Fondos de la cooperación externa y la disponibilidad de reservas internacionales mantienen a flote el presupuesto público de Nicaragua en 2021; sin embargo, analistas independientes dudan que el flujo de estos desembolsos se mantenga a corto plazo.
Durante el primer semestre del 2020 hubo desembolsos de préstamos y donaciones por 1,665.7 millones de córdobas (alrededor de US$48 millones), que son fondos adicionales de los que se esperaban recibir, según el Informe de Ejecución Presupuestaria enero-junio de 2020 publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Los dos últimos años, el gobierno de Daniel Ortega ha enfrentado dificultades para que los organismos multilaterales le aprueben nuevos préstamos o donaciones, debido a la presión política que ejerce la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, por las violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos desde el estallido de las protestas antigubernamentales en 2018. En 2018 y 2019 no se le aprobaron nuevos préstamos a Nicaragua por parte de los multilaterales, reflejan los informes presupuestarios.
Sin embargo, son el BID, el Bando Mundial junto al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) los que han desembolsado más recursos a Nicaragua. Esos fondos sin embargo corresponden a contratos que fueron aprobados antes de la crisis social y política que estalló en abril del 2018.
También el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID por sus siglas en inglés), los gobiernos de España, Kuwait y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) han entregado mayores flujos de recursos por créditos, que igual fueron pactados antes del 2018.
El dinero fresco que ha recibido el Gobierno de los cooperantes externos en la primera mitad del 2020 significó un alivio a las finanzas públicas, que están bastantes erosionadas por la pérdida de recaudación de impuestos como consecuencia de la recesión económica de tres años consecutivos que sufre el país.
Hueco en recaudación
La proyección actualizada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es que los ingresos totales tengan una reducción del 4%, respecto al Presupuesto General de la República 2020 aprobado inicialmente. Será una pérdida de C$ 3,013.40 millones (unos U$ 86.8 millones), según el análisis de Expediente Público en base a la información oficial disponible.
Ese escenario lo expuso el titular de Hacienda, Iván Acosta, a los diputados de la Comisión Económica de la Asamblea Legislativa, el pasado 22 de octubre, cuando iniciaron las consultas a la propuesta del Presupuesto General de la República 2021.
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Acosta fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos por supuesta corrupción y por dirigir la política de represión del gobierno de Daniel Ortega en contra del sector privado. Y aunque le quitaron algunas funciones debido a las sanciones, Acosta sigue dirigiendo la administración presupuestaria del país.
La meta era recaudar en ingresos totales C$ 79,199 millones (alrededor de US$2,189.7 millones) en el Presupuesto de 2020. Debido al impacto de la pandemia y la prolongación de la crisis política y social, los nuevos números de Hacienda son obtener C$ 75,982.10 millones (U$ 2,031.6 millones) en ingresos.
La economía mundial si bien registró una leve recuperación en el mes de octubre, amenaza con ser lastrada nuevamente debido a que la pandemia del COVID-19 tiende a complicarse por los rebrotes en Europa, en algunos países de Latinoamérica, así como el imparable contagio en Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Nicaragua.
Sin embargo, ese panorama complicado lo han minimizado los funcionarios de la administración pública en Nicaragua.
El ministro Acosta les dijo a los diputados que el proyecto del Presupuesto público 2020 “tiene una proyección de que los ingresos irán mejorando como ha demostrado el país, en los últimos meses se ha reactivado lenta pero segura, y creemos que se acelerará en este último trimestre y esperamos un mejoramiento en la economía del 2021”.
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Pérdidas serían mayores
Ese positivismo no lo comparte el economista Alejandro Aráuz, quien estimó que se lograría recaudar en impuestos entre el 92% y 95 % de la meta, por lo que la pérdida sería mayor de la calculada por el Gobierno.
“La tendencia que lleva la recaudación es casi igual al comportamiento que tuvo en 2019. Mis cálculos son que la reducción será por el 6% por el efecto de la pandemia, que ha sido muy fuerte. Aún falta conocer la afectación de los meses de julio y agosto, cuando la economía se semiparalizó debido al pico de la pandemia, pero el mayor impacto se ha sentido en el Impuesto sobre la Renta que puede terminar cayendo el 9% o 10%”, afirmó Aráuz.
Aun cuando ya hay balances actualizados por la caída de los impuestos por el efecto de la crisis sanitaria en la actividad económica, las autoridades no han presentado una reforma al Presupuesto General de la República del 2020 a fin de ajustarlo. Mientras el viernes 6 de noviembre finalizó la consulta de la iniciativa del Presupuesto del 2021, que sería aprobada en las próximas dos semanas en la Asamblea.
¿Qué garantiza el equilibrio fiscal?
Un análisis de Expediente Público, en base a los reportes del Ministerio de Hacienda, indicó que el aumento en los desembolsos de la cooperación externa están permitiendo cubrir el déficit presupuestario que en el año se ha ensanchado, debido a que el Gobierno aumentó el gasto público a pesar de no estar recaudando en impuestos lo que planificó.
Según el análisis sobre el balance presentado por el ministro de Hacienda a los diputados, para 2020 el gasto público incrementará C$ 1,774.20 millones (U$ 51.1 millones), que representa un aumento del 2% respecto al Presupuesto aprobado.
Con esto, el déficit del Presupuesto aumentaría (después de donaciones) a C$ 4,818.60 millones (U$139 millones).
“Según las proyecciones, se espera un aumento del financiamiento externo neto por medio de un aumento de 39% de los desembolsos de los préstamos” previstos para el presente año, de acuerdo con el análisis.
Los cálculos oficiales son que al final del año ingresen C$10,790.3 millones ( US$310.9 millones) en fondos externos, que sería un 17 % por encima del presupuesto aprobado para 2020.
Para el economista Aráuz, entre los factores que han favorecido los desembolsos por parte de los multilaterales son el buen historial de pago de la deuda pública externa, cómo que se ha logrado garantizar la estabilidad macroeconómica aplicando medidas de urgencia para responder, por ejemplo, a la salida de dinero de los bancos durante el 2018 y parte del 2019, así como mantener controlada la inflación.
“Esos son indicadores que los organismos los consideran positivos, y han pesado para que mantengan el flujo de dinero. Ven al país urgido de ayuda debido a la recesión, y se la dan porque las autoridades se mantienen alineadas a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para asegurar la estabilidad macroeconómica”, refirió Aráuz.
Aunque son pocos los nuevos préstamos que el gobierno de Ortega ha conseguido de la cooperación externa, en el 2020 lleva contratado U$296.9 millones. La chequera la han abierto el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, el Banco de Exportación e Importación de la India (EximBank) para programas de infraestructura vial y energía. También hay fondos nuevos del BID y del BCIE pero orientados a atender la emergencia de la pandemia del COVID-19, aunque también hay un importante aporte para financiar el programa de vivienda social.
Según la revisión de los contratos de los préstamos, con excepción de los fondos para la emergencia sanitaria, el resto no necesariamente serían desembolsados este año, ya que están programados a partir del 2021. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda los incluyó en el Presupuesto del 2020.
Podrían usar ahorro ante mayor deterioro económico
Otro factor determinante para el equilibrio fiscal es que el Gobierno estaría utilizando parte de sus ahorros en las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN), para cubrir parte del déficit en el presupuesto de gastos en el 2020, debido a la caída de la recaudación de tributos.
En el informe 2020 de ejecución de medio año, el Ministerio de Hacienda reportó un “aumento de disponibilidades en las cuentas del Gobierno central en el Banco Central de Nicaragua y bancos comerciales, por C$4,459.4 millones” (unos US$128.5 millones).
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En la presentación que hizo el ministro Acosta a los diputados de la Comisión Económica, informó que, ante el hueco presupuestario por la disminución en la obtención de impuestos, van a utilizar parte de los fondos del Gobierno en el BCN, para cubrir el gasto.
Según el análisis de Expediente Público, habría un “incremento del 82% del financiamiento interno neto, el cual se dará producto del uso de C$ 5,282.7 millones (US$ 152.2 millones) del ahorro del Gobierno” en las reservas del Banco Central.
A pesar de las grandes necesidades financieras para suplir la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 que ha profundizado la recesión, el Gobierno prefirió fortalecer sus ahorros transfiriendo parte de los ingresos por recaudación, desembolsos de préstamos y colocación de deuda pública en las reservas internacionales en el BCN.
El economista Aráuz explicó a Expediente Público, que el fortalecer las reservas internacionales es parte de las medidas del Gobierno para asegurar la estabilidad macroeconómica, “lo que le ha permitido responder, por ejemplo, a ayudar a estabilizar al sistema financiero”, que ha sido afectado por la crisis desde 2018.
Aráuz explicó que las reservas internacionales funcionan como “el colchón” de dinero que respalda las importaciones de bienes y el servicio de la deuda externa, pero también para usarse en caso de emergencia. Fue lo que sucedió en el 2018, cuando el Gobierno usó parte de sus reservas en el BCN, para evitar que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) “colapsara completamente, porque recuérdese que su déficit se aceleró con el retiro masivo de cotizantes”, dijo el economista.
Que los cooperantes externos estén desembolsando más préstamos ya pactados a Nicaragua, quita presión al Gobierno de tener que hacer uso de sus reservas en el BCN para cubrir los déficits presupuestarios.
Disponer de más reservas de recursos es positivo, a consideración de Aráuz, porque las autoridades deben ser capaces de responder a la eventual tensión macroeconómica en el corto plazo, debido a la prolongación de la recesión como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que sigue dañando la economía global, y que en Nicaragua está aumentando el cierre o reducción de empresas, sobre todo en el sector turístico y de comercio, y con ello generando más desempleo.
Además, para Aráuz debe preverse el aumento del riesgo político ya que el 2021 será año de elecciones presidenciales en Nicaragua, un escenario que podría complicar más la crisis política y social debido a que el presidente Ortega no da señales de que propiciará los cambios en el sistema electoral, que garanticen que los comicios serán transparentes.
