Expediente Público
Ebal Díaz ha construido su carrera política a la par del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Desde 2014, Díaz ha sido el segundo rostro más visible del Poder Ejecutivo y uno de los funcionarios de mayor confianza del controversial mandatario. Luego de asumir diferentes cargos durante los gobiernos nacionalistas, por primera ocasión, Ebal busca una diputación en el Congreso Nacional, donde es probable que llegue, y no precisamente por popularidad.
El actual Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia de la República conoció a Juan Orlando Hernández en 2005, cuando el mandatario era secretario del Congreso Nacional, mientras Díaz era el director de titulación del Instituto de la Propiedad (IP), durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006).
Cuando Juan Orlando Hernández ascendió a la presidencia del Congreso Nacional (2010-2014), Ebal Díaz fue colocado como gerente legislativo, un puesto creado para asesorar a las diferentes comisiones del hemiciclo e impulsar técnicamente los proyectos de la bancada nacionalista. Durante ese periodo destacó la creación de la ahora desaparecida Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) y de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES).
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Con múltiples cargos
Asumiendo la Presidencia de la República, Hernández nombró a Ebal Díaz como Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros, cargo que ejerció del 2014 al 2017. Desde 2018 se desempeña como Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia de Honduras. Además de estos puestos, Ebal es el presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP) y el encargado especial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Las funciones ejercidas por Díaz lo denotan como uno de los enlaces del Gobierno con la empresa privada. En representación de la Coalianza, este candidato a diputado, fue uno de los principales responsables de gestionar y promover los proyectos conjuntos del Estado con la empresa privada nacional e internacional. Se trata de una comisión que fue disuelta en 2019, al ser señalada por la falta de transparencia y por la ausencia de resultados positivos para la economía nacional.
Por otra parte, junto al expresidente Ricardo Maduro, Ebal Díaz fue asignado para diseñar y crear las controversiales ZEDES, con las cuales el Estado de Honduras cedería espacios territoriales a empresas privadas para operar de forma autónoma e independiente, bajo la promesa de la generación de empleos. A pesar de las críticas en su contra, sobre todo por poner en peligro la soberanía del país centroamericano, el proyecto de las “ciudades modelo” aún sigue en gestión.
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El negocio, familia y Estado
Las personas encargadas de montar las ZEDES fueron seleccionadas por el presidente Juan Orlando Hernández, quien los integró en un Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). Entre otras personas, en esa agrupación figuran Ricardo Maduro, Ebal Díaz y Octavio Sánchez Barrientos, este último, exministro de staff durante los gobiernos de Ricardo Maduro (2002-2006) y de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Octavio Sánchez Barrientos y Ebal Díaz, además de compartir funciones en el CAMP, son socios en la empresa Gestiones Inmobiliarias Especializadas S.A., inscrita en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, bajo la matrícula 62628. En este consorcio además aparece inscrita Tirsa Díaz Lupián, hermana de Ebal Díaz, quien también fungió como Oficial de Información Pública de la alcaldía del departamento Francisco Morazán, Distrito Central, durante el primer periodo del exalcalde Ricardo Álvarez (2006-2014).
En su paso como directivo del Información Pública, Díaz ha señalado y ha sido acusado de irregularidades.
En 2015 comentó que para él «era difícil cuantificar la corrupción en el Instituto porque ha habido tantos casos que debemos contratar una unidad especializada que revele el total de la corrupción (…). Hemos denunciado que hay personas que han estado vinculadas con el crimen organizado, la forma como se ha manejado el IP ha permitido que pudieran lavarse activos». A pesar de lo denunciado, posteriormente no trascendió algún caso judicial, pero quedó claro que, agencias como el IP también son significativas dada su capacidad para facilitar el lavado de dinero y la corrupción en el gobierno hondureño.
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Los señalamientos en contra de Ebal Díaz, relacionados a su gestión en el IP, surgieron luego de que esa institución privatizó por 15 años la emisión de licencias, placas, infracciones e inspección vehicular, favoreciendo supuestamente de forma poco transparente a OPUS-QUIPUX, un consorcio compuesto por una empresa estadounidense y otra colombiana. El caso aparentemente no evolucionó.
Una de las revelaciones más controversiales que ha dado Ebal Díaz se dio en 2017, cuando declaró que «si nos vamos a poner a revisar cómo el crimen organizado permeó a la sociedad en general y cómo puso dinero, puso diputados, puso jueces, muchos cargos, en el Ministerio Público y en todas partes, entonces, agarrémonos todos, porque aquí hay de todos los colores».
Supuestos vínculos con narcos
Dos años después de la anterior «confesión», el nombre de Ebal Díaz figuró en un documento desclasificado por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el cual señala que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lo estaría investigando por su presunta participación en el narcotráfico a gran escala y actividades de lavado de dinero provenientes de la importación de cocaína a la nación del norte.
De acuerdo con el documento, Díaz estaría siendo investigado a la par del presidente Juan Orlando Hernández. Esta información formó parte de las pruebas presentadas por la fiscalía de Nueva York en el caso de Tony Hernández, hermano del mandatario hondureño.
En el marco del juicio de Tony Hernández, Díaz señaló que «no hay ningún fundamento para que exista una percepción de que Honduras es un país colaborador con el narcotráfico, ni sus instituciones, ni su presidente», y lamentó que la sentencia a cadena perpetua y 30 años de presión en contra del hermano del presidente «se fundamentara en testimonios falsos de testigos, que lo que buscan es reducir su sentencia».
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Religión como arma política
Valedor para que los pastores evangélicos puedan participar en las contiendas políticas, Ebal Díaz es un miembro activo de la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo, donde su hermana Tirsa Díaz Lupián figura como apoderada legal de esta agrupación religiosa.
Fue justamente esta abogada quien recibió el permiso de radiodifusión de televisión otorgada por CONATEL (donde Ebal Díaz funge como «encargado especial»), para que esta iglesia opere el Canal 49.
Ebal Díaz también aparece alrededor de la trama relacionada a la investigación coordinada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual señaló que supuestamente la primera dama de Honduras, Ana de Hernández y Victoria Isabel Madison (madre de David y Pedro Chávez) utilizaron la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (FUNDEIH) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Hondureña (FUNDEIMH) para desviar unos 48 millones de dólares provenientes de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). En el caso de Ebal Díaz, una constancia emitida por la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación y Justicia, confirma que en 2006 él era el secretario de la Junta Directiva de la FUNDEIH.
En cuanto al combate contra la corrupción, Ebal Díaz fue un acérrimo adversario de la MACCIH, la cual, según su opinión, «estaba entrando en un campo que no era el adecuado y estaba sustituyendo en lugar de fortalecer a las instituciones nacionales (…). Estaban aprovechando esas acciones, a manera de oportunismo político (…) Se estaba entrando en una instrumentalización política que no era saludable para el país».
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El aspirante a diputado también ha sido acusado por hostigamiento sexual y privación injusta de la libertad en contra de una joven, de quien se guardó anonimato. El hecho supuestamente ocurrido en 2017, se archivó por conciliación en el Ministerio Público. Ante denuncias de este tipo, «cuando se trata de funcionarios de poder, ellos siempre son protegidos», opinaron los grupos de feministas.
Fidelidad a JOH
Defensor a capa y espada del mandatario, Ebal Díaz arrastra la impopularidad de Juan Orlando Hernández, a quien los últimos sondeos le conceden apenas el 23.6% de aprobación de la población hondureña.
Pero en Honduras ha quedado claro que las elecciones a cargos públicos no son precisamente una competición de popularidad. Las aspiraciones de Ebal Díaz para llegar al Congreso Nacional pasan por los ocho años que ha estado a la par del poder, él mismo lo explica, «en las próximas elecciones la gente no va a ir a votar por la pandemia, ni siquiera por el tema de la corrupción, la gente va a ir a votar por cuánto tiene en la bolsa».
