* Expediente Público tuvo acceso a los documentos de la denuncia contra Ortega y Murillo que presentaron los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Hernán Pirota, el requerimiento del fiscal federal Eduardo Taiano y el exhorto que el juez de la causa envió a la justicia nicaragüense.
**Darío Richarte, abogado y profesor de derecho penal internacional de la Universidad de Buenos Aires que impulsa la acusación, habló con Expediente Público y confirmó que es un primer paso para hacer justicia a las víctimas nicaragüenses.
Expediente Público
Argentina inició un proceso de investigación penal en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua a partir de una denuncia que presentaron los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Hernán Pirota.
Los documentos de la investigación, que incluye a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense, tienen su base en el principio de jurisdicción universal, conforme al derecho internacional, que confiere competencia a un Estado para juzgar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar donde se cometió el delito y la nacionalidad de su autor o las víctimas.
La acción penal que impulsa el fiscal Eduardo Raúl Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número tres, fue hecha el 15 de septiembre de 2022. También es contra toda la estructura estatal o paraestatal que puedan resultar responsables del “dictado y ejecución de órdenes tendientes a concretar acciones de persecución por cuestiones políticas y/o religiosas”, señala el requerimiento del Ministerio Público al que tuvo acceso Expediente Público.
Se trata de una investigación en la que Ortega y Murillo pueden resultar “responsables del dictado y ejecución de órdenes tendientes a concretar acciones de persecución por cuestiones políticas y/o religiosas”, dice el requerimiento de instrucción del fiscal.
Ataques generalizados
El proceso inició formalmente el 26 de agosto de 2022 con la denuncia que presentaron ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4 los abogados argentinos Richarte y Hernán Pirota, tras conocer el estado actual de salud del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien permanece secuestrado por el régimen desde hace dos meses.
Los abogados denunciaron que la situación del obispo Álvarez se daba en un contexto de “ataque generalizado y sistemático contra la población civil, lo cual convertía los hechos ilícitos perpetrados en ese país en crímenes de lesa humanidad”.
Los crímenes de lesa humanidad
“El caso de Nicaragua es un caso donde la gente está siendo desaparecida, asesinada, torturada, exiliada y tantas otras atrocidades (…)», dijo en entrevista con Expediente Público Darío Richarte, abogado y profesor de derecho penal internacional de la Universidad de Buenos Aires que impulsa la acción contra Ortega y Murillo.
«Nosotros pedimos lo que aquí se llama que Daniel Ortega y todos presten declaración indagatoria y en el caso de no comparecer que se libre una orden de captura internacional de ellos, suena como muy extremo y suena como algo imposible tal vez, pero veremos qué es lo que pueda pasar”.
Las “aludidas acciones criminales” por las cuales se acusa a Ortega y Murillo iniciaron en abril de 2018, cuando el régimen emprendió una cacería y reprimió las protestas sociales y pacíficas de la población que rechazó la reforma al sistema del Seguro Social en el país centroamericano.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un total de 355 víctimas fatales en el contexto de crisis que atraviesa dicho país centroamericano. Más de dos mil personas resultaron heridas y otras de 150 mil han salido al exilio forzado por la crisis sociopolítica.
Ortega y Murillo crearon estructura criminal
Según la denuncia, se elaboró una “estructura de represión estatal y paraestatal que permitieron su ejecución” y acciones que conllevaron a asesinatos; encarcelaciones, privaciones de la libertad y desaparición forzada; torturas; traslado forzado de la población y persecución por motivos políticos y religiosos de diferentes grupos con identidad propia.
“Esto no es que nosotros hemos interpuesto una denuncia solamente, esto es que la justicia argentina ha decidido investigar a estas personas, es decir la justicia argentina ha abierto la jurisdicción, en principio, para investigar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo”, señaló Florián Richarte.
La justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución Nacional y los compromisos internacionales asumidos que establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado los crímenes.
En el requerimiento de instrucción, Taiano destaca que la Corte Penal Internacional (CPI) no podría “arrogarse el juzgamiento de tales crímenes”, debido a que la República de Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma.
¿Quiénes son los otros acusados?
Los otros acusados son Francisco Javier Díaz Madriz, actual director de la Policía Nacional y consuegro de Ortega y Murillo; el asesor privado, Néstor Moncada Lau; el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo y el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Leonardo Ovidio Reyes Ramírez.
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También figuran Oscar Mojica Obregón, Ministro de Transporte; Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto José López Gómez, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Oscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa y seguridad.
Completan la lista Sonia Castro González, quien fungió como ministra de salud hasta el 26 de julio de 2019 y fue responsable de dar la orden de no atender en los hospitales a las personas heridas durante las protestas.
Además, Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua; el magistrado del Consejo Supremo Electoral Lumberto Ignacio Campbell Hooker; el comisionado de la Policía Nacional Ramón Antonio Avellán Medal y José Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa y tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“No es solo que hemos hecho la denuncia, sino que la justicia se ha abierto para investigar estos hechos”, sostuvo Richarte.
Exhorto a justicia del régimen
Para tal efecto, el juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a la justicia de Nicaragua para que informen si existen procesos en trámite que posean como objeto el encarcelamiento del obispo Álvarez, producido el 19 de agosto del año en curso.
A su vez, deberán informar si existen denuncias y/o procesos en trámite vinculados a la investigación de distintos, sucesos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, tales como: ejecuciones extrajudiciales, encarcelaciones y privaciones de la libertad, desaparición forzada de personas, torturas y desplazamiento forzado.
Los eventos que investiga la justicia argentina habrían sido ordenados desde las más “altas esferas políticas nicaragüenses -en cuyo seno se habría elaborado una estructura de represión estatal y paraestatal que habría permitido su ejecución desde el 18 de abril de 2018 hasta la actualidad-”, señala el exhorto judicial también en poder de Expediente Público.
“Si la hubiera, que esa investigación fuera real y sabemos que, o no van a contestar, o (dirán) que no hay ninguna. Eso es importante para que pueda proceder el principio de jurisdicción universal. Ha mandado también exhortos a distintos organismos y oenegés que han hecho informes sobre el tema que nosotros mencionamos en la denuncia”, señaló Richarte.
Un espacio abierto para las víctimas
La denuncia impulsada, según Richarte, es apenas un espacio para que tantas víctimas del régimen Ortega y Murillo, puedan “encontrar un poco de justicia y que los responsables de estos hechos tengan algunas consecuencias”.
“Lógicamente no es un caso sencillo, yo creo que hay que darle una posibilidad para para que esto pueda desarrollarse. En cuanto a las víctimas es tratar por todos los medios de cuidarlas, no revictimizarlas”, insistió el profesor de derecho penal internacional de la Universidad de Buenos Aires.
Como medidas probatorias solicitaron se incorporen una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), del 21 de agosto de 2018; el informe “Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho” de la CIDH, así como otros informes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual concluyó que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad.
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Según Richarte, es difícil precisar cuánto tiempo llevará el proceso porque a veces son causas complejas que se pueden resolver en meses o años, pero insiste que permanentemente darán seguimiento al caso para «agregar pruebas”.
«Lo importante es que hay una investigación penal abierta, está abierta en la Argentina, y que todas estas personas a partir de este momento están siendo investigadas y que en cualquier momento a alguna de estas personas les puede caer una orden de impedimento o captura internacional”, insistió Richarte.
Silencio cómplice de embajador
En la última votación de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 12 de agosto de 2022, Argentina fue uno de los 27 Estados que aprobó una resolución condenando los ataques del régimen de Ortega y Murillo contra la Iglesia católica y demandó la liberación de los presos políticos.
El 20 de octubre de 2021, previo a la farsa electoral de noviembre, el gobierno del presidente Alberto Fernández se abstuvo de votar a favor de una resolución de la OEA en la que se exigía la liberación inmediata de los presos políticos, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
“La posición del embajador argentino en la organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi fue siempre una vergüenza en término de no condena al régimen de Ortega (…) El Poder Judicial en la Argentina afortunadamente continúa siendo independiente a pesar de muchas situaciones institucionales”, reiteró Richarte.
La situación que ocurre en Nicaragua es rechazada por una amplia mayoría de países de la región en las Américas y también en Europa.
“Es muy indefendible la situación de Ortega y de Nicaragua a pesar de las proximidades que pueda haber con otros regímenes aliados, pero yo creo que en el caso de la dictadura nicaragüense cada día va a estar más más solitaria, más sola, en el contexto político internacional”, dijo el abogado que impulsa la acción penal.
Expertos en derecho consultados por Expediente Público no descartan que Ortega y Murillo puedan ser acusados por los crímenes de lesa humanidad que han documentado los organismos de derechos humanos en la Corte Penal Internacional.
