Honduras- Desde abril, las protestas y bloqueo de calles no cesan en Honduras; médicos y maestros, transportistas de carga pesada, policías y universitarios han mostrado su descontento frente a la crisis política que se vive en este país.
El pasado 25 de junio estudiantes del Instituto Técnico Honduras chocaron con policías en la capital, Tegucigalpa. Los jóvenes intentaban colocar una barricada en un bulevar de la ciudad y al percatarse de la presencia de los uniformados les lanzaron piedras. Los agentes respondieron con bombas lacrimógenas.
Recientemente, elementos policiales y militares dispararon contra un grupo de estudiantes que se encontraba la tarde del lunes 24 de junio en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Entraron disparando
Unos treinta miembros de la Policía Militar del Orden Público irrumpieron el campus universitario disparando a los estudiantes que mantenían algunos edificios tomados en apoyo a las manifestaciones que promueve la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación, que exige mejoras en ambos sectores. En ese hecho resultaron heridos cinco estudiantes y dos policías.
Francisco Herrera, rector de la UNAH, manifestó que interpusieron una denuncia ante el Ministerio Púbico para que investigue el caso. “Lastimosamente fueron reprimidos con balas reales. Sentimos impotencia y cólera. Condenamos energéticamente las acciones irresponsables realizadas por la Policía Militar al ingresar al campus”, escribió en su cuenta de twitter.
La inestabilidad política y social por la que atraviesa Honduras parece no acabar.
En 2015 hubo movilizaciones de la ciudadanía indignada en contra de la corrupción que se evidenció tras el “destape” del millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Mientras que en 2017 las protestas estuvieron marcadas por estudiantes de la UNAH que exigían la destitución de la rectora, Julieta Castellanos, además de presionar para asegurar la representación estudiantil en el gobierno universitario.
La ebullición política se crispó, como no podía ser de otra manera, con el resultado de las elecciones generales en el país, celebradas a mediados de noviembre de 2017, y que dieron como ganador para un segundo periodo a Juan Hernández, en medio de denuncias de fraude que incluso llevaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a pedir que se repitieran los comicios, lo cual no sucedió.
Mientras la gente camina, se reúne, protesta y dialoga: la dictadura de Juan Hernández, apoyada por el Gobierno norteamericano, enluta a las familias hondureñas y encarece más la vida de la población.
El ingreso de policías a la universidad fue condenado por varios sectores, organizaciones y el hecho fue retomado por medios internacionales.
Mediante un comunicado, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) argumentó que los soldados habían entrado al campus “por el flagrante delito de privación de la libertad de un miembro de la autoridad quien con violencia e intimidación fue sometido e ingresado abruptamente por parte de encapuchados al interior de la máxima casa de estudio”.
Además, los miembros de las fuerzas de seguridad afirmaron que llegaron a la afueras del recinto universitario para restablecer el orden, pero fueron atacados con bombas molotov modificadas para hacerlas más letales, cañones Masaya, piedras, palos y otros objetos.
La Junta Directiva del Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), condenó a la Fusina y la Policía Militar del Orden Publico (PMOP), por irrumpir dentro de la Ciudad Universitaria y atentar contra la vida y dignidad de los estudiantes.
Además exigieron la renuncia inmediata de sus directores y que se les deduzca responsabilidad por atentar contra los derechos de los universitarios, contra la universidad y contra su institucionalidad.
Asimismo, señalaron que la autonomía no es un atributo subjetivo de carácter meramente funcional y administrativo, puesto que está fundada en la necesidad de evitar que los vaivenes del poder político se traduzcan en cambios arbitrarios de la vida universitaria.
Por otra parte, la semana pasada transportistas del sector de carga pesada suspendieron sus servicios, para exigir la agilización en el trámite del permiso de operación y del código aduanero, ocasionando caos principalmente en la entrada de Tegucigalpa.
Debido al paro en la CA-5, varias gasolineras del país quedaron sin combustible. El paro de los transportistas duró tres días tras la negociación con representantes de ese rubro y el Gobierno.
Mientras que, en medio de ese conflicto y la crisis resultante, agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional se fueron a huelga, lo que provocó mayores protestas y bloqueos en todo el territorio, saqueos de negocios y una represión por parte de la Policía Militar del Orden Público que ha dejado más de 20 heridos y al menos dos muertos.
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El jueves 20 de junio, el presidente de la República, al frente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ordenó el despliegue a nivel nacional de los militares, Policía Nacional y equipo de inteligencia, con el fin de reprimir las protestas ciudadanas.
El Gobierno organiza su propia marcha
El sábado 22 de junio, hubo una manifestación denominada “marcha por la paz”, realizada por integrantes del Partido Nacional, donde Jefferson Martínez, estudiante de periodismo que cubría el evento, fue golpeado brutalmente y acusado de lanzar una bomba lacrimógena.
“Sentí que moriría” fue la declaración del joven a la prensa al ser puesto en libertad. Se evidenció de nuevo el uso de carros donados por Canadá al Gobierno hondureño y de buses de iglesias evangélicas en el traslado de activistas del partido oficial.
La embajada de los Estados Unidos emitió este martes un comunicado que no establece una postura determinante ni clara sobre la crisis por la falta de gobernabilidad que vive Honduras y que ha desencadenado en protestas ciudadanas, represiones militares y policiales y varias muertes.
La representación diplomática dijo estar comprometida con los derechos humanos, y que “los incidentes de violencia durante las protestas, así como la violencia como forma de protesta afectan las peticiones legítimas de reforma y progreso, las cuales deben ser resueltas por medio de la participación y el diálogo”.
Sin embargo, los hondureños parecieran decididos a presionar en las calles, dadas las pocas o nulas ventanas que Hernández ha abierto a un diálogo con la sociedad civil y otros sectores políticos.
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En las calles, la gente exige públicamente la salida del poder de Juan Hernández, por suponerlo responsable de actos de corrupción y de tener vínculos con el narcotráfico.
Al llamado que hizo la embajada estadounidense para que todos los hondureños, tanto manifestantes como miembros de las fuerzas de seguridad, se abstuvieran de la violencia y que guarden la compostura, el exasesor de campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rodolfo Pastor, dijo en un tuit: “Resulta perverso y condenable en sí. Un lado armado con gas, fusiles y balas gringas, el otro con valentía y dignidad”.
El tono del comunicado de la representación diplomática distó mucho de los pronunciamientos emitidos contra el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, donde producto de la represión y crímenes contra ciudadanos, ha adoptado severas medidas contra los funcionarios de la vecina nación, que vive una crisis similar.
