SICA Nicaragua

Daniel Ortega presiona a través de la Corte Centroamericana para ganar el SICA

*Canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres solicitó al órgano judicial regional que convoque a los Estados miembros para una “opinión consultiva con carácter obligatorio”.

**El magistrado Edgar Hernán Varela Alas, de El Salvador, votó en contra de la resolución.

***Experto en temas de integración regional sostiene que la Corte Centroamericana no puede emitir una “opinión vinculante” para todos los países del SICA.


EXPEDIENTE PÚBLICO

El régimen de Daniel Ortega continúa presionando por la elección del nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Nicaragua logró, a través de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que se convoque a los Estados miembros para emitir una “opinión consultiva con carácter obligatorio” con el objetivo de acelerar el proceso de “forma urgente” para nombrar al funcionario que estará al frente del órgano regional.

La solicitud del régimen de Nicaragua al que tuvo acceso Expediente Público, fue interpuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres. La resolución de la CCJ fue aprobada el 9 de septiembre de 2021 por mayoría de votos de los magistrados Carlos Antonio Guerra Gallardo y Silvia Rosales Bolaños, ambos de Nicaragua; César Ernesto Salazar Grande, de El Salvador; Vera Sofía Rubí y Carlos Humberto Midence Banegas, de Honduras.

La aprobación del documento no contó con el respaldo del magistrado Edgar Hernán Varela Alas, de El Salvador.

Los magistrados consideran que Guatemala, gobierno que en junio pasado recibió de Costa Rica la presidencia Pro-Témpore del SICA, debe con urgencia convocar a una reunión extraordinaria de jefes de Estado, pero no hay fecha.

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“No es necesario de otro mandato u otra aprobación de agenda por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (artículo 17 del Protocolo de Tegucigalpa), sino más bien que de manera urgente la presidencia Pro-Témpore de Guatemala, convoque una Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, para que la Reunión de presidentes del SICA, nombre al secretario general y de esta manera asegurar la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la Reunión de presidentes”, establece la resolución.

La reunión de mandatarios es el órgano supremo del SICA y se realiza ordinariamente cada semestre, y extraordinariamente cuando así lo decidan los jefes de Estado.

Carlos Murillo Zamora, analista de asuntos internacionales y temas de integración regional explicó a Expediente Público que lo primero que hay que tener en cuenta en este caso es que cualquier resolución de la CCJ no es “vinculante” para todos los miembros de la Sistema de Integración.

“Hay países que no reconocen a la Corte, uno de ellos es Costa Rica, puede emitir una opinión vinculante para los países del SICA y ahí decidirán si la aceptan o no la aceptan (…) Guatemala como presidencia pro témpore debe convocar y más bien debió haber convocado desde hace buen rato a una reunión primero de cancilleres, y que los cancilleres convoquen a una reunión de presidentes, pero recordemos que las decisiones se toman por consenso”, dijo Murillo Zamora.

De acuerdo con el documento, la solicitud fue hecha al amparo del artículo 22, literal e, del Convenio de Estatuto de esta corte que la faculta para “actuar como órgano de consulta de los órganos u organismos del Sistema de la Integración Centroamericana”, y el artículo 72 de la Ordenanza de Procedimientos en la que indica que las consultas de obligatorio cumplimiento son las que hagan los Estados, órganos u organismos del SICA.

La CCJ es el órgano “garante del respeto” de los Tratados y Protocolos del SICA, además tiene atribuciones de “interpretación, aplicación y consulta” de las disposiciones contenidas en los instrumentos que regulan el Sistema, y dirime los conflictos que surgen entre los Estados miembros.

“El problema con la Secretaría General es que se trata de una decisión presidencial, entonces, podría darse un conflicto de intereses entre órganos del SICA, entre la reunión de presidentes, y la Corte (Centroamericana) de Justicia”, señaló Murillo Zamora.

¿Qué es una opinión consultiva?

Murillo Zamora explicó que una opinión consultiva es un proceso por medio del cual la CCJ hará una “interpretación de una norma del derecho comunitario”, es decir del complejo de normas jurídicas que regulan las relaciones de las comunidades de Estados en este caso.

La Corte revisará y emitirá un “criterio jurídico” sobre cómo interpreta la norma y dictará una opinión vinculante, agregó Murillo Zamora.

“Entonces ahí entramos a una disputa que no está resuelta que es el caso de los países que no son miembros de la Corte, si estos países están obligados o no por las decisiones de la Corte, que la Corte declare como vinculante no solo una opinión consultiva, sino que declare la opinión consultiva vinculante, es decir obligatoria para los Estados miembros”, señaló el analista de asuntos internacionales.

Terna orteguista sigue sin respaldo

Este semana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, cumplen 200 años desde que en 1821 decidieron dar el primer paso hacia la independencia y pese a que celebran juntos esa transición histórica no han logrado ponerse de acuerdo con Panamá, Belice y República Dominicana en la elección de tan importante cargo.

El 24 de junio de 2021, tras concluir la LV reunión de jefes de Estado y de Gobierno del SICA que se celebró en Costa Rica, se emitió una declaración en la que se acordó convocar a una reunión de Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA el 28 de junio 2021, teniendo como único punto el proceso de elección del Secretario General del SICA para el período 2021-2025.

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Adelantándose a la reunión, el 22 de junio de 2021, el régimen orteguista presentó una terna conformada por el diputado ante el Parlamento Centroamericano, Orlando José Tardencilla; la Ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch y Luz Marina López Escobar, coordinadora técnica de la Secretaria de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, con el objetivo de que uno de sus fieles colaboradores ocupara la silla del SICA, pero no encontró consenso.

El encuentro programado para el 28 de junio tampoco se concretó y a pesar que se han celebrado varias reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros del SICA, hasta la fecha de hoy, “no se ha podido nombrar al Secretario General de la terna propuesta por el Estado de Nicaragua”, señala la Corte en su resolución.

“En el fondo hay presidentes opuestos a que sea una persona de Nicaragua quien ocupe la Secretaría, hay otros presidentes que están opuestos a que sea alguien cercano al régimen de Ortega y eso es un juego político”, dijo Murillo Zamora.

Según el Protocolo de Tegucigalpa le corresponde a la reunión de presidentes nombrar a un Secretario General por un período de cuatro años.

Nicaragua es la candidata a ocupar el cargo para el periodo 2021-2025 tal y como establece la declaración del 29 de junio de 2017 que se firmó durante la XLIX reunión ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA celebrada en San José, Costa Rica, que establece que geográficamente cada Estado miembro se rotará cada 4 años en la Secretaría General del SICA.

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El período del anterior Secretario General, que ocupaba el expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo, terminó el 30 junio de 2021, y desde entonces el organismo se encuentra acéfalo.

El Secretario General es el más alto funcionario administrativo del SICA y tiene la representación legal de la misma.

“Es una cuestión más política (…) Yo siempre he dicho que están dando tiempo a que pasen las elecciones de noviembre, algunos mandatarios esperando algo que no existe que es que Daniel Ortega pierda las elecciones y eso yo no lo veo posible que él vaya a perder las elecciones de noviembre”, manifestó Murillo Zamora.

Consecuencias de la falta de consenso

El SICA tiene como propósito la realización de la integración de Centroamérica, además busca consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, todo apegado al respeto de los Derechos Humanos.

A criterio de la CCJ, la “omisión” del nombramiento del siguiente Secretario General del SICA está afectando el “buen funcionamiento” de todo el Sistema de la Integración Centroamericana al no poder la Secretaría General “ejercer las propias atribuciones que están a su cargo según el artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa”, principalmente en el actual contexto de la pandemia de Covid-19 al “carecer el Sistema del más alto funcionario administrativo”.

“Es importante destacar que, como consecuencias para el funcionamiento del SICA, en un mundo con pandemia y fenómenos tanto sociales como económicos y medio ambientales, se puede paralizar todos los programas que normalmente desarrolla la Secretaría General, ante la falta de toma de decisiones, dirección, mandatos y delegaciones, principalmente a merced de la emergencia nacional e internacional, referente a cómo enfrentar estos fenómenos”, sostiene la CCJ.

Nicaragua y Guatemala tienen los peores niveles de vacunación de Centroamérica y están entre los más bajos de América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ha catalogado a ambos países centroamericanos como “motivos de preocupación”.

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En Nicaragua, el Ministerio de Salud sigue reconociendo solo un muerto semanal, aunque en redes sociales muchas son las personas que publican sobre algún familiar, amigo o vecino que ha muerto por coronavirus. A la fecha, según la autoridad de Salud 201 personas han fallecido desde el inicio de la pandemia.

Oacnudh denuncia represión en Nicaragua

Mientras Ortega sigue empecinado en controlar la Secretaría General del SICA a nivel internacional la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en una nueva actualización oral denunció este 13 de septiembre la grave situación en Nicaragua particularmente de cara a las elecciones del 7 de noviembre de 2021.

Los nicaragüenses, según la Alta Comisionada, deben poder ejercer su derecho al voto en “ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas”.

En Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral controlado por el orteguismo en el actual contexto electoral canceló la personalidad jurídica de tres plataformas opositoras siendo estas el Partido de Restauración Democrática (PRD), Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Conservador (PC).

“Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas, y las y los votantes deberían poder participar en las campañas. Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales de diferentes candidatos y candidatas, libres de interferencias o indebidas restricciones impuestas por parte de las autoridades”, dijo Bachelet.

Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, la oficina de la Alta Comisionada documentó la “detención arbitraria” de 16 personas, entre ellos dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas, y líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo de este año.

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“La gran mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento, sin que las autoridades confirmaran oficialmente su paradero a las familias. Tan sólo el 31 de agosto el Ministerio Público comenzó a autorizar las visitas. Varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres, presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos”, dijo la funcionaria de la ONU.

Por otro lado, Bachelet señaló que se han intensificado los ataques a la libertad de expresión y recordó que el 12 de agosto el diario La Prensa anunció el cese de su edición impresa, debido a la retención de papel por parte de la autoridad aduanera.

“Un día después, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones, incautaron bienes materiales y posteriormente, detuvieron a su gerente general”, dijo la Alta Comisionada.

En Nicaragua, el régimen entre el 28 de julio y el 26 de agosto también ordenó el cierre de 45 organizaciones sin fines de lucro.

Finalmente, la Alta Comisionada explicó que sigue preocupando la “ausencia de información oficial precisa sobre los contagios y muertes relacionadas con la Covid-19″, lo que impide valorar el estado de la pandemia en Nicaragua, tal y como señaló la OPS.