* A dos años de que cinco pobladores de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz fueran llevados por la fuerza, se ignora su paradero y el delito se encamina a la impunidad. Cuatro de ellos eran líderes garífunas involucrados en la defensa de la tierra.
** Líderes de la comunidad garífuna acusan al Estado de Honduras de estar implicado, lo que constituiría un delito de “desaparición forzada”.
**Autoridades policiales aseguran haber terminado la investigación, pero el Ministerio Público señala no haber recibido ningún informe.
Expediente Público
El 18 de julio de 2020 César Benedith se despertó a eso de las 4:30 de la madrugada y pudo escuchar a los pescadores en la playa cercana preparando sus redes para salir a faenar al Mar Caribe. Minutos después, uno de ellos llegó corriendo a su propiedad, gritando “César, levantate, hay tres carros con policías en la casa de Snaider”.
Cuando salió a la calle, ya los hombres vestidos con chalecos policiales estaban en otra vivienda. En pocos minutos sacaron, en ropa de dormir, a Albert Snaider Centeno Thomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Róchez Cálix y a Junior Rafael Juárez Mejía.
De inmediato Benedith llamó al número de emergencias 911 y le indicaron que enviarían patrullas a verificar lo que estaba sucediendo.
“Me di cuenta que pasaba algo raro porque fui militar y las leyes dicen que antes de las 6 de la mañana no se puede hacer un allanamiento. Los chinchorreros (pescadores) ya habían avisado a todo el pueblo, y cerramos la calle principal con piedras, cabuyas, para detener los vehículos y preguntar por qué se los llevaban”, rememoró Benedith a Expediente Público.
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Los uniformados al ver la barricada, acerrojaron sus armas automáticas, pero evitaron confrontar a la gente y se marcharon por la única salida alterna de la aldea. Desde entonces, los cinco pobladores están desaparecidos.
No solo iban “vestidos como policías”
Triunfo de la Cruz, en el Caribe de Honduras, se ubica a 312 km al norte de la capital, Tegucigalpa, y a solo 20 minutos de la ciudad turística de Tela, de donde habría salido el contingente que se llevó a los cinco hombres.
Según líderes de la comunidad entrevistados por Expediente Público, Triunfo de la Cruz está habitada por unas 10,800 personas, casi en su totalidad de la etnia garífuna, quienes viven de la pesca y de brindar servicios turísticos. También de las remesas que envían unos 4,000 triunfeños residentes en el exterior.
Al momento de su desaparición, Albert Snaider Centeno, de 27 años, era el presidente de patronato más joven en la historia de la comunidad.
En entrevista con Expediente Público, el académico Rony Castillo, enfatiza que lo sucedido a los cinco hombres es “una desaparición forzada”, lo que implicaría que el Estado está involucrado.
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“No se trata de ‘hombres vestidos de policías’, como suelen decir las autoridades. Eran policías, incluso en el operativo dejaron una gorra con las siglas DPI (Dirección Policial de Investigación) botada en la casa de Snaider”, asegura Castillo, quien tiene dos doctorados, uno en Ciencias Administrativas y otro en Estudios Latinoamericanos enfocados en Educación, Sociolingüística e Indigenidad y Negritud. Además, realizó una investigación sobre “la Autonomía Territorial y Educativa Garífuna”.
Ofraneh: Es un crimen de Estado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de abril de 2021, advirtió sobre este caso que “no se ha demostrado que se hubiese emprendido una investigación inmediata y exhaustiva” de parte de las autoridades de Honduras, y que “tales omisiones” pueden interpretarse como “un indicio más respecto de una posible desaparición forzada”.
Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh, la principal entidad de defensa de los derechos de afrodescendientes en el país centroamericano), coincide en que el operativo fue ejecutado por fuerzas del Estado.
“Estamos hablando de 30 personas armadas que entraron a llevarse a esos jóvenes a vista y paciencia de las autoridades”.
Miranda y Castillo señalan que bajo las condiciones del secuestro solo fuerzas del gobierno, o bajo su autorización, podían operar como lo hicieron. En esa época Honduras se encontraba bajo un estricto toque de queda a causa de la pandemia, so pena de ir a la cárcel. Solo podían desplazarse fuerzas policiales, militares y “trabajadores esenciales”.
Además, el día del operativo, cerca de la aldea había un retén policial. Los agentes aseguraron no haber visto nada inusual; y pese a requerir de su presencia, la Policía Nacional llegó una hora después del hecho.
“No nos pueden venir con la `paja´ (mentira) de que no hubo participación del Estado a través de sus instituciones. Decimos que es un crimen de Estado y eso está tipificado muy claramente, así que no nos vengan con cuentos”, refirió Miranda.
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¿Investigando o borrando evidencias?
Los agentes policiales que llegaron a investigar se limitaron a recoger evidencias, como la gorra que dejaron botada, y cámaras de video, tanto públicas como privadas.
“Hay cámaras del 911 en las salidas de la comunidad, en la CA13 (carretera principal). Pero cuando la policía vino dijo que esas cámaras estaban apagadas, que no servían, que no grababan”, refirió Benedith, quien asumió la presidencia del patronato durante los seis meses que le quedaban en el cargo a Centeno Thomas.
En las siguientes dos semanas, Triunfo de la Cruz se vio ocupada con la presencia de contingentes policiales y militares, bajo el argumento de brindar seguridad a los pobladores.
“Al final (los policías) querían como buscar culpabilidad en los compañeros en vez de darnos solución. Indagaban cosas sobre la vida de ellos y nosotros les decíamos ‘¿Por qué no nos dan respuesta?’”, resumió Benedith.
Para el doctor Castillo está claro que los policías “borraron todas las evidencias” y que el contingente que permaneció en el sitio “lo que hacía era detener a gente de la comunidad para incrementar la zozobra. Los familiares de las víctimas les dieron información” sobre el posible paradero de los desaparecidos, pero la policía no verificó los datos.
Después de varios roces con los vecinos, las fuerzas policiales “abandonaron y dijeron que iban a hacer un grupo especializado” para investigar “y hasta ahí llegó la participación de la policía”, dijo Benedith.
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Policía pidió órdenes de captura, pero…
Expediente Público consultó a la Dirección Policial de Investigación (DPI) sobre su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta. Luego de varios mensajes en demanda de información, un alto oficial de la Secretaría de Seguridad indicó, bajo condición de anonimato, que la Policía concluyó la investigación. Es más, desde el 27 de agosto de 2021 enviaron un informe al Ministerio Público con los nombres y ubicaciones de los posibles responsables, advirtió.
“Solicitamos respetuosamente que se giraran órdenes de captura para proceder, pero hasta el momento no hemos recibido nada”, señaló el oficial, quien declinó ofrecer detalles sobre las motivaciones de los criminales.
Se solicitó información al Ministerio Público, pero tampoco respondieron. Sin embargo, el 9 de agosto de 2022, en el contexto de una manifestación que realizaron organizaciones garífunas, la entidad publicó un mensaje en sus redes sociales. En el aseguran estar “a la espera que el Ministerio de Seguridad presente informe sobre jóvenes garífunas desaparecidos, donde se establezca, individualice y detalle quiénes son los autores de dichos delitos”.
En vista de la falta de resultados, organizaciones como Ofraneh y miembros de diversas comunidades integraron el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA, siglas en lengua garífuna que significan “basta ya”). Ellos han solicitado a las autoridades los incorporen a las indagaciones oficiales, pero no han atendido el reclamo.
El SUNLA ha hecho sus propias pesquisas y en su momento “vamos a develar y señalar algunos nombres, mientras tanto nos llamamos, por razones obvias”, al silencio, señaló Miriam Miranda.
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Centeno Thomas, el objetivo
Castillo y Miranda coinciden en que el objetivo del ataque era el dirigente Albert Snaider Centeno Thomas, y que a los otros cuatro muchachos se los llevaron para desviar la atención.
“Él venía exigiendo el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Triunfo de la Cruz”, explica Miranda.
Hace referencia a una sentencia de la CIDH, del 8 de octubre de 2015, que ordena al Estado de Honduras, entre otras cosas, demarcar el territorio garífuna y devolver propiedades comunitarias. Hoy en día esas propiedades están en manos de prominentes políticos, acaudalados empresarios, urbanizadoras, la Municipalidad de Tela y complejos hoteleros.
Pero Centeno Thomas “fue más allá”, según Miranda, e hizo activismo al denunciar nuevos daños a lagunas, ríos y áreas protegidas; promovió visitas de reconocimiento a las zonas que debían ser devueltas a la comunidad; tuvo enfrentamientos verbales con representantes de terratenientes y recibió amenazas.
“Antes que lo desaparecieran, Ofraneh lo acompañó a Tegucigalpa a presentar una denuncia, justo a la DPI, porque no quisieron tomarle la denuncia en Tela. La presentó en noviembre del año 2019 y a él lo desaparecen en julio del año 2020”, rememoró Castillo.
Presencia del “narco”
El cumplimiento de la sentencia de la CIDH significa poco más de 100 millones de dólares, “para indemnizar a terceros y que devuelvan los territorios de la comunidad».
Una “parte de esas áreas están en manos de empresas de Los Cachiros, es lo que dice la comunidad”, refirió Castillo. Los Cachiros son un cartel del narcotráfico, cuyos líderes, Javier y Devis Leonel Rivera Maradiaga, se entregaron a las autoridades estadounidenses y afirmaron haber sobornado a los expresidentes Juan Orlando Hernández y a Porfirio Lobo, a cambio de protección.
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Según Castillo, en esas zonas “a veces uno no sabe con quién está platicando, quién está detrás. Porque te aparece el político, pero quizás (el que está detrás) es el empresario; te aparece el empresario, pero quizás (el que está detrás) es el criminal, el narcotraficante. Hay grupos poderosísimos orquestados por los funcionarios que trabajan para esa gente. Hablamos de fiscales, de policías, de funcionarios de la Alcaldía que trabajan para esos grupos de poder”.
Castillo explica que de ese conflicto territorial debió salir la primera hipótesis para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos.
Dirigentes de patronatos garífunas bajo fuego
La desaparición de los cinco jóvenes de Triunfo de la Cruz no es un hecho aislado. El doctor Castillo explicó que Ofraneh ha documentado más de 75 muertes violentas en comunidades garífunas desde el 2019. Varias de las víctimas son dirigentes de patronatos, líderes o personas afines a estos.
A su criterio los dirigentes de patronatos se han vuelto el blanco de los ataques a causa de la aplicación del Convenio 169 (“Convenio sobre pueblos indígenas y tribales”), particularmente en su artículo 6.
Advierte que, gracias a esto, las municipalidades no pueden desmembrar los territorios de las comunidades garífunas, a menos que tengan el aval de los patronatos.
“La única forma de conseguir un título y registrarlo, en un territorio ancestral, es que te firme el patronato, para desmembrar ese territorio. Esa es la razón por la cual le han metido presión a los patronatos, tanto la municipalidad como los grupos de poder. Han asesinado muchos miembros de los patronatos y otros líderes para amedrentar a las comunidades”, sostiene Castillo.
“Que aparezcan con vida”
Benedith coincide en que existe “miedo” en Triunfo de la Cruz, y que antes de la desaparición de sus compañeros había jóvenes que se estaban preparando para hacer un relevo generacional del liderazgo. Pero ahora “sus padres les han dicho: ‘no queremos que participen en esos temas, no queremos sacrificar sus vidas, y que les suceda lo mismo que a Snaider’”.
Miriam Miranda enfatiza que ellos buscan a sus compañeros con vida, porque “un principio fundamental de la desaparición forzada declarada por las Naciones Unidas es que mientras no aparezcan tenemos el derecho a exigir que aparezcan con vida”.
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Más allá de lo que dicen los convenios internacionales, los familiares de los desaparecidos ruegan que vuelvan con vida.
“No es fácil para ellos. Cada hora que pasa se sienten más desesperados. Es más fácil para cualquier persona asimilar que un pariente se ha muerto o que lo han asesinado, y saber que está enterrado en un cementerio. Ellos no tienen eso a ciencia cierta, y esperan todavía que se abra la puerta de sus casas y verlos con vida”, concluyó Benedith, quien también ha recibido amenazas a muerte de forma anónima.
