* Propuesta de reforma a la Ley de Migración de Guatemala genera alarma.
** Dentro de las reformas a la Ley de Migración se contempla no dejar ingresar a grupos de más de 10 personas que no sean familia o lleguen de excursión a Guatemala.
Marysabel Aldana / Expediente Público
En el Congreso de Guatemala se discute una reforma a la Ley de Migración que busca eliminar las garantías de entrada, permanencia, tránsito, salida y retorno al territorio nacional.
Estos cambios impulsados por los diputados de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) Francisco Vitelio Lam y Martín Nicolás, así como Oswaldo Rosales de Vamos, provocaron una ola de críticas por parte de expertos en derechos humanos y migración, quienes advierten sobre las graves implicaciones de aprobar esta medida.
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Golpe a movilidad humana a través de Guatemala
Desde la promulgación de la Ley de Migración en 1998, Guatemala reconoce que la movilidad humana es un derecho fundamental.
Sin embargo, la nueva propuesta de reforma eliminaría este principio, que se encuentra enmarcado en el artículo 6 de la ley actual, limitando drásticamente los derechos de migrantes nacionales e internacionales.
Para Sonia Ramírez, analista en temas migratorios, esta propuesta envía un claro mensaje de rechazo hacia los migrantes, en particular hacia las caravanas de personas que atraviesan Guatemala buscando llegar a Estados Unidos.
“Esta reforma es una declaración contra el principio de humanidad que debería guiar nuestras políticas. Al eliminar este artículo, Guatemala estaría cerrando la puerta a la solidaridad y complicando aún más una situación ya de por sí caótica”, aseguró Ramírez a Expediente Público.
El contexto de las caravanas migrantes
La medida no puede ser vista de forma aislada. Guatemala, como país de tránsito, enfrenta un aumento de caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan su territorio buscando mejores oportunidades en los últimos años.
En 2024, fueron 132,875 los migrantes que pasaron por Guatemala con destino a Estados Unidos, según datos del Instituto de Migración de Guatemala (IMG).
Guatemala tiene acuerdos con Estados Unidos sobre el tema migratorio, el más reciente en 2023. Entonces el gobierno de Alejandro Giammattei se comprometió a ayudar a frenar la migración irregular para Estados Unidos.
Para Alejandro Torres, experto en migración, la reforma “es un mensaje directo a Estados Unidos, pero también a los países de la región, para mostrar que Guatemala está endureciendo su postura frente al tránsito migratorio”.
Sin embargo, lo que no se está considerando son las repercusiones internas y el caos que esta reforma generaría en términos de gestión migratoria y relaciones internacionales, comentó, Torres a Expediente Público.
De aprobarse la reforma, Torres dice que se limitaría el derecho de tránsito no solo para migrantes internacionales, sino también para ciudadanos guatemaltecos que buscan regresar a su país.
“Es una medida que afecta a miles de guatemaltecos en el exterior, especialmente a quienes están en situaciones de deportación o retorno forzoso. ¿Cómo se les garantizará un retorno seguro si ni siquiera su derecho a ingresar al país está protegido?”, cuestionó.
Repercusiones legales y sociales
Eliminar el reconocimiento del derecho a emigrar o inmigrar podría colocar a Guatemala en conflicto con acuerdos internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto Mundial para la Migración, al que el país está suscrito.
Además, la medida podría provocar una crisis en la gestión migratoria, al aumentar los casos de migrantes irregulares y dificultar la cooperación regional, mencionó, Torres.
Ramírez destacó que la reforma podría tener consecuencias devastadoras para las poblaciones más vulnerables.
“La migración no es solo un fenómeno económico; es un tema humanitario. Las personas migran para escapar de la pobreza, la violencia y el cambio climático», afirmó.
Señala que en lugar de abordar las causas de raíz, «esta reforma criminaliza a los migrantes». Además, genera un ambiente de exclusión que podría derivar en abusos y violaciones de derechos humanos.
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Impacto en imagen internacional de Guatemala
Guatemala ha sido criticada en el pasado por su manejo de la migración, especialmente en relación con las caravanas, según Torres.
La reforma podría dañar aún más su reputación internacional, alejando posibles alianzas y asistencia de países que priorizan los derechos humanos en sus políticas exteriores.
Según Torres, “esta reforma no solo afectará a los migrantes, también podría tener consecuencias económicas para Guatemala, ya que la cooperación internacional, en muchos casos, está condicionada al respeto de derechos fundamentales”.
Rechazo de organizaciones civiles
El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) y la Pastoral de Movilidad Humana se refirieron a que esta medida es discriminatoria y vulnera los principios de la Constitución guatemalteca.
“La reforma no solo viola el derecho internacional. También desconoce el artículo 44 de la Constitución de Guatemala, que establece que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales prevalecen sobre el derecho interno. Esto podría llevar a una ola de impugnaciones legales y a un desgaste político innecesario”, señalaron las organizaciones.
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Caos en la implementación
Uno de los mayores temores de los analistas es el caos que podría desatarse si la reforma entra en vigor. Ramírez explicó que eliminar el derecho de tránsito aumentaría la discrecionalidad de autoridades migratorias, favoreciendo detenciones, deportaciones, corrupción y abusos de poder.
“Imaginemos el escenario: miles de personas atrapadas en la frontera sin posibilidad de entrar o salir, autoridades desbordadas y violaciones masivas de derechos humanos. Esto no solo afectaría a los migrantes, sino también a las comunidades locales, que verían aumentadas las tensiones sociales y económicas”, advirtió Ramírez.
Acuerdo no pactado con Donald Trump
La propuesta de reforma a la Ley de Migración aún está en discusión. Los diputados que la impulsan no atendieron las llamadas y mensajes de Expediente Público.
Sin embargo, otros legisladores que prefirieron no ser mencionados, comentaron que era un acuerdo no pactado con la nueva administración de Donald Trump.
Torres y Ramírez instan al Congreso a buscar soluciones integrales que aborden las causas estructurales de la migración, evitando medidas que la criminalicen.
“La migración no se detiene con leyes represivas; se maneja con políticas inclusivas y cooperación regional”, concluyó Torres.
La Presidencia de Guatemala esperará la aprobación o rechazo de la Comisión de Migración del Congreso antes de emitir opinión sobre la reforma.