* El Barómetro de las Américas reitera que en El Salvador los ciudadanos apoyan el modelo democrático como forma de gobierno, pero tienen 20 meses viviendo en Estado de Excepción.
** El índice también alerta sobre el deterioro de la libertad de expresión bajo el Gobierno de Nayib Bukele.
Eric Lemus / Expediente Público
Pese a que nueve de cada diez salvadoreños no saben qué es Estado de Derecho y cinco de cada diez ignora qué es democracia, los ciudadanos de este país centroamericano tienen una alta confianza en este modelo político, según encuestas de opinión.
El Barómetro de las Américas de 2023 revela un alto nivel de aceptación de la democracia (67%) que es contrario a la tendencia dominante en el resto del continente, incluyendo el Caribe, donde disminuye el apoyo de la población al sistema democrático.
Paradójicamente, un sondeo de opinión realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), confirmó que el 91.8% de los encuestados no sabe qué es el Estado de Derecho, 41.2% no sabe qué es la democracia y el 29.2% desconoce qué es la Justicia.
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La encuesta fue trazada en el marco del cuarto año de Gobierno de Bukele y abarcó la opinión de 1,271 entrevistados en los 14 departamentos del país.
Autocracia electoral en El Salvador
El indicador Varieties of Democracy (V-Dem), que compila la mayor base de datos global sobre democracia para 202 países, da cuenta también que desde 2021 El Salvador se ha transformado en una autocracia electoral junto a países como Túnez y Nigeria, por ejemplo.
“Se trata de una novedad en la ‘tercera ola de autocratización’ que es más pronunciada en 2021 que en años anteriores”.
El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Óscar Picardo, matiza a Expediente Público que el momento que atraviesa El Salvador “se basa en un momento político de popularidad que está validando interpretaciones, que está validando una relectura de la Constitución y una reinterpretación bastante difícil de creer”.
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El presidente Bukele anunció que busca un nuevo mandato. La interpretación realizada por magistrados constitucionalistas, electos por el partido gobernante Nuevas Ideas, que controla la Asamblea Legislativa le abrió la puerta.
Votar en lugar de política
El Barómetro revela que en América Latina descendió la confianza en el voto porque los ciudadanos creen que los políticos pueden descubrir quién los apoyó o no en la emisión del sufragio.
El índice muestra que un 70% considera que el secreto del voto “no es completamente seguro”, salvo en países como Chile, Brasil y Costa Rica donde tienen los niveles de confianza más altos en cuanto a la discreción del sufragio donde apoyan con un 45%, 43% y 41%, respectivamente.
Por el contrario, en El Salvador, la población guarda mucha confianza en los comicios, de acuerdo a los resultados de la encuesta desarrollada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) y titulada “Evaluación de la gestión gubernamental y temas de actualidad del 2023” detecta que los entrevistados tienen más interés en las próximas elecciones en lugar de la política.
La medición fue dada a conocer en el marco del “Panel Electoral: El Salvador 2022-2024”, que organizó la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO).
La institución científica social efectuó 1,814 encuestas efectivas para evaluar el cierre del primer semestre de 2023 a partir de la gestión de Bukele.
Por ejemplo, solamente tres de cada diez personas expresaron tener mucho interés en la política (31.3 %), cuatro de cada decena señala tener poco interés (39 %) y tres de cada diez (29.7 %) nada de interés.
Democracia: modelo preferible
Al margen de que el país vive bajo un riguroso Estado de Excepción, que eliminó todas las garantías constitucionales desde marzo de 2022, los salvadoreños están por detrás de Costa Rica en cuanto a respaldo al modelo político democrático.
Costa Rica tiene 72% mientras que El Salvador el 67% de apoyo a la democracia. Casi tres de cada cuatro salvadoreños creen que este sistema es la mejor forma de gobierno.
De hecho, gracias a dicho sistema es que quien otrora fue un publicista sin experiencia política llegó a ser presidente en 2019.
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Picardo, de hecho, recuerda que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 “siempre se respetó el principio de la alternabilidad en el poder”.
“El partido ARENA (derecha) entregó el poder a la izquierda (en 2009), la izquierda entregó el poder en su momento al actual presidente; pero ahora parece que no va a haber entrega del poder”, dice.
Ataques a libertad de expresión
El Barómetro de la Américas alerta de un preocupante deterioro en el derecho a la libertad de expresión en los últimos cinco años, en países como El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele no tolera la crítica ni el disenso.
“De acuerdo a las opiniones de expertos en este tema de los derechos civiles de la región, este tipo de aumentos son notables en El Salvador y Nicaragua. Teniendo El Salvador un aumento de entre 70% a 89% de preocupación acerca de la libertad de expresión y Nicaragua con un aumento de entre 75% a 90%”, advierte el documento.
Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), recuerda a Expediente Público que el ambiente de hostilidad y restricción al ejercicio periodístico afecta sensiblemente el trabajo cotidiano de reporteros y corresponsales.
Violencia contra periodistas en El Salvador
“La libertad de expresión en el país está en un punto bastante crítico tomando en cuenta el deterioro de las garantías a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información”, manifiesta Cárcamo.
“En 2018, cuando se creó el centro de monitoreo (de la Asociación), las agresiones rondaban los 65 casos y, en 2023, en lo que va del año, tenemos 270 vulneraciones a la prensa de enero a septiembre”, grafica la presidenta de la APES.
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“Este es un número bastante alto, tomando en cuenta que la mayoría de estas vulneraciones son generadas por entidades vinculadas al Estado salvadoreño, en temas como el caso del espionaje con el programa (informático) Pegasus y el hackeo a redes sociales y teléfonos de periodistas”.
También hubo “detenciones temporales y arbitrarias, amenazas al ejercicio periodístico, restricción al ejercicio con limitaciones de agentes de la Fuerza Armada o la Policía Nacional Civil”, enumera Cárcamo.
