*Informe de la ONU que señala a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello como responsables de delitos de lesa humanidad, podría ser también aplicado en Nicaragua, de acuerdo a expertos en derecho penal internacional.
** Ramiro Orias, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) no descarta que el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua nombrado por la ONU, establezca una ruta de investigación penal contra la pareja en el poder y no al Estado.
***El jurista nicaragüense, Uriel Pineda, consultor independiente en Derechos Humanos, explicó que en el caso de Nicaragua está establecida una cadena de mando desde donde se daban y se siguen dando las órdenes de represión.
Expediente Público
El informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que acusa como responsables de crímenes de lesa humanidad al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y al militar y dirigente político, Diosdado Cabello, abre una puerta de esperanza para las cientos de víctimas de la represión del régimen nicaragüense y existe la posibilidad de que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, también establezca las mismas responsabilidades contra Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país centroamericano, afirmaron expertos en derecho consultados por Expediente Público.
Ramiro Orias, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), no descarta que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, designado por la ONU, establezca una ruta de investigación penal contra Ortega y Murillo y no necesariamente en su calidad de “representantes del Estado”.
Abrir causas como personas
“No están buscando la responsabilidad internacional penal del Estado, sino la responsabilidad penal individual y si la investigación demuestra que, en la cadena de mando, lo que pasó en Nicaragua fue orden de las más altas autoridades superiores del Estado, pues ahí tendrán que establecerse la responsabilidad de estos individuos”, explicó Orias a Expediente Público.
En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la base de la información reunida en el país centroamericano, concluyó que “es posible afirmar que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad”.
El Estado de Nicaragua “ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, refirió el GIEI en su informe.
Puedes leer: Informe de ONU permitiría acusar a Nicolás Maduro en Corte Penal Internacional
El jurista nicaragüense, Uriel Pineda, consultor independiente en Derechos Humanos, recordó que para establecer responsabilidades en la comisión de crímenes de lesa humanidad se requiere la implementación de una política en la que funciona una cadena de mando y en Nicaragua eso está muy claro.
Los que mueven los hilos
“Nada ocurre en Nicaragua desde cosas importantes hasta banalidades sin la autorización de la pareja presidencial y en consecuencia el establecimiento de una cadena de mando aunque lo operativice un mando policial, aunque lo operativice una autoridad judicial, pasa por una orden directa de la pareja presidencial. Entonces el establecimiento de esa cadena de mando en Nicaragua es muy clara, porque la concentración de poder que existe en el país hace que las instituciones y las autoridades no observen sus deberes legales y cumplan criterios y órdenes políticas y eso es lo que establece una política represiva”, dijo Pineda.
El informe sobre Venezuela, presentado en el contexto de la 77 Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, Estados Unidos, determinó que el presidente Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel como el operador político Diosdado Cabello, “fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”.
Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a Expediente Público que el caso de Venezuela es un antecedente que ofrece una oportunidad a las víctimas nicaragüenses, pero el caso debe ser bien documentado.
“El tiempo de rendir cuentas, de la verdad, la libertad con justicia va a llegar (…) En Nicaragua ni siquiera lo podés intentar, porque el que levante la voz, va preso. Se tiene que documentar bien y completo con todas las pruebas, una historia personal o de una familia, la historia de lo sucedido, documentarlo lo más completo posible hasta que incluya incluso la identidad de los perpetradores”, dijo Carrión.
Investigaciones sobre violaciones
El 24 de mayo de 2022, el embajador Federico Villegas, presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, anunció el establecimiento de un grupo de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua para “emprender investigaciones exhaustivas e independientes” de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en el país centroamericano desde abril de 2018.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua está conformado por el alemán Jan-Michael Simon; el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago, quienes deberán formular recomendaciones para “mejorar la situación de los derechos humanos, prestar asesoramiento sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas” en el país centroamericano.
“¿Qué es lo que puede esperar Nicaragua? Que este mecanismo de seguimiento (de la ONU) que se aprobó hace apenas unos meses en el seno de Consejo de Derechos Humanos llegue a la misma conclusión que ha llegado el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la Comisión Interamericana y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que, efectivamente, en Nicaragua también se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad”, dijo Pineda.
No es signatario del Estatuto de Roma
En el caso nicaragüense, sin embargo, las víctimas se enfrentan al hecho de que el país no es signatario del Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, situación que les limita en el acceso a la justicia en el ámbito internacional, dijo Pineda.
Las víctimas de la represión en Venezuela, según el jurista nicaragüense, “tienen una ruta de acceso a la justicia que las víctimas en Nicaragua no tienen”, debido a que el país centroamericano no ha ratificado la competencia de la Corte Penal Internacional.
“Esta diferencia es medular para el acceso a la justicia que Venezuela sí ha ratificado el Estatuto de Roma, en consecuencia, se ha tratado de escalar el tema venezolano a la Corte Penal Internacional”, insistió Pineda.
En todo este proceso, el régimen de Nicaragua ha mostrado una “continua negativa” de cooperar con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, particularmente la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tras el nombramiento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el 9 de junio 2022, el régimen emitió una nota verbal referente a la “no aceptación, no reconocimiento y absoluto rechazo a cualquier imposición de resolución, mandatos y nombramientos de ese organismo que dice llamarse derechos humanos”.
Tortura a presos políticos
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más consideró que la “concentración del poder y la absoluta demolición de la institucionalidad” le ha permitido al régimen instalar un “Estado de excepción de facto y un Estado de terror”.
La represión ejercida desde las instituciones “ha facilitado la instalación de un sistema de torturas contra personas presas políticas”, refieren en su séptimo Informe contra la tortura dado a conocer este 4 de octubre. Desde el 2019 a la fecha el Colectivo ha recibido 150 denuncias de víctimas de tortura que es “practicada impunemente”.
El deterioro generalizado de salud y la falta de atención médica oportuna y especializada dirigida a erosionar el estado físico de personas presas políticas pone a los presos políticos en una situación de grave riesgo. En Nicaragua más de 215 personas son presos de conciencia, 34 están en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Chipote”.
Al menos 20 presos políticos del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, iniciaron el 26 de septiembre una huelga de hambre indefinida para exigir su liberación y el respeto a sus derechos humanos. En “El Chipote” están en huelga de hambre cuatro presos políticos: el sociólogo Irving Larios; la exguerrillera Dora María Téllez Argüello; el periodista Miguel Mendoza, y el abogado Róger Reyes.
Hay 27 personas mayores de 60 años que siguen bajo regímenes carcelarios, lo que atenta contra su vida. En Nicaragua, los sacerdotes y laicos detenidos también son “sometidos a diversas formas de torturas y malos tratos”, denunció el Colectivo.
Oleada de detenciones
En el marco de una nueva oleada de persecución y asedio contra la oposición, el régimen secuestro el 15 de septiembre de 2022 a Freddy Martín Porras García, hermano Dulce Porras, dirigente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), en el departamento de Carazo y exiliada en Costa Rica.
Porras García es procesado por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y/o propagación de noticias falsas. Su hermana, desde el exilio, coincide con los expertos internacionales de llevar a Ortega y Murillo a la Corte Penal Internacional como individuo para que responsan por esos crímenes de lesa humanidad.
“Se le debe acusar por crímenes de lesa humanidad por todos estos crímenes que está cometiendo, de acusar gente inocente, por los crímenes de las operaciones limpieza que cometió en el 2018. En mi pueblo mató 32 jóvenes, hay cantidad de desaparecidos», dijo.
Víctimas deben preparar sus casos
«Somos nosotros los que nos tenemos que juntar para meterle (a Ortega) una demanda internacional por crímenes de lesa humanidad, porque él es un asesino”, señaló la dirigente de Unamos.
Esta etapa de represión incluye asedios, apoderamiento de bienes inmuebles, detención y judicialización de líderes opositores, periodistas y colaboradores de medios de comunicación independientes, artistas, sacerdotes e inclusive militantes sandinistas que han emitido criterios contra el gobierno.
“Yo le pido a Dios que Ortega no se muera en su cama, quiero que se muera en una cárcel que sepa lo que se siente, pero juzgado, que sea la justicia lo que lo alcance por tanto crimen, por tanta maldad, por tanta saña contra el pueblo de Nicaragua que lo que quiere es libertad, algo que constitucionalmente nos corresponde”, dijo Porras.
No todo está perdido para víctimas de Nicaragua
Orias recordó que la misión de la ONU en Venezuela tiene varios años trabajando y por lo tanto existe un “proceso de acumulación de información”, que recoge el informe, sobre las violaciones y crímenes internacionales cometidos durante el mandato de Maduro.
El jurista de la Fundación para el Debido Proceso coincidió en que las víctimas en Venezuela cuentan con una “investigación abierta” ante la Corte Penal Internacional.
“Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo tanto, los anteriores crímenes que puedan ser documentados en Nicaragua no estarían sometidos a la competencia de la Corte Penal Internacional y, sin embargo, queda la aplicación de lo que se llama el principio universal, porque esto de los crímenes podría ser juzgado en terceras jurisdicciones”, explicó Orias a Expediente Público.
El principio de universalidad, previsto en el derecho internacional, permite a los tribunales de otros Estados ejercer su jurisdicción sobre crímenes internacionales de especial gravedad.
“Los casos de tortura, de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales podrían ser juzgados en otro país, porque son crímenes de lesa humanidad y a toda la humanidad le interesa que se haga justicia”, dijo Orias.
En Nicaragua, según el informe del GIEI, se dieron ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil y se determinaron patrones de conducta, llevados a cabo con recursos del Estado, que respondieron a una “política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal”.
Transición democrática
Desde la perspectiva de Pineda, el proceso de documentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua “ha tenido mayor rigor o mayor sistematicidad” que en Venezuela donde el régimen restringió la función de este organismo.
Otra posibilidad para acceder a la justicia en el ámbito internacional, pese a que Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma, es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, remita al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes, señaló Pineda.
“Esto no va a pasar porque el servilismo reciente del régimen Ortega Murillo con Rusia le garantiza el voto ruso en el Consejo de Seguridad, de manera tal que es algo inviable”, señaló Pineda.
Sigue leyendo: A Nicolás Maduro le causa “alergia” los defensores de derechos humanos y ONGs
Para el jurista nicaragüense “no hay posibilidad de acceder a la justicia sin transición democrática”.
“Si no hay transición democrática en Nicaragua, no tenemos escenarios internacionales para el acceso a la justicia en Nicaragua por las graves violaciones de derechos humanos”, dijo el jurista nicaragüense.
Orias lamentó que a nivel nacional no se tenga acceso a la justicia por la falta de independencia del Poder Judicial y la falta de autonomía del Ministerio Público, que niega a las víctimas “investigaciones genuinas, auténticas”.
“Tendrían que haber un proceso de transición democrática en Nicaragua que habilite algún mecanismo especializado, una justicia ad hoc que se encargue de procesar estas causas que hoy se mantienen impunes”, puntualizó Orias.
