*Días después del brutal desalojo y quema de bienes en comunidades garífunas de Punta Gorda por parte de la policía hondureña, debido a la presión internacional, gobierno creó una comisión investigadora.
**Defensores de Derechos Humanos exigen investigar a juez que dio la orden del violento desalojo contra el pueblo garífuna.
***Habitantes de la comunidad que presenciaron el desalojo, expusieron ante Expediente Público el odio y racismo que denotaron las fuerzas policiales.
Expediente Público
El desalojo judicial de tierras ancestrales de la Comunidad Garífuna de Punta Gorda, en Honduras, dejó al descubierto serias violaciones de derechos humanos, ejecuciones judiciales arbitrarias, daños a la integridad física, destrucción y quema total de sus viviendas, así como la privación de libertad de al menos 6 defensores de la comunidad.
El ataque generó controversias entre la sociedad hondureña por la forma violenta en la que llegaron las fuerzas policiales, el mal manejo del proceso judicial y falta de conocimiento del gobierno sobre dichas acciones.
Defensores de Derechos Humanos (DD. HH) abordados por Expediente Público lamentaron la forma en la que se desarrolló tal evento en vista de que se trata de un territorio ancestral perteneciente a la comunidad garífuna que cuenta con dos sentencias condenatorias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, además, medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana, las cuales los blindan de escenarios como el que se ejecutó.
Desalojo con matiz “racista”
Melissa Martínez, coordinadora de la Comunidad Wagaira Le en Punta Gorda, expresó a Expediente Público la forma violenta en la que la Policía ingresó a su comunidad y destruyó todas las viviendas que con tanto esfuerzo construyeron. “Condenamos rotundamente este acto violento de la Policía, y la orden que ejecutó el juez en contra de nosotros como pueblo y como primera comunidad garífuna”, denunció.
“La Policía entró aquí irrespetando todo, nuestra bandera garífuna la pisotearon como quisieron, era un acto de racismo en contra de nosotros como garífunas, un acto de discriminación», relató Martínez, cuatro días después del ataque en Punta Gorda, en la Isla Roatán, donde fue agredida y detenida por fuerzas de seguridad.
Junto a ella, 5 pobladores más fueron detenidos y golpeados el lunes 7 de noviembre. En menos de 24 horas los llevaron a juicio y ahora esperan audiencia en libertad condicional para este 23 de noviembre.
Según declaraciones del juez de letras que emitió la orden de desalojo, Allan Urbina, fue por “usurpación agravada”, y omitió el violento ataque en el que militares quemaron los bienes de las familias garífunas que habían construido por cuatro meses.
“Nosotros hemos realizado una función que está dentro de nuestras atribuciones como jueces, se presentó un requerimiento fiscal donde se está acusando a una persona por un delito de usurpación”, justificó Urbina.
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La sorpresa del nuevo gobierno
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) en entrevista exclusiva con Expediente Público, repudió la “forma brutal y despiadada que llevó a cabo la Policía Nacional en conjunto con la Dirección Policial de Investigación (DPI) y el Ejército”.
Para Miranda, es importante aclarar que el desalojo por supuesta denuncia de “usurpación” fue una operación conjunta de estas instancias, con una “actitud intencionada de la Policía”.
“Nosotros nunca esperábamos que se iba a dar ese hecho precisamente durante este gobierno” agregó la defensora.
Por su parte, la presidenta Xiomara Castro negó conocer la orden del ataque ocurrido. “He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH” citó su tweet.
¿Qué pasará con la deuda al pueblo garífuna?
Posterior a los hechos, la Secretaría de Derechos Humanos responsabilizó a los juzgados de Roatán por “actuar de forma contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y en contraposición con su mandato de representar los intereses de la sociedad en su conjunto”.
Además, el comunicado anunció la creación de una nueva Comisión para investigar in situ entre el 9 y 11 de noviembre pasado lo sucedido.
“Sentimos que la visita del gobierno y sus representantes se debe precisamente a esa presión internacional que se dio al enterarse el mundo de lo que estaba pasando y pues esperamos que haya un cumplimiento de nuestras peticiones, de suspender todas las medidas que se dictaron contra nuestros compañeros y compañeras, y sobre todo que no haya más represión hacia la comunidad, que garanticen que haya respeto y restitución de los derechos del pueblo garífuna”, pormenorizó.
Según la documentación de Ofraneh, alrededor de 15 pobladores fueron heridos de gravedad y trasladados al hospital, incluyendo una joven embarazada, y que actualmente corre riesgo de perder a su primogénito.
“Investigar a juez que ordenó el desalojo”
Hugo Maldonado, titular del Comité para la defensa de los derechos humanos (Codeh) en entrevista con Expediente Público, expresó que el desalojo pudo haberse evitado si el juez ejecutor, en lugar de emitir la orden del desalojamiento, hubiese “dirimido el juicio del fuero penal al fuero civil por la controversia que existía entre las partes que reclaman la misma propiedad”, porque considera que las disputas de tierras son de orden civil, por lo que al tomar esa decisión sin previo análisis, puede levantar suspicacias de confabulación entre el tribunal con una de las partes.
“Creemos nosotros que hay una confabulación con una de las partes. Conociendo las dos sentencias que hay en favor del pueblo garífuna en la Corte Interamericana y conociendo las medidas cautelares, el juez se arriesgó demasiado al librar una orden de desalojo a la Isla de los garífunas”, explicó Maldonado.
Por consiguiente, agregó que se debió montar las mesas necesarias que tengan que ver con la solución del problema.
A consideración del presidente del Codeh, hay varios puntos que se debieron analizar antes de interponer una resolución de desalojo en una zona ancestral como lo es Punta Gorda.
En primer lugar, recordar que “hay dos sentencias condenatorias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que es vinculante para el Estado de Honduras”; como segundo punto, “el pueblo garífuna tiene medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana”, enfatizó.
Por lo anterior, Maldonado se refiere a la sentencia que dictó la CIDH la cual declaró culpable al Estado de Honduras por violación a los derechos humanos de la comunidad garífuna.
Ante el nuevo ataque a las comunidades garífunas, el defensor de los DD. HH sugirió llevar a cabo una investigación contra el juez que emitió la orden de desalojo, porque “si en el desalojo no había la quema de viviendas como se hizo, entonces hay que investigarse y hay que deducir las responsabilidades también legales del caso”.
Condenan violencia usada en el desalojo
Por su parte, el defensor de los DD. HH, Wilfredo Méndez condenó la violencia que se utilizó por parte de policías y soldados del Ejército de la Isla de Roatán para desalojar a los habitantes de la comunidad de Punta Gorda. “Hay que condenar cualquier tipo de agresión física”, expresó.
Méndez, quien es coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), recordó cómo el gobierno oficialista en muchas ocasiones “ha mencionado que no va a hacer uso de la fuerza nacional para causar afectaciones en la integridad de las personas sin necesidad”.
No obstante, las escenas que se registraron en Punta Gorda han impactado a sectores hondureños, particularmente a defensores de DD. HH por reflejar una continuidad de las prácticas arbitrarias que caracterizaban a los gobiernos anteriores, por lo que el coordinador de Ciprodeh hace un llamado al gobierno de Castro a que “haga una pronta acción y evite este tipo de enfrentamientos sociales”.
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Delimitación y protección de tierras ancestrales
El doctor en DD. HH Joaquín Mejía estimó ante Expediente Público que la participación de la mandataria Castro en un caso de desalojo como el que se efectuó, se debe limitar a tratar algunos puntos que considera le competen al Estado de la República resolverlos en tiempo y forma.
A primera instancia, Mejía analizó que, como parte de las obligaciones del Estado, las autoridades competentes hagan la delimitación de los territorios ancestrales de los garífunas para evitar que se continúen efectuando este tipo de situaciones.
“El hecho de que no tengan títulos ancestrales colectivos no es un obstáculo para que puedan gozar de esos territorios porque la obligación del Estado es delimitar los territorios garífunas e indígenas en el país”, precisó.
Según el Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.
¿Qué papel debe jugar Castro en esta situación?
Los defensores a los DD. HH en Honduras coincidieron en que el actuar de las autoridades ante los pueblos y comunidades garífunas debe estar regida y siempre basándose en el Convenio 169 de la OIT el cual enmarca todos las garantías y derechos de los que deben gozar los originarios de los pueblos.
“Es muy importante preguntarse: ¿qué hacían los militares ahí? cuando supuestamente en el plan de gobierno de la presidenta Castro señala la desmilitarización de la seguridad ciudadana”, se cuestionó Mejía.
Para el doctor en DD. HH, si bien, los desalojos son ordenados por el Ministerio Público y el Poder Judicial, también está vinculado con el Ejecutivo, y, por ende, la mandataria Castro “tiene una gran responsabilidad de garantizar que las fuerzas policiales no cometan abusos a derechos humanos cuando realizan este tipo de acciones”.
“Es un asunto que compete al Ministerio Público y al Poder Judicial que ya sabemos en manos de quienes están y sabemos que son instrumentos de criminalización, sin ninguna duda cualquier violencia utilizada por parte de la Policía hondureña y peor por el Ejército es condenable”, concluyó Mejía.
