* La Corte IDH denunció en la Organización de Estados Americanos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a seis ciudadanos beneficiarios de las medidas provisionales en las cárceles de Nicaragua.
*** “Me golpearon hasta sangrar”, denunció Tamara Dávila, expresa política y de las 222 personas desterradas en la OEA como evidencia del “odio” del régimen hacia los opositores.
** Desde 2018, la Corte IDH, ha emitido al menos 19 resoluciones sobre medidas en beneficio de personas presas políticas y defensores de derechos humanos de Nicaragua que no han sido atendidas.
Expediente Público
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) verificó que las privaciones de libertad a ciudadanos nicaragüenses, por parte del régimen de Daniel Ortega, tenían un objetivo “de tipo político y no penal general; y que el desacato permanente ante las resoluciones del Corte IDH “erosiona las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho de Nicaragua”.
El juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH, presentó este miércoles un informe al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre el historial de desacatos que ha cometido el régimen ante las medidas provisionales dictadas en beneficio del Estado de Nicaragua y los derechos humanos de las personas presas políticas.
La Corte IDH, órgano judicial autónomo de la OEA, ha emitido al menos 19 resoluciones sobre medidas en beneficio de personas presas políticas y defensores de derechos humanos de Nicaragua desde 2018 hasta febrero de este año solicitadas por la Comisión de Derechos Humanos (CIDH). Las resoluciones tienen como objetivo proteger la vida, la integridad personal, la seguridad de las personas presas políticas como de su núcleo familiar.
De acuerdo con el presidente de la Corte IDH desde junio de 2021 a febrero de 2023, esta instancia ha adoptado ocho resoluciones de medidas provisionales y la Presidencia, dos resoluciones de medidas urgentes.
Nicaragua en desacato permanente
La mayoría de estas sentencias figuran en los casos: Asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y 45 Personas privadas de su Libertad en ocho centros de detención respecto de Nicaragua por los que la Corte IDH declaró en desacato al régimen orteguista en dos ocasiones: 22 de 2021 y 22 de noviembre de 2022 debido al incumplimiento de las resoluciones emitidas.
En la resolución emitida el pasado 22 de noviembre, el órgano judicial indicó que el desacato permanente de Nicaragua se basa en las sentencias emitidas por esta entidad en las fechas 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021; 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.
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La posición de Nicaragua, según la Corte IDH, “constituye un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal, lo que pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios”.
A pesar de que el régimen de Daniel Ortega oficializó su salida del organismo regional de la OEA, el presidente de la Corte IDH explicó este miércoles que Nicaragua no ha renunciado a la Convención Americana por lo que la Corte sigue teniendo “competencias respecto de ese país”.
“Golpeada hasta sangrar”
Tamara Dávila, expresa política y de las 222 personas desterradas, participó en la sesión de la OEA, donde denunció que “el odio con que actúa la dictadura contra cualquiera que sea percibido como opositor”.
“Fui secuestrada con violencia y encarcelada el 12 de junio del 2021” (…) y “pese a que abrí la puerta (de mi casa) y expresé que me entregaría, los policías rompieron el portón a patadas, asaltaron la casa y desconectaron las cámaras de seguridad. Oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron a rastras a una patrulla”, fue parte del testimonio de Dávila.
La mantuvieron “14 meses en una celda sellada, sin más contacto humano que el de mis carceleros; permitieron escasas visitas a mi familia. Luego me mantuvieron en confinamiento solitario, al igual que a Suyén Barahona, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil”, relató a los embajadores de los Estados miembros de la OEA.
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Seis beneficiarios permanecen detenidos
Durante la sesión, el presidente de la Corte IDH reveló que el régimen mantiene en las cárceles de Nicaragua a seis personas que cuentan con medidas provisionales: Fanor Alejandro Ramos, Eliseo de Jesús Castro Baltodano, José Manuel Urbina Lara, Carlos Antonio López Cano, Jaime Navarrete Blandón, Heder Muñoz Centeno, quienes «se encuentran en desprotección absoluta», señaló.
Representantes de las delegaciones de Antigua y Barbudas, Costa Rica, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay y del Vaticano se pronunciaron a favor del retorno de la democracia, la liberación de presos políticos y el respeto de los derechos humanos.
“La Santa Sede desea manifestar su preocupación por la situación de su excelencia monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa”, aseguró Monseñor Juan Antonio Cruz Serrano, representante de la Santa Sede, en el Vaticano. Álvarez se encuentra detenido en una de las cárceles del país, después de haber sido condenado a 26 años de cárcel.
Ortega rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano a principios de marzo luego que el papa Francisco calificó de “dictadura comunista” y “hitleriana” al sistema de represión en Nicaragua.
¿Qué significa el desacato?
Wendy Flores, abogada del Colectivo de Derechos Nunca Más, explica a Expediente Público que en materia jurídica el desacato cometido por el régimen de Nicaragua es porque se ha negado a rendir informes, presentarse en audiencias y ejecutar las sentencias que le otorgan medidas provisionales a las personas beneficiarias.
“En este caso, Nicaragua no compareció ante la Corte, que es el desacato. No cumplió con la medida provisional, sino que procedió a excarcelar a 222 personas, presas políticas, incluidas 41 de las 54 personas beneficiarias de las medidas provisionales”, dijo.
Desterrar a esos ciudadanos “fue unilateral” por parte del régimen nicaragüense, “en el sentido de que los remitió hacia Estados Unidos y si bien, las personas presas políticas firmaron un documento que aceptaban ser llevadas hacia Estados Unidos, lo cierto es que no existían condiciones de seguridad y libertad para poder tomar una decisión”.
Salieron de “un régimen de tortura, de privación arbitraria de la libertad y era la única manera de estar fuera de un régimen como el de Nicaragua, pero no dentro del país, ni con las libertades y derechos que establece la Constitución Política”, señala la abogada.
Entre las resoluciones del caso figuran la adopción, ampliación, ratificación y seguimiento de medidas cautelares en beneficio de 46 nicaragüenses y sus núcleos familiares.
La primera resolución dictada el 24 de junio de 2021 ordenó la “liberación inmediata” de, los ahora excarcelados políticos y desterrados, Juan Sebastián Chamorro García, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri Chamorro y Violeta Mercedes Granera Padilla.
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Más beneficiados
La sesión de este miércoles se llevó a cabo en orden de la resolución que también indicó: “Urgir al Consejo Permanente de la OEA para que, en aplicación de la garantía colectiva, dé seguimiento al incumplimiento de las presentes Medidas Provisionales y a la situación en que se encuentran las personas identificadas en el punto resolutivo 6 y exija al Estado el cumplimiento de lo ordenado por esta Corte”.
A pesar de que en el caso figuran 46 beneficiarios de las medidas previsionales, la Corte IDH ha beneficiado y ratificado las medidas, hasta la fecha, a favor de 88 nicaragüenses. La medida se ha extendido también a sus núcleos familiares.
El pasado 08 de febrero, la Corte IDH otorgó medidas provisionales en favor de 11 ciudadanos nicaragüenses. Y este miércoles, el presidente de la Corte IDH aseguró que emitieron medidas provisionales a favor de periodistas y personal de la radio La Costeñísima, un medio de comunicación independiente de Nicaragua objeto de asedio.
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Dentro del grupo de nicaragüenses a los que se benefició con las medidas, figuran los presos políticos que fueron excarcelados en febrero pasado y desterrados hacia Estados Unidos: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Daisy Támara Dávila, Lesther Alemán, entre otros.
¿Cuál es el siguiente paso?
De acuerdo a la abogada del Colectivo de Derecho Nunca Más, el siguiente paso es continuar la demanda por la liberación de presos políticos y explica que, dentro de los 37 prisioneros de conciencia que tiene el régimen orteguista, hay tres ciudadanos que cuentan con medidas provisionales: Alejandro Ramos, Jaime Navarrete y Denis Uriel Muñoz Centeno; y que el Estado de Nicaragua se ha negado a cumplir.
Hasta la fecha, el régimen orteguista mantiene en las diferentes cárceles del país a 37 presos de conciencia, según el Mecanismo para el Reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua. Del total, 27 personas están detenidas desde abril de 2018, cuando inició la crisis sociopolítica en Nicaragua. Los otros diez están detenidos antes de que iniciara la revuelta social en el país.
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Sobre qué pueden hacer los Estados, Wendy Flores asegura que los Estados pueden identificar “qué acciones pueden tomar respecto del uso, por ejemplo, de la jurisdicción universal en sus países” y hace mención de la reciente declaración del Grupo de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que determinó que en Nicaragua se habían cometió crímenes de lesa humanidad.
“Una buena parte de estas víctimas son estos excarcelados, estas 222 personas excarceladas y como medio de pruebas también se pueden encontrar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaron su libertad y el Estado de Nicaragua se negó a cumplir en un abierto desacato”, agrega.
¿Qué pueden hacer las víctimas?
Sobre qué podrían hacer las víctimas del Estado de Nicaragua, la abogada señala que hay “pruebas suficientes para iniciar investigaciones en el caso de Nicaragua” siempre y cuando se vinculen los informes y las resoluciones que ha emitido la Corte IDH a casos concretos, es decir, que los ciudadanos denuncien o acudan a países a denunciar que han sido víctimas de tortura.
Gabriel Putoy, excarcelado político del régimen y exiliado en Costa Rica aseguró a Expediente Público que él junto a otros opositores, como víctimas del Estado de Nicaragua, interpondrán una denuncia en Costa Rica en compañía del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para abrir una causa penal en contra del régimen orteguista.
“Para que Costa Rica no sea un destino más de ellos, porque aquí fácilmente han venido a observar elecciones municipales y nacionales como que tal ellos fueron abanderados de la democracia”, señaló Putoy, quien espera que con esta causa penal se haga justicia y el régimen “pague por todo lo que ha cometido”.
El opositor es originario de Monimbó, del departamento de Masaya, fue detenido por el régimen orteguista en 2018 y liberado bajo la controversial Ley de Amnistía en junio de 2019. Tras su excarcelación, asegura que el régimen orteguista no acató las medidas cautelares que le fueron impuestas y por el contrario aumentó la represión y el acosamiento en contra de los opositores, y un segundo intento de encarcelarlo nuevamente lo obligó a que se exiliara en Costa Rica.
“El Estado, que por ley está obligado a protegerte, es quien realmente violenta todos tus derechos y hace caso omiso a las medidas cautelares dictadas por la CIDH”, agregó.
