* El uso del régimen de excepción para perseguir y capturar jóvenes y mujeres indígenas se expuso en la 23 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII).
**Capturas arbitrarias a manos de miembros de ejército y la policía podrían responder a intereses extractivistas y turísticos, dijo organización indígena campesina en cónclave global de la ONU.
Eric Lemus / Expediente Público
La 23 sesión del Foro de la Organización de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas escuchó la denuncia de jóvenes y mujeres indígenas que son criminalizados en El Salvador por defender sus territorios.
El gobierno de Nayib Bukele estaría aprovechando la lucha contra las pandillas y el estado de excepción para eliminar las voces de las comunidades originarias que se oponen al despojo territorial de la mano de proyectos extractivistas y turísticos, denunciaron.
La asamblea, que fue realizada del 15 al 26 de abril en Nueva York, escuchó la información trasladada por el Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA).
Ángel Flores, en representación de MILPA, alertó a la ONU sobre la situación que atraviesa la población indígena en este país centroamericano desde la puesta en marcha hace más de dos años del Régimen de Excepción.
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El estado de excepción suprimió todas las garantías constitucionales en este país centroamericano y es el eje de la política del gobierno de Nayib Bukele para desarticular el crimen y la ola de violencia.
Sin embargo, en este contexto nacional, “la intensificación y expansión de las actividades extractivas para la obtención de grandes cantidades de recursos naturales o no extractivas como la turistificación de comunidades rurales están generando conflictos socioambientales en los territorios bajo el cuidado principalmente de mujeres indígenas”, declaró Flores en la reunión de la ONU.
Persecución a jóvenes indígenas
El delegado de la organización indígena salvadoreña informó sobre la captura de jóvenes de sus comunidades en el marco del régimen de excepción, pese a que los detenidos carecen de antecedentes delincuenciales.
Flores detalló a Expediente Público que como organización dan cuenta de la captura de Óscar Martínez Iglesias y Levi Morales, quien es hijo de Silverio Morales, el fundador de MILPA.
El joven fue detenido al inicio del régimen de excepción y recibió una orden de libertad en noviembre de 2023; sin embargo, al salir de la cárcel fue recapturado y acusado por los mismos cargos.
Martínez Iglesias, por su parte, es uno de los firmes opositores a la construcción del Aeropuerto del Pacífico que el Gobierno de Bukele planea en el Golfo de Fonseca en el departamento de La Unión.
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“Este tipo de acciones va encaminada a intimidar o callar la voz de las personas que se están pronunciando por la defensa de los derechos colectivos y específicamente de los derechos de los pueblos indígenas”, opina Flores.
Pedro Cabezas, miembro de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), recuerda a Expediente Público que “la administración Bukele proyecta la creación de la segunda fase de la ciudad del Bitcoin en el Golfo de Fonseca, al pie del volcán Conchagua”.
“Al margen de que el Bitcoin sea tangible o no, ellos tienen planes muy concretos de que quieren transformar toda esta zona costera en un resort turístico, sin importar que pase por encima de las reservas naturales o tenga que expropiar mediante el uso de la fuerza”, precisa Cabezas, que desde ACAFREMIN da seguimiento a casos de impacto ecológico en el país.
Un espacio para la denuncia
El Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas (UNPFII, por sus siglas en inglés) es un órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC), que nació el 28 de julio de 2000 para exhortar a los Estados miembros a diseñar políticas que preserven la cultura y la identidad de la población originaria.
Durante dos semanas en Nueva York, entre el 15 y el 26 de abril, delegaciones indígenas de todo el mundo deliberaron sobre el futuro y la supervivencia en un mundo globalizado.
La reunión de este 2024 convocó a representantes de todo el mundo y fue la tarima para denunciar la captura del líder miskito Brooklyn Rivera, quien fue apresado el año pasado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Brooklyn Rivera asistió a este mismo espacio en Nueva York, el año pasado, y fue detenido en septiembre de 2023 cuando estaba en su domicilio en Bilwi, Caribe Norte de Nicaragua. Pero, desde su detención, no hay prueba de vida ni información sobre dónde está.
Un aeropuerto ¿con fondos de China?
El Gobierno de Bukele planea la construcción de un nuevo aeropuerto doméstico en la zona costera del departamento de La Unión, a 180 km. al este de la capital, que limita con las aguas del golfo de Fonseca.
Hasta el momento, la cooperación de China con El Salvador incluye la construcción de una nueva biblioteca en el Centro Histórico de la capital y proyecta la renovación de la flotilla del transporte público, un nuevo muelle pesquero, un estadio olímpico y una planta de potabilización de agua en un lago de origen volcánico.
Sin embargo, el tema del financiamiento de la terminal aérea está soslayado públicamente.
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La organización MILPA, por su parte, da cuenta a Expediente Público de la visita de personal asiático acompañado de funcionarios gubernamentales donde máquinas excavadoras han destruido incluso un Área Nacional Protegida (ANP) con bosque de manglares.
“Lamentablemente ha habido un ausentismo en años anteriores, lo cual ha impedido que exista una mirada de las Naciones Unidas hacia la población salvadoreña, principalmente con las comunidades indígenas”, dice Ángel Flores.
“Eso genera que existan condiciones para poder vulnerar los derechos, ya que los organismos internacionales desconocen qué está ocurriendo en El Salvador, tanto a nivel de despojo como también de criminalización, persecución y encarcelamiento que están sufriendo líderes y lideresas por defender los territorios”, agrega.
Al compartir la situación de los indígenas salvadoreños, otros delegados de organizaciones paralelas como la comunidad Waorani de Ecuador dijeron que ese patrón es una constante en toda América Latina.
“Vemos una situación semejante a lo que vivimos en la Amazonía ecuatoriana donde la extracción del petróleo es más importante que nuestras tierras ancestrales”, advierte a Expediente Público Juan Bay, quien es presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador.
“La política extractivista es una amenaza constante alrededor del mundo que va en perjuicio de los recursos naturales y pasa por encima de nuestras identidades”, alertó Bay.
ONU debe mirar a indígenas de El Salvador
El representante de MILPA participó en el cierre de las sesiones llevadas a cabo en la sede de la ONU donde insistió sobre el efecto colateral que produce la puesta en marcha del régimen de excepción.
“En el caso de El Salvador se están profundizando procesos de despojo de tierras de comunidades indígenas para favorecer a sectores empresariales del sector inmobiliario, turístico, tecnológico, y agroindustrial”, alertó Flores.
En el balance ambiental difundido por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la organización no gubernamental concluye que el año 2023 la situación en este país centroamericano se resumió en “una práctica de despojos de territorios, extractivismo, incumplimiento a legislación y ataques a defensores”.
“En ese sentido recomiendo al foro permanente de la ONU orientar su mirada e indagar sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador, en especial, mujeres y jóvenes, a través de la realización de una visita del relator especial”, sugirió Flores durante su participación en el cónclave.
Además, “que por medio del Consejo de Derechos Humanos exhorte al Estado salvadoreño que cese la violencia institucional hacia las mujeres indígenas y a respetar el derecho a la libre opinión y expresión”.
