** Ambientalistas y pueblos indígenas que denuncian la actividad minera ilegal en Nicaragua fueron perseguidas y acosadas por el régimen Ortega-Murillo.
**También se denunció el trasiego de oro de Venezuela a Nicaragua, que lo vende al extranjero para evadir sanciones.
Yarely Madrid / Expediente Público
La minería ilegal que ahora promueve el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, representa violaciones de derechos humanos, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ambientalista Amaru Ruiz representante de la Fundación del Río.
El ambientalista reveló durante el periodo de sesiones de la CIDH, que se realiza esta semana en Washington DC, Estados Unidos, que la minería ilegal tiene una representación de 30% de la exportación de oro del país centroamericano.
«Más de 40,000 mil personas se dedican a esta actividad ilegal en al menos 38 municipios del país», se refirió Ruiz basándose en estimaciones de Fundación del Rio y Centro Humboldt.
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Impactos de la minería ilegal
Las personas que trabajan en este rubro se enfrentan a situaciones alejadas a los derechos humanos, sobre todo porque «no existen medidas de seguridad, ni condiciones laborales, las áreas de extracción son inestables e inseguras, existe trabajo infantil y problemas de salud asociados al manejo de mercurio».
«Solamente en estos últimos tres años se cuantifican al menos 55 personas fallecidas por esta actividad», manifestó Ruiz ante la CIDH.
Según el informe presentado por el ambientalista, cuatro pueblos indígenas están siendo impactados por la minería «generando afectaciones en un total de 21 territorios indígenas, de los cuales cinco son territorios Chorotegas, un territorio Matagalpa, seis territorios Mayangnas, siete Miskitos y dos territorios multiétnicos (Mayangna y Miskito).
Dejando a un lado la problemática, el régimen Ortega-Murillo reformó la Ley No. 387, Ley de Exploración y Explotación de Minas para asegurar el control de toda actividad minera a favor del régimen, incluida la minería ilegal.
Reserva Indio Maíz amenazada
En Nicaragua existe un aumento de minería ilegal, pero es preocupante que lo esté haciendo a pasos agigantado en territorios indígenas y afrodescendientes.
«Pese a que estas áreas no son consideradas como distritos mineros y está prohibido realizar este tipo de actividades extractivas, desde el 2016 la organización ha documentado más de 100 molinos de extracción minera en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz y al menos tres sectores ilegales de extracción», enumeró Ruíz.
Javier Palummo Lantes, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró que la minería ilegal «requiere tolerancia o complicidad y determinado grado de impunidad” desde el Estado.
“El vínculo de estas actividades (minería ilegal) en relación al avance de este tipo de prácticas” tiene que ver con “gobiernos que se encuentran apartados de los contrapesos, de las garantías de regímenes democráticos», evidenció.
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El oro, moneda de represión
Daniel Cequeira, director del Programa Derechos Humanos y Recursos Naturales de la Fundación para el Debido Proceso ( DPLF), expuso ante la CIDH el caso de Nicaragua y el oro proveniente de Venezuela.
«Nicaragua está exportando oro producido en Venezuela, Nicaragua exporta más oro del que produce, no cierran las cuentas», denunció Cequeira.
«Eso significa o hay un subregistro de lo que está produciendo, que pudiera ser, o, por ejemplo, hay un trasiego o un tráfico entre gobiernos para para mantener sus finanzas al día», indicó.
En 2018, las exportaciones de oro en Nicaragua llegaron a $370 millones. Pero para 2021 mágicamente y sin que se hubiera hallado o reportado algún yacimiento rico en este metal, las exportaciones superaron los $867 millones, es decir, $497 millones de dólares más.
La Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2022. Todavía para noviembre de 2022, se reportaban exportaciones por el orden de los $846 millones de dólares, pero ya el negocio se les había acabado.
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Dinero del oro usado para pagar represión
Cequeira explicó que esta clase de situaciones eran utilizadas para «financiar la maquinaria represiva de esos gobiernos» a sus poblaciones.
«La matonería en el caso de Ortega, muy conocido por su condición” y “en el caso de Maduro, los paramilitares o incluso grupos provenientes de otros países como es el caso de Colombia», apuntó.
En ese sentido, Amaru Ruiz, aclaró que como la minería ilegal no puede exportarse oficialmente hacia otros países. En Nicaragua lo hacen indirectamente a través de mineras industriales, muchas de ellas de capital canadiense y colombiano.
«Nuestros países siguen siendo débiles y les permite a estas empresas extractivas instalarse y además seguir comprando oro que vienen de procesos ilegales, que vienen de territorios indígenas, que vienen de áreas protegidas», señaló.
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Mercurio
De acuerdo al ambientalista, el consumo ilegal de mercurio «es de 36 toneladas anuales» en las zonas de explotación de minería ilegal.
«Nuestra región se ha convertido en un corredor de tráfico ilícito de mercurio. En la zona transfronteriza del emblemático río San Juan, existe tráfico de mercurio para abastecer la minería ilegal y es sumamente preocupante porque todos estos estados se han comprometido con el acuerdo de Minamata y a disminuir los tráficos ilegales ilícitos», lamentó Ruiz.
