidente del Congreso Nacional en Honduras y creó un nuevo cargo a la medida de su aliado. De esta forma, Díaz fue nombrado gerente legislativo del parlamento.
En ese puesto, Díaz gestionó los procesos para la constitución de las polémicas Ciudades Modelo, conocidas hoy como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
De los últimos cargos en el Estado se le designó miembro del Comité para la Aplicación de las Mejores Prácticas de la ZEDE Honduras Próspera, el cual de manera coincidente también integraba Ricardo Cardona. Ese órgano establece los regímenes jurídicos y económicos de las polémicas ciudades modelo. Muchos hondureños reaccionaron en contra de este proyecto, porque incluso el Congreso Nacional modificó artículos pétreos de la Constitución, alegando que el único objetivo de estas era ceder soberanía territorial de Honduras a empresas privadas para la creación de estados autónomos.
Las ZEDE fueron derogadas por el nuevo gobierno pero Honduras Próspera sigue funcionando en el departamento de Islas de la Bahía.
Además, Díaz ayudaba a las comisiones legislativas a hacer sus tareas con investigaciones, asesorías y convocatorias, principalmente para impulsar la agenda de la bancada oficialista del Partido Nacional.
Cuando Juan Orlando Hernández asumió la presidencia por primera vez, en el periodo de 2014 a 2018, Díaz asumió el cargo de asesor presidencial y secretario ejecutivo del Consejo de Ministros.
A su vez, desempeñó ad honórem el puesto de presidente del Consejo Consultivo del Instituto de la Propiedad (IP) y encargado especial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente que regula la concesión de frecuencias radiales y televisivas, entre otras funciones.
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En las elecciones de noviembre de 2021, Díaz aspiró a una diputación por el Partido Nacional, pero por su deteriorada imagen, así como la de su instituto político, quedó fuera del Congreso Nacional. Durante el conteo, varios de sus correligionarios y el propio órgano electoral lo denunciaron por fraude por adulteración de actas.
Elbal Díaz, rastro de abusos
Su carrera política ha estado salpicada por su supuesta participación en diferentes actos en contra de la ley. Por ejemplo, en 2019 la Corte del Distrito Sur de Nueva York publicó documentos desclasificados donde se constata que Ebal Díaz estaba siendo investigado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por actividades relacionadas a la narcoactividad, además de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.
De igual modo, el exfuncionario es investigado actualmente por el Ministerio Público por un fallido proyecto habitacional de casas contenedores para damnificados de los huracanes Eta y Iota, aunque sobre él no existe aún una acusación o una orden de captura.
A principios de año, días después de que la justicia de Estados Unidos solicitara la captura de Hernández, Díaz Lupián desapareció de la escena pública y comenzaron a surgir rumores de que estaba huyendo de la justicia hondureña y se refugiaba en México o Nicaragua.
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No obstante, él rechazó esas acusaciones y en su cuenta oficial de Twitter afirmó: “El 13 de enero salí a EUA-México y dijeron que huí, regresé; el 2 de febrero salí nuevamente y dijeron que huí y hasta ‘me mataron’ en México- también regresé; ayer salí de nuevo y vuelven a decir que huí, pero regresaré pronto. Esto solo demuestra que les hago mucha falta”. El mensaje lo posteó el 15 de febrero, al parecer la última vez que salió de Honduras rumbo a Nicaragua.
Cardona: un funcionario discreto
A diferencia de Ebal Díaz, la carrera política de Ricardo Cardona se ha mantenido alejada de la polémica y fue alcanzado por señalamientos de corrupción hasta después que terminara el Gobierno de Juan Orlando Hernández, el 27 de enero de 2022.
Del 2015 al 2017 fue ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), órgano clave en la estrategia de Hernández con su programa social “Vida Mejor”, que algunos analistas califican como de clientelismo político.
También fue comisionado de Conatel, ministro de la Presidencia y jefe de Gabinete Presidencial. El último cargo en fungir fue como secretario privado de la Presidencia en el segundo período de Hernández.
Sobre Cardona, el CNA publicó una investigación donde se le vinculaba a un caso de corrupción en Sedis, consistente en el otorgamiento de 581 acuerdos de nombramiento sin reunir las disposiciones legales. No obstante, hay que aclarar que la Fiscalía General del Estado no ha hecho pública alguna investigación sobre él.
