* La reforma parcial a la Constitución de Nicaragua crea la figura de “co-presidenta” para Rosario Murillo, quien asumirá el poder total si Daniel Ortega no puede seguir en el cargo.
** Se amplía de cinco a seis años el período presidencial y se legalizan a los paramilitares como “Policía Voluntaria”.
** Daniel Ortega podrá usar al Ejército contra las protestas sociales.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega consolida aún más su control sobre Nicaragua, al ampliar los períodos presidenciales de cinco a seis años y crear la figura de “co-presidenta”. Con esta enmienda, Ortega garantiza que su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, asuma automáticamente el poder en caso de su ausencia, asegurando la continuidad de su dinastía familiar.
Los cambios los consumará con una reforma parcial pero profunda a la Constitución Política de Nicaragua. Esta será aprobada en la Asamblea Nacional de forma expedita al tener el Frente Sandinista el control del legislativo con los partidos aliados.
Además de extender su mandato hasta 2027, la reforma también otorga al Ejecutivo un control absoluto sobre los poderes del Estado. Ortega y Murillo se mantienen en el poder de Nicaragua desde 2007. Se han reelegido a través de fraudes electorales y anular la participación de la oposición.
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El actual período presidencial es del 2021 al 2026, pero con la extensión a seis años será hasta 2027.
Según el texto, Ortega y Murillo se adjudican mayores facultades en el nombramiento de magistrados, la fiscalía y otros órganos clave, debilitando aún más la separación de poderes en el país.
Nicaragua, una dictadura de dos cabezas
El nuevo estatus de “co-presidenta” para Rosario Murillo formaliza lo que ya era evidente: su influencia como la figura política más poderosa después de Ortega. Esta figura le otorga la sucesión automática, eliminando cualquier posibilidad de debate sobre la transición del poder en Nicaragua.
La reforma al artículo 133 de la Constitución incorpora la figura de la “co-presidente” y “co-presidente”. Murillo, conocida por su carácter implacable y su control sobre los medios de comunicación y la policía, se posiciona así como la heredera directa del régimen.
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Ejército será usado contra civiles
Otro gran cambio en la Constitución es que Ortega, al ejercer la Presidencia, podrá usar a los militares contra protestas sociales.
La reforma al artículo 94 dice: “la Presidencia de la República podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo con la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera”.
En 2018, el régimen enfrentó un levantamiento ciudadano tras protestas contra reformas al sistema de pensiones, agravado por la masacre de jóvenes y estudiantes.
La represión dejó más de 355 muertos a manos de policías, paramilitares y militantes del FSLN, según organismos de derechos humanos.
Consolidación del control sobre el Estado
La reforma parcial a la Constituciónn también refuerza la concentración del poder en manos del régimen en Nicaragua.
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Daniel Ortega y Rosario Murillo ahora tendrán control total sobre el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional, instituciones clave para mantener su mandato.
Las leyes aprobadas en los últimos años, como la Ley de Soberanía y la Ley de Ciberdelitos, ya habían cercenado libertades individuales, y esta reforma constitucional cierra el círculo autoritario.
Ley para anular efecto de sanciones
A la vez, el régimen envió al parlamento la iniciativa de Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas», que obligaría al sistema financiero nacional a dejar sin efecto las sanciones internacionales impuestas a altos funcionarios y allegados de la familia Ortega Murillo.
La normativa reitera el discurso de que las sanciones son “agresiones extranjeras” que afectan la soberanía de Nicaragua. Esto es falso porque son medidas dirigidas a personas, entidades y empresas vinculadas al régimen.
Entre los puntos más polémicos de la ley se encuentra la facultad del Ejecutivo para dictar medidas financieras, tributarias y administrativas destinadas a mitigar las sanciones. Esto incluye la posibilidad de reorganizar recursos públicos para mantener operativos los servicios del Estado.
Rosario Murillo, cuatro hijos y más de 50 funcionarios del régimen están sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá por represión en Nicaragua.
Los bancos que operan en el país están obligados a cerrarles las cuentas bancarias a los sancionados. Las empresas privadas no puede tener negocios o relaciones comerciales con instituciones, negocios y funcionarios del régimen alcanzados por las medidas .
La ley enviada por Ortega se pretende anular esas medidas internas a los sancionados por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
