*La CIDH emitió medidas cautelares para proteger a los Tolupán en 2013. Tras más de una década, constata un deterioro, con violaciones aún más graves.
** Líder de la tribu Tolupán alerta sobre un inminente etnocidio debido a la pérdida de su cultura por falta de acceso a tierras y recursos ancestrales.
*** Ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, anunció a Expediente Público medidas para abordar la situación, incluyendo una comisión especial y una visita in situ.
Sharon Ardon/ Expediente Público
A pesar de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para los habitantes de la tribu San Francisco de Locomapa y miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en Honduras hace una década, la situación de los indígenas empeoró, afirmaron a Expediente Público representantes tolupanes.
Desde que la CIDH tomó acciones en 2013, 16 tolupanes han sido asesinados, 11 de ellos eran miembros del MADJ, incluyendo aquellos que eran beneficiarios de las medidas cautelares.
En su informe, la CIDH describe cómo el 9 de mayo de 2023, dos miembros del pueblo tolupán, específicamente de la tribu de Locomapa, fueron asesinados y sus cuerpos quemados, dejándolos irreconocibles.
Ante esta alarmante realidad, la CIDH tomó la decisión el 27 de diciembre de 2023 de emitir una resolución de seguimiento a las medidas cautelares de los indígenas tolupanes en Honduras.
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“La CIDH analizó la vigencia de las medidas cautelares y decidió ampliarlas a favor de 61 personas identificadas del MADJ, quienes habitan la Tribu San Francisco Locomapa. Ello debido al contexto de grave riesgo de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras”, reza el informe.
Génesis de la problemática
Miembros del pueblo tolupán de Honduras expresaron a Expediente Público su sentimiento histórico de marginación. Además, su decepción con el Gobierno de Xiomara Castro.
Desde la colonización europea en el siglo XVI, los tolupanes experimentaron desplazamiento y exterminio gradual hasta reducirlos a pequeños grupos distribuidos en 31 tribus o grupos poblacionales, 26 en el departamento de Yoro y 5 en el municipio de Orica de Francisco Morazán.
La raíz de los problemas son el acceso y la tenencia de los territorios ancestrales pertenecientes al pueblo tolupán.
En marzo de 2024, durante las audiencias públicas sobre derechos humanos, la CIDH reiteró su llamado al Estado de Honduras para proteger a las comunidades indígenas.
Isabel Albaladejo, representante interina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), lamentó el despojo de tierras, a pesar de que las comunidades tienen títulos ancestrales.
«Preocupa los desalojos efectuados pese a que las comunidades contaban con títulos ancestrales habitando esos territorios, esos terrenos desde el tiempo suficiente para reclamar ancestralidad», expresó.
Deslice para más información
Julio Paz, líder tolupán, relató a Expediente Público que, desde finales del siglo XX, los territorios indígenas han sido invadidos por personas ajenas, empresas y aquellos que buscan explotar sus recursos, principalmente la explotación de madera, la ganadería y la producción de café.
A partir del año 2010, se sumó la explotación minera, lo que según su percepción ha intensificado la violencia que enfrenta el pueblo tolupán.
“Se consideran dueños, y consideran al indígena como un invasor, como una amenaza. Si (uno) se opone al despojo y al saqueo viene la reacción violenta. Eso es lo que ha generado en nuestro territorio que haya desplazamiento forzado, invasión de la propiedad, muerte, persecución y criminalización de personas”, relató Paz.
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Desesperanza
Aunque Honduras se enorgullece de su lema como un país multiétnico y pluricultural, Paz señaló que, los indígenas tolupanes no tienen atención y reconocimiento en su vida cotidiana.
“A nosotros como indígenas tolupanes solo nos quieren ver en los museos o en los reportajes, pero en la vida práctica no hay ninguna atención a nuestras necesidades”, reclamó.
Sobre el Gobierno de Castro, Paz esperaba un cambio positivo con la creación en noviembre de 2018 de la Mesa Interinstitucional, integrada por las personas beneficiarias, sus representantes, varias instituciones estatales como la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), entre otras; y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
Sin embargo, “hasta el momento no hemos visto un eficaz cumplimiento de las solicitudes, y peticiones que hicimos, igual con el cumplimiento de los tratados internacionales”, afirmó el líder indígena.
No entregan títulos de propiedad
Por otro lado, Paz señaló que también se están irrespetando los derechos territoriales de los pueblos indígenas, como lo establecen normativas internacionales, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En lugar de proteger la legalidad de los títulos colectivos y el dominio pleno de carácter privado que poseen los tolupanes sobre sus tierras ancestrales, menciona que el Instituto Nacional Agrario ha emitido títulos supletorios que se superponen a los títulos ancestrales, “algo que es totalmente inconcebible”.
Los títulos ancestrales tienen el carácter de inalienable, inembargable, impostergable e indivisible, por tanto, “funcionarios públicos han violentado esos derechos llevándose de encuentro todo lo demás, de posesión, acceso, derecho a la seguridad alimentaria, el derecho al acceso al agua, el derecho al acceso a la tierra de los tolupanes”, acotó.
Discriminación a mujeres tolupanas
Angela Murillo, beneficiaria de las medidas cautelares, expresó a Expediente Público que existe discriminación a las mujeres indígenas, enumerando que suelen limitarse a roles tradicionales en la cocina y cuidado del hogar, lo que dificulta que expresen sus opiniones y reclamen sus derechos.
“Hemos tenido muchas agresiones, muchas amenazas, asesinatos, yo soy una de las mujeres que han sido criminalizadas, y es lamentable cómo la mujer tolupana vive en las comunidades”, narró con sus ojos humedecidos.
Pese a esa deplorable situación, agradeció pertenecer al MADJ, movimiento en el que se ha formado y siente que tiene voz para expresarse por las más vulnerables de su tribu, las niñas.
“Es lamentable como vivimos a veces las niñas, son explotadas tanto sexualmente, les violentan su derecho”, denunció. La líder indígena agregó que ahora su lucha no sólo es por la defensa de la tierra y la vida, sino también para proteger a las menores de su comunidad.
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Sin cambios sustanciales
Graciela Martínez, encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos en las Américas de la organización Amnistía Internacional, manifestó su inquietud ante la delicada situación de los defensores de tierra y territorio en Honduras, “uno de los países más peligrosos para la defensa de estos derechos”.
La experta relató cómo la llegada del gobierno de Xiomara Castro hace dos años generó expectativas de cambios significativos frente a la grave situación de los defensores del territorio y medio ambiente en Honduras.
Sin embargo, a dos años del inicio de su mandato, “las cifras y reportes de ataques indican que la situación no ha experimentado cambios sustanciales”.
“Observamos que de entonces a ahora las personas defensoras de territorio y medio ambiente siguen siendo atacados, siguen siendo asesinados y no observamos que el Estado de Honduras esté tomando las medidas necesarias para contrarrestar esta situación”, acotó.
Dijo que “la información que recibimos y lo que observamos es que el Gobierno, en particular, el mecanismo de protección no está brindando las medidas suficientes que permiten contrarrestar esta situación”.
A su vez, la investigadora de Amnistía Internacional analizó que algo que “refleja tanto la situación de riesgo como la falta de respuesta del Estado es que, hoy en día y ante la gran situación de las personas defensoras de tierra y territorio y medio ambiente en Honduras, el Gobierno hondureño o el Estado de Honduras no se ha comprometido aún con el Acuerdo de Escazú”.
El acuerdo de Escazú es un tratado ambiental latinoamericano que pretende salvaguardar la vida de personas dedicadas al medio ambiente, ya que garantiza sus derechos fundamentales como la transparencia, el acceso a la información y la justicia.
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Ineficacia de medidas de protección
Entre los beneficiarios de las medidas cautelares entrevistados por Expediente Público se percibió la frustración e impotencia al referirse a la ineficacia de las medidas cautelares que les ha otorgado el Estado de Honduras.
A pesar de contar con estas supuestas salvaguardias, expresan que cada día enfrentan amenazas que los mantienen en constante estado de alerta y angustia.
Es la sensación que vive Murillo, quien exteriorizó que ellos mismos que tenemos garantías cautelares “sabemos que exponemos la vida a diario, el mecanismo no ha dado esas medidas que son efectivas donde nosotros nos sintamos seguros de que vamos a tener vida”.
“Pero la verdad que no, cada día nosotros despertamos y con las amenazas que tenemos a diario a veces nos acostamos, pero no dormimos, a veces nos levantamos pensando que tal vez no vamos a amanecer”, relató Murillo.
Además, denunció cómo la presencia policial, lejos de ser reconfortante, se interpreta como una fuente de amenaza al ponerse del lado de intereses empresariales en lugar de actuar en beneficio de la seguridad comunitaria.
“Con decirle que llegue un policía a mi casa y pregunte por mí, yo tengo miedo”, continuó.
Asimismo, señaló que los patrullajes, establecida como una medida de protección, nunca se dan en la zona, y cada vez que necesitan la presencia policial, ésta llega hasta 7 a 12 horas después.
Sumado a ello, el informe de la CIDH ilustra la situación crítica en la casa de uno de los beneficiarios, Celso, que fue incendiada, había una alarma, pero resultó ineficaz, ya que ni siquiera sonó ese día.
Compromiso de la SEDH
Angelica Álvarez, nueva ministra de la SEDH, afirmó a Expediente Público que se han recibido denuncias sobre la respuesta del mecanismo nacional de protección en relación con las medidas para proteger especialmente en el caso de la tribu de San Francisco, Locomapa.
Reconoció también que los derechos de estas comunidades indígenas han sido vulnerados y que se han visto afectados como defensores de la tierra. Dijo que, en consecuencia, se han reunido con el MADJ, representado por un bufete legal, para comprender mejor la situación de Locomapa.
Además, anunció la creación de una comisión para dar seguimiento de cerca a esta problemática. Asimismo, planean realizar una visita in situ al área afectada para evaluar directamente la situación, ya que entienden que también se ha afectado el acceso a servicios básicos como salud y educación.
Externó que su objetivo es brindar una respuesta integral desde el Estado a la situación de la tribu.
Desaparición de la tribu Tolupán
José María Pineda, miembro de la tribu tolupán y beneficiario de medidas cautelares, expresó con profunda preocupación que su comunidad enfrenta prácticamente un “genocidio”, ya que la falta de acceso a tierras amenaza la supervivencia de su cultura y forma de vida.
“Prácticamente nosotros no hemos nacido pobres, sino que el sistema nos ha empobrecido”, lamentó Pineda.
Este testimonio de Pineda refleja la vulnerabilidad de la tribu tolupán frente a las amenazas de terratenientes que se han adueñado de sus territorios y la penetración de empresarios que avalados por el Estado explotan sus recursos limitándoles a ellos el uso que les garantizaba su supervivencia.
Lejos de esas riquezas de tierras y recursos naturales que les fueron heredados por sus ancestros hace siglos, los tolupanes expresan que no tienen otra alternativa para subsistir, ya que del Gobierno no obtienen “nada de gratis”.
