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De Policía Nacional a policía sandinista: paso a paso de una descomposición institucional

Un análisis y recuento de eventos y acciones de la policía en los últimos años, evidencian que la descomposición institucional documentada desde abril de 2018 a la fecha, no inició con las protestas sociales sino que se fue alimentando de acciones de corrupción, abusos y falta de controles a los desmanes de la Policía Nacional.

El pasado que condena a la Policía 

El actual jefe de la Policía es el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, y un antiguo guerrillero sandinista de la tendencia “Guerra Popular Prolongada”. 

La Policía fue fundada en septiembre de 1979 con guerrilleros, dos meses después del triunfo de la Revolución Sandinista sobre la dictadura somocista. 

Durante la década de los 80 conservó su nombre de Policía Sandinista, pero en 1990, después de la derrota de Ortega en las urnas y la victoria de Violeta Barrios de Chamorro, inició un proceso de transformación y  cambió su nombre a Policía Nacional. 

Desde entonces  ha oscilado entre la lealtad a gobiernos liberales que procuraron implementar un sistema de control civil y de escasa rendición de cuentas, a las lealtades políticas partidarias a Ortega. 

El nombre de Policía Nacional le ha quedado grande, según expertos consultados, porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que siempre ha tenido grandes influencias porque sus mandos fueron los antiguos camaradas de Ortega en la guerrilla y en los años 80, tiempo en que se fundía en uno solo el Estado y el partido. 

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Esta relación le sirvió incluso cuando el FSLN era oposición de 1990 a 2006, y se ha afianzado con el retorno al poder de Ortega en 2007 hasta convertir nuevamente a la Policía en una entidad completamente subordinada a los intereses de Ortega, su familia y su círculo de poder. 

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Nepotismo: Las hijas ministras del primer comisionado 

Francisco Díaz es consuegro de Ortega y Murillo, ya que una de sus hijas, Blanca, está casada con Maurice, hijo de los gobernantes. 

Esa relación familiar ha otorgado a Díaz mucho poder y beneficio para su familia. Otras dos hijas del primer comisionado, Tania Díaz Flores es viceministra del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) desde 2017, y su hermana Nahima Janet, presidenta del Instituto de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, desde junio del 2020. 

Ambas funcionarias ocuparon lugares preferenciales en una de las tres tarimas principales en el acto del 41 aniversario de la Policía, el pasado 9 de septiembre. Tania y Nahima Díaz Flores aplaudieron e hicieron coro cuando su papá, Francisco recibió la Orden “General Augusto C. Sandino”, de manos de su consuegro y presidente Ortega. 

Francisco Díaz está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por dirigir la represión de la Policía a las manifestaciones sociales que estallaron en abril del 2018, porque se cometieron delitos de lesa humanidad según Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Fidelidad al partido FSLN 

La fidelidad de Díaz a Ortega y Murillo le sostiene al frente de una institución que concretó la sumisión total al FSLN, apartándose de su misión de brindar seguridad ciudadana sin tintes partidarios. 

“Esta Policía Nacional es la Policía Sandinista porque representa la continuidad histórica, evolutiva, de instituciones revolucionarias”, dijo Ortega en la carta pública en la que saludó su 41 aniversario, en septiembre del 2020. 

En ese mismo acto, Díaz le reiteró esa fidelidad a Ortega. “Como policía sandinista, en homenaje al legado de nuestro general de mujeres y hombres libres Augusto César Sandino, motivo por el cual nos sentimos orgullosos, legado, que se mantiene vivo en el corazón de cada uno de nosotros, una Policía formada con principios y valores sandinistas, revolucionarios”, dijo entonces. 

La relación con redes de narcotráfico 

Casi todos los casos emblemáticos de corrupción ocurridos en la Policía Nacional, antes del 2007, están vinculados al narcotráfico y a una supuesta estructura interna que mueve la corrupción en la entidad. Entre esos casos hay “fugas misteriosas” de narcos prominentes, asesinatos de agentes en delegaciones policiales, robo millonarios de dinero y pasadas de cuenta. Aquí resumimos algunos de ellos 

Fariñas, el subdirector de la Policía y el abogado de Ortega 

La influencia con el FSLN y el Gobierno la han usado los comisionados cuando la necesitan. En 2012, por ejemplo, se conoció que narcotraficantes conocidos como la “banda de Henry Fariñas”, utilizó 15 empresas para lavar dinero en Nicaragua. 

Para llevar a cabo sus operaciones y proteger a sus miembros de procesos judiciales, el grupo de Fariñas había construido una red de contactos en diversos niveles. Estos incluían a algunos miembros de la policía, además de las autoridades judiciales. 

Fariñas tuvo importantes contactos en los niveles más altos de la Policía. En los días antes de que comenzara el juicio en abril de 2012, la familia de Fariñas le dijo a la prensa nicaragüense que él era amigo cercano de altos comisionados, entre ellos el subdirector de la institución, Carlos Palacios Linarte, un oficial de profesión, que había ocupado importantes puestos como el de jefe de Inteligencia y quien, entre otras funciones, estaba encargado de manejar a los informantes de los casos relacionados con drogas. 

Palacios Linarte nunca fue investigado y tampoco fue llamado como testigo al juicio contra Fariñas 

Cuando los abogados defensores de la red de Fariñas miraron las pruebas que la Fiscalía proporcionó, se quedaron sorprendidos. Jamás pensaron que se iban a mencionar nombres como el de José María Enríquez Moncada, el abogado de la familia presidencial en Nicaragua. Según los investigadores, los vínculos de Enríquez Moncada con Fariñas fueron directos y abundantes. 

La Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) descubrió que el primero había participado en la creación de 7 de las 15 empresas a través de las cuales el grupo de Fariñas lavó US$39,9 millones entre 2005 y 2012. 

Enríquez Moncada fue el abogado que supervisó la creación de cinco de las empresas. 

Era socio de otra, llamada Servicios Profesionales (Sepro), y aparecía como signatario alterno de dos cuentas bancarias en otra, Multiservicios Integrales. 

Estas dos empresas fueron creadas con la ayuda de la abogada de Enríquez Moncada, Reyna Anais Socorro Araica, quien también ha sido abogada de varios negocios de la familia presidencial. Según datos obtenidos de la policía, Multiservicios Integrales registró movimientos por US$2,154,752 en el Banco de Finanzas (BDF). 

Así como las autoridades no llevaron la investigación hasta los vínculos de Fariñas con la Policía, tampoco  indagaron el papel de Enríquez Moncada en la red criminal. 

La jueza Adela Cardoza, una de las más efectivas condenando con pruebas falsas a opositores al régimen desde 2018, rechazó una petición del abogado de Fariñas para que Enríquez Moncada fuera llamado a testificar en el caso, y señaló que era responsabilidad de la Fiscalía General decidir si levantaba cargos contra el influyente abogado. 

La banda de narcos con policías 

En 2002 el entonces presidente Enrique Bolaños, ordenó investigar sobre la red de funcionarios policiales vinculados a una red narcotraficante en la Costa Caribe. 

El resultado fue que el jefe antidroga de la zona, Oscar Larrave, el director regional, Alonso Sevilla y los oficiales Felipe Pérez, Santiago Saballos y Delvin Jirón, estaban vinculados al narcotráfico. 

En el reportaje “Narcos carcomen a Policía”, publicado por La Prensa en  2003, se documentó testimonios de consumidores y expendedores de droga que contaron el involucramiento de la Policía con el narcotráfico y  lavado de dinero en la Costa Caribe. 

Hubo acusaciones de la Fiscalía contra Larrave, Sevilla y los demás policías, pero en noviembre de ese año los jueces sandinistas desecharon la acusación por “falta de precisión en las pruebas”. 

El comisionado y la matanza de cuatro policías en  Bluefields 

En la madrugada del 4 de mayo del 2004, un comando de narcotraficantes llegó armado a la delegación policial de Bluefields, en la Costa Caribe Sur, y asesinó a cuatro agentes que se encontraban de guardia: capitán Juan José Fúnez, suboficial mayor Ruth García (es González) y a los oficiales Róger Villachica y Johnny Dometz. Ellos fueron atados, amordazados y degollados dentro de la delegación. El hecho en un inicio fue dado a conocer como “una venganza narco” por los “golpes” de la Policía a los narcotraficantes internacionales. Sin embargo, la investigación reveló detalles que apuntó la masacre en otra dirección: una pasada de cuentas por información de vínculos de altos oficiales locales con operaciones de narcotráfico. La información sobre esos vínculos sería dada a agencias extranjeras antidrogas por uno o varios de los agentes asesinados. 

El exjefe antidrogas en Bluefields, subcomisionado Oscar Larrave, fue investigado por el Ministerio Público en este caso como sospechoso de colaborar con los autores materiales de la masacre, pero nunca fue acusado ni procesado penalmente. La jefatura trasladó a Larrave a la sede de Plaza El Sol, en Managua, para “refrescarlo” y sacarlo del foco de la atención de los medios de comunicación. Años después fue dado de baja y Larrave regresó apaciblemente a su casa, ubicada en el municipio de Ticuantepe. Hoy trabaja como jefe de seguridad de un importante edificio de oficinas en Managua. 

Para ese entonces, el jefe policial de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) era el comisionado mayor Luis Barrantes, quien luego fue ascendido a comisionado general cuando Daniel Ortega regresó al gobierno. En Junio de 2012, el periódico La Prensa publicó una serie de fotos de Barrantes que mostraban la cercana amistad con la familia de Henry Fariñas, procesado judicialmente por narcotráfico y vinculado a la muerte del cantautor argentino Facundo Cabral. 

Barrantes es hoy jefe de la Policía en Masaya, ciudad que es considerada como una de las principales plazas opositoras contra el régimen, y donde la represión durante 2018 fue tan fuerte que provocó la muerte de al menos 12 personas. 

Fuga de narcos en Bilwi 

En noviembre del 2007, la entonces directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, ordenó una comisión especial de alto nivel para investigar “la misteriosa fuga” de varios narcotraficantes de las cárceles de la Policía de Bilwi, Puerto Cabezas, la madrugada del 1 de noviembre. 

El caso tomó relevancia nacional porque tres agentes desaparecieron durante la fuga de los narcos. Al inicio se sospechó que los oficiales habían sido secuestrados, pero luego se supo que los mismos habían colaborado escoltando  el barco en que fueron trasladados  los narcotraficantes, brindándoles seguridad hasta Colombia. 

Los narcos eran los colombianos Eduardo Padilla y Rufino Rubíes o Juan Rufino Santos Gómez, y los hondureños Mateo Mauricio Ávila y Paco Antúnez Ayala. Los policías nicaragüenses fueron identificados como Joaquín Boork, Felipe Vallecillo y Dirino Waldiman. 

Los tres policías fueron capturados en Colombia en una localidad del departamento de Córdoba, luego fueron deportados a Nicaragua y dados de baja en Puerto Cabezas en mayo del 2008. Solo uno fue procesado criminalmente. 

El caso Polanco 

En marzo del 2006 se informó del asesinato del empresario Jerónimo Polanco, propietario de dos clubes de nudismo, el más famoso era “Aquí Polanco”. 

El empresario fue asesinado de varios disparos realizados con un revólver calibre 38, por Byron Leonel Centeno, su cadáver fue incinerado parcialmente y dejado bajo el Puente Seco de Los Arcos, sobre el kilómetro 48 de lo que se conoce como la “carretera vieja a León”. 

El caso alcanzó interés nacional debido a que Polanco estaba vinculado a la organización “Amigos de la Policía”, formada por empresarios y personas con recursos económico con interés de apoyar a la entidad, en su misión de controlar la delincuencia común.

Los detalles que más llamaron la atención en el caso fueron que el asesino era policía y conductor escolta del comisionado mayor Carlos Bendaña,  entonces jefe de la Policía de Managua, y que el arma homicida le pertenecía a éste. 

Durante el proceso judicial contra Byron Leonel Centeno por el asesinato de Polanco, surgieron detalles que revelaban altos grados de descomposición y corrupción policial. La familia de Polanco declaró ante el juez que Bendaña estaba implicado en el asesinato y revelaron que  este comisionado y otros altos oficiales policiales recibían sobornos y pagos. Estos oficiales llegaban directamente a la oficina de Polanco en los clubes a pedir dinero, según los familiares de la víctima. 

La noche antes de ser asesinado, Polanco compraba medicamentos en la farmacia Vida, ubicada en la colonia Centroamérica de Managua, cuando recibió una llamada de un “amigo comisionado de la Policía”, para después desaparecer hasta ser encontrado  sin vida. La viuda de Polanco, Victoria Ríos, reveló luego que esa llamada provino del celular del comisionado Carlos Bendaña. 

El entonces director de la Policía Nacional, Edwin Cordero, desestimó los señalamientos de la familia Polanco y protegió todo el tiempo a su subordinado. Bendaña jamás fue investigado por la Policía o por el Ministerio Público. Poco tiempo después, cuando asumió la Dirección Nacional de la Policía, la primera comisionada Aminta Granera, Bendaña fue retirado. Actualmente trabaja para la Secretaría General del FSLN. 

El asesino de Polanco, Byron Leonel Centeno, fue condenado a 18 años de prisión, pero un indulto reciente del presidente Daniel Ortega, permitió su excarcelación el 13 de febrero del 2020, cuando le faltaba cumplir 4 años más de prisión. Debía salir en el 2024. 

¿Qué se hace con dinero incautado al narcotráfico? 

El manejo del dinero proveniente de la narcoactividad es otro tema sombrío en las filas policiales. 

Unos US$14.9  millones incautados, ni un gramo de droga y solo siete supuestos narcotraficantes detenidos, ha resultado de 22 operativos de la Policía entre enero hasta septiembre del 2020, según los datos informados en notas de prensa de la institución.  

Han superado lo de dos años anteriores. En 2018 el decomiso fue por US$14.3 millones de dólares y en 2019 fueron US$13.3 millones, de acuerdo a los informes anuales de la Policía. 

Uno de los operativos fue el 10 de septiembre. En una conferencia de prensa, el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ), comisionado mayor Victoriano Díaz Urbina, informó que luego de una persecución por varios kilómetros de una mini van en el sector de Las Sierritas, en Managua, decomisaron 441,620 dólares. 

Lo que no explicó Díaz Urbina es cómo al conductor del vehículo le dio tiempo de bajarse, dejar abandonada la gran cantidad de dinero y huir, si habían policías en varias patrullas siguiéndolo. 

¿Qué hacen con todos esos millones de dólares? Es un secreto del Gobierno, que no ha rendido cuentas claras y verificables al país. 

Desde hace diez años fue creada la Unidad Administradora de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados por el crimen organizado, pero es disfuncional. Y es que, igual hace diez años, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a los jueces que todo dinero ocupado al crimen organizado se deposite en las cuentas del Banco Central No. 71001 en córdobas y No. 51001 en dólares, a nombre del Ministerio de Hacienda, que no rinde informes sobre su uso. 

Un gobierno “bondadoso” con los narcos 

Decenas de sillas plásticas, varios toldos, tarimas y alfombras rojas fueron coladas en los patios y canchas de basquetbol de los sistemas penitenciarios el 17 de abril, el 13 de  mayo y el 12 de septiembre del 2020. Ante las cámaras de los canales oficiales del Gobierno han aparecido miles de reos felices mostrando sus cartas con el “beneficio legal de convivencia familiar”. 

“Muy contenta, que viva el comandante Daniel Ortega”, agradecía Cecilia Roque antes de ser liberada en mayo, mes en que se celebra el Día de las Madres en Nicaragua. 

La política de “reunificación familiar” de Ortega ha permitido que solo en mayo del 2020 al menos 687 condenados por narcotráfico fueran excarcelados.  Ese mes fueron liberados 2,815 condenados. 

Según los registros judiciales, la mayoría de los 687  tenían condenas de 30 años de prisión, pero el gobierno del FSLN los liberó sin haber cumplido ni la cuarta parte de su pena. 

Experta en seguridad: Fallas son aceptadas 

Que esos casos de supuesta corrupción de miembros de la Policía no fuesen investigados, se debe a la falta de interés del Gobierno y de los altos mandos por asegurar un sistema de supervisión y control interno confiable. “Esto significa que aunque existe una Oficina de Recepción de Quejas para reportar malas actuaciones, casos de corrupción, etcétera, por parte de los ciudadanos, en realidad esa oficina nunca ha tenido un funcionamiento de fondo”, aseguró la experta en temas de seguridad Elvira Cuadra. 

La otra falla es que no hay mecanismos internos claros de supervisión y control que permitan asegurar que los miembros de la institución policial actúen conforme las leyes y transparencia. 

¿Qué mecanismos deberían existir para hacer rendir cuentas a los policías señalados en casos de corrupción y abusos a los derechos humanos? Para la experta son “aquellos que permitan realizar supervisiones y evaluaciones del personal”, de forma constante, pero todo parte de que exista interés real en poner fin a las malas prácticas. 

“Eso funciona en coordinación que tiene el Inspector General de la Policía, ya que es una de sus funciones principales.  A todos los niveles hay cierta flexibilidad cuando se cometen fallas, por decirlo de alguna manera, incluso actuaciones corruptas de funcionarios y efectivos de la Policía en todos los niveles”, afirmó Cuadra. 

El actual Inspector General de la Policía es el comisionado general, Jaime Vanegas Vega, quien ha demostrado fidelidad absoluta a los cogobernantes Ortega y Murillo, siendo uno de los “verdugos” de los ciudadanos que protestan contra el régimen. 

Vanegas es quien niega los permisos a las organizaciones opositoras para que marchen contra el régimen, además ha mentido en casos de agresiones de miembros del FSLN en contra de opositores. 

La descomposición de la Policía no es desde que Ortega regresó al gobierno en 2007, sino que es desde mucho antes que se acumulaban casos de corrupción que nunca fueron investigados. Pero es con Ortega, afirmó Cuadra, que se agrava porque desarrolla un proceso de cooptación promoviendo el tráfico de influencias, las cercanías personales, la promoción anticipadamente en cargos y grados así como abriendo la oportunidad para hacer negocios pocos transparentes dentro de la Policía. 

Aunque el discurso oficial presentaba a una Policía eficiente y transparente, esa imagen fue erosionando en la opinión pública debido a los casos de corrupción que quedaron en la impunidad. 

“Antes del 2018 había una percepción de la ciudadanía sobre la corrupción de la policía a nivel de base. Una de las unidades que más se le atribuían casos de corrupción era a la regulación del tránsito, por las quejas por el cobro de las multas, de sobornos y de la actuación misma de los oficiales. Era un problema que nunca se quiso abordar”, señaló Cuadra. 

El descrédito de la institución se afianzó con la represión a las protestas antigubernamentales del 2018

La especialista señaló que si algo comparten las policías en Centroamérica, es que en los procesos de modernización que, de alguna forma se han intentado, “la parte floja” es la supervisión y control interno, ya que no se lograron avances significativos, “y en Nicaragua no ha sido la excepción”. 

“Hay ciertos tipos de actividades de la Policía, sobre todo la parte de la investigación  que  a veces se maneja en zonas grises donde lo lícito y lo ilícito es tenue. Ahí los sistemas de control y supervisión deben ser afinados”, afirmó Cuadra sobre el área al que debe ponerse atención si los gobiernos quieren cambios reales en el comportamiento policial. 

En Nicaragua no ha sido prioridad fortalecer los controles internos sobre el comportamiento de los miembros de la Policía, porque ignorarlas por parte de los gobiernos “permitía tapar actuaciones no deseadas que podían empañar la imagen policial” entre la sociedad. 

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“En la medida que se fue subordinando a los intereses policiales en el proyecto político de Daniel Ortega, menos interés hubo de fortalecer la parte de supervisión y control a lo interno”, señaló Cuadra. La politización y sometimiento partidario al FSLN será el principal obstáculo para que un eventual nuevo gobierno, plantee y consiga una reforma total a la Policía nicaragüense. 

La desnaturalización de la Policía