Coyuntura

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Documentan tortura y trato inhumano contra presos políticos en Nicaragua

Entre las múltiples denuncias de tortura de expresos políticos en el sistema penitenciario nicaragüense, está el relato de D.A.H.P.: “Me rompieron las cejas, me ponían los “taser” en los dedos de los pies, esa cosa eléctrica, Te golpeaban con el amansa bolos (porra) en la columna, parte del pecho, las costillas, la cabeza, en el cuello, hasta dejarnos inconscientes muchas veces, frecuentemente. Aparte de los “taser”, usaban el amansa bolos, con eso te daban duro en las manos: ¿Sos derecho, sos de izquierda? decime (…) uno con miedo le daba la mano: soy derecho y le dan duro en la mano hasta que te quedaban los dedos que ya no lo sentías”.

D.A.H.P. es una entre miles de manifestantes nicaragüenses que fueron detenidos ilegalmente por la Policía Nacional y paramilitares durante las protestas de 2018. Posteriormente, el tema de los presos políticos fue uno de los puntos de negociación más importante durante el diálogo con el régimen de Daniel Ortega en 2019, porque en ese momento había más de 700 opositores encarcelados, según organizaciones de derechos humanos y la Alianza Cívica, actualmente permanecen más de 170 opositores en las cárceles orteguistas.

“A veces me ha pasado por la mente cortarme las manos. A la vez lloro de nada. Me siento triste. No me siento bien, no como, me desespero, me levanto a las 12 de la noche, lo que hago es arrodillarme y empezar a orar y a llorar y a llorar. No sé, solo siento tristeza”, declara esta joven excarcelada, que cuenta entre las cuatro mujeres violadas por sus torturadores en la cárcel de investigaciones de la Policía nicaragüense, es decir, la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.

Este escalofriante testimonio está documentado en el informe “Volviendo a ser humano”, presentado en diciembre 2019 por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que recopila entrevista con presos políticos en el periodo de mayo a diciembre de 2018.

Claudia Paz Paz, exdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional e exintegrante del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que trabajó en Nicaragua el tema de la violencia durante un periodo de manifestaciones, asegura en el prólogo de este reciente informe que “las torturas a las que fueron sometidas casi la totalidad de las personas entrevistadas ocurrieron en el marco de interrogatorios, para obtener información de inteligencia o como una forma de castigo por haber participado en las protestas. Todas ellas estaban dirigidas a someter a las víctimas, a quebrar su voluntad y a evitar que continuaran oponiéndose a un régimen autoritario. Todos ellos refieren las graves consecuencias físicas y psicológicas que continúan padeciendo: problemas para conciliar el sueño, miedo crónico, recuerdos recurrentes, desconfianza hacia las personas. 

En el informe se concluye que las torturas a presas y presos políticos fueron ejecutadas en la mayoría de los centros de detención del país. De las 53 personas entrevistadas, en 50 casos se logra evidenciar que fueron víctima de torturas, es decir, el 94.33% de los detenidos. 

De los actos de tortura más repetidos se encontró que cuatro personas fueron violadas sexualmente y cuatro con saña, a ellas les arrancaron las uñas. Otras seis personas fueron torturadas con choques eléctricos, a uno de ellos le hicieron descargas en los testículos. 

“Cambiaban los oficiales, pero las preguntas eran las mismas”, independientemente del lugar, la forma, el horario o quién realizara los interrogatorios, siempre realizaban las tres preguntas siguientes: ¿quién los financia?, ¿dónde se encuentran las armas? y ¿dónde están las demás personas o líderes de la organización? Sin importar la falta de respuesta o la negativa de la persona interrogada, en relación con que nadie les financió, los oficiales insistían en el tema y aducían que no era posible que nadie los financiara, denunció D.A.H.P.

Se estima que unas 5,000 personas fueron secuestradas y detenidas ilegalmente durante mayo y diciembre de 2018.

Detenciones ilegales

El Colectivo Nicaragua Nunca Más recogió 56 testimonios de hombres y mujeres que fueron encarcelados en 2018 por participar o apoyar las protestas contra el régimen Ortega-Murillo.

El informe revela que 87.5 por ciento de las personas entrevistadas fueron amenazadas y hostigadas antes de ser encarceladas, así lo relata el excarcelado de iniciales H.J.S.Q, originario de Chinandega.

“Me pintaron la casa, me pusieron ‘ojo golpista’, y después las amenazas por Facebook que ‘vamos por vos’, ‘te vamos a aniquilar’, ‘vamos a violar a tu mujer’, ¿te vamos a matar a tus hijos’”.

Otro dato extraído de este informe es que, de las 56 personas entrevistadas,55 participaron en las protestas antes de ser detenidas, de ellos, 17 estuvieron atrincheradas, 35 participaron en las marchas, 2 escribieron mensajes en las redes sociales y una hizo pintas.

Entre los testimonios analizados se encontró que para realizar las detenciones, el Gobierno utilizó varias fuentes de información: las listas que realizaban miembros del Concejo del Poder Ciudadano (CPC) o simpatizantes del partido de Gobierno, las  fotografías que les fueron tomadas por personas identificadas como “infiltradas”, la información brindada a la Policía por los propios familiares de los detenidos, por reconocimiento de otros manifestantes, generalmente logrado por medio de torturas y capturas inmediatas durante protestas o marchas, Muchas veces identificaban a los manifestantes por portar distintivos “azul y blanco”, e inclusive, por expresarse contra el Gobierno en redes sociales.

Manuel Herrera, expreso político, refirió que fue detenido en un retén policial en las Cuatro Esquinas, Carazo, a 35 kilómetros al sur de Managua, y denunció: “No sé cómo tenían fotos de las personas que andaban buscando… (el policía) me dijo que, si yo era el de la foto que estaba ahí, y entonces yo le dije: Sí claro. Entonces me dijo: ‘vos quedas detenido’”.

Cuarenta y seis de las personas entrevistadas señalaron que sus detenciones fueron realizadas de forma violenta, mediando golpes, uso y amenazas con armas de fuego, amenazas de no volver a ver a sus familiares o de violación sexual e inclusive se registró un caso de tocamientos sexuales. 

La persona con las iniciales T.A.A.C. cuenta en este informe la manera violenta que fue detenido en su casa de habitación en Jinotepe, el 3 de agosto: “Me corrí cuando ellos ingresaron a la casa, logré escapar, pero decidí entregarme y estando inmóvil un subcomisionado sacó su revolver e hizo una detonación a muerte, a 2 metros y medio, y el proyectil solo me pasó rosando, no me impactó. Fui pateado hasta provocarme daños en la columna y me salvé porque un bus interlocal se detuvo cuando (los tripulantes) vieron que me iban a matar y evitó que me ajusticiaron (ejecutaran)… fui arrastrado dentro de la propiedad y pasado entre los cercos, los alambres de púas me cortaron, me hirieron; entre 3 oficiales me agarraron en la camioneta y me tiraron como chancho. Me llevaron con la bota puesta en la cabeza y me introdujeron en una buseta. Uno de los comisionados, de apellido Bonilla sacó su celular y llamó a una persona de apellido García”, relató.

Todas las detenciones se ejercieron con violencia física y verbal, en 29 casos con armas de fuego y amenazas, denominando a las personas detenidas “golpistas, terroristas o tranquistas”, las zonas del cuerpo mayormente golpeadas fueron el abdomen, espalda y torsos utilizando para ello bastón policial, armas largas, puños y patadas, luego fueron esposados y “tirados como animales” a la tina de la camioneta o patrulla con la cabeza hacia abajo para que los detenidos no pudieran verlos, para asegurarse de ello un oficial se encargaba de poner una bota sobre su cara y si la persona alzaba la vista era golpeada.

De 56 entrevistados, 44 fueron acusados y, en todos los casos, estaban detenidos sin orden judicial y se violentó el plazo constitucional de 48 horas para presentarlos ante un tribunal competente, el promedio de detención antes de acudir al juez varió de 3 días hasta 2 meses y medio.

Abuso sexual

Según el informe de Nicaragua Nunca Más, todos los detenidos fueron sometidos al trato humillante de ser desnudados.

Uno de los entrevistados de iniciales J.D.N.T contó: “En Auxilio Judicial me obligaban a desnudarme y que hiciera 100 sentadillas, después no aguantaba las piernas, ni podía dormir, y en algunas requisas, nos hacían desnudarnos todos y hacer sentadillas”.

El desnudar a los reos constituye “un trato inhumano y degradante, e incluso como recurso para torturar o degradar la personalidad de los presos políticos lo cual, únicamente refleja que los funcionarios del aparato estatal lejos de actuar como garantes de derechos, desataban su agresión contra los presos políticos con absoluta arbitrariedad”, se infiere en el informe.

De los 56 testimonios documentados 4 expresaron que fueron víctimas de violación sexual, 7 denunciaron ser víctimas de abuso sexual, 6 refirieron que fueron amenazados con ser violados directamente (3) o a sus familiares (3), en contextos de detención e interrogatorios. Tres manifestantes excarcelados afirmaron haber tenido conocimiento de violaciones sexuales hacia uno o varios de sus compañeros de prisión.

Uno de los casos más dramático es el de A.C.R. quien fue violada en la Delegación Policial de Masaya, ahí le golpearon en los genitales: “Me llevan a un cuarto con poca luz, solo había un escritorio, una silla donde estaba sentada, a los quince minutos aparecieron hombres con pasamontaña (con pantalón azul, camiseta negra, cada uno con armas en la cintura y esposas), eran unos siete, me decían que iba a morir, pero primero te vamos a violar, me tiraron al escritorio donde fui violada, durante el abuso todo el tiempo tuve un arma en la cabeza, después desnuda me hicieron hacer cinco sentadillas. Me tomaron huellas y me metieron a la celda, en las celdas comencé a tener sangrado, pasé de 8 a 10 días sangrando y diez días sin comer nada, ya que después de lo vivido solo quería la muerte”, expresó la manifestante.

En otros testimonios se denuncian abusos sexuales a familiares cuando estos llegaban a visitarlos a las cárceles, inclusive a niños, lo que convierte al Estado nicaragüense por medio de sus agentes estatales involucrados (policiales y penitenciarios) en responsables de violencia sexual y violaciones de derechos humanos. 

Eddy Montés, asesinado en la cárcel La Modelo

En el informe se señala que el asesinato del reo político Eddy Antonio Montes Praslín, de 56 años de edad, es uno de los “hechos más aberrantes y constituye una muestra clara de la arbitrariedad y negligencia del actuar del Estado en perjuicio de las personas presas políticas”.

Eddy Montes fue asesinado por un custodio del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, el 16 de mayo de 2019, murió de un balazo durante una protesta de reos políticos a lo interno del penal.

Cuando Montes fue herido, sus compañeros de celda intentaron ayudarlo, en medio de las balas que aún seguían disparando los oficiales del Sistema Penitenciario.

“Nosotros íbamos a rescatar a don Eddy para ver qué le pasaba, y él me dice: ‘hijo, me dieron, hijo, me dieron, ya hice lo que hice, luchen por ustedes’. Con piedras los hicimos replegar porque venían por nosotros y (pudimos) halar a don Eddy para recuperarlo y ver lo que tenía, entonces ya ellos entraron con bombas lacrimógenas y nos reprimieron, nos estaban tirando balas, entonces nosotros tirábamos piedra y ellos se replegaron, pero comenzaron a disparar, a hacer detonaciones de frente, varias detonaciones están en la pared, no las tiraban al aire, nos tiraban a nosotros, de frente nos tiraban, 79 de nosotros nos tirábamos al suelo tipo guerra, y después que nos tirábamos en el suelo y tratábamos siempre de ir a traer a don Eddy. Ellos para que no lo agarráramos nos tiraban bala y bombas lacrimógenas, prácticamente si ellos hubieran querido llevarlo al hospital de inmediato, bien lo hubieran hecho”, recuerda uno de los expresos políticos entrevistados.

Montes estaba dentro de la lista conciliada en la mesa de diálogo e iba a ser liberado en ese mismo mes de mayo de 2019.

Fue detenido en octubre de 2018, por su participación en las protestas contra el régimen actual, fue acusado de terrorismo, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos e incendio. Su juicio no había concluido.

Piden justicia

Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, considera que los daños sicológicos y sociales contra los reos políticos son crímenes de lesa humanidad, que no prescribes, y el Estado debe repararlos.

“Justicia en estos tiempos, no solo es que los responsables de estos gravísimos crímenes y violaciones sean sentados en los banquillos de acusados, es la reparación para las víctimas, y con reparación no solamente estamos hablando de términos económicos, la reparación implica que las víctimas vuelvan al estado en que se encontraban, eso es materialmente imposible, porque el daño que se les ha causado es irreparable”.

Por eso, el Estado debe tomar medidas de reparación no solo económicas, sino brindar atención sicológica y social, reconocer que se cometieron estos delitos, debe pedir perdón y ejecutar un plan de reparación a las víctimas de torturas.

El activista de derechos humanos recalca que, en el tema laboral, el Estado debería restituir el derecho al trabajo y a la educación, sobre todo aquellos jóvenes que fueron expulsados de las universidades.

Entre las conclusiones del informe “Volviendo a ser humano” se indica que hay una total desprotección judicial ante las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, permitiendo la repetición cíclica de estos abusos, el recurso de exhibición personal resultó inefectivo en el contexto de crisis que vive el país, sin embargo, no se debe dejar de utilizar, ya que sigue siendo el único mecanismo legal establecido para las víctimas para registrar y documentar las violaciones a sus derechos.

Con este informe, el colectivo Nicaragua Nunca Más espera visibilizar en los sistemas interamericanos e internacionales de Justicia y el cuerpo diplomático internacional, los crímenes de lesa humanidad cometidos por personas del régimen de Daniel Ortega contra los presos políticos. Asimismo, es un punto de partida para determinar sanciones a las personas que cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. 

Además, el informe abre la ventana para demandar en tribunales nacionales e internacionales a los responsables por los crímenes de lesa humanidad, como la tortura sufrida por los reos políticos, estos crímenes reprochables no prescriben con el tiempo, afirmó Arce.